El poder de veto y el viejo país

Por Rafael Correa, presidente de Ecuador

28 agosto, 2015   

Después de más de ocho años de estabilidad y progreso, especialmente nuestros jóvenes tienden a olvidar lo que era el viejo país: un Ecuador sin proyecto nacional, inmovilizado por los grupos fácticos con poder de veto, desde la supuesta izquierda radical y siempre violenta, hasta la derecha bancaria, pasando por supuestos gremios empresariales.

No importaba quién ganara en las elecciones y cuál programa fuese votado en las urnas. Frente al fraccionamiento del poder, “ellos” decidían qué era lo que se podía hacer o no.

¿Cómo se ‘procesaban’ estos conflictos? Con la entrega de nuestros colegios al MPD, de la educación bilingüe a Pachakutik y Conaie, Banco Central y Superintendencia a ciertos grandes bancos, permitiendo a los medios de comunicación su impunidad y privilegios, con ministros impuestos por las cámaras de producción. En definitiva, el reparto de la Patria cual botín entre piratas.

Así se generaba un ‘statu quo’ que complacía a todos estos poderes fácticos, pero que tenía al país entre los más atrasados de América Latina. Esta perversa situación fue pulverizada por la Revolución Ciudadana, irrumpiendo con un proyecto nacional con inmenso apoyo popular, y que los de siempre llaman “autoritarismo” y “concentración de poderes”.

El cambio de las relaciones de poder en favor de las grandes mayorías y en detrimento de pocos pero poderosos grupos es lo que mejor define a nuestra Revolución. Se trata de la transformación de un estado aparente, representando tan solo los intereses de ciertos sectores, en un estado integral, representando el bien común, la razón de ser de la autoridad política.

Aprovechando un año difícil y la restauración conservadora a nivel regional y mundial, estas fuerzas derrotadas una y otra vez en las urnas quieren reconstituirse. Saben que no podrán gobernar porque son absolutamente disímiles y fraccionadas, pero quieren recuperar su poder de veto. Esa es la explicación de las últimas marchas y “demostraciones” de fuerza.

Estamos ante un desafío como el 30S. Ahora o nunca el Ecuador da un salto cualitativo hacia una verdadera democracia, hacia un verdadero estado de derecho, donde ningún grupo, por importante que se crea, pueda imponer su agenda política si no ha ganado en las urnas. De fracasar en esta prueba, el país volverá a ser rehén eterno de los grupos que no proponen, tan solo imponen.

La amoralidad de ciertos actores niega hasta lo evidente. Las protestas estuvieron llenas de violencia, y graves delitos, incluidos secuestros, torturas y tentativas de asesinatos. Hoy nuevamente intentan la “justicia del tumulto”, es decir, con marchas y acciones de fuerza, dejar los graves delitos cometidos sin sanción ni responsabilidades.

Si queremos seguir adelante como país, nadie puede estar por encima de la ley. Esta es una prueba decisiva de la fortaleza de las instituciones de la Patria.

Este es un gobierno fuerte, sabremos resistir, pero es un error pensar que se trata de nombres o personas. El problema de fondo es el poder perdido por los grupos de siempre, así usen poncho o corbata ejecutiva.

El dilema es volver al viejo país del poder de veto, o seguir gobernando en función del bien común, siempre con la opción preferencial por los más pobres.

El Telégrafo

Cambiar de nombres y de estrategias

Diario La Jornada, México

28 agosto, 2015  

Aunos días de su tercer Informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto anunció ayer una decena de enroques, entradas y salidas en su equipo de gobierno, entre los que destacan el arribo del ex canciller José Antonio Meade a la Secretaría de Desarrollo Social; la llegada de la hasta ayer titular de esa dependencia, Rosario Robles, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en sustitución de Jesús Murillo Karam; el nombramiento de José Calzada Rovirosa –ex gobernador de Querétaro– como titular de la Secretaría de Agricultura, en remplazo de Enrique Martínez; la designación de Aurelio Nuño, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de la Presidencia, al frente de la Secretaría de Educación Pública; los nombramientos de Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid y Rafael Pacchiano en las secretarías de Relaciones Exteriores, Turismo y Medio Ambiente, respectivamente, así como la destitución de Monte Alejandro Rubido como Comisionado Nacional de Seguridad y el nombramiento, en su lugar, de Renato Sales.

Con independencia de las dinámicas particulares, los cálculos y reacomodos políticos específicos a que hayan obedecido estos cambios en el equipo presidencial, es significativo que todos se produzcan en el contexto de una administración federal que, tras la aprobación de las reformas de cuño neoliberal en el marco del Pacto por México, no ha dejado de desgastarse en forma prematura, en buena medida por su escasa capacidad de reacción frente a las crisis que vive el país en varios frentes, particularmente el económico, el social, el de la seguridad pública, el de los derechos humanos y el de la transparencia.

Por desgracia, no hay señales de que el actual gobierno pretenda, con la referida reformulación del equipo gobernante, reconsiderar las políticas y estilos de gobierno que lo han caracterizado y que son causa principalísima de su deterioro; por lo contrario, los relevos dados a conocer ayer parecen una estrategia cosmética y de control de daños como lo fueron, en su momento, la destitución de Humberto Benítez Treviño como procurador federal del Consumidor y la salida de Jesús Murillo Karam de la Procuraduría General de la República.

Al igual que entonces, en las designaciones de ayer no puede apreciarse una voluntad por modificar el rumbo de la conducción política, económica y social de la nación: significativamente, el común denominador tras los relevos referidos ha sido la promesa de dar continuidad a los programas y acciones de gobierno en curso –como la llamada reforma educativa y la Cruzada contra el Hambre– sin importar que se encuentren desacreditados y sean vistos como generadores de conflictos con importantes sectores de la población.

Semejante falta de voluntad para ajustar el rumbo de acción no contribuye al necesario relanzamiento de un gobierno que, a menos de la mitad de su mandato, experimenta pérdida de credibilidad y capacidad de comunicación ante el conjunto de sus interlocutores, tanto en el ámbito nacional como internacional.

La situación nacional presente, recorrida por factores de alarma tanto endógenos y exógenos, requiere de una reformulación profunda del programa de gobierno que incluya, como primer paso, un cambio en la política económica adoptada hasta ahora y cuyos efectos están a la vista: debilidad estructural de la economía, crecimiento de la pobreza, deterioro del poder adquisitivo de la población y dependencia creciente respecto de los ciclos económicos del exterior. Es razonable pensar que si no exhibe una voluntad efectiva de modificar su rumbo actual y de renunciar a prácticas que han demostrado su inoperancia, la actual administración seguirá en proceso de erosión institucional que no augura nada bueno ni para ella misma ni para el país.

