ARGENTINA
Más empleo precario y menos industrial. Crecen los monotributistas y estatales, mientras el sector privado asalariado retrocede
Por Juan Manuel Telechea, Ana Laura Fernández y Mariana González25 de septiembre de 2017
Imagen: Guadalupe Lombardo
Producción: Tomás Lukin
El cambio ya llegó
Por Juan Manuel Telechea *
La creación de puestos de trabajo desde noviembre de 2015 fue gracias al aumento de los monotributistas (123.000) y, en menor medida, al empleo público (57.500), que compensaron la destrucción de 33.000 puestos en el sector privado. En la industria, la caída llega a 61.500.
Si uno mira la situación actual del empleo desde la óptica y el discurso del gobierno, el panorama parece alentador. Desde el inicio de la gestión de Cambiemos se crearon casi 160.000 puestos de trabajo registrados, logrando superar el nivel previo al cambio de gobierno; mientras que en el sector privado, si bien esto todavía no se logró, hace 12 meses que el sector viene mostrando una dinámica favorable y es probable que, de mantenerse, alcance dicho objetivo para fin de año. Ahora bien, cuando se analiza con un poco más de profundidad, la situación cambia drásticamente. Existen varios aspectos cuestionables sobre la situación actual del empleo. En primer lugar, al desagregar por componentes al empleo registrado total, se observa que la creación de puestos de trabajo desde noviembre de 2015 fue gracias al aumento de los monotributistas (+123.000), y en menor medida al empleo público (+57.500), que compensaron la destrucción de 33.000 puestos en el sector privado, que por ahora no termina de recuperarse.
Esto no solo se traduce en un deterioro de la calidad del empleo, sino que además tampoco está claro que signifique un aumento en los puestos de trabajo. Es probable que una parte sean trabajadores no registrados que ya tenían el empleo (o percibían alguna prestación) y que ahora pasaron a estar “registrados” bajo este régimen impositivo especial, de carácter eminentemente precario.
De todos modos, la situación más preocupante se encuentra en el empleo privado registrado, ya que además de no haber recuperado el nivel previo al cambio de gobierno (luego de 20 meses de gestión), ha visto modificado su composición. En efecto, los 33.000 puestos perdidos surgen de una destrucción neta de 73.251 puestos en rubros con salarios superiores a la media, que fueron parcialmente compensados por la creación de 40.277 puestos en ramas donde los salarios se ubican por debajo de la media. Es decir, se están reemplazando puestos de ingresos altos por empleos de menor remuneración.
Estos cambios, a su vez, tienen impacto a nivel macroeconómico. Por ejemplo, podrían explicar por qué si bien el nivel de actividad está repuntando, no sucede lo mismo con el consumo masivo de bienes, cuyo comportamiento está más asociado con la evolución del poder adquisitivo de los trabajadores (técnicamente, la masa salarial).
¿A qué se debe este cambio en la composición? En gran medida a la dinámica que viene mostrando el empleo industrial, la rama más golpeada dentro del empleo privado y cuyos ingresos son aproximadamente 10 por ciento superiores a la media. En la industria se han destruido 61.500 puestos de trabajo y su caída no parece encontrar un piso, lo cual puede atribuirse a una combinación de factores: la apertura de las importaciones (particularmente en rubros como textil, calzados y el automotriz), sumado a la suba de los costos provocada por la devaluación y el incremento de las tarifas. Todavía más, esta nueva configuración entre los asalariados no solo afecta al consumo, sino que probablemente refuerza el efecto en el empleo industrial, dado que la principal demanda de este sector es el alicaído mercado doméstico.
Cabe destacar que esta caída no puede atribuirse al proceso de desindustrialización que se viene observando a nivel mundial. Si bien es verdad que la expansión de las cadenas internacionales de valor y la incorporación de nuevas tecnologías han contribuido a la reducción global de la participación del empleo industrial, eso no es lo mismo que una reducción absoluta en los puestos de trabajo, tal como se observa en el caso argentino actual.
Si bien hace falta un estudio más detallado para concluir fehacientemente que ha habido un quiebre estructural en el empleo industrial, este análisis debería servir para mostrar algo que no es novedoso pero que vale la pena repetir, y es que la política macroeconómica tiene impactos considerables a nivel microeconómico, que a su vez se retroalimentan y que de esta forma pueden llevar a modificaciones permanentes en la dinámica de las variables.
