POR MARÍA DE LOS ÁNGELES LASA
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales (Università degli Studi di Camerino)
Lic. en Relaciones Internacionales (Universidad Católica de Córdoba).
Las insistentes formulaciones que indican que en materia de narcotráfico la Argentina se está mexicanizando o colombianizando están llenas de trampas y falacias argumentales.
El debate en torno al narcotráfico en Argentina es, en primer lugar, un debate sin fuentes. Comparar a Argentina con México o Colombia, supone un profundo desconocimiento de varios aspectos: del rol que cada uno de esos países asume en la división internacional de la producción, manufacturación y tráfico de drogas; del mapeo de actores involucrados en la narco-industria —y de la violencia que generan a partir de dinámicas cooperativas/conflictivas entre ellos y dinámicas reactivas/proactivas de cada uno de ellos en relación a las instancias de producción, manufactura, tráfico y consumo — ; y de la narco-industria ilegal más rentable para cada uno de esos país — cannabis-marihuana; coca-cocaína; adormidera-opio; drogas sintéticas — . En este sentido, podría listar un considerable número de diferencias sustanciales entre Argentina, México y Colombia . Voy por la más obvia: ni México ni Argentina producen hojas de coca, la materia prima del clorhidrato de cocaína . Pero consideremos estas otras:
México comparte una extensa frontera con el consumidor de cocaína más grande del mundo: Estados Unidos. Colombia y Argentina, no. La disputa entre actores por el control de rutas de tráfico es, pues, más directo y más violento.
Por las rutas donde circula la droga suelen también transitar armas, diamantes, piedras preciosas y personas. Este fenómeno se denomina politráficos (Labrousse, 2011). Las rutas de politráficos de Colombia y México son infinitamente más complejas y violentas que las rutas argentinas de politráficos —porque por nuestro país, entre otras cosas, no circulan masivamente migrantes y coyotes, esmeraldas o armas de guerra—.
El entramado de actores colombianos vinculados a alguna etapa del complejo coca-cocaína, incluye —o ha incluido— a militares, grupos guerrilleros, autodefensas, cárteles y otros actores violentos no estatales (AVNE). El mapeo de actores en México es igualmente complejo —operan, hoy, nueve cárteles con sólidas estructuras, autodefensas, pandillas juveniles y otros AVNE—, pero no hay evidencia de que exista un grupo guerrillero que se financie gracias al tráfico de cocaína y derivados, como las FARC en Colombia después de 1995. En Argentina, el mapeo de actores es considerablemente menos imbricado y violento, fundamentalmente porque la lucha contra el narcotráfico no está militarizada, no existen cárteles propiamente dichos y no operan guerrillas ni autodefensas.
Si clasificáramos a estos tres países de acuerdo al rol que juegan en la división internacional de la producción de coca-cocaína (Ricci & Lasa, 2015), Colombia sería un país productorupstream/downstream —la etapa downstream implica el procesamiento de las materias primas recogidas durante la fase upstream y su conversión en producto final—; México, un país de tránsito; Argentina, un híbrido entre dos categorías: tránsito y país origen de precursores químicos.
En México y Colombia —fundamentalmente Colombia—, se ha producido la contrarreforma agraria o reforma agraria a la inversa. Desde hace más de dos décadas, en ambos países, barones del narcotráfico han invertido grandes sumas de dinero en la compra de haciendas, automóviles, caballos de competición y enormes extensiones de tierras, dando paso a una clase de “nuevos ricos”. Se calcula que en Colombia, actualmente, un puñado de familias narcotraficantes poseen alrededor de 4.400.000 millones de hectáreas. En Argentina, en el peor de los casos, los narcotraficantes son dueños de casas lujosas, autos y abultadas cuentas bancarias — pero nunca de 4.400.000 millones de hectáreas.
Colombia y México tienen que lidiar con las externalidades negativas que actores extra-regionales —no latinoamericanos— generan en sus países. Sí: me refiero concretamente a Estados Unidos y dos de sus vectores de política exterior para militarizar la lucha contra las drogas en el hemisferio: el Plan Colombia y el Plan Mérida, que han militarizado la lucha contra el narcotráfico y han provocado, entre otras cosas, un severo impacto medioambiental.
En función de lo que he señalado —que, por cierto, es una lista resumida y no exhaustiva—, pretendo hacer hincapié en un punto clave: los discursos sin fuentes que dominan el debate público sobre las drogas en Argentina, seguridizan dimensiones, actores y procesos que no existen en nuestro país — y, por lo tanto, crean pánico infundado y políticas públicas desacertadas.
