Caducas recetas del bloque neoliberal
Por: Hugo Acevedo, Analista
Oct 30, 2017
En un reciente almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, referentes de las cámaras empresariales y de las organizaciones rurales que detentan la propiedad privada de los medios de producción, volvieron a la ofensiva reclamando mayor flexibilidad laboral, la rebaja de la carga impositiva y el abatimiento del gasto público.Fiel a su histórica consigna de acumular capital sin reparar en los intereses de la sociedad, la elite del aparato productivo volvió a exhibir y sostener consignas neoliberales ya fracasadas.Si se atendieran los reclamos de los “dueños del Uruguay”, el país se hundiría en una crisis tan vez igual o peor que la de 2002, por la reiteración de los flagrantes desaguisados perpetrados por los gobiernos conservadores.
En efecto, las caducas recetas que proponen estos ricachones fueron realmente la génesis de colapso económico, financiero y social que, hace 15 años aniquiló al sistema financiero, descalabró la producción, elevó el índice de desocupación al 20%, disparó la pobreza a casi un 40% y rebajó los salarios y las pasividades en casi un tercio de su valor.
Parece insólito que reclamen volver al paradigma de desregulación que rigió en el pasado, que precarizó el mercado de empleo y empobreció a la mayoría de la masa trabajadora.
Ante el conocimiento que la tasa estadística de desempleo se situó en agosto pasado en un 7,8%, la oligarquía volvió a reflexionar sobre el tan manido tema de la competitividad, que parece ser su única preocupación.
Por supuesto, esta estrategia -que es un subterfugio y un atajo para no debatir los problemas de fondo- es un mero pretexto para seguir eliminando puestos de empleo y afectando al mercado de trabajo.
Con ese perverso mecanismo de presión, los empresarios apuestan a inducir al gobierno a bajar la guardia y a eliminar las sustantivas herramientas de la negociación colectiva, que permitieron, en los últimos doce años, un aumento salarial del 55% en términos reales y una mejora real de las jubilaciones y pensiones que alcanzó, en idéntico período, un 58%.
Aunque nadie explícitamente demanda aplicar la regresiva reforma laboral brasileña a nuestro país, es evidente que ese antecedente opera como un acicate para el conglomerado empresarial.
Durante el encuentro, hicieron uso de la palabra el presidente de la Cámara de Industria del Uruguay, Washington Corallo, el presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, el presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, y el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Pablo Zerbino.
En la oportunidad, todos coincidieron en plantear un panorama sombrío en materia laboral, aduciendo -cuándo no- problemas de competitividad derivados de la supuesta falta de flexibilidad de las normas que regulan dicha actividad.
Obviamente, también alzaron sus voces clamando para que se corrija el supuesto atraso cambiario, se rebajen las tarifas y los impuestos y se encare un abatimiento del gasto estatal.
Una de las declaraciones más inverosímiles fue la del presidente de la Asociación Rural, Pablo Zerbino, quien afirmó que con el costo energético con el que en Paraguay se pueden regar 7.500 hectáreas, en Uruguay sólo se pueden regar unas 300.
No parece muy atinado poner a Paraguay como ejemplo, en tanto se trata de un país históricamente gobernado por sangrientas dictaduras como la de Alfredo Stroessner y su camarilla, con asesinatos políticos incluidos.
Por supuesto, también se ha destacado por sus altos índices de corrupción institucionalizada, con el ex presidente Juan Carlos Wasmosy -que fue procesado por la Justicia de su país- como uno de los peores ejemplos.
Incluso, el actual mandatario y poderoso empresario Horacio Cartes -quien accedió al gobierno luego de la inmoral conspiración que derrocó a Fernando Lugo- es investigado por la propia DEA (agencia antidroga de los Estados Unidos) por cargos de narcotráfico y de lavado de activos. Al respecto, en un reciente informe, dicha organización acusa al gobernante de “comandar una gran lavandería para mafias de varios países”.
Esas circunstancias no parecen molestar en modo alguno a los empresarios uruguayos, mucho de los cuales incluso se han radicado con sus inversiones en ese auténtico paraíso de corrupción e impunidad.
