Por Juan Francia15 de octubre de 2017
Multitudinario acto de cierre de campaña del oficialismo. Imagen: AFP
Desde CaracasLos estados más importantes son Miranda, en manos opositoras, donde está Caracas, y Táchira y Zulia, con gobernados chavistas, limítrofes con Colombia, una frontera caliente por el contrabando y las bandas de paramilitares, altamente conflicitiva.
Hoy habrá elecciones a gobernadores estaduales en Venezuela, equivalentes a gobernadores de provincias en Argentina. Sobre los 23 estados que tiene la República Bolivariana de Venezuela, 20 están en manos de gobernadores del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, y sólo 3 bajo control opositor. De esas últimas tres gobernaciones, la más importante desde el punto de vista político es Miranda, el segundo estado más poblado y el más disputado en estas elecciones, que rodea a la capital, Caracas.
Miranda es gobernada actualmente por Henrique Capriles y tiene como candidato sucesor por su partido, Primero Justicia, a Carlos Ocariz, alcalde de Sucre; y el candidato rival chavista es Héctor Rodríguez, cuadro político que proviene de la juventud del PSUV y es un antiguo ministro de Maduro. Por otro lado existen gobernaciones sensibles como las de Táchira y Zulia, ambas gobernadas por el PSUV, limítrofes con Colombia, una zona caliente donde el contrabando y los paramilitares colombianos son caras de una misma moneda. Si estos últimos dos estados fueran ganados por la oposición, existe el temor en el gobierno nacional de que las actividades ilegales se incrementen como una forma de desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
No obstante, el clima político es menos intenso que ése al que nos tiene acostumbrados Venezuela. Por parte de los seguidores de la oposición, participaron menos de un 10 por ciento en sus elecciones primarias y no se presentan unidos bajo el sello de la coalición política opositora Mesa de la Unidad Democrática, MUD; mientras que al chavismo se lo ve más cohesionado y, con cierres de campaña multitudinarios, proyecta una imagen de mayor fortaleza.
El contexto de estas elecciones regionales es complejo. La crisis económica impacta fuertemente en la población, y las sanciones financieras de Estados Unidos establecidas contra Venezuela el 25 de agosto pasado complican aún más el panorama. Los precios de los productos básicos no paran de aumentar, pulverizando el poder adquisitivo de los trabajadores. Por su parte, el gobierno busca amortiguar el impacto inflacionario a través de periódicos aumentos salariales y con la distribución de alimentos subsidiados a través del programa social Comité Local de Abastecimiento y Producción, CLAP, para las barriadas populares. Este último programa se ha transformado en un instrumento indispensable para garantizar la alimentación de los sectores de menos recursos.
El panorama económico evidentemente complica al gobierno de cara a las elecciones a gobernadores, pero la oposición no ha logrado aprovechar esta situación. Desde comienzos de abril hasta el 30 de julio pasado, día de elecciones de constituyentes, la MUD estuvo detrás de las acciones violentas en las calles, conocidas en Venezuela como guarimbas. En Caracas y otras ciudades se vieron barricadas que impidieron durante días el libre tránsito, se destruyeron bienes públicos y privados y se agredió a personas identificadas como chavistas. Los líderes opositores manifestaban que continuarían con esos métodos hasta que el gobierno de Maduro cayera o se anularan las elecciones de constituyentes, pero no alcanzaron ninguno de estos objetivos.
No obstante, el clima político es menos intenso que ése al que nos tiene acostumbrados Venezuela. Por parte de los seguidores de la oposición, participaron menos de un 10 por ciento en sus elecciones primarias y no se presentan unidos bajo el sello de la coalición política opositora Mesa de la Unidad Democrática, MUD; mientras que al chavismo se lo ve más cohesionado y, con cierres de campaña multitudinarios, proyecta una imagen de mayor fortaleza.
