Acuerdo Buitre, inaceptable extorsión
Por Axel Kicillof *
Sabemos ya que el gobierno de Macri ofreció a los fondos buitre mejores condiciones que las que los mismos buitres ofrecieron al gobierno de Cristina. Incluso se ha conocido que Macri quiere pagarle a algunos fondos, como el caso de Dart, el 100 por ciento de lo que reclamaban a Griesa. ¡Así es fácil llegar a un “acuerdo”! La negociación no fue agresiva, todo lo contrario, y esto se debe a la urgencia por arreglar a cualquier costo. La desesperación no es, ni en éste ni en ningún caso, una buena estrategia de negociación.
Ahora la extorsión se traslada al Congreso. Al juez Griesa ya no le basta con extorsionar al Poder Ejecutivo sino que pretende ordenar al Congreso de la Nación las leyes que tiene que derogar o promulgar para pagarle a un puñado de especuladores en mejores condiciones que las que aceptó el 93 por ciento de acreedores de buena fe. Concretamente, los fondos buitre pagaron 25 centavos por dólar y ahora piden 4 dólares. El 93 por ciento, en cambio, aceptó recibir 30 centavos por cada dólar, lo que terminó siendo un buen negocio porque Argentina creció ininterrumpidamente en la última década y pudo pagar todos los vencimientos acordados como nunca antes en su historia.
¿Cuál es el monto total del autodenominado “acuerdo” de Macri y cuál la ganancia de los fondos buitre? Todavía no conocemos el dato exacto. Lo que sí sabemos es que Macri ofreció a los fondos buitre dinero en efectivo. ¿Cómo planea conseguir estos fondos? Endeudándose por una cifra de 15.000 o 20.000 millones de dólares. Llegamos así a la siguiente conclusión: de manera encubierta, el gobierno de Macri está pidiendo al Congreso la autorización para realizar una de las operaciones de deuda más formidables de toda nuestra historia, sólo comparable con los tristemente célebres “megacanje” y “blindaje”. Además, según Clarín, los beneficiarios de este negocio serán los “sospechosos de siempre”: HSBC, JP Morgan, Santander, Deutsche, BBVA, Citi y UBS. Son los mismos bancos que le “prestaron” 5000 millones de dólares al BCRA hace pocos días. Lo que no se menciona es que para conseguir ese también autodenominado “crédito” el BCRA tuvo que poner como garantía 12.000 millones de dólares, es decir, más del doble.
Sabemos ya que el gobierno de Macri ofreció a los fondos buitre mejores condiciones que las que los mismos buitres ofrecieron al gobierno de Cristina. Incluso se ha conocido que Macri quiere pagarle a algunos fondos, como el caso de Dart, el 100 por ciento de lo que reclamaban a Griesa. ¡Así es fácil llegar a un “acuerdo”! La negociación no fue agresiva, todo lo contrario, y esto se debe a la urgencia por arreglar a cualquier costo. La desesperación no es, ni en éste ni en ningún caso, una buena estrategia de negociación.
Ahora la extorsión se traslada al Congreso. Al juez Griesa ya no le basta con extorsionar al Poder Ejecutivo sino que pretende ordenar al Congreso de la Nación las leyes que tiene que derogar o promulgar para pagarle a un puñado de especuladores en mejores condiciones que las que aceptó el 93 por ciento de acreedores de buena fe. Concretamente, los fondos buitre pagaron 25 centavos por dólar y ahora piden 4 dólares. El 93 por ciento, en cambio, aceptó recibir 30 centavos por cada dólar, lo que terminó siendo un buen negocio porque Argentina creció ininterrumpidamente en la última década y pudo pagar todos los vencimientos acordados como nunca antes en su historia.
¿Cuál es el monto total del autodenominado “acuerdo” de Macri y cuál la ganancia de los fondos buitre? Todavía no conocemos el dato exacto. Lo que sí sabemos es que Macri ofreció a los fondos buitre dinero en efectivo. ¿Cómo planea conseguir estos fondos? Endeudándose por una cifra de 15.000 o 20.000 millones de dólares. Llegamos así a la siguiente conclusión: de manera encubierta, el gobierno de Macri está pidiendo al Congreso la autorización para realizar una de las operaciones de deuda más formidables de toda nuestra historia, sólo comparable con los tristemente célebres “megacanje” y “blindaje”. Además, según Clarín, los beneficiarios de este negocio serán los “sospechosos de siempre”: HSBC, JP Morgan, Santander, Deutsche, BBVA, Citi y UBS. Son los mismos bancos que le “prestaron” 5000 millones de dólares al BCRA hace pocos días. Lo que no se menciona es que para conseguir ese también autodenominado “crédito” el BCRA tuvo que poner como garantía 12.000 millones de dólares, es decir, más del doble.