La Jornada

Tensión bilateral: Maduro ordenó extender el cierre de la frontera y Santos viaja a la zona limítrofe

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este viernes que a partir de la cinco de la mañana de este sábado será cerrada la frontera con Colombia en los municipios Lobatera, Ayacucho, García de Hevia y Panamericano, del estado Táchira.

28 agosto, 2015   Colombia,Venezuela

Estos municipios conforman la segunda zona especial de atención que el Gobierno venezolano ha establecido para restablecer la paz y la seguridad en la zona fronteriza, en la que operan mafias paramilitares colombianas y grupos vinculados al contrabando de extracción de gasolina, alimentos y medicinas desde Venezuela hacia Colombia.

Al hacer el anuncio, el Primer Mandatario manifestó que esta medida tiene como objetivo combatir con mayor impacto el paramilitarismo, la criminalidad y el contrabando que ha ocasionado daños a la economía del país.

“Para limpiar de paramilitarismo, criminalidad, bachaquerismo, secuestro y narcotráfico, es que he decidido cerrar la frontera de la zona número dos en el estado Táchira en los municipios de Lobatera, Ayacucho, García de Hevia y Panamericano”, aseveró Maduro desde el Palacio de Miraflores, Caracas, donde recibió a venezolanos y colombianos que marcharon por la paz y en rechazo del paramilitarismo.

Durante la actividad, transmitida en cadena de radio y televisión, el Jefe de Estado también anunció la movilización de 3.000 integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) que emprenderán la búsqueda de paramilitares para su captura.

En Táchira, específicamente en la población de San Antonio del Táchira, el pasado 19 de agosto se registraron ataques paramilitares en los que resultaron heridos tres soldados de la Fanb mientras realizaban funciones contra el contrabando de extracción.

Ante estos hechos, el presidente Maduro decidió cerrar la frontera en los municipios Bolívar, Ureña, Junín, Libertad, Independencia y Rafael urdaneta, ubicados en la zona fronteriza con Colombia, hasta tanto se restituyan los derechos sociales y económicos de esas poblaciones.

“No voy a permitir que se sigan metiendo las bandas paramilitares a secuestrar, a cobrar vacuna y a atacar a nuestra Fuerza Armada. Tengo el derecho y tengo el deber constitucional de proteger la tierra y el pueblo de Venezuela”, expresó el Presidente.

En ese sentido, pidió el apoyo de los venezolanos y colombianos que apuestan al restablecimiento de relaciones de paz, respeto y solidaridad entre gobiernos de países hermanos.

“Ya basta, fuera del paramilitarismo de Venezuela. Unión cívico militar”, llamó.

AVN

Santos viaja este sábado a Cúcuta, en medio de crisis con Venezuela

El presidente Juan Manuel Santos viaja este sábado a Cúcuta, epicentro de la crisis fronteriza con Venezuela, en medio de la tensión bilateral tras la expulsión masiva de colombianos por el gobierno de Nicolás Maduro.

“El presidente Santos estará hoy en Cúcuta”, informó la Presidencia, indicando que el mandatario visitará uno de los albergues acondicionados para recibir a los cientos de colombianos deportados en los últimos días o llegados al país huyendo de Venezuela por temor a serlo.

Santos, quien ya estuvo el miércoles pasado en Cúcuta conociendo de cerca el drama de los expulsados, muchos separados de sus hijos o deportados “con lo puesto”, aseguró que con Venezuela “no es una situación fácil”.

“Nosotros siempre hemos tenido unas norma de conducta: conducir nuestras relaciones internacionales con firmeza, pero con diálogo y diplomacia”, dijo el mandatario a última hora del viernes. “Eso hemos querido hacer y eso seguiremos haciendo. Y estamos ahora concentrados en atender en la parte humanitaria que ha generado esta situación”, agregó al clausurar el VII congreso de la Asociación Colombiana de Comisionistas de Bolsa (Asobolsa).

La tensión diplomática entre Bogotá y Caracas comenzó el 19 de agosto con el cierre de algunos pasos fronterizos por Maduro tras un ataque de desconocidos a militares venezolanos, ocurrido días atrás en medio de una operación anticontrabando en el fronterizo estado venezolano de Táchira y que Maduro atribuyó a “paramilitares colombianos”.

La crisis se profundizó el jueves pasado, cuando ambos países llamaron a consultas a sus embajadores en medio de las denuncias de violaciones de derechos humanos de los damnificados. Además de las deportaciones, que ya superan el millar de personas, se estima que otros 5.000 a 6.000 colombianos han huido de Venezuela por temor a ser expulsados, separados de sus seres queridos y sin poder llevarse sus pertenencias.

El Tiempo

ONU estimó que 300 mil refugiados ingresaron a Europa y 2.500 murieron en el intento

El Mediterráneo, principal acceso

El número de inmigrantes y refugiados que han atravesado el mar Mediterráneo en lo que va de año para llegar a Europa superó ya el umbral de los 300.000, pero muchos no lograron terminar la travesía con vida: se estima en 2.500 el número de muertos o desaparecidos.

El dato, anunciado en Ginebra por el Alto Comisariato de la ONU para los Refugiados (ACNUR), es alarmante, y no incluye el balance aún no confirmado de las personas fallecidas en la última tragedia, ayer frente a las costas de Libia.

El total de más de 300.000 llegadas registradas desde el inicio de 2015, de las cuales casi 200.000 a Grecia y 110.000 a Italia, supone "un fuerte aumento respecto al año pasado, cuando unas 219.000 personas atravesaron el Mediterráneo durante todo
el 2014", subrayó la portavoz del ACNUR, Melissa Fleming.

El año pasado, los muertos o desaparecidos en el mismo mar fueron unos 3.500.

"Pese a los esfuerzos de la operación europea de búsqueda y rescate, que en el último año salvó decenas de miles de vidas, el Mediterráneo sigue siendo, con los cerca de 2.500 muertos, la ruta más mortal para refugiados e inmigrantes", dijo Fleming.

Y el modo en el que los traficantes de seres humanos hacinan a las personas es la causa de la muerte. Según el testimonio de un sobreviviente a bordo de una barcaza socorrido frente a las costas libias el miércoles -indicó la portavoz-, los contrabandistas se hacían pagar para permitir a los pasajeros salir de la bodega para respirar.

"No queríamos estar en la bodega, pero nos obligaron pegándonos con bastones", les contó Adbel, un sudanés de 25 años.

Otro superviviente, Madhi, un cirujano traumatólogo de Bagdad, relató haber pagado 3.000 euros para que su esposa y su hijo de 2 años pudiesen estar en el puente superior. 

Los equipos de rescate encontraron 51 personas muertas sofocadas en la bodega del barco.

ACNUR subrayó que muchas de las personas que llegan por mar al sur de Europa, en particular a Grecia, provienen de países sacudidos por violencia y conflictos, como Siria, Irak y Afganistán, y todos necesitan protección internacional.

