El Congreso inicia los trabajos para desmontar la ley mordaza, la más polémica de la era Rajoy
José Precedo
20/09/2017
Asistentes a una manifestación contra la ley mordaza. EFE
Dos iniciativas del PSOE y del PNV pretenden derogar o descafeinar la legislación de seguridad ciudadana que multiplicó las multas por desórdenes públicos. La Cámara Baja ya votó a favor de tumbar esa controvertida ley y ahora el reto lo tiene la oposición para conformar un texto alternativo. El Partido Popular invoca la alerta antiterrorista que vive España para defender una norma en la que solo aceptaría pequeños cambios puntuales
Una cosa es ponerse de acuerdo en la necesidad de derogar las leyes más polémicas nacidas de la mayoría absoluta del Partido Popular y otra diferente, configurar textos alternativos que sustituyan a las normas en vigor. El Congreso ha dado muestras sobradas en esta legislatura del rechazo mayoritario de los diputados a la reforma laboral, que rebajó la indemnización por despido a 20 días por año y amplió los casos para justificar los ERE, y a la llamada ley mordaza. Pero ambas normas seguirán en vigor hasta que la Cámara Baja no legisle para sustituirlas.
En el caso de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, una de las más controvertidas de la era de Rajoy, comienzan este jueves los trabajos para derogarla en su integridad y volver al texto anterior, como propone el PSOE en su iniciativa, o al menos descafeinar sus artículos más polémicos, lo que pretende el PNV que aboga por suprimir 44 puntos.
El PSOE en cambio pide echar abajo todo el texto y volver a la normativa anterior que es de 1992. Unidos Podemos, una de las formaciones más beligerantes con esa normativa, se ha comprometido a trabajar de la mano con ambos partidos.
La norma que sigue vigente pese a las resolución del Congreso que pide tumbarla ha endurecido el catálogo de sanciones por organizar manifestaciones no autorizadas, negarse a disolver una concentración o provocar altercados. Las multas van desde los 600 a los 600.000 euros por los incidentes más graves. Además el texto establece castigos económicos para quien difunda imágenes de las fuerzas del orden, faculta a los agentes de los cuerpos de seguridad para realizar cacheos en la calle y legaliza las denominadas devoluciones en caliente que el Gobierno español lleva años realizando en los últimos años y que contravienen lo fijado por varias directrices de Derechos Humanos.
Quien se oponga a un desahucio con movilizaciones ante los cuerpos de seguridad puede pagarlo caro, con hasta 30.000 euros, la misma pena que se estipula para el consumo reiterado de marihuana en la vía pública.
Aunque PNV y PSOE han negociado para trabajar sobre un único borrador, de momento este jueves ambas iniciativas se debatirán por separado.
El Partido Popular, mientras tanto invoca la alerta 4 por riesgo de atentado terrorista en el que el Ministerio del Interior mantiene a España para defender la continuidad de la norma. Los dirigentes populares ya han advertido que sería una irresponsabilidad derogarla en este momento y solo se abren a cambios menores.
Tanto el PSOE como Unidos Podemos, partidario también de su derogación, como el PNV han lamentado las tácticas dilatorias que el Partido Popular ha llevado a cabo para aplazar el comienzo de los trabajos.
Por último Bildu ha presentado una enmienda a la totalidad, que no tiene visos de prosperar ya que solo cuenta con el apoyo de ERC.
El calendario del Congreso ha querido que el debate sobre ambas propuestas para derogar la ley coincida con la proliferación de manifestaciones en Cataluña contra la respuesta del Gobierno, la fiscalía y los jueces a la convocatoria del referéndum del primero de octubre.
En el tiempo que lleva en vigor se han sucedido las multas por faltas de respeto a los agentes que antes no constituyen un ilícito penal. 22.627 hasta el pasado mayo, según los datos del Ministerio del Interior. Y ahí cabe prácticamente todo, incluso una multa de 800 euros a una mujer por fotografiar un vehículo mal aparcado de la policía.