* Investigador del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) y docente (UNAJ).
Mitos del discurso oficial
Por Ana Laura Fernández * y Mariana González **
Desde el inicio de su gestión Cambiemos buscó instalar algunos mitos sobre el empleo público y los empleados públicos: entre ellos, que el empleo en el sector creció descontroladamente durante el gobierno anterior y que debió despedirse a trabajadores sin tareas, especialmente los que habían sido incorporados en los últimos meses de 2015. Sin embargo los datos muestran otro escenario.
En primer lugar, mientras que el empleo registrado en el sector privado tuvo un comportamiento cíclico, el empleo público tendió a crecer -especialmente desde 2003- de modo más estable. Así, hasta el año 2008 el empleo privado creció más aceleradamente que el público, mientras que desde entonces el sector privado perdió dinamismo y el sector público creó empleo a tasas mayores.
Aun así, no se observa un crecimiento explosivo del empleo público, ni en general ni en los últimos años ni en particular en 2015, de manera que la proporción del empleo público sobre el empleo total se mantuvo prácticamente inalterable en 2015 respecto a 2003: pasó del 31,6 por ciento sobre el total de asalariados registrados al 31,9 por ciento.
Además, el peso del empleo público en diversos países no guarda en general una relación unívoca con, por ejemplo, el tamaño de la economía, sino que se corresponde con el rol del Estado en tanto regulador de la actividad económica y, sobre todo, proveedor de servicios como salud y educación públicas. Entre 2003 y 2015, el Estado incrementó su presencia en ámbitos de los cuales había retrocedido en años anteriores. Así, aumentó el personal en las áreas de salud, educación y seguridad y volvió a hacerse cargo de algunos servicios que había concesionado. Es decir que el importante crecimiento del empleo público sucedió a la vez que el Estado acrecentaba sus funciones y ampliaba los servicios brindados a la sociedad.
Más allá de este panorama, desde su asunción el nuevo gobierno inició un proceso sistemático de despidos y finalización de contratos en distintas áreas de la administración pública nacional, provincial y municipal. Estos despidos fueron publicitados, con un discurso plagado de prejuicios y discriminación, afirmando que se trataba de echar a los “ñoquis” y “militantes” que irresponsablemente había dejado la gestión anterior.
Sin embargo, el propio procedimiento de despidos pone en cuestionamiento este discurso. De ningún modo fue consecuencia de un proceso de investigación que buscase identificar si algún trabajador no se presentaba a su puesto de trabajo, lo que difícilmente podría haber sido realizado en un lapso de tiempo tan corto como el transcurrido. En todos los casos las cesantías se produjeron “sin causa”, sin expresar existencia de razones de incumplimiento de tareas. Se trató entonces de buscar una justificación discursiva para un proceso cuyas razones son otras.
Desde diversas organizaciones de trabajadores se ha advertido que tanto los despidos como las amenazas de despido tienen como objetivo disciplinar a los trabajadores, doblegar su resistencia para poder reducir el salario real. El uso de la violencia física y de la fuerza pública para reprimir y contener la reacción colectiva refuerza este efecto disciplinador, ejemplificante.
Otra de las causas, también denunciada por los propios trabajadores despedidos y sus organizaciones, tiene que ver con la supresión de funciones del Estado. Especialmente, en algunas de las dependencias que tuvieron un número importante de despedidos, pueden asociarse estas desvinculaciones con la decisión de reducir las tareas de esas áreas como reflejo de un cambio de orientación y una menor intervención estatal.
Finalmente, el proceso de despidos se vinculó también con una voluntad de recambio de personal, desvinculando a aquellos que prestaron servicios durante el gobierno anterior, para simultáneamente contratar otros trabajadores elegidos por la nueva gestión, incluso para la realización de tareas técnicas o administrativas sin responsabilidad política. La evolución del empleo público registrado a lo largo de 2016 así lo muestra ya que, tras los despidos y finalizaciones de contratos, la nueva administración contrató un número mayor de nuevos empleados.
Ante la posibilidad de que el año próximo el gobierno vuelva a realizar despidos masivos y finalizaciones de contratos, es importante enfatizar la falta de veracidad de su relato sobre el empleo público.
* UNGS - Cifra.