Además, "aunque los números son aplastantes para países individuales, ya sobrecargados, como Grecia, la ex República Yugoslavia de Macedonia, Hungría, Serbia o Alemania, son cifras que en cambio se pueden gestionar a través de respuestas
conjuntas y coordinadas a nivel europeo".

"Todos los países europeos y la UE deben actuar juntos para responder a la creciente emergencia y demostrar responsabilidad y solidaridad", dijo la vocero del ACNUR.

EL PRESIDENTE DE GRECIA CONVOCO A ELECCIONES PARA EL 20 DE SEPTIEMBRE

Disuelven el Congreso y llaman a votar

Las elecciones anticipadas se hicieron necesarias tras la dimisión, hace nueve días, del primer ministro Alexis Tsipras, en el marco de una severa crisis política desatada al interior de su partido y de la coalición gobernante.

El presidente de Grecia, Prokopis Pavlopulos, disolvió ayer el Parlamento y convocó a elecciones anticipadas para el próximo 20 de septiembre, horas después de que jurara en su cargo el equipo ministerial que integrará el gobierno provisional encargado de gobernar el país hasta los comicios.

El Parlamento que surja de las elecciones se constituirá el 1º de octubre, de acuerdo con el decreto firmado por Pavlopulos.

Las elecciones anticipadas se hicieron necesarias tras la dimisión, hace nueve días, del primer ministro Alexis Tsipras, en el marco de una severa crisis política desatada al interior de su partido y de la coalición gobernante tras obtener el primer desembolso del tercer rescate para Grecia. Tsipras justificó su decisión en la necesidad de pedir un nuevo mandato al pueblo tras el cambio de rumbo que dio el gobierno de Syriza y de cara a aplicar con el apoyo popular los acuerdos alcanzados con las instituciones, que incluyen un nuevo y severo ajuste.

La disidencia interna dentro de su partido y en las filas de su grupo parlamentario –donde más de 40 diputados le negaron el respaldo en la votación del tercer rescate– fueron el detonante de estas elecciones anticipadas. Uno de los resultados de esta fractura interna fue la fundación de un nuevo partido, Unidad Popular (UP), dirigido por el ex ministro de Energía Panayotis Lafazanis. La oposición de derecha y el nuevo partido Unidad Popular, formado por los 25 diputados disidentes de Syriza, deseaban que los comicios fueran una semana después para tener más tiempo para la campaña electoral.

La campaña electoral va a ser una de las más cortas de la democracia griega y, con 23 días, sólo supera en dos jornadas a la celebrada en 1996.

Poco antes de disolver el Parlamento, Pavlopulos tomó juramento al nuevo equipo de 10 ministros que gobernarán de forma transitoria junto a la presidenta de la Corte Suprema y ahora primera ministra interina, Vasiliki Thanou, que ya tomó posesión de su cargo. El nombramiento de un gobierno interino es necesario en Grecia cuando la disolución del Parlamento se produce como consecuencia de la dimisión de un primer ministro.

Una encuesta publicada ayer por el periódico Efimerida ton Syntakton registra que los griegos quieren seguir apostando por Syriza y que un 23 por ciento de los electores daría su apoyo al actual partido en el poder, frente al 19,5 por ciento que respaldaría a los conservadores de Nueva Democracia (ND).

En tanto, UP, la formación creada a partir de la escisión de Syriza, sólo contaría con la simpatía del 3,5 por ciento de los votos, frente al 2 por ciento que conseguirían los Independientes.

El 64 por ciento de los consultados cree que la decisión de Tsipras de dimitir para buscar un nuevo mandato en elecciones anticipadas fue “equivocada”, mientras que el 68 por ciento está de acuerdo en que Grecia debe permanecer en el euro a cualquier precio, incluso si eso significa más austeridad.

Un tercio de los que apoyaron al partido de Tsipras en las elecciones de enero que lo llevaron al poder ahora se muestran dubitativos de si volverán a votarlo, según el periódico. Además, según el sondeo, hay un 25,5 por ciento de indecisos, lo que supone el mayor bloque.

En declaraciones a la edición del rotativo digital Avgi, el hasta ahora primer ministro Tsipras dio por comenzada la “gran batalla electoral”.

“El pueblo griego dará un mandato fuerte para el presente y el futuro. Grecia no puede volver atrás y no lo va a hacer, solo marchará hacia adelante”, dijo Tsipras.

Los griegos votarán así por tercera vez en este movido año, en el que el país tuvo que aceptar más austeridad a cambio de un tercer plan de ayuda de hasta 86.000 millones de euros. Estos comicios son además el quinto sufragio en seis años en un país duramente afectado por la crisis, con una tasa de desempleo superior al 25 por ciento.

Las nuevas medidas económicas, entre ellas un aumento del IVA, fueron precisamente las que motivaron la escisión en Syriza. El líder de la nueva formación de los disidentes, Lafazanis, repitió en los últimos días que no excluía una salida de Grecia de la zona euro. Tsipras espera que la renovación de los 300 escaños del Parlamento le permita reafirmar su base.

La cartera de Finanzas recayó en George Chouliarakis, principal negociador de Grecia para la puesta en marcha del tercer plan de ayuda en Bruselas.

Durante el traspaso de poderes con su predecesor Eucleides Tsakalotos, el nuevo ministro subrayó que “el objetivo principal” del gobierno interino es “no perder el tiempo”. “Hay que avanzar para consolidar la economía griega lo antes posible y restablecer la confianza”, afirmó.

De la misma forma, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, recordó, en una carta de felicitación dirigida a la nueva primera ministra griega, “la necesitad de realizar reformas a tiempo para garantizar el éxito del programa” firmado entre Atenas y Bruselas.

¿Por qué hablarían los represores?

El argumento de que los represores de la dictadura dirían la verdad sobre sus crímenes si no fueran perseguidos penalmente es tan falaz como el que sostiene que la acción penal impide que ellos rompan el silencio. Estos argumentos, que se presentan como dos caras de lo mismo, se desarman con sólo examinar qué dijeron públicamente los represores cuando contaron con impunidad para sus crímenes.

 Por Claudia Feld y
Valentina Salvi *

Entre el indulto de Menem y la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, muchos represores rompieron el silencio. Desde las declaraciones negacionistas de Massera hasta los exaltados ataques contra los organismos de derechos humanos de Etchecolatz, pasando por la defensa de la tortura del Turco Julián en Telenoche y de Astiz en la revista Tres Puntos, durante los ’90, los represores hablaron, sin condicionamientos y sin amenazas de castigos, y lo máximo que les ha ocurrido, en tal contexto, fueron juicios por apología del delito. Lo que hicieron, en todos los casos, fue poner en duda la verdad obtenida por la Conadep y el Juicio a los ex comandantes, negando lo que ya a esa altura era innegable y cuestionando el testimonio de sobrevivientes y familiares de desaparecidos. Y, por cierto, ninguno se arrepintió.

