ESPAÑA
El gobierno catalán será reemplazado y el Parlament, con poderes limitados22 de octubre de 2017
Manifestantes marcharon ayer por la libertad de dos prisioneros políticos.
Mientras el Poder Ejecutivo del autogobierno catalán será el más golpeado por las medidas de control anunciadas por el presidente español, otras áreas del gobierno, así como infraestructura clave, quedarán bajo el control directo de Madrid.
Tras más de un mes de alta tensión entre Madrid y Cataluña, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció ayer las medidas tomadas para frenar el desafío independentista en la región, que serán aprobadas previsiblemente por el Senado el viernes.
A continuación, las más importantes:
Destitución del “Govern”. La Cámara autorizará a Rajoy a destituir al Gobierno catalán al completo: a su presidente, Carles Puigdemont; vicepresidente, Oriol Junqueras, y a todos los consejeros. El cese implica “la sustitución en el ejercicio” de todas sus funciones, que serán asumidas por los distintos ministerios del gobierno.
Elecciones en menos de seis meses. Rajoy decretará “la disolución anticipada del Parlamento de Cataluña o el fin de la legislatura”, que arrancó en enero de 2016, para convocar elecciones regionales “en el plazo máximo de seis meses” desde la aprobación del Senado de estas medidas. Su voluntad es hacerlo “tan pronto” como se recupere “la normalidad institucional”, según dijo hoy.
Límites al Parlamento catalán. El Parlament seguirá ejerciendo la “función representativa” que tiene encomendada, pero se establecen algunos límites a sus competencias: la presidenta de la Cámara no podrá proponer un candidato a la presidencia del Gobierno catalán, ni celebrar un debate o votación de investidura. El Parlamento regional tampoco podrá ejercer las funciones de control sobre los órganos y autoridades que sustituyan al “Govern” ni tramitar iniciativas contrarias a las medidas adoptadas.
Funcionamiento del gobierno regional. La Administración catalana continuará “funcionando como la organización administrativa ordinaria que ejerce las funciones ejecutivas” y lo hará “bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno” español “en sustitución” de los responsables destituidos. Estos órganos podrán dictar y adoptar las disposiciones, resoluciones e instrucciones necesarias para el ejercicio de sus competencias y serán “de obligado cumplimiento” para los funcionarios y personal laboral de la Administración. También podrán acordar el cese, sustitución o nombramiento de cargos públicos y personal.
Policía y seguridad. El ejercicio de las funciones de Seguridad Pública, incluidas en el artículo 164 del Estatuto catalán, corresponderá al Gobierno español, que podrá dar “instrucciones directas y de obligado cumplimiento” a la Policía regional de Cataluña, los Mossos d’Esquadra. El acuerdo aprobado ayer por el Consejo de Ministros prevé también que Madrid pueda acordar “el despliegue” de la Policía Nacional y de la Guardia Civil española en Cataluña, “coordinando la actuación de la Policía” catalana. Además, en caso necesario, los Mossos “serán sustituidos por efectivos” de las fuerzas de seguridad españolas.
Competencias económicas. El Senado también habilitará al gobierno central para ejercer en Cataluña competencias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria. El objetivo es “garantizar que la totalidad de los fondos” transferidos por Madrid y los ingresos recaudados por la región “no se destinen a actividades o fines vinculados con el proceso secesionista”.
Telecomunicaciones y televisión. Madrid asumirá el control de las telecomunicaciones y los servicios digitales en Cataluña para garantizar “la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial”, así como “el conocimiento y respeto” de la Constitución española y el Estatuto de autonomía de Cataluña, una suerte de Carta Magna regional.
Incumplimiento y sanciones. El incumplimiento de las medidas acordadas por el Gobierno español se entenderá “como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto. El Ministerio Fiscal podrá exigir responsabilidades penales.
Plazos. Las medidas se mantendrán hasta la toma de posesión del Gobierno que salga de las elecciones catalanas. Durante su vigencia, el Ejecutivo español podrá plantear modificaciones o actualizaciones ante el Senado. También podrá anticipar su cese “si cesasen las causas que lo motivan”.
* Las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros español fueron remitidas al Senado a tenor del artículo 155 de la Constitución española, un mecanismo inédito hasta ahora que permite al Gobierno central tomar las “medidas necesarias” para que una región cumpla sus obligaciones, en este caso Cataluña.