20/09/2017
Asistentes a una manifestación contra la ley mordaza. EFE
Dos iniciativas del PSOE y del PNV pretenden derogar o descafeinar la legislación de seguridad ciudadana que multiplicó las multas por desórdenes públicos. La Cámara Baja ya votó a favor de tumbar esa controvertida ley y ahora el reto lo tiene la oposición para conformar un texto alternativo. El Partido Popular invoca la alerta antiterrorista que vive España para defender una norma en la que solo aceptaría pequeños cambios puntuales
Una cosa es ponerse de acuerdo en la necesidad de derogar las leyes más polémicas nacidas de la mayoría absoluta del Partido Popular y otra diferente, configurar textos alternativos que sustituyan a las normas en vigor. El Congreso ha dado muestras sobradas en esta legislatura del rechazo mayoritario de los diputados a la reforma laboral, que rebajó la indemnización por despido a 20 días por año y amplió los casos para justificar los ERE, y a la llamada ley mordaza. Pero ambas normas seguirán en vigor hasta que la Cámara Baja no legisle para sustituirlas.
En el caso de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, una de las más controvertidas de la era de Rajoy, comienzan este jueves los trabajos para derogarla en su integridad y volver al texto anterior, como propone el PSOE en su iniciativa, o al menos descafeinar sus artículos más polémicos, lo que pretende el PNV que aboga por suprimir 44 puntos.
El PSOE en cambio pide echar abajo todo el texto y volver a la normativa anterior que es de 1992. Unidos Podemos, una de las formaciones más beligerantes con esa normativa, se ha comprometido a trabajar de la mano con ambos partidos.
La norma que sigue vigente pese a las resolución del Congreso que pide tumbarla ha endurecido el catálogo de sanciones por organizar manifestaciones no autorizadas, negarse a disolver una concentración o provocar altercados. Las multas van desde los 600 a los 600.000 euros por los incidentes más graves. Además el texto establece castigos económicos para quien difunda imágenes de las fuerzas del orden, faculta a los agentes de los cuerpos de seguridad para realizar cacheos en la calle y legaliza las denominadas devoluciones en caliente que el Gobierno español lleva años realizando en los últimos años y que contravienen lo fijado por varias directrices de Derechos Humanos.
Quien se oponga a un desahucio con movilizaciones ante los cuerpos de seguridad puede pagarlo caro, con hasta 30.000 euros, la misma pena que se estipula para el consumo reiterado de marihuana en la vía pública.
Aunque PNV y PSOE han negociado para trabajar sobre un único borrador, de momento este jueves ambas iniciativas se debatirán por separado.
El Partido Popular, mientras tanto invoca la alerta 4 por riesgo de atentado terrorista en el que el Ministerio del Interior mantiene a España para defender la continuidad de la norma. Los dirigentes populares ya han advertido que sería una irresponsabilidad derogarla en este momento y solo se abren a cambios menores.
Tanto el PSOE como Unidos Podemos, partidario también de su derogación, como el PNV han lamentado las tácticas dilatorias que el Partido Popular ha llevado a cabo para aplazar el comienzo de los trabajos.
Por último Bildu ha presentado una enmienda a la totalidad, que no tiene visos de prosperar ya que solo cuenta con el apoyo de ERC.
El calendario del Congreso ha querido que el debate sobre ambas propuestas para derogar la ley coincida con la proliferación de manifestaciones en Cataluña contra la respuesta del Gobierno, la fiscalía y los jueces a la convocatoria del referéndum del primero de octubre.
En el tiempo que lleva en vigor se han sucedido las multas por faltas de respeto a los agentes que antes no constituyen un ilícito penal. 22.627 hasta el pasado mayo, según los datos del Ministerio del Interior. Y ahí cabe prácticamente todo, incluso una multa de 800 euros a una mujer por fotografiar un vehículo mal aparcado de la policía.