Ni siquiera Scilingo, cuyas declaraciones reimpulsaron el debate público sobre el pasado reciente en 1995, brindó informaciones que no se supieran: los llamados “vuelos de la muerte” que describió eran conocidos por declaraciones de sobrevivientes desde mucho antes. Tampoco dio los nombres de las 30 personas que dijo haber arrojado al mar. Si bien fue el único represor llevado a la Justicia en aquellos años, ya que fue citado por el juez Garzón en España y accedió voluntariamente a viajar (recordemos que Argentina respondió negativamente a todos los pedidos de extradición de los países europeos para juzgar a los represores), la experiencia demuestra que las declaraciones de represores que no se encuentran sometidos a un proceso judicial no incluyen necesariamente informaciones novedosas ni verdaderas; y mucho menos listas sobre lo ocurrido a los desaparecidos –tanto las personas adultas secuestradas y asesinadas como los niños apropiados–, de los que todavía hoy no se conoce su destino.

Sin embargo, a pesar de esta experiencia, muchas voces están tratando de instalar la idea de que los juicios por crímenes de lesa humanidad se hacen en detrimento de la verdad sobre los hechos. Los dichos del obispo Casaretto en un panel organizado por la UCA, diciendo que “cuando más justicia aplicamos, parece que menos verdad recuperamos, y cuanta más verdad queremos recuperar, más suaves tenemos que ser en la justicia aplicada”, son sólo una entre muchas expresiones que van en ese sentido, publicadas mayormente por el diario La Nación.

Los juicios son escenarios de construcción de una verdad que surge por la confrontación de distintos testimonios y documentos. Tal como afirma el CELS, permitieron aportar una gran cantidad de información sobre el sistema desaparecedor. En ese marco, los tribunales constituyen un escenario particular de enunciación de la palabra de los represores. Si bien muchos acusados permanecen en silencio o reponen sus desgastados argumentos justificatorios y reivindicativos, unos pocos han roto el “pacto de silencio”. En la causa conocida como “Guerrieri I”, Eduardo Costanzo acusó a los miembros de la patota de la Quinta de Funes y aportó información –sólo conocida por los responsables, porque no hay sobrevivientes– para averiguar la identidad de una nieta luego recuperada. Otro ejemplo es el del cabo Miguel Angel Pérez que dio detalles, acusó al Ejército y lloró, moralmente abatido, frente a los jueces cordobeses que lo juzgaron.

¿En qué condiciones hablarían entonces los represores? ¿Lo harían seducidos por esta suerte de “cultura del diálogo” tal como propone la UCA? En Argentina, ya hubo escenas de diálogo que, sin embargo, estuvieron lejos de generar las condiciones para que los represores dijeran la verdad. Durante los años ’90, los conductores de los programas Tiempo nuevo, Hora clave y Hadad & Longobardi presentaron a su audiencia, en varias oportunidades, mesas en las que ponían a dialogar a represores, integrantes de Famus, miembros de organismos de derechos humanos, familiares de desaparecidos, sobrevivientes de centros clandestinos y exmiembros de las organizaciones armadas. La imposibilidad de un diálogo, concebido en estos términos voluntaristas y al amparo de la impunidad, es decir sin un marco judicial que sustente las declaraciones efectuadas y proteja a las víctimas, llevó los dichos al sinuoso terreno de lo opinable. El punto más álgido fue cuando, en el programa de Grondona, Etchecolatz se cruzó en una fuerte discusión con el diputado Alfredo Bravo, quien fuera secuestrado y torturado por un grupo de tareas al mando de Camps, jefe directo de Etchecolatz. Revirtiendo las culpas y las acusaciones, Bravo tuvo que (volver a) defenderse de su torturador. La “cultura del diálogo” que esos programas promovieron otorgó a los represores el derecho a dar su opinión como un camino legítimo hacia la “reconciliación”, lo cual significó escuchar cómo, impiadosamente, revictimizaban a sus víctimas y a los familiares, echando sobre ellos un manto de sospechas e incluso amenazándolos.

Descalificando el escenario judicial, donde deben comparecer víctimas y victimarios, la UCA y otras universidades privadas proponen hoy un diálogo entre víctimas. Así intentan producir el pasaje, según el título de la mesa en la que se encontraron Larrabure y Morandini, “de la lógica del enfrentamiento a la cultura del diálogo”. Pero, ¿qué nueva verdad podrían decir las víctimas en ese encuentro con otras víctimas?, ¿qué verdad puede surgir de la igualación de las personas por su sufrimiento?, ¿es posible averiguar la verdad cuando ni siquiera es requerida la palabra de los responsables de la desaparición de personas y de la apropiación de niños? Esta propuesta de “diálogo” parece, por lo tanto, ubicar el terreno de la verdad fuera de las responsabilidades concretas: se trata del triunfo de la regla de “nadie”, donde todos son víctimas y nadie es culpable. Los voceros de esta propuesta no están intentando, por lo tanto, conocer información hasta hoy desconocida, que los represores siguen ocultando, sino instalar una verdad exculpatoria. Esta es la verdad que propugnan, la que justifica el camino a la impunidad.

* Investigadoras del Conicet.

Los juicios de Argentina como ejemplo

 UN SEMINARIO PERMITIO CONFRONTAR LA EXPERIENCIA NACIONAL CON LAS DE CAMBOYA Y BANGLADESH

Argentina abrió el camino en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad con jueces y leyes locales. El interés de otros países.

 Por Alejandra Dandan

Los participantes del seminario realizado por la Untref.

La experiencia argentina en el juzgamiento al Estado por crímenes de lesa humanidad es observada de cerca por distintos sectores de la comunidad internacional que atraviesan instancias similares. La semana pasada jueces, fiscales e investigadores de Camboya y Bangladesh llegaron al país para participar de un seminario organizado por el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref). Bajo el nombre Conferencia Internacional sobre Juzgamiento de Crímenes de Estado por Tribunales Nacionales, el seminario que se hizo en el Centro Cultural Borges abrió un diálogo con jueces y académicos locales. Quedaron expuestos muchos puntos en común –y también las zonas de disidencia– en un campo en el que los tres países tramitan sus pasados dictatoriales con procesos de justicia valorados y reconocidos porque se hacen con tribunales propios (o mixtos como Camboya) y en el marco de leyes internas.

