Por Gustavo Veiga
21 de mayo de 2018
La cárcel Angola incluye trabajos forzados de los presos en plantaciones.
La paga a los presos es de 0,23 centavos de dólar la hora, según el sitio de investigación Global Research. Si se niegan, los encierran en celdas de aislamiento. Analistas hablan de esclavitud en el siglo XXI o, cuanto menos, de explotación.
La política penitenciaria de Estados Unidos es un engranaje clave de su sistema económico. Los detenidos trabajan para corporaciones que facturan sumas millonarias. Las cárceles ocupan el tercer lugar como dadoras de mano de obra. Solo son superadas por la General Motors y Wall Mart. Desde que muchas fueron privatizadas se transformaron en un redituable negocio. Albergan al 25 por ciento de los presos del mundo cuando la población de EE.UU apenas alcanza al 5 por ciento. La paga es de 0,23 centavos de dólar la hora, según el sitio de investigación Global Research. Analistas de estas estadísticas hablan de esclavitud en el siglo XXI o cuanto menos de explotación. Por eso el malhumor de los reclusos va en aumento. Proyectan una gran huelga para el 21 de agosto que ya tuvo antecedentes en lo que va de este año, como una en Luisiana. En ese estado del sur se levanta Angola, la prisión de máxima seguridad más grande del país. Se construyó en 1869 sobre 73 kilómetros cuadrados de una ex plantación de esclavos. Sus condiciones de vida, que incluyen los trabajos forzados, son la reproducción más exacta de la desigualdad carcelaria. La mayoría abrumadora de sus presos son negros.
Según el informe anual que difundió Human Rights Watch en 2017, hay 2,3 millones de detenidos en EE.UU. De esa cifra, 211 mil en cárceles federales y el resto en prisiones estaduales. Pero si se ampliara el universo a quienes están en libertad condicional o bajo alguna restricción de movimientos, habría 5 millones de personas más en cuarentena. Las cifras de presos en Estados Unidos superan con amplitud a las de China, Rusia y Brasil, que le siguen en orden y rondan entre los 600 y 700 mil cada uno. Comparadas las tasas de encarcelamiento, arrojan que por cada blanco hay cinco negros detenidos o dos hispanos en esa misma proporción. A expensas de esa población penitenciaria, un grupo de corporaciones muy conocidas hacen negocios que todavía están lejos de alcanzar su techo.
Un estudio del pequeño Partido Laborista Progresista - una escisión del PC de EE.UU- sostiene que “la contratación privada de prisioneros para el trabajo fomenta incentivos para encarcelar a la gente. Las prisiones dependen de este ingreso y los accionistas corporativos que lucran del trabajo de los prisioneros hacen lobby a favor de las sentencias más largas a fin de ampliar su fuerza laboral. El sistema se alimenta a sí mismo”. Más de un centenar de cárceles privadas se extienden por todo el territorio estadounidense. En varias se les cobra la estadía diaria a los presos como si vivieran en un hotel. En un artículo del 9 de noviembre de 2015, BBC Mundo describió lo que pasaba en el sistema penal de Ohio. Había reclusos que debían entre 20 y 35 mil dólares por entrar y salir de prisión después de cometer delitos menores. En general bajo los efectos de las drogas.
Corrections Corporation of América (CCA) es la más vieja de las compañías que administra cárceles en EE.UU. Se creó en 1983. Según un artículo publicado el 9 de mayo de este año por el escritor cubano no vidente Miguel Angel García Alzugaray, tiene 66 prisiones, 91 mil detenidos y ganancias anuales de 1.700 millones de dólares. Geo, la otra corporación que sobresale junto a CCA, colecciona 65 penales, 65.700 detenidos y gana 1.600 millones de dólares por año. Ambas empresas aumentaron sus ingresos un 46% entre 2007 y 2014 según la misma fuente que publicó su texto bajo el título La ignominia de las cárceles estadounidenses.
CCA y Geo no son las únicas que hacen lucrativos negocios a expensas de los presos. Otras compañías tienen garantizado que los reclusos trabajen a tiempo completo. No pueden llegar tarde o faltar por problemas familiares. Y si la paga les resulta insuficiente y se niegan a cumplir con su labor, los encierran en celdas de aislamiento, según Global Research. Resulta obvio que carecen de protección sindical, no cobran horas extras, ni vacaciones, beneficios de salud o por la seguridad social. IBM, Motorola, Microsoft, Telecom y hasta la petrolera británica BP se valen de la mano de obra esclavizada. Fabrican gracias a ella distintos implementos de la industria en un amplio abanico de actividades.
Una de las grandes ganadoras de esta política es UNICOR (la ex Industrias de Prisiones Federales). Esta corporación contrata el trabajo en las cárceles. Tiene 110 fábricas en 79 penitenciarias. Es muy ilustrativo sobre el tema un trabajo del periodista Justin Rohrlich en World in Review. Señala que los presos producen a cambio de centavos la hora, “componentes para los aviones de combate F-15 de la McDonnell Douglas/Boeing, los F-16 de la General Dynamics/Lockheed Martin y los helicópteros Cobra de la Bell/Textron”. También fabrican “gafas de visión nocturna, chalecos antibalas, uniformes de camuflaje, equipos de radio y comunicación, sistemas de iluminación y componentes para cañones antiaéreos de 30 mm a 300 mm, rastreadores de minas terrestres y equipos electro-ópticos para el telémetro láser del vehículo Bradley de combate”.
La trasnacional aeronáutica BAE Systems, el segundo mayor contratista militar del mundo, es uno de los principales clientes de UNICOR. De origen británico, pero con grandes negocios en EE.UU, uno de sus principales productos han sido los misiles Patriot. Las prisiones de Estados Unidos les reportan ganancias a este tipo de compañías por unos 30 mil millones de dólares anuales. Lo perverso del sistema es que estas operaciones comerciales se garantizan con la población carcelaria que cada estado les asegura a las empresas. En el caso de las prisiones privadas, deben alcanzar entre el 95 y el 100 por ciento de ocupación. Si eso no pasa, los gobiernos estaduales deben indemnizarlas.
Las cuotas de detenidos también alcanzan a los inmigrantes indocumentados o flojos de papeles. Por una norma del Congreso, el Departamento de Seguridad Interna está obligado desde 2009 a garantizar 34 mil personas por noche en los centros de internamiento de extranjeros. La disposición fue escrita en el presupuesto federal por el senador Robert Byrd, un demócrata de Virginia. Estuvo en el Congreso de Estados Unidos de manera ininterrumpida durante 51 años, entre 1959 y 2010, cuando murió.
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