En resumen, en poco menos de 3 meses Macri va a endeudar al país en 20.000 o 25.000 millones de dólares, una cifra que supera las reservas internacionales en poder del Banco Central.
Para tener una idea de la inequidad (¿o de la ilegalidad?) que implica lo quieren presentar como un acuerdo que genera entre el 93 por ciento que apostó por la Argentina y el 7 por ciento que decidió especular e ir a juicio contra nuestro país, baste decir que nos vamos a endeudar para pagarle a ese 7 por ciento ¡en un valor que equivale a la mitad de la deuda que se le reconoció al restante 93! Así como se lee: el 7 por ciento de los acreedores se llevarán una suma que equivale al 50 por ciento de lo que se les reconoció al 93 por ciento de los acreedores. Esta “exitosa negociación” no es otra cosa que “hacer lo que dice Griesa y pagar”, calladito y contante y sonante.
El arreglo de Macri con los buitres contrabandea entonces una operación de endeudamiento gigantesca, cuyos detalles financieros y “comisiones” tampoco conocemos. Recordemos que la Corte Suprema acaba de confirmar el procesamiento del actual presidente del BCRA por las comisiones que se pagaron en el megacanje. La ganancia de los bancos va a ser doble: por un lado, las comisiones por emitir esos 20.000 millones, que si fueran del 2 por ciento significan nada menos que 400 millones. Pero, además, seguramente el precio de los bonos probablemente crezca no bien se anuncie el acuerdo. Si mejoran los bonos en un 4 o 6 por ciento, la ganancia de los bancos puede llegar a 1000 millones adicionales. Lo que encubre esta inaceptable extorsión sobre el Congreso de la Nación para que derogue las leyes que exige un juez norteamericano (Griesa) es un posible negociado que podría llegar a 1400 millones de dólares.
Pero hay otros elementos centrales que aún se desconocen sobre el acuerdo. En primer lugar, mientras a Argentina se le pide derogar sus leyes, el juez Griesa va a “suspender” su orden, lo que no implica dejar sin efecto la sentencia sobre el pari passu ni garantizar que no queden más buitres sin entrar al acuerdo. El riesgo es, entonces, que nuevos fondos buitre repitan el reclamo y nuevamente impidan el cobro de los bonos. Si no se garantiza un acuerdo con el total de los “holdouts”, más adelante, un solo bonista con un solo bono puede llevarnos a la misma situación. Que no nos extrañe que sea el mismo Paul Singer o algún otro camuflado con otras plumas que vuelve al ataque.
En segundo lugar, si a los fondos buitre se les paga 10 veces más que al 93 por ciento de los acreedores, no sería extraño que en el futuro sean estos últimos los que reclamen un trato igualitario. Y tampoco sería extraño que los bonistas encuentren un juez que les dé la razón, incluso con mejor criterio que Griesa. Entonces lo que parece una solución se transformará en un problema inmenso. Ni Macri ni sus abogados han hecho nada para garantizar que este “acuerdo” no genere riesgos legales futuros para la Argentina. Total, el problema vendrá después ... del enorme endeudamiento.
Por último, si Argentina avanzara por esta opción estaría quedando aislada del mundo. Sí, así como se escucha: la misma fuerza política que denunció durante años que las políticas del kirchnerismo nos “aislaban del mundo” son hoy las que encabezan una operación de endeudamiento que contradice los principios de reestructuración de deudas soberanas. Estos principios recibieron el apoyo de 136 países en el pleno de las Naciones Unidas, y fueron declarados de Orden Público mediante la ley N° 27.207. En particular, cabe recordar uno de los Principios fundamentales de la ONU, el Principio 5 de Trato Equitativo “impone a los Estados la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores” y que cualquier arreglo individual “garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores”.
