Una ayuda para pensar el caso argentino: la mirada de uno de los mayores expertos de México “Las comunidades quedan afuera, mirando el dispendio”
Por Martin Granovsky17 de septiembre de 2017
Indígenas, recursos y tierras están en el trasfondo del conflicto patagónico y de la desaparición de Santiago Maldonado. El investigador Luis González Placencia explica el proceso violento mexicano a partir de la conversión de lo público en privado.
Entre 2009 y 2013 fue encargado de la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana, un cargo equivalente a defensor del pueblo. Sociólogo del Derecho y psicólogo, Luis González Placencia, nacido en México en 1963, pasó por Buenos Aires en visita académica justo en medio de la desaparición de Santiago Maldonado y del debate sobre cómo administrar el conflicto entre tierras indígenas comunitarias y la propiedad de Benetton y Joseph Lewis.
–Hace 20 años hablar de la tierra en regiones desérticas de la Argentina era contar cuántas hectáreas necesitaba una cabra para pastar. ¿Eso cambió con la minería y el petróleo?
–Sí. Y también en México se produjo ese giro en un proceso que ha sido continuo pero tiene sus etapas.
–¿Cuál es la base que le da continuidad?
–Extraer de la tierra los recursos importantes para el mercado global. Pero van cambiando el móvil y las razones. Lo que sucede en México de hace un tiempo para acá es que el gobierno mexicano transformó la legislación a nivel constitucional y reglamentario para facilitar la venta de recursos. México históricamente asumió como bandera la propiedad nacional de la tierra. Permitía a las personas adquirir la superficie pero dejaba como propiedad de la nación lo que estuviera adentro.
–Petróleo, por ejemplo.
–Exacto.
–¿Los indígenas eran considerados de alguna manera especial?
–México permitía la propiedad comunitaria. Para vender una superficie de tierra, antes las comunidades tenían que ponerse de acuerdo.
–¿No hay conflictos internos?
–Claro. Las condiciones de pobreza que se tienen en muchas de estas comunidades provocaron rupturas entre quienes quieren vender y quienes no quieren vender. Esto acarrea conflictos comunitarios relacionados con la propia cultura.
–¿De dónde venía en México el reconocimiento constitucional a la propiedad comunitaria?
–De reconocer el significado que la tierra tiene para estas comunidades. Los indígenas ven en la tierra parte de su propia identidad. Occidente en cambio considera que la propiedad es enajenable.
–¿Es una diferencia solamente filosófica?
–No, porque tiene enormes consecuencias prácticas. Los cambios de propiedad y la desaparición de una propiedad comunitaria suponen múltiples desplazamientos. Así, las comunidades indígenas sufren de manera particular lo que se ve en la población en general. Tomemos el ámbito laboral. Los empleos están dejando de ser empleos para personas. Se convierten en labores para máquinas. Eso hace que las escuelas públicas y las universidades públicas se vayan convirtiendo en generadoras de mano de obra para los grandes empresarios. Sucede incluso en oficios y profesiones con calificación alta. Los médicos y los dentistas, por ejemplo, tienen que aceptar los primeros empleos como contratados de consorcios en manos de empresarios. El mercado laboral los coloca desde muy al principio en una condición de empleados.
–¿Mal pagados?
–Sí, y ni hablar del sueño de la profesión liberal. La medicina pasa de servicio social necesario a una parte más del mercado. Si esto pasa entre médicos, imaginemos el efecto del mercado sin límites entre las comunidades indígenas.
–¿Qué hay de peor para los indígenas?
–Que los desplazamientos no solo son físicos respecto de la tierra sino culturales. Van produciendo rupturas en las unidades familiares y en la comunidad. A veces se les compra la tierra y se les ofrece que vayan a vivir a lugares cercanos de donde estaban. Desde la mirada occidental podría suponerse que son mejores sitios. Con menos tierra en pisos y construcciones, por poner un elemento conocido y discutido.
–¿No es peor vivir con más tierra en la construcción?
–En primer lugar, para los indígenas puede tener un sentido de proximidad con la tierra. Pero además, cuando hace mucho calor el cemento refleja el sol y no permite que el agua escurra y alimente la tierra. Los indígenas terminan en condominios a los cuales no están acostumbrados. La secuencia es así: la enajenación del territorio comienza por expropiaciones, sigue por el desplazamiento físico y cultural y termina en conflictos. Pero además, cuando hay resistencia el conflicto se convierte en un asunto penal, de criminalización.
–En la Argentina de estos días la secuencia parece familiar.
–Me parece que sí, por lo que pude ver. Pero es una tendencia mundial. Se trata de una sofisticación del proceso de extracción que ocurre en América Latina desde la colonia. Quienes fijan los precios de los productos no son los países que los poseen, y mucho menos las comunidades. El beneficio para las comunidades es nulo. Si me permiten los economistas diría que hasta es negativo.
