19 octubre, 2017
Suprema ordena liberar a detenidos por Operación Huracán
Segunda Sala del máximo tribunal acogió recurso de amparo de los ocho formalizados. Determinó que había falta de fundamentos para justificar su participación en los atentados.
Fueron dos días de deliberación en el tercer piso del lado poniente del Palacio de Tribunales. En ese sector está ubicada la Segunda Sala de la Corte Suprema, tribunal que escuchó atentamente el martes los alegatos de los abogados defensores de los ocho detenidos en el marco de la llamada Operación Huracán. Ellos están en prisión preventiva a raíz de que se les imputa una supuesta asociación ilícita terrorista para realizar una serie de atentados en La Araucanía. Todo esto bajo el rótulo de la Ley Antiterrorista.
Mientras los fiscales defendieron su postura de imputarles una presunta coordinación para hacer los ataques en base a interceptaciones de mensajes de WhatsApp y manifestaron que fue un juzgado de garantía el que tomó la decisión de dejarlos en prisión preventiva, los representantes de los imputados indicaron que no existían pruebas en su contra y que esa resolución no se hacía cargo de los argumentos de la defensa y le daba validez sólo a lo que señalaba el Ministerio Público. Este caso fue revisado por los jueces Milton Juica, Lamberto Cisternas, Carlos Cerda, Andrea Muñoz y Manuel Antonio Valderrama.
Finalmente, los magistrados tras ese análisis llegaron a un acuerdo ayer y tomaron de forma unánime una drástica decisión: acoger el recurso de amparo y ordenar la liberación de los comuneros.
La resolución será dada a conocer hoy y notificada a los penales de Concepción y Temuco, donde están presos los imputados. Luego de esto, Héctor Llaitul, Ernesto Llaitul, Jaime Huenchullán, Rodrigo Huenchullán, Fidel Tranamil, Martín Curiche, David Cid y Claudio Leiva quedarán en libertad.
¿Cuál fue el argumento de los jueces para revertir la decisión que tomó la jueza de garantía de Temuco, Luz Arancibia? De acuerdo a la resolución de los supremos, en el fallo de la magistrada que ordenó la prisión preventiva de los comuneros no se estableció uno de los requisitos principales para decretar la medida cautelar más gravosa del sistema penal: hubo una falta de fundamentos que justifiquen la participación de los imputados en los hechos indagados por el Ministerio Público.
De acuerdo a fuentes del Poder Judicial, la resolución de los magistrados no significa que ellos queden libres de la investigación del Ministerio Público, sino que el problema estuvo en la argumentación de la magistrada para determinar la prisión preventiva. Es por esto, que el Ministerio Público podrá solicitar esta cautelar con nuevos antecedentes si lo estima necesario.
La investigación
El caso estalló el 23 de septiembre, luego de que la Dirección de Inteligencia de Carabineros entregó un dossier a la Fiscalía Regional de La Araucanía con una serie de interceptaciones de mensajes emitidos desde los supuestos teléfonos celulares de los detenidos. En ellas se daba cuenta de coordinaciones para perpetrar atentados incendiarios a camiones e incluso un presunto tráfico de armas. Además, se señaló que el objetivo de esta agrupación era incendiar 100 camiones.
De acuerdo a la información de la policía, los comuneros pertenecían a tres grupos violentistas en el Biobío, La Araucanía y Los Ríos: la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Weichan Auca Mapu (WAM) y la Resistencia Mapuche Malleco (RMM).
De esta manera se ligó a la CAM a Héctor Llaitul, David Cid, Ernesto Llaitul Pezoa y a Claudio Leiva; sindicaron a Fidel Tranamil y Martín Curiche como líderes de la WAM, y a Jaime Huenchullán Cayul y a Rodrigo Huenchullán Cayul como miembros de la RMM.
Durante el 24 de septiembre fueron formalizados y se les imputó tres atentados, entre ellos el ocurrido el 19 de agosto en Padre Las Casas, en que fueron quemados 17 camiones.
Sobre estas acusaciones, los abogados de los comuneros restaron legitimidad a las pruebas y manifestaron que inclusos sus defendidos no usaban sistema de mensajería como WhatsApp o Telegram.
La Tercera
Corte Suprema acoge recurso de amparo de imputados de asociación ilícita terrorista y ordena libertad inmediata
La Corte Suprema acogió los recursos de amparos presentados en favor de Claudio Antonio Leiva Rivera, David Eduardo Cid Aedo, Rodrigo Nazario Huenchullán Cayul, Jaime Eduardo Huenchullán Cayul, Martín Damián Curiche Curiqueo, Fidel Tranamil Nahuel, Héctor Javier Llaitúl Carrillanca y Ernesto Lincoyam Llaitul Pezoa, formalizados por el delito de asociación ilícita terrorista y ordenó su inmediata libertad, si no se encuentran imputados por otra causa.