No estoy diciendo que no existan amenazas reales. Sólo digo que no por tremendistas, algunos discursos son más ciertos. Y en este sentido no creo que Argentina se esté colombianizando o mexicanizando. Creo, por el contrario, que Argentina se está argentinizando.
La Argentina ha desarrollado un modelo doméstico de complejo coca-cocaína que tiene características propias y distintas de los complejos de Colombia, México, Perú, Bolivia o Brasil . Por razones geográficas, medioambientales y económicas, Argentina no produce coca ni cocaína. Antes de convertirse en clorhidrato, el alcaloide se extrae de las hojas de coca, se convierte en pasta de coca y, posteriormente, en pasta base. Desde hace más de 30 años, a todo ese proceso lo hacen mejor —y de manera más rentable—, cocaleros, firmas y cárteles bolivianos, peruanos y colombianos. Sin embargo, desde algunos años, existe una extendida hipótesis interpretativa según la cual la pasta base producida en Bolivia termina de procesarse en nuestro territorio — es decir que, aparentemente, existirían grupos criminales en Argentina con el know-how y el poder económico para producir clorhidrato de cocaína.
Si uno analiza cuidadosamente el perfil de los centros de procesamiento ilícitos de pasta base y clorhidrato de cocaína descubiertos en Argentina durante la década 2001–2010, y el volumen de incautaciones, la conclusión es otra. Al país ingresa pasta base, sí, pero no para ser convertida en cocaína.
A Argentina ingresan ambos productos: pasta base y clorhidrato de cocaína. El clorhidrato de cocaína ingresa por una ruta de macro-tráfico —más o menos persistente desde 1985—, gestionada por organizaciones criminales de considerable tamaño y capacidad logística, y cuyo destino final es Europa occidental. La Operación Merluza Blanca (2006), el asesinato de dos colombianos en La Tablada (2008), el tiroteo en Unicenter (2008), el asesinato de Galvis Ramírez en San Fernando (2009) y la detención de los hermanos Juliá (2011), entre otros episodios violentos, se relacionan con esta ruta de macro-tráfico. Por otro lado, existe una ruta de micro-tráfico —inaugurada con la crisis de 2001—, que ingresa pasta base al país para abastecer a un empobrecido mercado de consumo local. Esta última ruta ha propiciado en la década 2001-2010 el surgimiento de un tipo de actor que no estaba extendido en nuestro país: las organizaciones criminales de base parental — es decir, familias enteras que se dedican a estirar y comercializar en el mercado de consumo local, clorhidrato de cocaína pero, fundamentalmente, pasta base — . A estas rutas de micro-tráfico pueden vincularse los episodios de violencia y disputas territoriales que hoy preocupan a extensas zonas del área metropolitana, Rosario, Córdoba y Tucumán.
Nuestro modelo de complejo coca-cocaína tiene sus propias características en términos de producción, manufacturación, tráfico, consumo y dinámicas de actores. Argentina se está argentinizando. En este sentido, cualquier discurso que sugiera que la Argentina se está colombianizando o mexicanizando es irresponsable por partida doble: genera un pánico infundado e invisibiliza el auténtico debate al que nos debemos abocar.
(*) La Theory of Securitization fue desarrollada por Barry Buzan y Ole Wæver en “Security: A New Framework for Analysis” (1998) y sugiere que las amenazas se construyen a partir de discursos enunciados por las élites políticas, que presentan un asunto como una amenaza existencial para un determinado objeto de referencia y la audiencia lo acepta como tal. En el proceso de securitización, el actor securitizador —es decir, el que enuncia el discurso—, reclama una acción prioritaria en función de una amenaza que él percibe — y que puede ser cierta, exagerada o ficcional. La formulación de la seguridización surgió a partir de una lectura que hizo Wæver de J. L. Austin, filósofo británico que teorizó sobre los enunciados performativos, es decir, enunciados que no pueden ser juzgados como verdaderos o falsos y cuyo objetivo no es describir sino hacer algo.
Labrousse, A. (2011). Geopolítica de las drogas, Buenos Aires: Marea.
Ricci, G. & Lasa, M. (2015). “Hacia una definición de ‘complejo coca-cocaína’” Studia Politicæ, Año XII, No. 31, p. 75-97. Próxima publicación.
Rocha García, Ricardo (2000). “La economía colombiana. 25 años de narcotráfico”, Bogotá: Siglo del Hombre Editores & UNODC.
