NUEVOS VIENTOS

EL LABORISTA SADIQ KHAN AVENTAJA AL CONSERVADOR ZAC GOLDSMITH PARA LAS ELECCIONES A LA ALCALDIA

Un musulmán es favorito en Londres

Abogado especializado en derechos humanos, hijo de un inmigrante paquistaní conductor de colectivos, Khan es la mejor opción que tiene el laborismo para ganar en la capital en los comicios del jueves.

Sadiq Khan es hijo de un inmigrante paquistaní.

Imagen: AFP

 Por Marcelo Justo

Página/12 En Gran Bretaña

Desde Londres

Si las encuestas no se equivocan, Londres coronará este jueves por amplia mayoría al primer alcalde británico musulmán. En medio de la paranoia europea por posibles atentados islámicos, el laborista Sadiq Khan aventaja en 10 puntos al conservador Zac Goldsmith en una virulenta campaña sucia cruzada por acusaciones de racismo y venalidad ante la amenaza terrorista.

REFLOTANDO EL TIAR

ARGENTINA
Washington más cerca: Mamet en el bautismo del Hércules "reloaded"

FUE MODERNIZADO EN TEXAS. EL RESTO IRÁ A LA FADEA
Por: Edgardo Aguilera


Julio Martínez, Noah Mamet, Enrique Amreim y Bari del Valle Sosa en el acto de bautismo del Hércules “Puerto Argentino”, recién modernizado en EE.UU.

El Hércules C-130 matrícula TC-69 modernizado en una empresa de Texas es el primer dato concreto de la reanudación del vínculo político-castrense con los Estados Unidos. En la Base Aérea El Palomar el embajador Noah Mamet junto al ministro de Defensa, Julio Martínez, descubrieron el velo del nombre con el que se bautizó la remozada aeronave: "Puerto Argentino", se lee en el fuselaje justo debajo de la cabina. Sintetiza la historia de una máquina que participó en la guerra del Atlántico Sur y la superación de recelos por el apoyo de la administración

Inhabilitación constitucional o golpe, otra batalla en Brasil

Calificar como golpe de Estado el proceso de inhabilitación de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, probablemente no evitará su destitución, pero podrá asegurar a sus defensores una versión movilizadora de la derrota.

OTHER NEWS - RÍO DE JANEIRO, abr 2016 (IPS/Mario Osava)



Michel Temer y Dilma Rousseff/Archivo

"Es importante para aglutinar la minoría que apoya al gobierno, otros que temen que venga una gestión conservadora y los que se preocupan de mantener el régimen democrático", resumió Fernando Lattman-Weltman, profesor de política en la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

"Además de movilizar sectores de la sociedad, principalmente los organizados, y conquistar apoyos también en el exterior, reduce el margen de maniobra de los posibles vencedores, tendiendo una sombra en la legitimidad del futuro gobierno", acotó a IPS.

"La batalla del 'impeachment' (impedimento) está casi perdida", admitió el profesor, que considera de hecho golpista el movimiento opositor que ganó ímpetu desde las protestas del 13 de marzo que movilizaron a más de tres millones de personas, según la policía, en las calles de centenares de ciudades.

El 17 de abril, la Cámara de Diputados acogió el pedido contra la mandataria de tres abogados para proceder a su impeachment, el término anglosajón usado en la legislación local para definir el proceso de destitución.

Durante 2015 se habían acumulado más de 30 propuestas con el mismo objetivo, reflejando la caída vertical de la popularidad de la presidenta, que inició su mandato en 2011 y fue reelecta en octubre de 2014.

Una amplia mayoría de 367 diputados, 71,5 por ciento del total, aprobó abrir el juicio político, confirmando el aislamiento político de Rousseff, cuyo apoyo parlamentario se limitó a 137 votos. Solo el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y otras tres pequeñas fuerzas le fueron fieles. La Cámara tiene 513 diputados de 25 partidos.

