El país no puede afrontar la deuda con EEUU y Gobernador convoca a reunión con la oposición
A dos días para que culmine el año fiscal, el gobernador Alejandro García Padilla citó a legisladores y alcaldes de ambos partidos para una reunión en el día de hoy en el Centro de Convenciones en la que se prevé que les ofrezca un mensaje sobre la difícil situación económica que atraviesa el país.
El encuentro, citado para la 1:30 p.m. en el Centro de Convenciones de Miramar, en San Juan, será el preludio a la esperada publicación de un informe de sostenibilidad y ajuste fiscal que realizó un grupo de execonomistas del Fondo Monetario Internacional (FMI), indicó hoy la portavoz de la minoría penepé en la Cámara de Representantes, Jenniffer González.
“En los pasados meses, en ningún momento el gobernador se ha acercado a los legisladores de la minoría penepé, que representamos el 52% de la población del país, para consultar, para que podamos opinar y llegar a consensos sobre las soluciones para la situación económica del país. Ahora nos convoca cuando ya no queda tiempo para dialogar ni para poder negociar en conjunto. Estaremos ahí, pero me parece que es triste que nos convoquen solo para una reunión para notificar”, expresó González.
Fuentes de este diario allegadas al Ejecutivo confirmaron la reunión en el Centro de Convenciones previo a las expresiones de González.
La representante adelantó además que la reunión será antes que el primer ejecutivo ofrezca un mensaje televisivo al País a las 5:00 p.m.
El encuentro se dará a inicios de lo que se espera sea una semana complicada para las finanzas del País. Al momento, la Legislatura aún discute lo que se supone sea el presupuesto para el próximo año fiscal, que inicia el miércoles, 1 de julio. Con el cierre del año fiscal, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que enfrenta problemas de liquidez, tendrá que pagar unos $655 millones para cumplir con el pago de la deuda de las obligaciones generales.
Asimismo, el miércoles entra el vigor el aumento al Impuesto de Ventas y Usos (IVU), el cual subirá de 7% a 11.5%.
En una conferencia de prensa en la mañana, González criticó que el Gobierno haya contratado un grupo de expertos que se especializa en economías de países soberanos para evaluar la situación puertorriqueña, dejando a un lado a expertos de entidades estadounidenses que conocen las particularidades del sistema federado de Estados Unidos.
Aunque no ha tenido acceso al documento, la representante indicó que se prevé que el informe recomendará que se deje de pagar parte de la deuda pública a partir de julio, lo que aseguró es una violación a la Constitución del Estado Libre Asociado.
“Si para enmendar la Constitución se requiere un amplio consenso de 2/3 partes de la legislatura y una mayoría del pueblo, ¿acaso el Gobernador no reconoce que para algo tanto más importante como es autorizar el primer impago en la historia debe consultar y lograr un consenso multipartidista amplio? Y que eso no lo subsana con un evento mediático en el Centro de Convenciones mañana”, manifestó González.
Alcaldes penepés no asistirán
En un comunicado de prensa enviado en la tarde de hoy, el presidente de la Federación de Alcaldes, Héctor O’Neill, anunció que los alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) no asistirán al encuentro ya que el mandatario no les concedió reuniones cuando las solicitaron anteriormente.
“El gobernador, ni en la Fortaleza, nos dieron el foro solicitado para tener la oportunidad de presentar nuestras propuestas para aumentar la captación del IVU, para explicar las deficiencias del Departamento de Hacienda en el cobro del IVU, para exponer nuestras recomendaciones sobre las medidas que entendíamos aliviarían la carga del contribuyente e incrementarían los recaudos del gobierno”, señaló el alcalde de Guaynabo.
O’Neill señaló que los alcaldes federados “no se prestarán para formar parte de un espectáculo”.
Hora cero
Con el informe de la economista Anne Krueger, las finanzas del ELA quedaron completamente desnudas, así como la administración de Alejandro García Padilla, por lo que se proponen medidas que incluirían despidos y eliminación de beneficios a la clase trabajadora
Lo que desde hacía mucho tiempo se había vaticinado, anoche pareció confirmarse.
La posibilidad de que Puerto Rico pudiera entrar en un impago de sus responsabilidades económicas bien podría ser confirmado esta tarde por el gobierno.
Con el informe de la economista Anne Krueger, las finanzas del Estado Libre Asociado (ELA) quedaron completamente desnudas, así como la administración de Alejandro García Padilla, por lo que se proponen medidas inimaginables y tan severas como la consideración de que se reduzca el salario mínimo federal, se recorte en términos reales la plantilla de empleados y se reestructure la deuda. Esta última recomendación incluye los bonos de las obligaciones generales (GO´s), considerados hasta ahora los más sagrados y protegidos con la constitución del ELA.
Un Puerto Rico distinto es que el que propone el informe de 26 páginas de la reputada economista y sus socios Ranjit S. Teja y Andrew Wolfe, todos ex funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual será presentado hoy por el gobernador García Padilla y la mencionada economista.