El contexto de estas elecciones regionales es complejo. La crisis económica impacta fuertemente en la población, y las sanciones financieras de Estados Unidos establecidas contra Venezuela el 25 de agosto pasado complican aún más el panorama. Los precios de los productos básicos no paran de aumentar, pulverizando el poder adquisitivo de los trabajadores. Por su parte, el gobierno busca amortiguar el impacto inflacionario a través de periódicos aumentos salariales y con la distribución de alimentos subsidiados a través del programa social Comité Local de Abastecimiento y Producción, CLAP, para las barriadas populares. Este último programa se ha transformado en un instrumento indispensable para garantizar la alimentación de los sectores de menos recursos.
El panorama económico evidentemente complica al gobierno de cara a las elecciones a gobernadores, pero la oposición no ha logrado aprovechar esta situación. Desde comienzos de abril hasta el 30 de julio pasado, día de elecciones de constituyentes, la MUD estuvo detrás de las acciones violentas en las calles, conocidas en Venezuela como guarimbas. En Caracas y otras ciudades se vieron barricadas que impidieron durante días el libre tránsito, se destruyeron bienes públicos y privados y se agredió a personas identificadas como chavistas. Los líderes opositores manifestaban que continuarían con esos métodos hasta que el gobierno de Maduro cayera o se anularan las elecciones de constituyentes, pero no alcanzaron ninguno de estos objetivos.
Nicolás Maduro sigue siendo presidente, y muchos ciudadanos fueron a votar el 30 de julio como forma de expresar su rechazo a las guarimbas, a pesar de que la oposición no sólo pedía abstenerse, sino que buscó impedir con amenazas y barricadas que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto. Más de ocho millones de venezolanos eligieron constituyentes, y si tenemos en cuenta que Maduro resultó electo presidente en 2013 con siete millones y medio de votos, cifra que representó entonces más del 50 por ciento de los sufragios, esta vez los más de ochos millones de personas que respaldaron la convocatoria de Maduro dejaron fuera de juego a la MUD. La actitud beligerante de la oposición cambió radicalmente desde el 30 de julio, y las calles retomaron la normalidad.
Por eso uno de los principales lemas de los chavistas en estas elecciones es “vota por la paz”, porque presumen que si los opositores ganan nuevos espacios de poder insistirán por la vías no democráticas, aprovechando la logística que les otorgaría controlar una gobernación. Y como ejemplo de ello, miembros del gobierno venezolano se encargaron de recordar que el candidato a gobernador para Zulia, Juan Pablo Guanipa, del partido opositor Primero Justicia, fue grabado durante una manifestación que agredió a una unidad de la Guardia Nacional en Maracaibo.
Pero la derecha venezolana carga con dificultades añadidas: sus líderes habían prometido no sentarse a dialogar con el gobierno, al que acusan de ser una dictadura y también afirmaban que no participarían en elecciones porque el Consejo Nacional Electoral, CNE, no garantizaba la imparcialidad de los procesos electorales. Luego se comprobó que estaban dialogando en Santo Domingo. Además, se apresuraron a inscribir sus nombres en el CNE como precandidatos a gobernadores para las elecciones regionales, reconociendo así legitimidad a la autoridad del poder electoral que antes habían negado. Estas manifiestas contradicciones debilitaron aún más la credibilidad en el liderazgo de la MUD, sus seguidores están muy disconformes y muchos de ellos expresan que lo único que les interesa a los candidatos opositores es asumir un cargo de gobernador para apropiarse de los dineros públicos.
Hay que tener en cuenta que en Venezuela votar es un derecho pero no un deber, no implica una obligación para los ciudadanos y tradicionalmente las elecciones de este tipo registran menos participación que unas presidenciales. Por lo tanto, frente a este desencanto, la oposición vive una incógnita que será despejada este domingo: ¿irán disciplinadamente los antichavistas a votar por sus candidatos como lo hacen habitualmente o se abstendrán de hacerlo como una forma de expresar su descontento hacia sus líderes? Resta ver también cómo influirá en el comportamiento electoral el apoyo de la oposición a las sanciones financieras de Estados Unidos contra Venezuela.