La experiencia argentina en el proceso de juicio a los responsables de la última dictadura se considera única en el mundo. Uno de los reconocimientos principales que se le hace, se basa justamente en el carácter “nacional” de los procesos, dado que son llevados adelante por jueces de su territorio, con normas internas, enmarcadas a su vez en códigos internacionales con las garantías del debido proceso. Irene Victoria Massimino, académica especializada en el tema y parte del equipo de Genocidio que encabeza Daniel Feierstein, explica en ese sentido que otros países como la ex Yugoslavia o Ruanda revisan sus crímenes fuera de sus territorios y con tribunales integrados por jueces extranjeros, en general de la Corte Penal Internacional, dependiente de Naciones Unidas. En ese sentido, las experiencias de Bangladesh y Camboya parecen más cercanas a la de Argentina. Los dos países trabajan en el procesamiento a los responsables de crímenes masivos de Estado cometidos en contextos históricos y períodos más o menos similares: Bangladesh en 1971 y Camboya entre 1975 y 1979. Los juicios se hacen con normas internas enmarcadas en el derecho internacional, en territorio propio y, en el caso bengalí, con jueces locales. Pero así como el proceso argentino es valorado a nivel internacional, y no recibe objeciones entre otras razones por el apego a las leyes, países como Bangladesh reciben críticas duras de la Corte Penal Internacional, como ellos mismos explicaron durante sus intervenciones en la sala.

“El proceso de justicia en Bangladesh tiene un 75 por ciento de apoyo de su pueblo”, señaló Obaidul Hassan, presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese país y parte de la Cámara 2, una de las dos salas a cargo de estos juicios. “El 75 por ciento de la gente confía en el poder judicial nuestro y nuestro tribunal cuenta con la confianza de la gente”, insistió. Esto es así pese a que Bangladesh tiene aún vigente la pena de muerte, uno de sus puntos débiles, criticado internacionalmente. En esa línea, Hassan reconoció que “una de las objeciones de la Corte Internacional es la aplicación que nosotros hacemos de la pena de muerte”. Cuando se lo preguntaron, agregó que ellos mismos no están de acuerdo con la vigencia de la ley pero, señaló, “nosotros decimos que la aplicación de la pena de muerte está en la norma interna. Podría ser abolida, pero no es atribución nuestra hacerlo, sino del Parlamento”.

La pena de muerte no es la única crítica de la Corte Penal Internacional, sino la brecha a través de la cual ingresan cuestionamientos que luego buscan poner en duda la legitimidad del proceso penal. Este fue uno de los puntos señalados por los jueces, que ven allí un boicot a la posibilidad que ellos mismos tienen de decidir sobre sus propios procesos. “Pero las críticas no se quedan en esto –dijo Hassan inmediatamente–. Cuestionan supuestos estándares o normativas que no se cumplen. Pero nosotros les preguntamos cuál es ese estándar. Seguimos todas las obligaciones del debido proceso y no entendemos las críticas de la comunidad internacional. Bangladesh siempre va a aceptar las sugerencias de la Corte Internacional, pero no necesitamos que nuestros países tengan jueces extranjeros para entender en nuestros juicios.”

“Hemos sufrido ataques por decidir juzgar de manera nacional”, señala en este caso otro de los jueces, Enayetur Rahim, que por eso subraya la importancia de encontrarse con escenas como las de Argentina. “Las similitudes con Argentina en ese contexto nos apoyan y nos ayudan. Que Argentina haga lo mismo es realmente importante para nosotros. Creemos que los juicios nacionales son suficientes y no necesitamos ir al ámbito internacional para obtener justicia.”

Cada uno de esos ejes aparece enfatizado desde el nombre mismo del evento. Fue una conferencia internacional sobre “juzgamiento de crímenes de Estado” por “tribunales nacionales”. Ahí aparece en primer lugar la idea del Estado como perpetrador de estos crímenes e inmediatamente después la idea de la jurisdicción nacional. “Decidimos llamarla de esta manera no sólo porque hubo participación de invitados internacionales sino para dar apoyo a los tribunales nacionales, es decir que los propios Estados reconozcan la culpa de las atrocidades que cometieron sin intervención de terceros”, señala Irene Victoria Massimino. “Estos otros tribunales no sólo no conocen la situación local sino que además tienen seguramente intereses ajenos. Además se ha probado que son más lentos y más costosos económicamente.”

Entre los panelistas locales se escucharon jueces como Carlos Rosansky, a cargo de los juicios de La Plata; Fátima Ruiz López, que estuvo en los tribunales de Jujuy; y Daniel Obligado, que integra el tribunal de la ESMA. “Decididamente los únicos dos países que de manera plenamente comprometida aplican juicios por lesa humanidad hoy son Bangladesh y Argentina, y Camboya con un tribunal mixto”, dijo Obligado. “Hay otras experiencias en nuestro continente, pero son más reducidas e incomparables. Por eso resulta interesante oír experiencias como éstas. Estamos conociendo cuáles son los criterios aplicados en relación con los delitos de lesa humanidad en otros países del mundo que pasaron por experiencias de algún modo similares. Ellos lo califican de genocidio, pero mas allá de la calificación elegida, del gran número de personas muertas por acciones institucionales, resulta enriquecedor para poder tener parámetros de complementariedad.”

De hecho, los jueces bengalíes describieron numerosas situaciones comunes en sus propios procesos de justicia. Plantearon las dificultades para resolver la cantidad de testigos, hablaron de las garantías para que los testimonios cuenten con el control de cada una de las partes y de cuestiones más cotidianas como las decisiones que van tomando los tribunales para que los acusados queden detenidos antes del comienzo de los juicios.

La experiencia de los bengalíes se extendió al campo de las relaciones culturales entre los dos países. “Además de los temas legales estamos muy contentos porque vamos a ir a Villa Ocampo –adelantaron sobre el punto–. En el año 1924, Victoria Ocampo tuvo una relación con el poeta Rabindranath Tagore, de origen bengalí, que a pesar de la diferencia de 30 años de edad generó una amistad muy cercana. El vino dos veces como invitado de ella y además tuvieron una relación del llamado amor platónico”, dijo Hassan, entusiasmado. “Esa relación que es más antigua también se retoma en la Guerra de Liberación de 1971, cuando el pueblo e intelectuales argentinos, principalmente Victoria, apoyaron la guerra de liberación y la causa bengalí.”

HALLAN DECENAS DE CADAVERES DENTRO DE UN CAMION EN AUSTRIA

INDECENCIA EUROPEA

Asfixiados y abandonados

Encontraron un camión cargado de migrantes muertos abandonado en una autopista. El avanzado estado de descomposición de los cuerpos impidió a la policía austríaca identificarlos y determinar la cantidad exacta de víctimas.

El horror de la crisis migratoria tocó tierra firme en Europa. Alrededor de 50 migrantes fueron encontrados muertos ayer en un camión abandonado por su conductor, que no pudo ser identificado, en la autopista A4, en Burgenland, Austria. El avanzado estado de descomposición de los cuerpos, apilados en el interior del acoplado, impidió a la policía austríaca identificarlos y determinar la cantidad exacta de víctimas. El macabro hallazgo coincidió con la celebración en Austria de una cumbre sobre refugiados en los países de los Balcanes occidentales, desbordados este año por miles de migrantes que huyen de guerras o represión en Medio Oriente y Africa e intentan entrar en Europa por su territorio. “Hoy es un día oscuro. Esta tragedia nos afecta profundamente a todos”, señaló la ministra del Interior austríaca, Johanna Mikl-Leitner, en conferencia de prensa en la ciudad de Eisenstadt, cerca de Viena. La canciller alemana, Angela Merkel, también presente en la cumbre, dijo estar conmocionada por la noticia.