** Flacso - Cifra.
Dos estudios ponen en duda la caída del desempleo anunciada por el Indec
Por Ana Laura Fernández * y Mariana González **
Desde el inicio de su gestión Cambiemos buscó instalar algunos mitos sobre el empleo público y los empleados públicos: entre ellos, que el empleo en el sector creció descontroladamente durante el gobierno anterior y que debió despedirse a trabajadores sin tareas, especialmente los que habían sido incorporados en los últimos meses de 2015. Sin embargo los datos muestran otro escenario.
En primer lugar, mientras que el empleo registrado en el sector privado tuvo un comportamiento cíclico, el empleo público tendió a crecer -especialmente desde 2003- de modo más estable. Así, hasta el año 2008 el empleo privado creció más aceleradamente que el público, mientras que desde entonces el sector privado perdió dinamismo y el sector público creó empleo a tasas mayores.
Aun así, no se observa un crecimiento explosivo del empleo público, ni en general ni en los últimos años ni en particular en 2015, de manera que la proporción del empleo público sobre el empleo total se mantuvo prácticamente inalterable en 2015 respecto a 2003: pasó del 31,6 por ciento sobre el total de asalariados registrados al 31,9 por ciento.
Además, el peso del empleo público en diversos países no guarda en general una relación unívoca con, por ejemplo, el tamaño de la economía, sino que se corresponde con el rol del Estado en tanto regulador de la actividad económica y, sobre todo, proveedor de servicios como salud y educación públicas. Entre 2003 y 2015, el Estado incrementó su presencia en ámbitos de los cuales había retrocedido en años anteriores. Así, aumentó el personal en las áreas de salud, educación y seguridad y volvió a hacerse cargo de algunos servicios que había concesionado. Es decir que el importante crecimiento del empleo público sucedió a la vez que el Estado acrecentaba sus funciones y ampliaba los servicios brindados a la sociedad.
Más allá de este panorama, desde su asunción el nuevo gobierno inició un proceso sistemático de despidos y finalización de contratos en distintas áreas de la administración pública nacional, provincial y municipal. Estos despidos fueron publicitados, con un discurso plagado de prejuicios y discriminación, afirmando que se trataba de echar a los “ñoquis” y “militantes” que irresponsablemente había dejado la gestión anterior.
Sin embargo, el propio procedimiento de despidos pone en cuestionamiento este discurso. De ningún modo fue consecuencia de un proceso de investigación que buscase identificar si algún trabajador no se presentaba a su puesto de trabajo, lo que difícilmente podría haber sido realizado en un lapso de tiempo tan corto como el transcurrido. En todos los casos las cesantías se produjeron “sin causa”, sin expresar existencia de razones de incumplimiento de tareas. Se trató entonces de buscar una justificación discursiva para un proceso cuyas razones son otras.
Desde diversas organizaciones de trabajadores se ha advertido que tanto los despidos como las amenazas de despido tienen como objetivo disciplinar a los trabajadores, doblegar su resistencia para poder reducir el salario real. El uso de la violencia física y de la fuerza pública para reprimir y contener la reacción colectiva refuerza este efecto disciplinador, ejemplificante.
Otra de las causas, también denunciada por los propios trabajadores despedidos y sus organizaciones, tiene que ver con la supresión de funciones del Estado. Especialmente, en algunas de las dependencias que tuvieron un número importante de despedidos, pueden asociarse estas desvinculaciones con la decisión de reducir las tareas de esas áreas como reflejo de un cambio de orientación y una menor intervención estatal.
Finalmente, el proceso de despidos se vinculó también con una voluntad de recambio de personal, desvinculando a aquellos que prestaron servicios durante el gobierno anterior, para simultáneamente contratar otros trabajadores elegidos por la nueva gestión, incluso para la realización de tareas técnicas o administrativas sin responsabilidad política. La evolución del empleo público registrado a lo largo de 2016 así lo muestra ya que, tras los despidos y finalizaciones de contratos, la nueva administración contrató un número mayor de nuevos empleados.
Ante la posibilidad de que el año próximo el gobierno vuelva a realizar despidos masivos y finalizaciones de contratos, es importante enfatizar la falta de veracidad de su relato sobre el empleo público.
* UNGS - Cifra.
