07 de septiembre de 2017
Puigdemont (segundo, abajo) y miembros de su gobierno festejan la votación en el Parlamento catalán. Imagen: EFE
Al término de una jornada vertiginosa e inédita, el gobierno catalán consumaría así lo que supone el mayor desafío a la unidad de España desde la transición y la peor crisis institucional en décadas. Para Rajoy es inconstitucional.
El Parlamento de Cataluña aprobó ayer en una tensa sesión la ley que permitirá al gobierno regional convocar de inmediato un referéndum sobre la independencia de España el 1 de octubre, en un desafío inédito al Estado.
Tras la votación de la ley, que los independentistas, gracias a su mayoría parlamentaria, sacaron adelante con 72 votos a favor, 11 abstenciones y ningún voto en contra (por la ausencia de socialistas, liberales y conservadores), todos los integrantes del gobierno catalán, con el presidente Carles Puigdemont a la cabeza, tenían previsto firmar la convocatoria oficial del referéndum. Al término de una jornada vertiginosa e inédita, el gobierno catalán consumaría así lo que supone el mayor desafío a la unidad de España desde la transición y la peor crisis institucional en décadas.
El gobierno central de Mariano Rajoy considera inconstitucional el referéndum y asegura que impedirá su celebración. Se espera que recurra tanto a la ley como la convocatoria a la consulta y que el Tribunal Constitucional suspenda ambas cautelarmente. Incluso antes de la votación, el gobierno dio ya un primer paso y pidió ayer al Constitucional que frene actuaciones del parlament catalán contrarias a sentencias previas y que estudie una posible responsabilidad penal de quienes admitieron a trámite la ley. “No he pasado más vergüenza democrática en toda mi vida política”, resumió “la número dos” del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre la accidentada sesión vivida en el hemiciclo, interrumpida varias veces en medio de una crispación sin precedentes.
Sáenz de Santamaría explicó que una vez que decidieron la admisión a trámite una ley absolutamente inconstitucional, Rajoy puso en marcha todos los mecanismos legales para responder a esta barbaridad. Sáenz de Santamaría precisó que el presidente firmó un escrito en el que ordena a la Abogacía del Estado que interponga un incidente de ejecución al Tribunal Constitucional por haber incumplido sentencias de este organismo, que explícitamente ya advirtió a los independentistas catalanes de que cualquier medida tendiente a la secesión es inconstitucional.
Además, la vicepresidenta indicó que se pedirá que se declaren nulos los acuerdos adoptados por el parlamento catalán y se exija responsabilidad penal a la presidenta de esa cámara, Carme Forcadell, y a todos los miembros de la mesa que hayan votado a favor de admitir a trámite la ley del referéndum. La responsable del gobierno del conservador Partido Popular (PP) remarcó que durante el mandato de Forcadell al frente del parlamento regional murió la democracia.
Los secesionistas tenían marcado en rojo el día en el calendario, pero jugaron a la distracción hasta el último momento, conscientes de que la vía elegida para llevar a cabo su plan está plagada de dificultades, puesto que supone superar los límites de las leyes españolas. Tal es así que utilizaron su mayoría y los atajos legales a su disposición para concretar su objetivo. Esperaron hasta el inicio de una sesión plenaria ordinaria convocada en el parlamento para pedir la alteración de la orden del día con la intención de debatir y aprobar la ley del referéndum por una vía rápida y con sólo dos horas para que la oposición proponga sus enmiendas.
El procedimiento de urgencia elegido para aprobarla motivó ya desde la mañana de ayer airadas quejas de los diputados opositores, que a lo largo del día denunciaron diversas irregularidades en el procedimiento. Incluso los letrados del parlamento alertaron que la ley choca con el Constitucional, pero los independentistas ignoraron la advertencia.
“Estamos viviendo el pleno más esperpéntico desde la restauración de la democracia”, definió el líder del PP de Rajoy en Cataluña, Xavier García Albiol. “Están situando a este ‘parlament’ fuera de la legalidad”, acusó Inés Arrimadas, jefa de la oposición y líder del partido liberal Ciudadanos. En medio de la tensión creciente, tanto el PP de Cataluña como los socialistas catalanes anunciaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos de los diputados. Ambos grupos parlamentarios y el de Ciudadanos se ausentaron en la votación como protesta.
La ley instaura un régimen jurídico excepcional para regular y garantizar el referéndum e incluye la pregunta que se planteará el 1 de octubre a los catalanes: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?” Establece además que el resultado será vinculante. Si gana el SÍ a la independencia, se abriría un proceso constituyente. En uno de sus aspectos más criticados, la norma se presenta como “ley suprema” que prevalece sobre cualquier otra que la contradiga.
El “parlament” aprobará también estos días otra norma clave conocida como “ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana”. Pretende garantizar la legalidad durante el periodo comprendido entre la supuesta celebración del referéndum y la aprobación de una Constitución catalana en caso de que gane el SÍ.
La convocatoria del referéndum y el rechazo del gobierno central abre lo que algunos analistas consideran la crisis institucional más grave de las últimas décadas en España y plantea un escenario imprevisible para las tres semanas que restan hasta el 1 de octubre. Mientras Puigdemont dejó claro que seguirá adelante con el plan soberanista pese a las impugnaciones de la Justicia, el gobierno de Rajoy insistió ayer en que tiene todo preparado para impedir la consulta, pero no aclaró aún con qué herramientas lo hará.
Una vía posible es la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que en una situación extrema permite adoptar las medidas necesarias para hacer que una Comunidad Autónoma cumpla con sus obligaciones e incluso intervenir parte de sus competencias. Otra es acudir a la Ley de Seguridad Nacional, que busca proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Aplicada al caso catalán, permitiría al Estado nombrar funcionarios que asuman el control de la Policía regional y los empleados públicos e incluso sustituir a funcionarios políticos.