El vehículo que transportaba a los migrantes, un camión frigorífico con patente húngara, apareció en el carril de emergencia de la principal autopista que une Budapest con Viena, cerca de la frontera con Hungría. En el lugar del hallazgo, ubicado 40 kilómetros al sureste de Viena, la policía montó un operativo alrededor del camión –en uno de sus laterales tenía el logotipo de la compañía avícola eslovaca Hyza–, acordonado para mantener a distancia a curiosos y periodistas. Según el jefe de policía del estado federado de Burgenland, Hans Peter Doskozil, el estado que presentaban los cuerpos, sumado al caluroso verano austríaco, hacía presumir que la data de muerte por asfixia de los migrantes era de varios días.

El camión, que fue abandonado anteayer y salió de Budapest ese mismo día por la mañana, fue encontrado con la puerta trasera abierta. De su interior, según determinaron las primeras medidas de los sabuesos, salían los fluidos de cuerpos en descomposición. El operativo para dar con el conductor del vehículo, del que nada se sabía hasta ayer, fue lanzado en las últimas horas. La compañía checa Agrofert Holding, dueña de la eslovaca Hyza, se desligó como propietaria del camión al afirmar que lo había vendido en 2014 y que los nuevos dueños no le quitaron el logotipo, como habían requerido.

En Budapest, el gobierno de Hungría afirmó que la patente del camión fue registrada por un ciudadano rumano en la ciudad de Kecskemet. Janos Lazar, jefe de gabinete del primer ministro húngaro, Viktor Orban, adelantó que las policías de Hungría y Austria van a trabajar en estrecho contacto para tomar las medidas necesarias que permitan investigar qué fue lo que sucedió y dar con los responsables.

La ministra del Interior austríaca dijo que los muertos parecían ser víctimas de una operación de traficantes de personas. “Los traficantes de personas son criminales”, señaló Mikl-Leitner, que prometió hacer todo lo posible para dar con los responsables. En declaraciones al margen de la cumbre sobre la crisis de refugiados, el canciller federal de Austria, Werner Faymann, dijo que la tragedia mostraba cuán urgente es la necesidad de que los países europeos trabajen juntos para buscar soluciones al drama migratorio. “Hoy, refugiados perdieron la vida que habían intentado salvar escapando, pero la perdieron a manos de los traficantes”, dijo el jefe de gobierno en un encuentro con periodistas que tuvo lugar en Viena.

La canciller alemana, por su parte, afirmó que la tragedia “nos insta a afrontar el tema de la inmigración de forma rápida y con espíritu europeo, el de la solidaridad”. Merkel recordó además que ahora, en el mundo, hay un número de refugiados que no encuentra parangón desde la Segunda Guerra Mundial. En rueda de prensa tras la cumbre en Viena, la mandataria reiteró que la normativa Dublín sobre asilo no funciona y que se requiere una solución común europea frente a la crisis. “¿Adónde vamos a devolver a los solicitantes de asilo? ¿A Hungría, a Austria, a Serbia, que ya tienen tantos o más refugiados que nosotros?”, se preguntó Merkel.

Su ministro de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, mostró en la misma cumbre la necesidad de reformar la normativa de Dublín, que determina que el proceso de asilo debe tramitarse en el primer país de la Unión Europea (UE) donde llega la persona que lo solicita, por lo que, en principio, se deduciría que un segundo país podría devolver al solicitante al país de entrada. En ese sentido, Steinmeier instó a los países europeos a realizar una distribución justa de los refugiados dentro de la UE, mediante un sistema de cuotas obligatorias que ya fue rechazado por numerosos países del bloque.

Cientos de miles de solicitantes de asilo llegaron a Europa en lo que va del año desde países en guerra de Medio Oriente, y más allá, como Siria, Irak y Afganistán, escapando de la pobreza o la represión en naciones de Africa, sobre todo Eritrea. Muchos siguen la ruta de los Balcanes: de Turquía a Grecia por mar; hacia Macedonia, al norte, en colectivo o a pie; por tren a través de Serbia y luego caminando los últimos kilómetros hacia Hungría, primer país miembro de la UE y del espacio europeo libre de pasaporte o zona Schengen.

Así evitan la más peligrosa ruta del Mediterráneo rumbo a Grecia e Italia, en la que, en lo que va del año, más de 2300 migrantes murieron ahogados o de hambre y sed a bordo de embarcaciones precarias, entre ellos 55 cuyos cuerpos fueron hallados anteayer en la bodega de un barco de traficantes rescatado cerca de Libia. Una vez dentro de la UE, la mayoría de los migrantes y refugiados trata de llegar a naciones europeas que, a priori, presentan un futuro más prósperas, como Alemania, Holanda, Suecia o Austria. En este país, precisamente, el número de solicitantes de asilo superó los 28.300, entre enero y junio pasado, y las autoridades esperan hasta 80.000 para este año. Alemania estima que también recibirá a 80.000 refugiados en 2015.

La policía húngara dijo que 3241 migrantes fueron detenidos anteayer por entrar ilegalmente al país, 700 más que el día anterior, y el número más alto en lo que va del año. Hungría está terminando de construir una valla de alambres de púas en su frontera con Serbia para mantener a raya a los refugiados.

El lado oscuro de Alberto Nisman

 PIDEN INDAGAR POR PRESUNTAS MANIOBRAS DE LAVADO DE DINERO AL ENTORNO DEL FISCAL FALLECIDO

Los imputados por el fiscal Juan Pedro Zoni son la hermana y la madre de Nisman, Diego Lagomarsino y el financista Claudio Picón. Se investiga la cuenta en Nueva York, chacras en el Uruguay, departamentos en Buenos Aires y un auto de alta gama.

El fiscal federal Juan Pedro Zoni pidió que la madre y la hermana del fiscal Alberto Nisman, el técnico Diego Lagomarsino y el financista Claudio Picón sean indagados por su participación en una presunta maniobra de lavado de dinero originado en actividades delictivas. Está acreditado que los imputados tienen a su nombre una cuenta bancaria en Nueva York, chacras en el Uruguay, departamentos en la ciudad de Buenos Aires y un auto de alta gama que en realidad pertenecían a Nisman, al que hicieron de testaferros. Se trata de bienes que exceden de manera “exorbitante”, remarcó Zoni, los ingresos que percibía el fallecido fiscal, de manera que su origen se presume ilícito.