–Al comienzo de este diálogo usted dijo que las regulación en México “permitían” la propiedad comunitaria. ¿Por qué uso el tiempo pasado?
–Porque durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, en los años ‘90, se reformó el artículo 27 de la Constitución de 1917, según el que la propiedad de las tierras y las aguas corresponde originariamente a la nación. Un artículo mítico junto con el 123, que protege a los trabajadores, y el 3, sobre educación pública. La reforma producida en tiempos de Salinas convirtió la propiedad comunitaria en propiedad privada, que se puede enajenar y vender. A veces en favor de la minería. Otras del petróleo. Y también de desarrollos turísticos. Pero estos desarrollos son habitualmente complejos habitacionales de gran lujo, que crean paisajes artificiales y se basan en la fabricación de agua o el uso excesivo de energía eléctrica. Consumen una gran cantidad de recursos que se extraen. Viven cercados. Las comunidades quedan afuera, mirando el dispendio.
–Me podría poner en abogado del diablo y decirle que su visión es romántica y va contra el progreso.
–No hay progreso, al menos en el caso mexicano, si los derechos sociales, que son una conquista de la revolución, se convierten en servicios puestos a la venta. El Estado se fue deshaciendo de la salud. Ahora tendremos una reforma importante en salud pública y pensiones. Y lo mismo sucede con el acceso al espacio radioeléctrico. Todas estas conquistas que fueron la base de nuestro constitucionalismo social surgido de la Revolución cambiaron en la década de 1990. Volvieron a cambiar ahora, con la presidencia de Enrique Peña Nieto. Los recursos naturales se transforman en commodities. En mercancías.
–Sigo de abogado del diablo: ¿eso no es inevitable?
–El tema es el costo de la depredación en términos humanos. Se expresa en un aniquilamiento, y quizás de un genocidio de baja intensidad: poco a poco va excluyendo y amenaza la vida de grandes núcleos de población. La depredación es uno de los factores que impulsa la migración. En la medida que las comunidades se empobrecen aumentan la migración, la generación de mafias de trata, la proliferación de mano de obra de buena calidad y bajo precio. El costo es inadmisible. Las condiciones de desigualdad y el incremento de las brechas aumentan notablemente el nivel de vida de unos pocos y van dejando en absoluta indefensión a la gran mayoría. Aprovechan la pobreza y la necesidad. El modelo no tiene ningún grado de inclusión. Vuelvo al ejemplo de los médicos. No son personas acomodadas. Perciben un pago ridículamente bajo pero lo necesitan. Avanzan las formas modernas de servidumbre.
–¿Cuál es la clave más importante del proceso que describe?
–La conversión de lo público en privado. Donde todavía existe un sector público, que antes atendía el estado de bienestar, se achica. El supuesto progreso es para unos pocos. En México está muy investigado que los parques eólicos o las presas están pensados para lugares donde se van a desarrollar proyectos inmobiliarios que necesitarán de esa energía y del agua. El beneficio es para pocos. Pero además de la conversión de lo público en privado hay socialización de las pérdidas y privatización y concentración de las ganancias.
–El porcentaje de población indígena es alto en México...
–Y en el sur del país es mayoritario. En los Estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y en menor medida en Campeche y Yucatán. Lamentablemente en el sur hay que tomar en cuenta otro factor importante, que es el narcotráfico. En sitios colonizados por la criminalidad organizada, los narcos se aprovechan de los usos y costumbres para garantizar que las instituciones del Estado no entren a las comunidades. Por supuesto que su objetivo no es protegerlas sino garantizar la incorporación de territorios a la economía del narcotráfico. Hay que tener en cuenta esta experiencia.
Por Martin Granovsky17 de septiembre de 2017
Indígenas, recursos y tierras están en el trasfondo del conflicto patagónico y de la desaparición de Santiago Maldonado. El investigador Luis González Placencia explica el proceso violento mexicano a partir de la conversión de lo público en privado.
Entre 2009 y 2013 fue encargado de la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana, un cargo equivalente a defensor del pueblo. Sociólogo del Derecho y psicólogo, Luis González Placencia, nacido en México en 1963, pasó por Buenos Aires en visita académica justo en medio de la desaparición de Santiago Maldonado y del debate sobre cómo administrar el conflicto entre tierras indígenas comunitarias y la propiedad de Benetton y Joseph Lewis.
–Hace 20 años hablar de la tierra en regiones desérticas de la Argentina era contar cuántas hectáreas necesitaba una cabra para pastar. ¿Eso cambió con la minería y el petróleo?
–Sí. Y también en México se produjo ese giro en un proceso que ha sido continuo pero tiene sus etapas.