** Flacso - Cifra.
Dos estudios ponen en duda la caída del desempleo anunciada por el Indec
Una baja que esconde un aumento. Los informes del CEPA y el IPyPP dicen que los puestos de trabajo no alcanzan a equiparar el crecimiento poblacional y que el descenso de la desocupación se debe a que 100 mil personas ya no buscan empleo.
Por Laura Vales
Tasas divergentes
Dos análisis sobre la baja de la desocupación anunciada por el Indec ponen en duda su alcance real. Los informes advierten sobre una situación de estancamiento del empleo –dado que los puestos de trabajo que vienen generando no alcanzan para equiparar siquiera el crecimiento vegetativo de la población– y remarcan el curioso hecho de que para la medición oficial haya cien mil personas que, estando desocupadas, han dejado de buscar empleo. Otro dato que llama la atención es que a diferencia de que lo venía sucediendo históricamente, la medición del desempleo que hace la Ciudad de Buenos Aires contradice la tendencia registrada por el Indec.
Los informes fueron elaborados por el Centro de Economía Política Argentina –que dirige Hernán Letcher, concejal del FpV en San Martín– y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas –que coordinan Claudio Lozano, ex diputado de Unidad Popular, y Tomás Raffo–, todos ellos economistas.
El Indec aseguró en su informe del segundo trimestre de 2017 que el desempleo había bajado al 8,7 por ciento. Esto implica una reducción de 0,5 puntos respecto del trimestre anterior. Además de la desocupación, para el organismo bajó también el nivel de actividad –el número de individuos activos que tienen o buscan trabajo–, que se redujo en un 0,6 por ciento con respecto al año pasado.
Esta caída en la tasa de actividad expresa que una parte de la población que se encontraba inserta en el mercado laboral ha dejado de estarlo. En teoría, eso sucedería porque esas personas ya estaban desempleadas y dejaron de buscar trabajo, o bien tenían empleo y no sólo lo pierden, sino que no hacen el intento de conseguir otro.
En cualesquiera de estos casos, en el último año 95.622 personas dejaron de ser contabilizadas como parte del mercado de trabajo –el número se refiere a la población de los grandes aglomerados urbanos que cubre la Encuesta Permanente de Hogares– o 164.300 personas si se hace la proyección a todo el país.
El CEPA llama la atención sobre estas 164 mil personas, ya que son más que las que consiguieron trabajo. Por eso, remarca que “si la población que pasó a la inactividad se hubiera mantenido en el mercado laboral buscando un empleo, la tasa de desocupación para el segundo trimestre de 2017 hubiera ascendido al 9,4 por ciento”. Lejos de quedar en el 8,7 que el Indec sostiene como índice de desocupación, la tasa sería actualmente “la más alta desde el año 2007”.
El informe añade otro punto que suma dudas sobre la medición: mientras que para el Indec la desocupación bajó, en el registro que lleva la Ciudad de Buenos Aires aumentó. Esta discrepancia llama la atención porque, históricamente, ambos índices seguían la misma tendencia (ver gráfico).
Por su parte, el instituto que coordina Claudio Lozano (IPyPP) señala que la reducción de la tasa de desocupación del 9,2 al 8,7 por ciento “no sólo responde a un leve incremento del empleo sino que también tiene lugar como consecuencia de una caída en la participación de la población en el mercado laboral (del -0,2). Tal situación suele ser consecuencia de la sucesión de búsquedas laborales infructuosas de la población desocupada que continúa sin oportunidades de empleo”.
El IPyPP advierte que incluso así “el crecimiento en la cantidad de ocupados es muy inferior a las necesidades de inserción laboral propias del crecimiento vegetativo (0,7 vs. 1,2 por ciento)”. Es decir que “la capacidad de generación de empleo del proceso económico vigente es tan mínima que sólo puede brindar oportunidad laboral a 2 de cada 5 personas (aproximadamente) que ingresan a la denominada ‘edad de trabajar’ o a la población potencialmente activa”.
El informe agrega que “el poco empleo generado es precario”. Esto se desprende de observar que la tasa de subocupación aumentó en un 10,7 por ciento, “por encima del resto de las tasas, lo que indica que el acotado número de nuevas ocupaciones verificadas responde a una extensión de empleo de menor calidad”. Por otra parte, “de la información publicada surge que, durante el período, se verifica una reducción en la cantidad de asalariados registrados (en -169 mil) compensada principalmente por un aumento de las modalidades de autoempleo (+158 mil) entre las que predominan las de subsistencia”.