Para nada sorprende que los dueños de los medios de producción se sientan cómodos en naciones con casi nula tradición democrática, si se recuerda que las cámaras empresariales tuvieron empatía con la dictadura liberticida que gobernó nuestro país durante casi doce años.
Por supuesto, uno de los más enérgicos reclamos de los participantes en la cumbre empresarial fue el abatimiento de los costos salariales, que constituye una poco subliminal crítica a los mecanismos de negociación colectiva que han permitido la sustantiva recuperación del poder de compra de los trabajadores.
Parece insólito que los empresarios se sigan quejando por el peso de las retribuciones en los costos de producción, teniendo en cuenta que aun hay 370.000 trabajadores que cobran emolumentos de 15.000 pesos mensuales.
Esos empleados sumergidos -que suman casi el 23% del total de personal ocupado que cotiza a la seguridad social- perciben sueldos que apenas alcanzan para financiar el arrendamiento de una vivienda.
Nadie en su sano juicio puede concebir que una persona pueda sostenerse dignamente con ese ingreso y menos aun una familia tipo, teniendo en cuenta que la canasta familiar está calculada actualmente en casi 70.000 pesos.
La plataforma empresarial tampoco soslaya su reiterado reclamo de rebaja de la carga impositiva aunque nuestro sistema tributario siga siendo funcional al sector productivo, pese a los avances logrados en materia de equidad en la última década.
Asimismo, es insostenible que demanden una rebaja o la eliminación del aporte patronal al Banco de la Previsión Social, que es la mitad del aporte de los trabajadores cotizantes.
Incluso, el año pasado, la tasa de informalidad, que es el eufemismo del trabajador “en negro”, se situó en un 23%. Pese a que este indicador descendió doce puntos porcentuales respecto al casi 35% de 2006 y es uno de los más bajos de la región, sigue siendo significativo.
Tanto los bajos salarios como el no vertimiento de los aportes patronales a la seguridad social, constituyen una suerte de apropiación indebida de la plusvalía por parte de los empleadores.
Evidentemente, el gran capital, que tiene fuertes afinidades ideológicas con los partidos de derecha, sueña con un paraíso de libertinaje de mercado que sea un traje a la medida para sus rancios privilegios de clase.
En un reciente almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, referentes de las cámaras empresariales y de las organizaciones rurales que detentan la propiedad privada de los medios de producción, volvieron a la ofensiva reclamando mayor flexibilidad laboral, la rebaja de la carga impositiva y el abatimiento del gasto público.Fiel a su histórica consigna de acumular capital sin reparar en los intereses de la sociedad, la elite del aparato productivo volvió a exhibir y sostener consignas neoliberales ya fracasadas.Si se atendieran los reclamos de los “dueños del Uruguay”, el país se hundiría en una crisis tan vez igual o peor que la de 2002, por la reiteración de los flagrantes desaguisados perpetrados por los gobiernos conservadores.
En efecto, las caducas recetas que proponen estos ricachones fueron realmente la génesis de colapso económico, financiero y social que, hace 15 años aniquiló al sistema financiero, descalabró la producción, elevó el índice de desocupación al 20%, disparó la pobreza a casi un 40% y rebajó los salarios y las pasividades en casi un tercio de su valor.
Parece insólito que reclamen volver al paradigma de desregulación que rigió en el pasado, que precarizó el mercado de empleo y empobreció a la mayoría de la masa trabajadora.
Ante el conocimiento que la tasa estadística de desempleo se situó en agosto pasado en un 7,8%, la oligarquía volvió a reflexionar sobre el tan manido tema de la competitividad, que parece ser su única preocupación.
Por supuesto, esta estrategia -que es un subterfugio y un atajo para no debatir los problemas de fondo- es un mero pretexto para seguir eliminando puestos de empleo y afectando al mercado de trabajo.
Con ese perverso mecanismo de presión, los empresarios apuestan a inducir al gobierno a bajar la guardia y a eliminar las sustantivas herramientas de la negociación colectiva, que permitieron, en los últimos doce años, un aumento salarial del 55% en términos reales y una mejora real de las jubilaciones y pensiones que alcanzó, en idéntico período, un 58%.
Aunque nadie explícitamente demanda aplicar la regresiva reforma laboral brasileña a nuestro país, es evidente que ese antecedente opera como un acicate para el conglomerado empresarial.