–¿Cuál es la base que le da continuidad?
–Extraer de la tierra los recursos importantes para el mercado global. Pero van cambiando el móvil y las razones. Lo que sucede en México de hace un tiempo para acá es que el gobierno mexicano transformó la legislación a nivel constitucional y reglamentario para facilitar la venta de recursos. México históricamente asumió como bandera la propiedad nacional de la tierra. Permitía a las personas adquirir la superficie pero dejaba como propiedad de la nación lo que estuviera adentro.
–Petróleo, por ejemplo.
–Exacto.
–¿Los indígenas eran considerados de alguna manera especial?
–México permitía la propiedad comunitaria. Para vender una superficie de tierra, antes las comunidades tenían que ponerse de acuerdo.
–¿No hay conflictos internos?
–Claro. Las condiciones de pobreza que se tienen en muchas de estas comunidades provocaron rupturas entre quienes quieren vender y quienes no quieren vender. Esto acarrea conflictos comunitarios relacionados con la propia cultura.
–¿De dónde venía en México el reconocimiento constitucional a la propiedad comunitaria?
–De reconocer el significado que la tierra tiene para estas comunidades. Los indígenas ven en la tierra parte de su propia identidad. Occidente en cambio considera que la propiedad es enajenable.
–¿Es una diferencia solamente filosófica?
–No, porque tiene enormes consecuencias prácticas. Los cambios de propiedad y la desaparición de una propiedad comunitaria suponen múltiples desplazamientos. Así, las comunidades indígenas sufren de manera particular lo que se ve en la población en general. Tomemos el ámbito laboral. Los empleos están dejando de ser empleos para personas. Se convierten en labores para máquinas. Eso hace que las escuelas públicas y las universidades públicas se vayan convirtiendo en generadoras de mano de obra para los grandes empresarios. Sucede incluso en oficios y profesiones con calificación alta. Los médicos y los dentistas, por ejemplo, tienen que aceptar los primeros empleos como contratados de consorcios en manos de empresarios. El mercado laboral los coloca desde muy al principio en una condición de empleados.
–¿Mal pagados?
–Sí, y ni hablar del sueño de la profesión liberal. La medicina pasa de servicio social necesario a una parte más del mercado. Si esto pasa entre médicos, imaginemos el efecto del mercado sin límites entre las comunidades indígenas.
–¿Qué hay de peor para los indígenas?
–Que los desplazamientos no solo son físicos respecto de la tierra sino culturales. Van produciendo rupturas en las unidades familiares y en la comunidad. A veces se les compra la tierra y se les ofrece que vayan a vivir a lugares cercanos de donde estaban. Desde la mirada occidental podría suponerse que son mejores sitios. Con menos tierra en pisos y construcciones, por poner un elemento conocido y discutido.
–¿No es peor vivir con más tierra en la construcción?
–En primer lugar, para los indígenas puede tener un sentido de proximidad con la tierra. Pero además, cuando hace mucho calor el cemento refleja el sol y no permite que el agua escurra y alimente la tierra. Los indígenas terminan en condominios a los cuales no están acostumbrados. La secuencia es así: la enajenación del territorio comienza por expropiaciones, sigue por el desplazamiento físico y cultural y termina en conflictos. Pero además, cuando hay resistencia el conflicto se convierte en un asunto penal, de criminalización.
–En la Argentina de estos días la secuencia parece familiar.
–Me parece que sí, por lo que pude ver. Pero es una tendencia mundial. Se trata de una sofisticación del proceso de extracción que ocurre en América Latina desde la colonia. Quienes fijan los precios de los productos no son los países que los poseen, y mucho menos las comunidades. El beneficio para las comunidades es nulo. Si me permiten los economistas diría que hasta es negativo.
–Al comienzo de este diálogo usted dijo que las regulación en México “permitían” la propiedad comunitaria. ¿Por qué uso el tiempo pasado?
–Porque durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, en los años ‘90, se reformó el artículo 27 de la Constitución de 1917, según el que la propiedad de las tierras y las aguas corresponde originariamente a la nación. Un artículo mítico junto con el 123, que protege a los trabajadores, y el 3, sobre educación pública. La reforma producida en tiempos de Salinas convirtió la propiedad comunitaria en propiedad privada, que se puede enajenar y vender. A veces en favor de la minería. Otras del petróleo. Y también de desarrollos turísticos. Pero estos desarrollos son habitualmente complejos habitacionales de gran lujo, que crean paisajes artificiales y se basan en la fabricación de agua o el uso excesivo de energía eléctrica. Consumen una gran cantidad de recursos que se extraen. Viven cercados. Las comunidades quedan afuera, mirando el dispendio.