Ahora está en el Senado el destino de la primera mujer en alcanzar la Presidencia de este país latinoamericano de 204 millones de habitantes. Los 81 senadores, con base en los informes del proceso, decidirán dentro de dos semanas si consideran que hay razones suficientes para enjuiciar a la mandataria.

En caso positivo, abrirán el juicio que podrá prolongarse hasta 180 días, con Rousseff separada de sus funciones. El fallo final exige mayoría de dos tercios, un mínimo de 54 votos, para ser aprobado. De suceder esto, la mandataria sería destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos por ocho años.

"No habrá golpe" es la consigna con que activistas defienden a la presidenta, protagonizando otras multitudinarias manifestaciones, engrosadas por sindicatos, movimientos sociales y muchos que concurren "en defensa de la democracia", no del gobierno.

Una "nueva campaña de la legalidad", cuyo título recuerda un movimiento que impidió un golpe militar en 1961, divulga un manifiesto en ese sentido, firmado por más de 8.000 intelectuales, la mayoría abogados, juristas y profesores de derecho.

La insistencia con que Rousseff y el izquierdista PT denuncian el "intento de golpe" obligó a por lo menos cuatro de los 11 miembros del Supremo Tribunal Federal (STF) a refutar la tesis oficialista, observando que la inhabilitación presidencial está prevista en la Constitución.

Se trata de un mecanismo constitucional establecido para casos excepcionales de "delitos de responsabilidad" que justifiquen la destitución de jefes del Poder Ejecutivo, recalcó Oscar Vilhena, profesor de derecho de la Fundación Getulio Vargas, institución de enseñanza superior e investigación de la ciudad de São Paulo.

"La Constitución vigente, de 1988, incluso protege más el presidente que la de 1946", recordó a IPS, porque la anterior ley fundamental de periodos democráticos solo exigía mayoría absoluta de los parlamentarios para destituir al jefe de gobierno o de Estado.

Al fijar dos tercios como mínimo necesario para acoger una denuncia con ese objetivo en la cámara baja y para proceder a la destitución en el Senado, la actual Constitución asegura estabilidad al gobierno, un propósito del presidencialismo, que tolera ineficiencias e impopularidad coyunturales o pérdida de apoyo parlamentario.

"Se trata de un instrumento jurídico-político regulado, metódico, con muchas trabas", que asegura amplia defensa y debate durante varios meses, observó Vilhena.

El procedimiento se distingue de la destitución del expresidente paraguayo Fernando Lugo, en 2012, por medio de un juicio parlamentario que duró solo dos días. Paraguay fue entonces suspendido del Mercado Común del Sur (Mercosur) por los demás socios, Argentina, Brasil y Uruguay, por violación de la cláusula democrática del bloque.

"El impeachment es sobre todo político, ya que sus jueces son parlamentarios y juzgan delitos de naturaleza política en su mérito", explicó Vilhena. Si al gobernante se le acusa de "infracciones penales comunes", lo juzga el STF, distingue la Constitución.

Son procesos distintos. El expresidente Fernando Collor (1990-1992), el único caso hasta hora de destitución de un mandatario, fue condenado por el Senado e inhabilitado políticamente, pero resultó absuelto penalmente por el STF. Eso porque una mentira puede ser políticamente relevante y conllevar la destitución, pero no el encarcelamiento.

Los "delitos de responsabilidad", según la Constitución, son actos presidenciales dañinos a la nación y a la democracia, como los que "atentan contra el libre ejercicio" de los demás poderes, la seguridad del país y los "derechos políticos, individuales y sociales".

En el caso actual, los actos de la presidenta que justificarían la inhabilitación, según las denuncias acogidas, serían los de violar "la probidad de la administración" y la "ley presupuestaria", razones constitucionales para el impedimento.

Los delitos concretos serian la firma de decretos ampliando gastos públicos sin autorización parlamentaria y el uso de créditos de bancos estatales para ocultar déficit fiscal. La ley prohíbe el gobierno obtener préstamos de sus instituciones crediticias.

"Las leyes de 1950 y 2000 sobre responsabilidad fiscal son explícitos en vedar créditos de instituciones financieras a sus propios controladores. Rousseff lo ha hecho en su primer período y siguió haciéndolo en 2015, violando la ley", sostuvo Vilhena.