En fallos unánimes (causas roles 40.860-2017; 40.862-2017; 40.863-2017 y 40.864-2017), la Segunda Sala del máximo tribunal del país –integrada por los ministros Milton Juica, Lamberto Cisternas, Andrea Muñoz, Manuel Antonio Valderrama y Carlos Cerda– revocó la resolución recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que rechazó la acción cautelar.
La Segunda Sala de la Corte Suprema, establece que la resolución de primera instancia no fundamentó los motivos por los que concedió la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, y no decretó una medida cautelar diversa; además de no explicitar por qué no validó los argumentos de la defensa de los imputados, que se opuso a la prisión preventiva.
“De esa manera, si en la audiencia en cuestión, el tribunal debe necesariamente oír tanto al solicitante como al defensor del imputado que se opone a la prisión preventiva, sancionando incluso con nulidad la celebración de la audiencia sin la presencia de este interviniente, la justificación de su decisión, esto es, la procedencia de la prisión preventiva, ya no puede efectuarse sólo mirando los antecedentes y argumentos de hecho y derecho invocados por el peticionario, sino que, necesariamente, le imponen igualmente el deber de expresar las razones por las que los antecedentes y argumentos de la defensa no fueron válidos, útiles o suficientes para desvirtuar aquéllos, con independencia que todo ello se desarrolle en un único análisis global de las alegaciones de ambas partes, o se estudie sucesivamente”, establece el fallo.
Resolución que agrega: “En otras palabras, los aspectos, alcances y peso que revista la justificación de la decisión que decrete la prisión preventiva dependerán del tenor del debate -atento a los principios acusatorio y de bilateralidad de la audiencia que rigen durante todo el juicio-, pues así como respecto de aquellas circunstancias fácticas o cuestiones jurídicas en que las partes estén contestes la necesidad de ahondar en ellas será menor e, incluso en algunos asuntos, excusable -como por ejemplo, en el caso sub lite, que un día, hora y lugar determinado, terceros procedieron a quemar determinados vehículos-, por el contrario, respecto de aquellas circunstancias y asuntos que fueron fundadamente controvertidos en el debate -por ejemplo, en el caso de autos, la participación de los imputados en los hechos punibles objeto de la formalización-, pesa sobre el juez el deber de hacerse cargo de ellos en su resolución en la forma que las disposiciones antes comentadas demandan; de otro modo, esa sentencia no puede ser calificada como una decisión fundada”.
“(…) lo que se ha venido expresando no importa –continúa–, de modo alguno, elevar los deberes y cargas de fundamentación de la resolución que decreta la prisión preventiva a aquellos propios de una decisión condenatoria descritos en el artículo 342 del Código Procesal Penal, pero sí reconocer que el legislador no se contenta con aquel propio de toda resolución judicial establecido en el artículo 36 del mismo texto, el que, en todo caso, por constituir un requisito general, también debe ser cumplido en la resolución que se dicte conforme al artículo 143 del mismo código. Huelga explicar que, si bastare con satisfacer las exigencias del aludido artículo 36 en la resolución en comento, no habría sido menester consagrar expresamente los requisitos que en cuanto a su fundamentación se previeron en el artículo 143. Entonces, la resolución en estudio no sólo debe expresar “con precisión” los motivos de hecho y de derecho en los que se basa la decisión de decretar la medida cautelar -como demanda el artículo 36-, sino que, además, debe expresar “claramente” los antecedentes calificados que justificaron esa determinación -según requiere el artículo 143 (….) En síntesis, debe tratarse de una resolución que, sin necesidad de cumplir las exigencias de fundamentación propias de una sentencia condenatoria, en forma “clara y precisa” exponga los antecedentes calificados por los que se tuvo por acreditados, pese a las alegaciones en contrario de la defensa -en su caso-, los requisitos que el artículo 140 del Código Procesal Penal prevé para ello”.
“Sentadas todas estas premisas, en el caso de marras, a los amparados Claudio Antonio Leiva Rivera, David Eduardo Cid Aedo, Rodrigo Nazario Huenchullán Cayul, Jaime Eduardo Huenchullán Cayul, Martín Damián Curiche Curiqueo, Fidel Tranamil Nahuel, Héctor Javier Llaitúl Carrillanca y Ernesto Lincoyam Llaitul Pezoa se les formalizó como autores del delito de asociación ilícita terrorista y, además, a Curiche Curiqueo y Tranamil Nahuel se les imputó autoría en el delito de incendio, solicitando el Ministerio Público y la parte querellante en base a dicha imputación, su prisión preventiva, exponiendo en la audiencia los antecedentes que en su parecer acreditaban el requisito de la letra b) del artículo 140 del Código Procesal Penal, esto es, “Que existen antecedentes que permitieren presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor”. Frente a tal petición, las respectivas defensas de los imputados se opusieron cuestionando múltiples deficiencias, vacíos e inconsistencias de los antecedentes presentados por los solicitantes de la medida cautelar, los cuales fueron expuestos en sus libelos y cuya formulación en la audiencia celebrada ante el tribunal de garantía no fue desconocida ni por el Ministerio Público ni por la parte querellante ante esta Corte”, añade.
