Fiscal pide procesamiento con prisión para seis personas por violaciones a DD.HH en dictadura
25 de mayo de 2018
El fiscal letrado penal de Montevideo especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, solicitó el procesamiento con prisión de seis personas por violaciones a los derechos humanos acaecidas en la década del 70, en el marco de la pasada dictadura militar, en el Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce.
La Fiscalía General de la Nación informó que el fiscal Perciballe solicitó el procesamiento con prisión de seis personas por violaciones a los derechos humanos en dictadura ocurridas el Batallón de Ingenieros N° 4 de Laguna del Sauce.
Los imputados son seis personas, cuatro oficiales militares, un juez sumariante y un médico. Mientras que una séptima persona, también involucrada, se encuentra prófuga.
Los oficiales imputados son el ex jefe del batallón, el coronel retirado Artigas Rivera Bianchi; el responsable de inteligencia Víctor Strocco; y los subalternos Nelson Silveira y Plácido Gregorio Amorín.
También se pide el procesamiento del entonces juez sumariante Julio Antonio Techera y el médico, quien verificaba el estado físico de los detenidos, José Luis Braga, según detalló el semanario Brecha.
La investigación comenzó en octubre de 2011 y recoge el testimonio de 19 víctimas, que en su mayoría eran estudiantes y militaban en organizaciones que realizaban pegatinas y pintadas contra la dictadura militar, en localidades de Maldonado.
Fiscal pide procesamiento con prisión de cuatro militares por un homicidio en 1972
El fiscal letrado Penal de Montevideo en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, solicitó…
Los imputados
Según el fiscal, Rivera Bianchi se encuentra incurso en dos delitos de “abuso de autoridad contra los detenidos en concurrencia fuera de la reiteración con dos delitos de privación de libertad, habida cuenta que como encargado de la unidad es responsable de lo ocurrido a las víctimas”.
A Strocco se lo acusa de dos delitos de abuso de autoridad contra los detenidos en concurrencia fuera de la reiteración con dos delitos de privación de libertad, ya que “como responsable del Batallón obtuvo bajo torturas la declaración de dos detenidos y con ello sus procesamientos y largos periodos de privación de libertad ilegítima”.
Por su parte Silveira, quien era subordinado, participó también en los interrogatorios por lo que “se encuentra incurso en dos delitos de abuso de autoridad contra los detenidos”.
Amorín revistió como sargento y fue reconocido por distintas víctimas como partícipe en las torturas. “Deberá responder como autor de un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos”.
En cuanto a Techera, quien participó como juez sumariante en distintas ocasiones, y fue reconocido por alguna de las víctimas, deberá responder por un delito continuado de “abuso de autoridad contra los detenidos en calidad de cómplice, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de privación de libertad en calidad de cómplice”.
Mientras que Braga, quien revistió como médico de la unidad y fue reconocido por distintas víctimas como quien verificaba el estado físico de los detenidos, deberá responder también por “un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos en calidad de cómplice”.
Los imputados son seis personas, cuatro oficiales militares, un juez sumariante y un médico. Mientras que una séptima persona, también involucrada, se encuentra prófuga.
Los oficiales imputados son el ex jefe del batallón, el coronel retirado Artigas Rivera Bianchi; el responsable de inteligencia Víctor Strocco; y los subalternos Nelson Silveira y Plácido Gregorio Amorín.
También se pide el procesamiento del entonces juez sumariante Julio Antonio Techera y el médico, quien verificaba el estado físico de los detenidos, José Luis Braga, según detalló el semanario Brecha.
La investigación comenzó en octubre de 2011 y recoge el testimonio de 19 víctimas, que en su mayoría eran estudiantes y militaban en organizaciones que realizaban pegatinas y pintadas contra la dictadura militar, en localidades de Maldonado.
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Los imputados
Según el fiscal, Rivera Bianchi se encuentra incurso en dos delitos de “abuso de autoridad contra los detenidos en concurrencia fuera de la reiteración con dos delitos de privación de libertad, habida cuenta que como encargado de la unidad es responsable de lo ocurrido a las víctimas”.
A Strocco se lo acusa de dos delitos de abuso de autoridad contra los detenidos en concurrencia fuera de la reiteración con dos delitos de privación de libertad, ya que “como responsable del Batallón obtuvo bajo torturas la declaración de dos detenidos y con ello sus procesamientos y largos periodos de privación de libertad ilegítima”.
Por su parte Silveira, quien era subordinado, participó también en los interrogatorios por lo que “se encuentra incurso en dos delitos de abuso de autoridad contra los detenidos”.
Amorín revistió como sargento y fue reconocido por distintas víctimas como partícipe en las torturas. “Deberá responder como autor de un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos”.
En cuanto a Techera, quien participó como juez sumariante en distintas ocasiones, y fue reconocido por alguna de las víctimas, deberá responder por un delito continuado de “abuso de autoridad contra los detenidos en calidad de cómplice, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de privación de libertad en calidad de cómplice”.
Mientras que Braga, quien revistió como médico de la unidad y fue reconocido por distintas víctimas como quien verificaba el estado físico de los detenidos, deberá responder también por “un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos en calidad de cómplice”.