Junto con el pedido de indagatoria, Zoni pidió el embargo de los fondos de la operación de lavado, que suman más de 10 millones de pesos. Y solicitó embargos preventivos sobre bienes personales la madre de Nisman, Sara Garfunkel (un auto), la hermana, Sandra Nisman (dos inmuebles), de Lagomarsino (un auto y un inmueble) y Picón (un auto y fondos depositados en la cuenta neoyorquina), hasta completar la suma de 80 millones de pesos entre los cuatro.

Esta medida busca garantizar que los fondos de la cuenta queden congelados y que los imputados cuenten con el dinero suficiente para afrontar las eventuales costas y multas derivadas de una posible condena.

Los fondos y bienes sujetos a investigación son:

- La cuenta bancaria: en el Merrill Lynch de Nueva York. La cuenta, que tiene como titulares a la madre y la hermana de Nisman y Lagomarsino recibió cerca de 600 mil dólares en transferencias “sobre las que no se pudo establecer el propósito comercial”.

Nisman figuraba como apoderado de la cuenta, para lo que omitió declarar su condición de funcionario público, que lo convertía en “persona políticamente expuesta”; para ello, declaró como su ocupación la de abogado en actividad. El técnico informático contó en un reportaje que el ex fiscal le pidió que figurara en lugar de él.

- En Uruguay: la fiscalía constató la existencia de tres lotes situados en Chacras de Manantiales, que si bien figuran a nombre de Sara Garfunkel, habrían pertenecido a su hijo. La compra fue realizada en noviembre de 2013 por un valor informado en 288 mil dólares. Ese año, según los datos de la AFIP, Sara Garfunkel registró ingresos por sólo 57.946 pesos argentinos.

- En Buenos Aires: la madre de Nisman aparece también como compradora de dos departamentos con sus dos cocheras en un fideicomiso de Dorrego 1771. La fiscalía entiende que esta inversión se habría realizado con fondos no declarados de Nisman; de hecho, tras su fallecimiento, se dejaron de pagar sus cuotas. Los pagos realizados hasta enero de 2015 totalizaron la suma de un millón doscientos ocho mil pesos.

- Audi Q3: está a nombre de la empresa Palermopack SA, presidida por el imputado Picón, el mismo financista que aparece realizando depósitos a la cuenta del Merrill Lynch e intervino también en el fideicomiso de Dorrego 1771. El vehículo de alta gama tuvo un precio de venta de 369.740 pesos argentinos.

En el pedido de las indagatorias, la fiscalía indicó que además de considerar probado “que los bie- nes aludidos eran realmente propiedad de Nisman, debe agregarse que no ha sido posible vincular el origen de estos a una actividad comercial lícita”.

En su carácter de funcionario público, explicó además, Nisman estaba “impedido de ejercer el comercio o cualquier actividad distinta de las de sus funciones como fiscal de la nación. Por esto, cabe concluir que todo ingreso patrimonial que no haya sido debidamente declarado se encuentra justificadamente sospechado de ilícito”. Zoni hizo notar, por otra parte, que Nisman no tramitó ninguna autorización especial ni declaró ninguna actividad extra destinada a generar mayores ingresos.

En este sentido, el escrito detalló que entre los años 2009 (cuando abrió la cuenta bancaria) y 2015, el ex fiscal tuvo ingresos por un total de casi cuatro millones de pesos argentinos. En el mismo período, sólo en gastos con tarjetas de crédito Nisman sumó 3 millones trescientos mil pesos. Además, pagó expensas por 290 mil pesos correspondientes a la casa que compartía con su ex pareja y pagó “altas cuotas” a la institución educativa a la que concurrían sus hijas. Y habría destinado al alquiler de su departamento de la torre Le Parc en Puerto Madero 72 mil dólares (3000 dólares por mes, durante dos años) más 212 mil pesos argentinos (26.500 pesos por mes, en los últimos ocho meses).

El fiscal Zoni advirtió también que la madre y la hermana de Nisman, con los otros imputados, “ocultaron la verdadera titularidad de los fondos y bienes” bajo investigación, “permitiendo con su accionar que se introdujeran sumas de origen espurio en el circuito legal”.

Guatemala: múltiples sectores realizan paro nacional por la renuncia de Pérez Molina y juez dicta prisión preventiva para exvicepresidenta

La marcha pacífica convocada para hoy jueves por la Asamblea Social y Popular (ASP) y #JusticiaYa se avizora probablemente multitudinaria, ante la confirmación de diversos sectores para participar en lo que incluirá el primer Paro Nacional –especialmente en la ciudad capital- en contra de Otto Pérez Molina y el estado de corrupción general.

27 agosto, 2015  Guatemala

Ciudadanos, campesinos, estudiantes de enseñanza media y universitarios, empresarios, comerciantes, padres de familia, empleados públicos y privados y hoy su intención de sumarse a las protestas, que incluirán el rotundo rechazo a la clase política y respaldo al Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Asimismo, se pondrá en evidencia “el descontento generalizado por las condiciones en las que tenemos que elegir nuevos gobernantes” el próximo domingo 6 de septiembre, indica el llamado de la ASP y #JusticiaYa, que detallan a continuación algunos de los pormenores de lo que se vienen:

< Han confirmado su participación las universidades de San Carlos, Rafael Landívar, Da Vinci, Del Valle, Mesoamericana y algunas facultades de la Mariano Gálvez.

< El Consejo Superior Universitario de la Usac exhortó a sus autoridades, catedráticos, alumnos y personal administrativo a participar en la caminata “cívica y pacífica”, con punto de reunión en el Campus Central y partiendo a las 10:00 horas hacia la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de Gobierno.

< Las universidades Rural, Del Valle y Gálvez harán un recorrido por el bulevar Rafael Landívar hacia Vista Hermosa, Sexta Avenida hasta llegar al Parque Central, zona 1.

< La agrupación Anónimas Guatemala ratificó que 198 colegios ratificaron esta tarde su participación, por lo cual suspenderán actividades docentes y administrativas como precaución y para salvaguardar la seguridad de sus integrantes.

< Algunas empresas, como Saúl E. Méndez, comunican que en apoyo a las protestas su cadena de tiendas permanecerá cerrada, como también lo harán algunos restaurantes y comercios a fin de que su personal asista.

El Periódico

Juez envía a Roxana Baldetti a la prisión “Santa Teresa”

La exvicepresidenta Roxana Baldetti, señalada como cabecilla de la estructura de defraudación aduanera La Línea, deberá guardar prisión preventiva en el centro de detención para mujeres Santa Teresa, mientras se resuelve el proceso en su contra, según ordenó el juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez.

El togado dio un plazo de tres días al Sistema Penitenciario para trasladar a la exfuncionaria del cuartel de Matamoros, donde actualmente se encuentra recluida, hacia Santa Teresa.