Por parte de los chavistas, se podría formular casi la misma pregunta: ¿votarán los chavistas por sus candidatos o el mal humor social derivado principalmente de los problemas económicos los hará permanecer en sus casas como lo hicieron en las elecciones para la Asamblea Nacional en 2015?
En síntesis, hoy será la gran batalla y los resultados condicionarán el devenir político. Si los partidos opositores ganan más gobernaciones de las que actualmente controlan, desde el gobierno bolivariano auguran que veremos un resurgir de acciones desestabilizadoras. Y si prevalecen los candidatos vinculados con el chavismo, probablemente algunos líderes opositores (como lo han hecho en el pasado reciente) acusen al gobierno de fraude electoral y voceros de Washington hablen de que la “dictadura” busca legitimarse a través de elecciones amañadas.
Más allá de los pronósticos, esta elección confirma la inquebrantable voluntad del gobierno bolivariano de consultar a los ciudadanos para decidir su destino: es la número 22 en 18 años de chavismo.
Por eso uno de los principales lemas de los chavistas en estas elecciones es “vota por la paz”, porque presumen que si los opositores ganan nuevos espacios de poder insistirán por la vías no democráticas, aprovechando la logística que les otorgaría controlar una gobernación. Y como ejemplo de ello, miembros del gobierno venezolano se encargaron de recordar que el candidato a gobernador para Zulia, Juan Pablo Guanipa, del partido opositor Primero Justicia, fue grabado durante una manifestación que agredió a una unidad de la Guardia Nacional en Maracaibo.
Pero la derecha venezolana carga con dificultades añadidas: sus líderes habían prometido no sentarse a dialogar con el gobierno, al que acusan de ser una dictadura y también afirmaban que no participarían en elecciones porque el Consejo Nacional Electoral, CNE, no garantizaba la imparcialidad de los procesos electorales. Luego se comprobó que estaban dialogando en Santo Domingo. Además, se apresuraron a inscribir sus nombres en el CNE como precandidatos a gobernadores para las elecciones regionales, reconociendo así legitimidad a la autoridad del poder electoral que antes habían negado. Estas manifiestas contradicciones debilitaron aún más la credibilidad en el liderazgo de la MUD, sus seguidores están muy disconformes y muchos de ellos expresan que lo único que les interesa a los candidatos opositores es asumir un cargo de gobernador para apropiarse de los dineros públicos.
Hay que tener en cuenta que en Venezuela votar es un derecho pero no un deber, no implica una obligación para los ciudadanos y tradicionalmente las elecciones de este tipo registran menos participación que unas presidenciales. Por lo tanto, frente a este desencanto, la oposición vive una incógnita que será despejada este domingo: ¿irán disciplinadamente los antichavistas a votar por sus candidatos como lo hacen habitualmente o se abstendrán de hacerlo como una forma de expresar su descontento hacia sus líderes? Resta ver también cómo influirá en el comportamiento electoral el apoyo de la oposición a las sanciones financieras de Estados Unidos contra Venezuela.
Por parte de los chavistas, se podría formular casi la misma pregunta: ¿votarán los chavistas por sus candidatos o el mal humor social derivado principalmente de los problemas económicos los hará permanecer en sus casas como lo hicieron en las elecciones para la Asamblea Nacional en 2015?
En síntesis, hoy será la gran batalla y los resultados condicionarán el devenir político. Si los partidos opositores ganan más gobernaciones de las que actualmente controlan, desde el gobierno bolivariano auguran que veremos un resurgir de acciones desestabilizadoras. Y si prevalecen los candidatos vinculados con el chavismo, probablemente algunos líderes opositores (como lo han hecho en el pasado reciente) acusen al gobierno de fraude electoral y voceros de Washington hablen de que la “dictadura” busca legitimarse a través de elecciones amañadas.
Más allá de los pronósticos, esta elección confirma la inquebrantable voluntad del gobierno bolivariano de consultar a los ciudadanos para decidir su destino: es la número 22 en 18 años de chavismo.