–Me podría poner en abogado del diablo y decirle que su visión es romántica y va contra el progreso.
–No hay progreso, al menos en el caso mexicano, si los derechos sociales, que son una conquista de la revolución, se convierten en servicios puestos a la venta. El Estado se fue deshaciendo de la salud. Ahora tendremos una reforma importante en salud pública y pensiones. Y lo mismo sucede con el acceso al espacio radioeléctrico. Todas estas conquistas que fueron la base de nuestro constitucionalismo social surgido de la Revolución cambiaron en la década de 1990. Volvieron a cambiar ahora, con la presidencia de Enrique Peña Nieto. Los recursos naturales se transforman en commodities. En mercancías.
–Sigo de abogado del diablo: ¿eso no es inevitable?
–El tema es el costo de la depredación en términos humanos. Se expresa en un aniquilamiento, y quizás de un genocidio de baja intensidad: poco a poco va excluyendo y amenaza la vida de grandes núcleos de población. La depredación es uno de los factores que impulsa la migración. En la medida que las comunidades se empobrecen aumentan la migración, la generación de mafias de trata, la proliferación de mano de obra de buena calidad y bajo precio. El costo es inadmisible. Las condiciones de desigualdad y el incremento de las brechas aumentan notablemente el nivel de vida de unos pocos y van dejando en absoluta indefensión a la gran mayoría. Aprovechan la pobreza y la necesidad. El modelo no tiene ningún grado de inclusión. Vuelvo al ejemplo de los médicos. No son personas acomodadas. Perciben un pago ridículamente bajo pero lo necesitan. Avanzan las formas modernas de servidumbre.
–¿Cuál es la clave más importante del proceso que describe?
–La conversión de lo público en privado. Donde todavía existe un sector público, que antes atendía el estado de bienestar, se achica. El supuesto progreso es para unos pocos. En México está muy investigado que los parques eólicos o las presas están pensados para lugares donde se van a desarrollar proyectos inmobiliarios que necesitarán de esa energía y del agua. El beneficio es para pocos. Pero además de la conversión de lo público en privado hay socialización de las pérdidas y privatización y concentración de las ganancias.
–El porcentaje de población indígena es alto en México...
–Y en el sur del país es mayoritario. En los Estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y en menor medida en Campeche y Yucatán. Lamentablemente en el sur hay que tomar en cuenta otro factor importante, que es el narcotráfico. En sitios colonizados por la criminalidad organizada, los narcos se aprovechan de los usos y costumbres para garantizar que las instituciones del Estado no entren a las comunidades. Por supuesto que su objetivo no es protegerlas sino garantizar la incorporación de territorios a la economía del narcotráfico. Hay que tener en cuenta esta experiencia.
Los narcos se aprovecharon de la criminalización de la protesta de las comunidades.
Una criminalización creciente que desafortunadamente no tiene del otro lado una movilización contraria que permanezca con fuerza. Después de la desaparición masiva de Ayotzinapa mucha gente primero se movilizó. Después grandes sectores de la sociedad se fueron yendo al polo opuesto: ahora condena las manifestaciones públicas y pone su atención más en los actos vandálicos que puedan producirse. Incluso muchos llegan, para mí sorprendentemente, a respaldar la criminalización. Es como si vieran gente haciendo bulla y les molestara. Hay una mezcla entre el temor al conflicto y la construcción de una esperanza más o menos artificial. El temor es que tú seas el violentado. El temor es a perder el status que mal que bien te permite sobrevivir.
La clase media no vive la violencia de las clases desfavorecidas. Entonces tiene miedo de perder lo que tienen. Resulta sorprendente, porque el nivel de violencia económica y estructural es cada vez más alto. Incluso si el nivel de crítica al gobierno es muy alto. Lo ves en parte de la prensa y en parte de los movimientos organizados, que son grandes pero no tan representativos de lo que discute la mayoría de la gente. Esos movimientos no permean. O permean relativamente poco. La esperanza tiene oculto un discurso de estabilidad y no violencia. Mal que bien que todo siga así. Pasa en grandes centros urbanos como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Es peligroso este clima porque permite que avance la idea de legalizar las funciones militares en el ámbito civil, lo cual además va contra la Constitución.
–¿Cuál sería la peligrosidad?
–En los hechos la presencia de los militares y los marinos se convirtió en una fuente de violación a los derechos humanos que quedaría legalizada. Hoy lamentablemente la mayor parte de la gente piensa que mantener al Ejército y la Marina en la calle es un modo de afianzar la seguridad. La paz. Pero para los miembros de las Fuerzas Armadas desobedecer una orden implica una falta de disciplina que el ámbito militar castiga. ¿Y si las órdenes tienen que ver con la ejecución de personas?
martin.granovsky@gmail.com