Publicado en http://ar.bastiondigital.com/notas/narco-made-argentina#sthash.nFyTCBfg.dpuf
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales (Università degli Studi di Camerino)
Lic. en Relaciones Internacionales (Universidad Católica de Córdoba).
Las insistentes formulaciones que indican que en materia de narcotráfico la Argentina se está mexicanizando o colombianizando están llenas de trampas y falacias argumentales.
El debate en torno al narcotráfico en Argentina es, en primer lugar, un debate sin fuentes. Comparar a Argentina con México o Colombia, supone un profundo desconocimiento de varios aspectos: del rol que cada uno de esos países asume en la división internacional de la producción, manufacturación y tráfico de drogas; del mapeo de actores involucrados en la narco-industria —y de la violencia que generan a partir de dinámicas cooperativas/conflictivas entre ellos y dinámicas reactivas/proactivas de cada uno de ellos en relación a las instancias de producción, manufactura, tráfico y consumo — ; y de la narco-industria ilegal más rentable para cada uno de esos país — cannabis-marihuana; coca-cocaína; adormidera-opio; drogas sintéticas — . En este sentido, podría listar un considerable número de diferencias sustanciales entre Argentina, México y Colombia . Voy por la más obvia: ni México ni Argentina producen hojas de coca, la materia prima del clorhidrato de cocaína . Pero consideremos estas otras:
México comparte una extensa frontera con el consumidor de cocaína más grande del mundo: Estados Unidos. Colombia y Argentina, no. La disputa entre actores por el control de rutas de tráfico es, pues, más directo y más violento.
Por las rutas donde circula la droga suelen también transitar armas, diamantes, piedras preciosas y personas. Este fenómeno se denomina politráficos (Labrousse, 2011). Las rutas de politráficos de Colombia y México son infinitamente más complejas y violentas que las rutas argentinas de politráficos —porque por nuestro país, entre otras cosas, no circulan masivamente migrantes y coyotes, esmeraldas o armas de guerra—.
El entramado de actores colombianos vinculados a alguna etapa del complejo coca-cocaína, incluye —o ha incluido— a militares, grupos guerrilleros, autodefensas, cárteles y otros actores violentos no estatales (AVNE). El mapeo de actores en México es igualmente complejo —operan, hoy, nueve cárteles con sólidas estructuras, autodefensas, pandillas juveniles y otros AVNE—, pero no hay evidencia de que exista un grupo guerrillero que se financie gracias al tráfico de cocaína y derivados, como las FARC en Colombia después de 1995. En Argentina, el mapeo de actores es considerablemente menos imbricado y violento, fundamentalmente porque la lucha contra el narcotráfico no está militarizada, no existen cárteles propiamente dichos y no operan guerrillas ni autodefensas.
Si clasificáramos a estos tres países de acuerdo al rol que juegan en la división internacional de la producción de coca-cocaína (Ricci & Lasa, 2015), Colombia sería un país productorupstream/downstream —la etapa downstream implica el procesamiento de las materias primas recogidas durante la fase upstream y su conversión en producto final—; México, un país de tránsito; Argentina, un híbrido entre dos categorías: tránsito y país origen de precursores químicos.
En México y Colombia —fundamentalmente Colombia—, se ha producido la contrarreforma agraria o reforma agraria a la inversa. Desde hace más de dos décadas, en ambos países, barones del narcotráfico han invertido grandes sumas de dinero en la compra de haciendas, automóviles, caballos de competición y enormes extensiones de tierras, dando paso a una clase de “nuevos ricos”. Se calcula que en Colombia, actualmente, un puñado de familias narcotraficantes poseen alrededor de 4.400.000 millones de hectáreas. En Argentina, en el peor de los casos, los narcotraficantes son dueños de casas lujosas, autos y abultadas cuentas bancarias — pero nunca de 4.400.000 millones de hectáreas.
Colombia y México tienen que lidiar con las externalidades negativas que actores extra-regionales —no latinoamericanos— generan en sus países. Sí: me refiero concretamente a Estados Unidos y dos de sus vectores de política exterior para militarizar la lucha contra las drogas en el hemisferio: el Plan Colombia y el Plan Mérida, que han militarizado la lucha contra el narcotráfico y han provocado, entre otras cosas, un severo impacto medioambiental.
En función de lo que he señalado —que, por cierto, es una lista resumida y no exhaustiva—, pretendo hacer hincapié en un punto clave: los discursos sin fuentes que dominan el debate público sobre las drogas en Argentina, seguridizan dimensiones, actores y procesos que no existen en nuestro país — y, por lo tanto, crean pánico infundado y políticas públicas desacertadas.