Gálvez mantuvo su decisión en firme frente a las impugnaciones del abogado defensor, Mario Cano, quien responsabilizó al juez y al Estado de Guatemala por cualquier vejamen que su patrocinada pudiera sufrir en el centro preventivo para mujeres.

El juzgador consideró que la medida de prisión preventiva garantiza que la sindicada no utilice sus influencias para procurar impunidad o que salga del país para huir.

Durante su argumentación, Gálvez, hizo énfasis en que existe peligro de obstrucción a la justicia, ya que las pesquisas han revelado que la Línea tenía contactos en las más altas esferas de gobierno, involucrando al mismo Presidente de la República y otros funcionarios de gobierno, cuya probable participación aún debe investigar la fiscalía.

Además, cuestionó la legalidad del acuerdo ministerial 484-2015, creado tras la captura de la exvicepresidenta y en el cual se instituye al Cuartel de Matamoros como un centro de detención para hombres y mujeres.

Para Gálvez el acuerdo respondió a un “subjetivismo” y atenta contra el principio de igualdad, dispuesto en la Ley.

Sobre la resolución del juez, la exvicepresidenta dio breves declaraciones a los medios de comunicación. “No importa, estoy dispuesta a que haya Estado de Derecho en Guatemala y si esto tengo que pasar, lo voy a pasar”, dijo sobre la resolución del juez.

Baldetti no se pronunció sobre las llamadas telefónicas interceptadas por el MP, en la cuales se escucha la voz del Presidente. “Pregúntele a él, mías no hay”, señaló.

La exfuncionaria descartó la participación de Pérez Molina en La Línea.

ANTECEDENTES
Roxana Baldetti fue ligada a proceso penal por los delitos de casos especiales de defraudación aduanera, asociación ilícita y cohecho pasivo.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la exvicemandataria lideró, junto al presidente Otto Pérez Molina, la estructura de defraudación aduanera La Línea.

Las investigaciones indican que, con la participación de ambos mandatarios, la organización criminal cooptó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con el objeto de facilitar sus operaciones delictivas en las distintas aduanas del país.

Las pesquisas iniciaron en mayo de 2014, con la sospecha de que un grupo de importadores estaban involucrados en acciones de contrabando, quienes tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos.

Por este caso hay otras 36 personas detenidas, entre ellas los dos últimos titulares de la SAT, Carlos Muñoz y Omar Franco. Además hay 18 personas pendientes de captura, entre los que se encuentra Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la vicepresidencia.

La audiencia de apertura a juicio contra Baldetti se programó para el próximo 8 de diciembre.

¿Quién integra la sala que conocerá la apelación?

Tras la resolución del juez Miguel Ángel Gálvez, el abogado defensor de Roxana Baldetti, Mario Cano, señaló que impugnaría a través de un recurso de apelación, la prisión preventiva dictada contra su patrocinada.

Además, la defensa de la exfuncionaria señaló que interpondrá un amparo para evitar su traslado al centro de detención para mujeres Santa Teresa.

Ambos recursos deberán ser conocidos por la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, conformada por la jueza Anabella Cardona Cámbara como presidenta; Mynor Antonio Oxom Paredes, como vocal primero, y Marvin Fradique Reyes Lee, como vocal segundo.

Rechazan amparo de Mariano Paz

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó el amparo provisional solicitado por Mariano Paz, esposo de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, para revocar el embargo de la Finca la Montagna, ubicada en Chimaltenango.

Dicha propiedad fue embargada por el Juzgado de Extinción de Dominio a solicitud del Ministerio Público, quien investiga el origen de los bienes de Baldetti y de su familia.

La Montagna está conformada por ocho terrenos que juntos tienen una extensión de 114 mil 467.68 metros cuadrados, es decir, 11.4 hectáreas o 16 manzanas.

La Hora

Congreso sesionará y conocería antejuicio contra el Presidente

La Junta Directiva del Congreso convocó a todos los diputados para que asistan a la sesión plenaria de mañana jueves a las 10 horas, para conocer el antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina e integrar la comisión pesquisidora que analizará si el mandatario deberá perder o no su inmunidad.

La decisión de la Directiva se dio a conocer después de una reunión que sostuvieron los ocho integrantes en la Presidencia del Legislativo, donde se les notificó que ayer, a las 16:00 horas, el documento que trasladó la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego por unanimidad, los magistrados tramitó la solicitud.

El viernes 21 de agosto, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), presentaron un antejuicio contra el Presidente por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo, luego que se dio a conocer que Pérez Molina lideró una red dedicada a la defraudación aduanera.

En menos de cuatro meses, el Congreso ha recibido dos solicitudes de antejuicio que buscan dejar sin inmunidad al mandatario por su complicidad y participación en el caso La Línea. La primera fue planteada por el diputado del Movimiento Winaq, Amílcar Pop.

La Hora

PGN y CGC exhortan al presidente a renunciar

Un comunicado oficial de la Procuraduría General de la Nación, recomienda al presidente Otto Pérez Molina su renuncia, para conservar la gobernabilidad del país.

La opinión de la Procuraduría General de la Nación (PGN), firmada el miércoles, destaca el mandato constitucional del presidente y su representación de la unidad nacional.

La PGN justificando su función como “asesora y consultora del Estado”, recomienda a Otto Pérez Molina que renuncie al cargo de mandatario.

Justifica la recomendación indicando que con la renuncia del presidente se evita que “la ingobernabilidad traiga como consecuencia la inestabilidad de la Nación”.

La PGN explica que la recomendación se hace pública “ante los acontecimientos económicos, sociales, políticos y jurídicos que atraviesa el país”, y en las vísperas de un paro nacional y una marcha multitudinaria y multisectorial anunciada para este jueves, la cual exige la dimisión de Pérez Molina.

Funciones

María Eugenia Villagrán, titular de la PGN, expresó que conforme sus funciones constitucionales, cuando hay algún hecho que afecta los intereses del Estado, pidió al presidente tomar en cuenta esa recomendación para no afectar la estabilidad del país.

“Hicimos la recomendación para evitar un mayor desastre, para que no haya ingobernabilidad. Esto lo hacemos considerando que es deber del presidente brindar seguridad, libertad y, ante todo, paz a los guatemaltecos”, declaró.

Agregó que busca no llegar a una situación insostenible, pues teme que si el mandatario continúa en el cargo, puedan ocurrir hechos de violencia.

También la CGC

El jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Carlos Mencos, también exhortó al mandatario para que presente su dimisión.

“En aras de mantener la paz social y ante las demandas de los distintos sectores de la población, presente de manera inmediata su renuncia al cargo de presidente de la República para evitar mayores incidentes sociales, con consecuencias insospechables”, refiere un comunicado oficial publicado el miércoles por la noche.

En el documento se agrega que el personal de la Contraloría cuenta con autorización del despacho superior de la institución, para tomar parte en la manifestación contra la corrupción programada para hoy jueves.

Prensa Libre