El apuro por “acordar” deriva de que todo el plan económico de Cambiemos parece basarse en el endeudamiento externo. Y derogar la ley de Pago Soberano es un paso clave para abrir esa puerta que nuestro país nunca tiene que volver a abrir. El inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento, que comenzó con 5000 millones de dólares del BCRA y sigue con la emisión de 15 o 20.000 millones de dólares que nunca ingresarán a nuestro país y que irán a alimentar a estos carroñeros internacionales que son los fondos buitre. No sólo se violan así los principios en materia de deuda soberana de la ONU y se generan riesgos legales incalculables para el futuro, sino que es un retorno a los mismos errores que en el pasado condujeron a la Argentina a su peor crisis económica, política y social. De desarrollo, inclusión o pobreza cero, ni hablar.
* Diputado nacional.
CRITICAS ACERCA DEL ACUERDO. EFECTO NEGATIVO SOBRE LA ECONOMIA. RIESGOS DE MAS JUICIOS
Para tener una idea de la inequidad (¿o de la ilegalidad?) que implica lo quieren presentar como un acuerdo que genera entre el 93 por ciento que apostó por la Argentina y el 7 por ciento que decidió especular e ir a juicio contra nuestro país, baste decir que nos vamos a endeudar para pagarle a ese 7 por ciento ¡en un valor que equivale a la mitad de la deuda que se le reconoció al restante 93! Así como se lee: el 7 por ciento de los acreedores se llevarán una suma que equivale al 50 por ciento de lo que se les reconoció al 93 por ciento de los acreedores. Esta “exitosa negociación” no es otra cosa que “hacer lo que dice Griesa y pagar”, calladito y contante y sonante.
El arreglo de Macri con los buitres contrabandea entonces una operación de endeudamiento gigantesca, cuyos detalles financieros y “comisiones” tampoco conocemos. Recordemos que la Corte Suprema acaba de confirmar el procesamiento del actual presidente del BCRA por las comisiones que se pagaron en el megacanje. La ganancia de los bancos va a ser doble: por un lado, las comisiones por emitir esos 20.000 millones, que si fueran del 2 por ciento significan nada menos que 400 millones. Pero, además, seguramente el precio de los bonos probablemente crezca no bien se anuncie el acuerdo. Si mejoran los bonos en un 4 o 6 por ciento, la ganancia de los bancos puede llegar a 1000 millones adicionales. Lo que encubre esta inaceptable extorsión sobre el Congreso de la Nación para que derogue las leyes que exige un juez norteamericano (Griesa) es un posible negociado que podría llegar a 1400 millones de dólares.
Pero hay otros elementos centrales que aún se desconocen sobre el acuerdo. En primer lugar, mientras a Argentina se le pide derogar sus leyes, el juez Griesa va a “suspender” su orden, lo que no implica dejar sin efecto la sentencia sobre el pari passu ni garantizar que no queden más buitres sin entrar al acuerdo. El riesgo es, entonces, que nuevos fondos buitre repitan el reclamo y nuevamente impidan el cobro de los bonos. Si no se garantiza un acuerdo con el total de los “holdouts”, más adelante, un solo bonista con un solo bono puede llevarnos a la misma situación. Que no nos extrañe que sea el mismo Paul Singer o algún otro camuflado con otras plumas que vuelve al ataque.
En segundo lugar, si a los fondos buitre se les paga 10 veces más que al 93 por ciento de los acreedores, no sería extraño que en el futuro sean estos últimos los que reclamen un trato igualitario. Y tampoco sería extraño que los bonistas encuentren un juez que les dé la razón, incluso con mejor criterio que Griesa. Entonces lo que parece una solución se transformará en un problema inmenso. Ni Macri ni sus abogados han hecho nada para garantizar que este “acuerdo” no genere riesgos legales futuros para la Argentina. Total, el problema vendrá después ... del enorme endeudamiento.
Por último, si Argentina avanzara por esta opción estaría quedando aislada del mundo. Sí, así como se escucha: la misma fuerza política que denunció durante años que las políticas del kirchnerismo nos “aislaban del mundo” son hoy las que encabezan una operación de endeudamiento que contradice los principios de reestructuración de deudas soberanas. Estos principios recibieron el apoyo de 136 países en el pleno de las Naciones Unidas, y fueron declarados de Orden Público mediante la ley N° 27.207. En particular, cabe recordar uno de los Principios fundamentales de la ONU, el Principio 5 de Trato Equitativo “impone a los Estados la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores” y que cualquier arreglo individual “garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores”.
