Un grupo de académicos, intelectuales, periodistas, artistas y miembros del Poder Judicial difundieron una carta en las redes sociales en donde repudian la “parodia democraticista de un pequeño grupo de fiscales”, en referencia a la marcha convocada el 18 de Febrero a un mes de la muerte de Alberto Nisman, y denunciaron el “uso político” de su deceso.
Roberto “Tito” Cossa, presidente de Argentores y uno de los impulsores de la carta -junto al escritor Mempo Giardinelli- explicó a Télam la “preocupación de los firmantes, pero que es generalizada, por la ofensiva de algunos sectores que están buscando voltear al gobierno, o que llegue al final muy debilitado”.
“Somos muchos los argentinos que no estamos de acuerdo, por lo que estamos alerta por esta avanzada golpista que se nota y está clara, sostuvo, y agregó: “nosotros vamos a resistir, cada uno desde su lugar, para que eso no ocurra”.
Cossa afirmó que están “llegando cientos de adhesiones”, porque “se ve que hay mucha gente que pensaba así y se sintió interpelada por la carta”; entre ellos, los escritores Noé Jitrik y Pacho O’Donnell, los periodistas Mariana Carbajal, Eduardo Aliverti, Hugo Presman, Hugo Muleiro; el filósofo Ricardo Forster, los académicos Oscar Steimberg, Luis Alberto Quevedo y Fortunato Mallimaci.
Asimismo, un grupo de la Defensoría general de la Ciudad de Buenos Aires, también de la Asociación Argentina de Actores, el coordinador del Grupo de Curas en Opción por los Pobres Eduardo de la Serna, entre otros cientos de firmas.
La carta expresa que los firmantes se manifiestan “en favor del estricto cumplimiento de la Constitución y por la salud de la Democracia, el saneamiento profundo de la Justicia, el respeto irrestricto de los Derechos Humanos y el imperio de la Paz en la República”.
Además, lo hacen “en contra de toda forma de violencia. Incluso la aparentemente sutil y subliminal, como la que se incita desde el terrorismo periodístico disimulado, la financiera, la empresaria y/o cualquier otra”, por lo que repudian “todo intento de desestabilización institucional”, y exigen “que se cumplan las leyes, todas, sin chicanas ni cautelares como las que es costumbre político-judicial disponer en beneficio de los poderosos, sean personas o grupos empresariales”.
Además, rechazan “la parodia democraticista de un pequeño grupo de fiscales, desprestigiados casi todos, apadrinados por los medios hegemónicos en la convocatoria a una marcha a todas luces sectaria y provocadora”, así como “el siempre renovado oportunismo de dirigentes políticos capaces de todo tipo de inconductas y servilismos a gobiernos extranjeros, y a irritantes violencias verbales”.
“La República Argentina necesita seguir trabajando en Paz, para avanzar aún más en las conquistas sociales y laborales ya logradas, la inclusión social, la defensa del patrimonio público, la independencia económica y la soberanía política que la ciudadanía ha recuperado después de la crisis terminal de 2001 y 2002″, sostiene la carta.
Además, exigen “una investigación seria y honesta sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman; la designación de una Corte Suprema de Justicia completa, como manda la Ley; una transformación democrática y profunda de las estructuras de inteligencia”.
La carta concluye con el reclamo: “No a la mentira y el uso político de la muerte de Nisman. No al golpe ‘suave’. Más democracia, Más Justicia”.
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Estas son algunas de las denuncias en su contra
Según información difundida por distintos matutinos, este mismo grupo de fiscales afrontan varias denuncias, incluso por actuación irregular en la causa AMIA. Uno de ellos es parte de la ONG de Clarín que hizo lobby contra la ley de medios.
La convocatoria, que cuenta con la adhesión del gremio judicial que conduce el moyanista Julio Piumato, estuvo encabezada por los fiscales José María Campagnoli, Ricardo Sáenz, Carlos Rívolo, Raúl Pleé, y Carlos Stornelli, muchos de los cuales afrontan procesos sumarios y judiciales por mal desempeño en la causa AMIA y en otros expedientes.
Según publicó el diario Página/12, Raúl Pleé fue denunciado en 2013 por el Centro de Estudios Legales y Sociales y por la asociación de familiares y sobrevivientes del atentado a la AMIA, Memoria Activa por haber demorado la acusación contra los acusados de encubrimiento.
Memoria Activa incluso acusó que la demora se debía a que Pleé y el fiscal Germán Moldes, que si bien no participó de la convocatoria, se lo consigna como parte fundamental del grupo de fiscales, se resistían a mandar a juicio a “sus ex compañeros de trabajo”, en referencia al juez Juan José Galeano y otros funcionarios judiciales involucrados.
Por entonces, el Cels consignó que “sin explicación, el fiscal de casación Raúl Plee dejó de impulsar la causa y la Cámara se resistió a fijar audiencia hasta que quedó en evidencia”.
Otro de los convocantes a la movilización es el fiscal ante la Cámara Federal, Ricardo Sáenz, quien también es el vicepresidente de la Asociación de Magistrados.
Durante el año 2013, este letrado fue denunciado por el juez Juan Ramos Padilla, por haber interferido en la investigación que se desarrollaba contra un comisario de la Policía Federal acusado de irregularidades en la División Automotores de esa fuerza.
Según Ramos Padilla, Sáenz fue registrado dialogando en escuchas judiciales, “dándose en el caso un trato de amistad y de habitualidad” con el comisario Marcelo Pecorelli, a quien acusan de haber prestado asistencia a uniformados investigados por actos de servicio que no eran tales, y por haber asistido en su estudio particular a querellados en causas penales, a pesar de estar inhabilitado.
El más reciente de los denunciados fue José María Campagnoli, quien fue suspendido de su cargo por el Tribunal de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura e investigado por “abuso de poder” y “mal desempeño” producto de la supuesta modificación del objeto procesal en la causa Lázaro Báez, con el fin de desarrollar una investigación paralela a la que el fiscal Guillermo Marijuán cursaba en la justicia federal.
Previo a esta acusación, Campagnoli acumulaba varias causas en su contra por maltratos y abuso de poder contra los vecinos de Barrio Mitre, en Saavedra, y también fue denunciado de haber recibido un dictamen elaborado por abogados del Grupo Clarín, a través del estudio de abogados Saenz Valiente & Asociados.
Marijuán fue desplazado durante el mes de diciembre de su cargo al frente de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), organismo dependiende de la Procuración General de la Nación encargado de asistir y colaborar con los fiscales federales de todo el país en todas aquellas investigaciones relacionadas con ilícitos que tengan como sujeto pasivo entre otros a la Anses.
El desplazamiento del fiscal vinculado al Frente Renovador se debió a la realización de “concursos no transparentes” y a la reiterada negativa por explicar ante la Procuración el rumbo de los expedientes de la Unidad.