"La estatal Caja Económica Federal incluso recurrió a la justicia para cobrar los intereses no pagados, hecho que comprueba tratarse de operación de crédito, no hay dudas en los fundamentos jurídicos", acotó.

El carácter de préstamo es negado por el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, en su defensa de la presidenta.

El hecho de esas maniobras, apodadas de "pedaladas fiscales" en el debate público, haber sido común en gestiones anteriores, otro argumento de la defensa, no elimina el delito, "no se absuelve asesinos porque los demás no son punidos, lo que ocurre en 92 por ciento de los homicidios en Brasil", arguyó el profesor de derecho.

Además las sumas manejadas en las "pedaladas" del gobierno de Roussef son "desproporcionadamente más elevadas" que en casos anteriores, añadió.

Pero ningún argumento parece capaz de dirimir la controversia, incluso entre juristas y probablemente entre historiadores en el futuro.

"Los hechos mencionados en el proceso de inhabilitación no configuran delitos de responsabilidad, por lo tanto no hay la base jurídica necesaria para el juicio", aseguró Lattman-Weltman, basado en consultas a juristas.

"Desde el punto de vista político el golpe es más evidente aún, porque la oposición no aceptó la derrota e intenta invalidar las elecciones (de 2014), desde que se conoció su resultado, quieren una tercera vuelta", sostuvo.

"Ineficiencias gubernamentales no son motivo para una destitución, en un régimen presidencial, y se trata de una decisión extrema que no se puede adoptar por una cuestión contable, por reglas que dependen de interpretaciones variables", concluyó.

LA PECULIAR HISTORIA DEL AMIGO DE CEBRIÁN

LA ESPAÑA DE LOS PANAMA PAPERS

Zandi, el agasajador de caviar a ministros, presidentes, editores y futbolistas
La ostentosidad y la vida a todo lujo van paralelas a los problemas con sus socios y su capacidad de agasajo. Así es el socio de Cebrián que le ha puesto en un compromiso

Massoud Zandi junto a Cristina Salvador, la administradora de sus sociedades. (EC)

AGUSTÍN MARCO

01.05.2016

Obsesionado con su físico, amante de la comida japonesa y de los productos quemagrasas, Massoud Zandi, el hombre que ha puesto en un aprieto a Juan Luis Cebrián, presidente de Prisa, es un 'agasajador' de profesión. Hasta el punto de que cuando las inspectoras de la Agencia Tributaria entraron en su casa sin previo aviso a las 8 de la mañana del 1 de junio de 2015, en busca de documentos con los que demostrar sus presuntos delitos fiscales, el español de origen iraní se ofreció a llevarlas a sus respectivas casas cuando, horas más tarde, dieron por concluido el registro de la mansión de 2.165,87 metros cuadrados que tiene en la lujosa urbanización La Finca, en el Paseo de los Lagos, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

‘Fallaron los controles de Mossack Fonseca'

PANAMA PAPERS VISTO DESDE EL SECRETO BANCARIO

El especialista en delito informático Alexander García explica sus hipótesis de cómo ocurrió la mayor filtración de documentos

JAIME LUCAR | LA ESTRELLA DE PANAMÁ

Adelita Coriat
acoriat@laestrella.com.pa

La mayor filtración de documentos jamás registrada, la de la firma Mossack Fonseca, ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de los programas de seguridad informática de la firma. El hecho también pone en alerta a toda empresa que considere ‘sensitiva' la información contenida en sus servidores. La experiencia reciente es una muestra de la anunciada guerra cibernética a la que se enfrenta el mundo. Especialistas en seguridad la definen como el conjunto de acciones llevadas por un Estado para penetrar en los ordenadores o en las redes de otro país, con la finalidad de causar prejuicio o alteración. Alexander García ha dedicado más de 27 años de su vida al estudio de nuevas tecnologías del derecho y protección, tratamiento de datos personales con énfasis en delito informático.