El apuro por “acordar” deriva de que todo el plan económico de Cambiemos parece basarse en el endeudamiento externo. Y derogar la ley de Pago Soberano es un paso clave para abrir esa puerta que nuestro país nunca tiene que volver a abrir. El inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento, que comenzó con 5000 millones de dólares del BCRA y sigue con la emisión de 15 o 20.000 millones de dólares que nunca ingresarán a nuestro país y que irán a alimentar a estos carroñeros internacionales que son los fondos buitre. No sólo se violan así los principios en materia de deuda soberana de la ONU y se generan riesgos legales incalculables para el futuro, sino que es un retorno a los mismos errores que en el pasado condujeron a la Argentina a su peor crisis económica, política y social. De desarrollo, inclusión o pobreza cero, ni hablar.
* Diputado nacional.
CRITICAS ACERCA DEL ACUERDO. EFECTO NEGATIVO SOBRE LA ECONOMIA. RIESGOS DE MAS JUICIOS
“La historia con los buitres no terminó”
Negociar con urgencia, festival de endeudamiento externo, peligro de nuevos juicios, holdouts pendientes y peores condiciones de las inicialmente presentadas a los buitres son las principales definiciones de expertos sobre el acuerdo.
Por Javier Lewkowicz
Especialistas consultados por Página/12 consideran que el Gobierno negoció urgido por sus promesas incumplidas hasta ahora en términos de acceso al crédito externo, recuerdan que la “herencia” no son sólo intereses acumulados sino un país desendeudado y advierten que el pago a los fondos buitre es un paso fundamental para la estrategia de endeudamiento dirigido en beneficio del sector financiero. También indican que si el preacuerdo anunciado se concreta la situación judicial no se resuelve definitivamente porque quedarían holdouts sin arreglo y porque los bonistas del canje pueden iniciar juicios para intentar cobrar mucho más dinero del que recibieron, emulando a sus pares carroñeros.
“El Gobierno sale al mercado para captar recursos para que ingresen capitales al sistema financiero. Supuestamente, el destino final es el aparato productivo. Sin embargo, el salario real está en baja, hay caída del mercado interno, Brasil está en colapso y otros países con los cuales Argentina tenía superávit también están en caída. El complejo automotriz está en baja y los supermercados venden menos que antes. ¿Quién va a invertir? No van a ingresar inversiones productivas sino que se busca resolver el tema financiero. Ahí más temprano que tarde empiezan a jugar las calificadoras de riesgo, que ocupan el papel que tenía el FMI, te obligan a un ajuste. Eso me inquieta. No hay nada gratis acá”, trazó el panorama el economista Arnaldo Bocco, ex director del Banco Central.
“Pareciera estar descartada la posibilidad que el Gobierno derogue la ley cerrojo a través de un DNU. El Congreso tendrá entonces una responsabilidad grande, se tiene que discutir este acuerdo y considerarlo como la puerta de entrada para aumentar el endeudamiento de la economía nacional. Tenemos que discutir para qué es el acuerdo. El ministro dice que hay proyectos de infraestructura pero en este mercado cambiario liberado la pregunta es si el endeudamiento va a terminar siendo utilizado para satisfacer ese tipo de demanda de dólares”, consideró Sebastián Soler, abogado con un Master en Derecho Internacional de Harvard.
En cuanto a los términos del acuerdo informados ayer, Soler entiende que “el Gobierno privilegió la rapidez por sobre la negociación”. “La oferta fue mejorada y a la quita del 25 por ciento se le suma el pago de los costos legales. Pero además prometió un pago efectivo en un plazo inferior al que inicialmente se había dicho, eran supuestamente de 120 a 150 días y ahora se habla de seis semanas”.
Negociar con urgencia, festival de endeudamiento externo, peligro de nuevos juicios, holdouts pendientes y peores condiciones de las inicialmente presentadas a los buitres son las principales definiciones de expertos sobre el acuerdo.
Por Javier Lewkowicz
Especialistas consultados por Página/12 consideran que el Gobierno negoció urgido por sus promesas incumplidas hasta ahora en términos de acceso al crédito externo, recuerdan que la “herencia” no son sólo intereses acumulados sino un país desendeudado y advierten que el pago a los fondos buitre es un paso fundamental para la estrategia de endeudamiento dirigido en beneficio del sector financiero. También indican que si el preacuerdo anunciado se concreta la situación judicial no se resuelve definitivamente porque quedarían holdouts sin arreglo y porque los bonistas del canje pueden iniciar juicios para intentar cobrar mucho más dinero del que recibieron, emulando a sus pares carroñeros.