La resolución de la Corte Suprema continúa: “como resulta de claridad meridiana, la resolución antes transcrita está lejos de acercarse al cumplimiento de las formas que la ley prevé para autorizar a un órgano jurisdiccional para decretar la prisión preventiva y así privar de su libertad personal a una persona. La resolución en estudio señala que tiene por acreditada la participación con la información entregada por el Ministerio Público, es decir, hace una remisión general a lo expuesto en dicha audiencia por el Fiscal compareciente sin siquiera identificar o aludir a los elementos principales de dicha exposición que le permitieron construir las presunciones fundadas de participación respecto de cada uno de los acusados. Repárese que el artículo 36 del Código Procesal Penal establece que no puede sustituir la fundamentación de una sentencia -y, por ende, no constituye tal- la simple mención de los medios de prueba de los intervinientes, con lo que por sobre una exposición de antecedentes, la norma ordena un análisis de los mismos “preciso y claro” -como surge de los artículos 36 y 143, cual ya se explicó-, en los hechos y en el derecho. Pues bien, en el caso sub judice ni siquiera se alcanza lo que la misma norma expresamente señala que es insuficiente para considerar una sentencia como debidamente motivada, pues la juzgadora se conforma con remitir a los imputados privados de su libertad personal, a sus defensores preocupados del respeto de ese derecho, y a la sociedad interesada en la correcta administración de justicia, a todo lo expuesto y dicho por el representante del Ministerio Público -antecedentes que, a mayor abundamiento, ni siquiera están resumidos en el acta de la audiencia y, por ende, son totalmente ignorados”.
“De ese modo, el dictamen en examen no expone en forma “clara y precisa” los antecedentes calificados que le permitieron presumir fundadamente, pese a las alegaciones en contrario de las defensas -de las cuales, desde luego, igualmente debe hacerse cargo en forma “clara y precisa”-, que cada uno de los imputados tuvo participación en los delitos de asociación ilícita terrorista y, en el caso de los encartados Curiche Curiqueo y Tranamil Nahuel, además, en el delito de incendio, con lo cual no se ha cumplido con las formas que la Constitución y las leyes demandan para autorizar al tribunal recurrido para decretar la prisión preventiva de los amparados”.
Por lo tanto, concluye: “se revoca la sentencia apelada de cinco de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco y, en su lugar, se decide que se acogen los recursos de amparo deducidos en favor de Claudio Antonio Leiva Rivera, David Eduardo Cid Aedo, Rodrigo Nazario Huenchullán Cayul, Jaime Eduardo Huenchullán Cayul, Martín Damián Curiche Curiqueo, Fidel Tranamil Nahuel, Héctor Javier Llaitul Carrillanca y Ernesto Lincoyam Llaitul Pezoa y, en consecuencia, se deja sin efecto la resolución que decretó la prisión preventiva de los amparados en audiencia de 24 de septiembre del año en curso, dictada por el Juzgado de Garantía de Temuco en causa Rit N° 7228-2017 y Ruc N° 1700879814-1, disponiéndose su inmediata libertad, si no estuvieren privados de ella por otra causa. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del Ministerio Público y la parte querellante para solicitar nuevamente la medida cautelar dejada ahora sin efecto conforme a las normas procesales que rigen la materia”.
Presidente de Sala Penal y vocero
Al dar a conocer la resolución del máximo tribunal, el presidente de la Segunda Sala y vocero de la Corte Suprema, ministro Milton Juica, aseguró que: “Lamentablemente por defectos nuestros hubo filtraciones respecto de lo que se iba a decidir, lo que lamento bastante y trataremos de buscar fórmulas mucho más equitativas para que la información aparezca en todos los medios y no sólo aparezca en algunos aprovechándose de sus capacidades cuando en realidad la noticia debe ser conocida por todos”.
Consultado respecto del fondo del fallo y si existieron deficiencias del Ministerio Público en la investigación en contra de estos imputados, el ministro Juica respondió: “El tema no pasa por el mérito de la investigaciones, el tema pasa porque nosotros corregimos una deficiencia de un tribunal y no hay un análisis de si los antecedentes son suficientes para una investigación. Están formalizadas las personas, la investigación sigue su curso lo único que ha pasado es que no ha sido posible justificar una medida de prisión preventiva, nada más que eso”.