Tras presentar un cuadro fiscal desolador donde las opciones de recuperación no parecen abundantes, se proponen amplios recortes para reducir el gasto y sanear las finanzas del gobierno, acompañado de la reestructuración de la deuda pública, lo cual implica renegociar los acuerdos por obligaciones que sean menores porque el país no tiene para pagar.
Al mismo tiempo reconoce esto como un gran reto que implicará reclamaciones de los acreedores que le han prestado al ELA y sus corporaciones públicas $73,000 millones.
En el lado de gastos, entre las recomendaciones está recortar la nómina de maestros en el Departamento de Educación porque tiene 40% menos de estudiantes y un 10% más de maestros, y eliminar plazas podría economizarle hasta $400 millones para el 2020. En el lado de la salud, al recortar beneficios se economizaría otros $150 millones.
La Universidad de Puerto Rico es otro lugar donde producir amplios recortes en los subsidios y allegarse $500 millones más, mientras una renovación de la relativamente nueva ley 66 de sostenibilidad fiscal, atada al gasto de las agencias públicas, igual podrían significar ahorros de hasta $1,000 millones para el 2020.
Mientras tanto, en el aspecto contributivo establece que el aumento en el impuesto al consumo, el cual entra en vigor este miércoles, deberá allegarle unos $1,000 millones al gobierno.
En el lado de las corporaciones que ahora pagan un 4%, propone que sea revisado con una tasa de entre 10% a 15%, para un rendimiento inicial de $250 millones al 2017. Y respecto al impuesto sobre la propiedad, deberá revisarse para atraer otros $100 millones.
Contrario al discurso de presupuesto balanceado defendido una y otra vez por el gobierno, Krueger da cuenta de un déficit en las finanzas públicas proyectadas para 2016, que alcanza los $3,669 millones. Señala que más allá de la deuda, el problema grave es el déficit, apoyado por un problema estructural y la falta de ingresos. Queda implícito una tradición de políticas económicas incorrectas, aunque hace la aclaración de que este gobierno -que la contrató- ha tomado medidas contundentes para enderezar la economía, pero no lo ha podido lograr.
Krueger es más directa y anticipa que sin las medidas significativamente fuertes, es muy difícil que se puedan propiciar cambios y reducir el déficit, sobre todo ante una deuda a todas luces impagable. Para el 2018, el déficit proyectado será de $5,899 millones y para el 2015 de $8,209 millones si no se hace lo que propone.
Fundamental es el plan financiero a cinco años, que será lo que le asegure al ELA ganar credibilidad tras una década de recesión económica donde todos los valores económicos de la Isla han estado en declive, como el alto desempleo, la pérdida de riquezas, la caída en el valor de las acciones, la migración que desalienta el consumo y el colapso en la valorización de la propiedad, entre otros.
Krueger y su equipo sostienen que la legislatura debe afianzar leyes para que haya un plan fiscal concreto, dar alta prioridad a la transparencia, sobre todo en la información que produce el gobierno y en las estadísticas, elementos que entienden son ¨urgentes¨ para recuperar la confianza de los mercados de inversión.
Reforzar y dar recursos a los que producen estadísticas es vital y ¨no es un lujo¨, indica de manera preponderante en el informe.
De acuerdo con el informe sería fundamental que Puerto Rico se incluyera en el Capítulo 9 de la ley de quiebras de Estados Unidos, como un mecanismo para poder reorganizar su deuda de manera más eficaz. Esto es algo que comenzó a trabajar el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, pero aún no hay indicios de que pueda lograrse.
Al hablar de reducir el salario mínimo federal en la Isla, que actualmente es de $7.25 por hora, Krueger destaca que el mismo resulta negativo en términos de competitividad para Puerto Rico, en áreas como el turismo, si se compara con otras islas en la región.
Al describir que la situación de Puerto Rico es ¨insostenible¨, abunda que los altos costos energéticos, las amplias leyes laborales (como el pago de vacaciones, por enfermedad y licencias especiales, entre otras), así como las políticas de bienestar social, no ayudan a la competitividad de la Isla.
Otro factor es el alto costo de transportación, por lo cual sería beneficioso la exclusión de la Ley Jones.
Con la divulgación de este informe y la recomendación de que la deuda del ELA debe reestructurarse ante la imposibilidad de pagarla a los términos originales, está claro que muy pronto llegarán los pronunciamientos de las casas acreditadoras y ya se da por contado que el crédito de Puerto Rico volverá a degradarse y es probable que llegue al nivel más bajo en la categoría especulativa, que significa el impago de sus obligaciones.
Ya está claro que a partir de los próximos días el gobierno, el Banco Gubernamental de Fomento y demás corporaciones públicas, o avanzan en las reuniones ya iniciadas con acreedores o dejan de pagar ante el colapso financiero.