Durante el encuentro, hicieron uso de la palabra el presidente de la Cámara de Industria del Uruguay, Washington Corallo, el presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, el presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, y el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Pablo Zerbino.
En la oportunidad, todos coincidieron en plantear un panorama sombrío en materia laboral, aduciendo -cuándo no- problemas de competitividad derivados de la supuesta falta de flexibilidad de las normas que regulan dicha actividad.
Obviamente, también alzaron sus voces clamando para que se corrija el supuesto atraso cambiario, se rebajen las tarifas y los impuestos y se encare un abatimiento del gasto estatal.
Una de las declaraciones más inverosímiles fue la del presidente de la Asociación Rural, Pablo Zerbino, quien afirmó que con el costo energético con el que en Paraguay se pueden regar 7.500 hectáreas, en Uruguay sólo se pueden regar unas 300.
No parece muy atinado poner a Paraguay como ejemplo, en tanto se trata de un país históricamente gobernado por sangrientas dictaduras como la de Alfredo Stroessner y su camarilla, con asesinatos políticos incluidos.
Por supuesto, también se ha destacado por sus altos índices de corrupción institucionalizada, con el ex presidente Juan Carlos Wasmosy -que fue procesado por la Justicia de su país- como uno de los peores ejemplos.
Incluso, el actual mandatario y poderoso empresario Horacio Cartes -quien accedió al gobierno luego de la inmoral conspiración que derrocó a Fernando Lugo- es investigado por la propia DEA (agencia antidroga de los Estados Unidos) por cargos de narcotráfico y de lavado de activos. Al respecto, en un reciente informe, dicha organización acusa al gobernante de “comandar una gran lavandería para mafias de varios países”.
Esas circunstancias no parecen molestar en modo alguno a los empresarios uruguayos, mucho de los cuales incluso se han radicado con sus inversiones en ese auténtico paraíso de corrupción e impunidad.
Para nada sorprende que los dueños de los medios de producción se sientan cómodos en naciones con casi nula tradición democrática, si se recuerda que las cámaras empresariales tuvieron empatía con la dictadura liberticida que gobernó nuestro país durante casi doce años.
Por supuesto, uno de los más enérgicos reclamos de los participantes en la cumbre empresarial fue el abatimiento de los costos salariales, que constituye una poco subliminal crítica a los mecanismos de negociación colectiva que han permitido la sustantiva recuperación del poder de compra de los trabajadores.
Parece insólito que los empresarios se sigan quejando por el peso de las retribuciones en los costos de producción, teniendo en cuenta que aun hay 370.000 trabajadores que cobran emolumentos de 15.000 pesos mensuales.
Esos empleados sumergidos -que suman casi el 23% del total de personal ocupado que cotiza a la seguridad social- perciben sueldos que apenas alcanzan para financiar el arrendamiento de una vivienda.
Nadie en su sano juicio puede concebir que una persona pueda sostenerse dignamente con ese ingreso y menos aun una familia tipo, teniendo en cuenta que la canasta familiar está calculada actualmente en casi 70.000 pesos.
La plataforma empresarial tampoco soslaya su reiterado reclamo de rebaja de la carga impositiva aunque nuestro sistema tributario siga siendo funcional al sector productivo, pese a los avances logrados en materia de equidad en la última década.
Asimismo, es insostenible que demanden una rebaja o la eliminación del aporte patronal al Banco de la Previsión Social, que es la mitad del aporte de los trabajadores cotizantes.
Incluso, el año pasado, la tasa de informalidad, que es el eufemismo del trabajador “en negro”, se situó en un 23%. Pese a que este indicador descendió doce puntos porcentuales respecto al casi 35% de 2006 y es uno de los más bajos de la región, sigue siendo significativo.
Tanto los bajos salarios como el no vertimiento de los aportes patronales a la seguridad social, constituyen una suerte de apropiación indebida de la plusvalía por parte de los empleadores.
Evidentemente, el gran capital, que tiene fuertes afinidades ideológicas con los partidos de derecha, sueña con un paraíso de libertinaje de mercado que sea un traje a la medida para sus rancios privilegios de clase.