No estoy diciendo que no existan amenazas reales. Sólo digo que no por tremendistas, algunos discursos son más ciertos. Y en este sentido no creo que Argentina se esté colombianizando o mexicanizando. Creo, por el contrario, que Argentina se está argentinizando.
La Argentina ha desarrollado un modelo doméstico de complejo coca-cocaína que tiene características propias y distintas de los complejos de Colombia, México, Perú, Bolivia o Brasil . Por razones geográficas, medioambientales y económicas, Argentina no produce coca ni cocaína. Antes de convertirse en clorhidrato, el alcaloide se extrae de las hojas de coca, se convierte en pasta de coca y, posteriormente, en pasta base. Desde hace más de 30 años, a todo ese proceso lo hacen mejor —y de manera más rentable—, cocaleros, firmas y cárteles bolivianos, peruanos y colombianos. Sin embargo, desde algunos años, existe una extendida hipótesis interpretativa según la cual la pasta base producida en Bolivia termina de procesarse en nuestro territorio — es decir que, aparentemente, existirían grupos criminales en Argentina con el know-how y el poder económico para producir clorhidrato de cocaína.
Si uno analiza cuidadosamente el perfil de los centros de procesamiento ilícitos de pasta base y clorhidrato de cocaína descubiertos en Argentina durante la década 2001–2010, y el volumen de incautaciones, la conclusión es otra. Al país ingresa pasta base, sí, pero no para ser convertida en cocaína.
A Argentina ingresan ambos productos: pasta base y clorhidrato de cocaína. El clorhidrato de cocaína ingresa por una ruta de macro-tráfico —más o menos persistente desde 1985—, gestionada por organizaciones criminales de considerable tamaño y capacidad logística, y cuyo destino final es Europa occidental. La Operación Merluza Blanca (2006), el asesinato de dos colombianos en La Tablada (2008), el tiroteo en Unicenter (2008), el asesinato de Galvis Ramírez en San Fernando (2009) y la detención de los hermanos Juliá (2011), entre otros episodios violentos, se relacionan con esta ruta de macro-tráfico. Por otro lado, existe una ruta de micro-tráfico —inaugurada con la crisis de 2001—, que ingresa pasta base al país para abastecer a un empobrecido mercado de consumo local. Esta última ruta ha propiciado en la década 2001-2010 el surgimiento de un tipo de actor que no estaba extendido en nuestro país: las organizaciones criminales de base parental — es decir, familias enteras que se dedican a estirar y comercializar en el mercado de consumo local, clorhidrato de cocaína pero, fundamentalmente, pasta base — . A estas rutas de micro-tráfico pueden vincularse los episodios de violencia y disputas territoriales que hoy preocupan a extensas zonas del área metropolitana, Rosario, Córdoba y Tucumán.
Nuestro modelo de complejo coca-cocaína tiene sus propias características en términos de producción, manufacturación, tráfico, consumo y dinámicas de actores. Argentina se está argentinizando. En este sentido, cualquier discurso que sugiera que la Argentina se está colombianizando o mexicanizando es irresponsable por partida doble: genera un pánico infundado e invisibiliza el auténtico debate al que nos debemos abocar.
(*) La Theory of Securitization fue desarrollada por Barry Buzan y Ole Wæver en “Security: A New Framework for Analysis” (1998) y sugiere que las amenazas se construyen a partir de discursos enunciados por las élites políticas, que presentan un asunto como una amenaza existencial para un determinado objeto de referencia y la audiencia lo acepta como tal. En el proceso de securitización, el actor securitizador —es decir, el que enuncia el discurso—, reclama una acción prioritaria en función de una amenaza que él percibe — y que puede ser cierta, exagerada o ficcional. La formulación de la seguridización surgió a partir de una lectura que hizo Wæver de J. L. Austin, filósofo británico que teorizó sobre los enunciados performativos, es decir, enunciados que no pueden ser juzgados como verdaderos o falsos y cuyo objetivo no es describir sino hacer algo.
Labrousse, A. (2011). Geopolítica de las drogas, Buenos Aires: Marea.
Ricci, G. & Lasa, M. (2015). “Hacia una definición de ‘complejo coca-cocaína’” Studia Politicæ, Año XII, No. 31, p. 75-97. Próxima publicación.
Rocha García, Ricardo (2000). “La economía colombiana. 25 años de narcotráfico”, Bogotá: Siglo del Hombre Editores & UNODC.
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