“El Gobierno sale al mercado para captar recursos para que ingresen capitales al sistema financiero. Supuestamente, el destino final es el aparato productivo. Sin embargo, el salario real está en baja, hay caída del mercado interno, Brasil está en colapso y otros países con los cuales Argentina tenía superávit también están en caída. El complejo automotriz está en baja y los supermercados venden menos que antes. ¿Quién va a invertir? No van a ingresar inversiones productivas sino que se busca resolver el tema financiero. Ahí más temprano que tarde empiezan a jugar las calificadoras de riesgo, que ocupan el papel que tenía el FMI, te obligan a un ajuste. Eso me inquieta. No hay nada gratis acá”, trazó el panorama el economista Arnaldo Bocco, ex director del Banco Central.
“Pareciera estar descartada la posibilidad que el Gobierno derogue la ley cerrojo a través de un DNU. El Congreso tendrá entonces una responsabilidad grande, se tiene que discutir este acuerdo y considerarlo como la puerta de entrada para aumentar el endeudamiento de la economía nacional. Tenemos que discutir para qué es el acuerdo. El ministro dice que hay proyectos de infraestructura pero en este mercado cambiario liberado la pregunta es si el endeudamiento va a terminar siendo utilizado para satisfacer ese tipo de demanda de dólares”, consideró Sebastián Soler, abogado con un Master en Derecho Internacional de Harvard.
En cuanto a los términos del acuerdo informados ayer, Soler entiende que “el Gobierno privilegió la rapidez por sobre la negociación”. “La oferta fue mejorada y a la quita del 25 por ciento se le suma el pago de los costos legales. Pero además prometió un pago efectivo en un plazo inferior al que inicialmente se había dicho, eran supuestamente de 120 a 150 días y ahora se habla de seis semanas”.
En tanto, para Bocco “es un acuerdo en donde se paga caro una salida del default, aunque me gustaría ver la letra chica para verificar los costos, también creo que hubiera sido preferible emitir bonos y que ellos absorban el recorte del mercado”.
Otro punto relevante es el grado de cierre que este acuerdo le daría al conflicto. Es que el antecedente del juez Thomas Griesa hace que toda situación tenga cierto grado de fragilidad jurídica. “Me inquieta que el caso no cierra del todo. Los que entraron al canje siempre van a encontrar un juez que considere que este pago es inequitativo”, indicó Bocco. “Técnicamente es difícil que prospere una demanda de un bonista que haya entrado en alguno de los canjes anteriores porque la cláusula RUFO expiró a fines de 2014. Ahora bien, como la Justicia de Nueva York se ha comportado de manera extravagante, no se descarta que otro bonista con espalda suficiente presente una demanda. Más allá de que una demanda así debería ser desestimada, generaría dolor de cabeza y una contingencia que afectaría la capacidad de financiamiento”, subrayó Soler.
Incluso el acuerdo no cierra el capítulo de los holdouts. “Si bien se ha alcanzado un acuerdo con un número importante, hay por lo menos un 15 por ciento que está en juicio y que no ha aceptado la propuesta. Es esperable que Griesa desestime sus pedidos pero pueden apelar y seguir hostigando”, advirtió Soler. “Prat-Gay sólo puede hacer esto porque el país está desendeudado, esa es la herencia”, cerró.
Otro punto relevante es el grado de cierre que este acuerdo le daría al conflicto. Es que el antecedente del juez Thomas Griesa hace que toda situación tenga cierto grado de fragilidad jurídica. “Me inquieta que el caso no cierra del todo. Los que entraron al canje siempre van a encontrar un juez que considere que este pago es inequitativo”, indicó Bocco. “Técnicamente es difícil que prospere una demanda de un bonista que haya entrado en alguno de los canjes anteriores porque la cláusula RUFO expiró a fines de 2014. Ahora bien, como la Justicia de Nueva York se ha comportado de manera extravagante, no se descarta que otro bonista con espalda suficiente presente una demanda. Más allá de que una demanda así debería ser desestimada, generaría dolor de cabeza y una contingencia que afectaría la capacidad de financiamiento”, subrayó Soler.
Incluso el acuerdo no cierra el capítulo de los holdouts. “Si bien se ha alcanzado un acuerdo con un número importante, hay por lo menos un 15 por ciento que está en juicio y que no ha aceptado la propuesta. Es esperable que Griesa desestime sus pedidos pero pueden apelar y seguir hostigando”, advirtió Soler. “Prat-Gay sólo puede hacer esto porque el país está desendeudado, esa es la herencia”, cerró.