Tasas divergentes
Dos análisis sobre la baja de la desocupación anunciada por el Indec ponen en duda su alcance real. Los informes advierten sobre una situación de estancamiento del empleo –dado que los puestos de trabajo que vienen generando no alcanzan para equiparar siquiera el crecimiento vegetativo de la población– y remarcan el curioso hecho de que para la medición oficial haya cien mil personas que, estando desocupadas, han dejado de buscar empleo. Otro dato que llama la atención es que a diferencia de que lo venía sucediendo históricamente, la medición del desempleo que hace la Ciudad de Buenos Aires contradice la tendencia registrada por el Indec.
Los informes fueron elaborados por el Centro de Economía Política Argentina –que dirige Hernán Letcher, concejal del FpV en San Martín– y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas –que coordinan Claudio Lozano, ex diputado de Unidad Popular, y Tomás Raffo–, todos ellos economistas.
El Indec aseguró en su informe del segundo trimestre de 2017 que el desempleo había bajado al 8,7 por ciento. Esto implica una reducción de 0,5 puntos respecto del trimestre anterior. Además de la desocupación, para el organismo bajó también el nivel de actividad –el número de individuos activos que tienen o buscan trabajo–, que se redujo en un 0,6 por ciento con respecto al año pasado.
Esta caída en la tasa de actividad expresa que una parte de la población que se encontraba inserta en el mercado laboral ha dejado de estarlo. En teoría, eso sucedería porque esas personas ya estaban desempleadas y dejaron de buscar trabajo, o bien tenían empleo y no sólo lo pierden, sino que no hacen el intento de conseguir otro.
En cualesquiera de estos casos, en el último año 95.622 personas dejaron de ser contabilizadas como parte del mercado de trabajo –el número se refiere a la población de los grandes aglomerados urbanos que cubre la Encuesta Permanente de Hogares– o 164.300 personas si se hace la proyección a todo el país.
El CEPA llama la atención sobre estas 164 mil personas, ya que son más que las que consiguieron trabajo. Por eso, remarca que “si la población que pasó a la inactividad se hubiera mantenido en el mercado laboral buscando un empleo, la tasa de desocupación para el segundo trimestre de 2017 hubiera ascendido al 9,4 por ciento”. Lejos de quedar en el 8,7 que el Indec sostiene como índice de desocupación, la tasa sería actualmente “la más alta desde el año 2007”.
El informe añade otro punto que suma dudas sobre la medición: mientras que para el Indec la desocupación bajó, en el registro que lleva la Ciudad de Buenos Aires aumentó. Esta discrepancia llama la atención porque, históricamente, ambos índices seguían la misma tendencia (ver gráfico).
Por su parte, el instituto que coordina Claudio Lozano (IPyPP) señala que la reducción de la tasa de desocupación del 9,2 al 8,7 por ciento “no sólo responde a un leve incremento del empleo sino que también tiene lugar como consecuencia de una caída en la participación de la población en el mercado laboral (del -0,2). Tal situación suele ser consecuencia de la sucesión de búsquedas laborales infructuosas de la población desocupada que continúa sin oportunidades de empleo”.
El IPyPP advierte que incluso así “el crecimiento en la cantidad de ocupados es muy inferior a las necesidades de inserción laboral propias del crecimiento vegetativo (0,7 vs. 1,2 por ciento)”. Es decir que “la capacidad de generación de empleo del proceso económico vigente es tan mínima que sólo puede brindar oportunidad laboral a 2 de cada 5 personas (aproximadamente) que ingresan a la denominada ‘edad de trabajar’ o a la población potencialmente activa”.
El informe agrega que “el poco empleo generado es precario”. Esto se desprende de observar que la tasa de subocupación aumentó en un 10,7 por ciento, “por encima del resto de las tasas, lo que indica que el acotado número de nuevas ocupaciones verificadas responde a una extensión de empleo de menor calidad”. Por otra parte, “de la información publicada surge que, durante el período, se verifica una reducción en la cantidad de asalariados registrados (en -169 mil) compensada principalmente por un aumento de las modalidades de autoempleo (+158 mil) entre las que predominan las de subsistencia”.
