Condicionalidades que reclamará el FMI. Reducción del gasto público y reformas laboral y previsional. Receta del ajuste conocido con el final cantado
09 de mayo de 2018
Los técnicos del Fondo ya escribieron lo que quieren de la Argentina. Lo dejaron expuesto en su último informe sobre el país. Piden bajar más el gasto público, flexibilidad laboral, más reforma previsional y más despidos de empleados públicos.
En el último informe del Artículo IV publicado en diciembre de 2017 los técnicos del Fondo Monetario Internacional reclamaron profundizar el ajuste del gasto público. “La reducción del gasto público es esencial, especialmente en las áreas donde aumentó muy rápidamente en los últimos años, en particular los salarios, las pensiones y las transferencias sociales”, escribieron. Para los técnicos del organismo multilateral el ajuste fiscal reduciría la exposición a los vaivenes internacionales. Este fue el segundo informe elaborado por el FMI sobre la economía argentina después de que el vínculo bilateral fuera discontinuado en 2005, meses antes del pago de la deuda con el organismo. “Un reequilibrio fiscal más acelerado permitiría tasas de interés más bajas, reduciría las presiones al alza sobre el peso y limitaría las vulnerabilidades ante un endurecimiento repentino de las condiciones de financiamiento externo”, postula el documento del FMI. La misma receta propuso dos semanas atrás cuando recortó sus proyecciones de crecimiento para la Argentina de 2,5 a 2,0 por ciento en 2018.
La revisión semestral del “Panorama Económico Global” del Fondo sostenía que el gobierno de Mauricio Macri debía profundizar el recorte en el gasto público y aplicar políticas monetarias contractivas para controlar la inflación. Siguiendo los lineamientos propuestos a finales del año pasado donde no solo celebraron la modificación de la fórmula de actualización de las jubilaciones, sino que enfatizaron la necesidad de avanzar en la reforma integral de la seguridad social prevista por el gobierno para 2019, el FMI señaló que el ajuste debería hacerse en el sistema previsional. “Las reformas fiscales aprobadas a finales de 2017 ofrecen una orientación mejorada para la disciplina fiscal y colaborarán en el abordaje de los grandes desbalances en las pensiones y comenzar una reducción gradual de los impuestos altos y distorsivos”, expresó el documento presentado a mediados de abril, al señalar que “sin embargo, serán necesario mayores recortes en el gasto primario para conseguir los objetivos para el déficit primario y abrir espacio para avanzar en la reducción de la presión impositiva”. Otros consejos para reducir el gasto vertidos en el último Artículo IV apuntan a los salarios y a las transferencias sociales.
“Es un momento propicio para llevar adelante las reformas estructurales”, expresó a mediados de marzo Christine Lagarde, directora gerente del Fondo, cuando visitó el país para participar de la cumbre de banqueros centrales y ministros de finanzas del G-20 en Buenos Aires. Pero las transformaciones que debería desplegar el gobierno de Mauricio Macri no se agotan con la seguridad social. El FMI respalda la reforma laboral. “Argentina tiene instituciones y regulaciones del mercado laboral relativamente rígidas”, expresó el organismo a fines del año pasado. “Las principales deficiencias incluyen altos costos de terminación del contrato laboral, complejos procedimientos para despidos colectivos y condiciones restrictivas para el empleo temporal”, sostuvo entonces la entidad. Pero sus propuestas en materia laboral no se agotan ahí. “La negociación colectiva también es un problema. Se lleva a cabo a nivel sectorial y cubre alrededor del 70 por ciento de los trabajadores”, afirma el organismo en su último Artículo IV de Argentina. El texto aconseja además reducir el empleo público: “hay espacio para racionalizar gradualmente la masa salarial, especialmente en las provincias”.
Las misiones del organismo regresaron al país en 2016 como parte del proceso de reinserción plena en el sistema financiero internacional. La revisión macroeconómica es una exigencia para los países miembro del Fondo. Aunque se trata de una supervisión técnica de la economía local, los informes del Artículo IV funcionaron a lo largo de la historia como mecanismos para legitimar la implementación de políticas fiscales, monetarias, laborales y cambiarias ortodoxas que no necesariamente eran exigidas por el FMI.
Las relaciones entre Argentina y el Fondo fueron tirantes desde la crisis de 2001-2002, pero las recetas de ajuste se remontan al primer crédito otorgado por la entidad al país en 1958. Durante el kirchnerismo, el organismo cuestionó la nueva orientación macroeconómica y la reestructuración de la deuda. La tensión se profundizó después del pago anticipado de los casi 10.000 millones de dólares de deuda que acumulaba el país en 2006.
Durante su última visita al país Lagarde moderó su visión y consideró adecuado el ritmo de ajuste ejecutado por el gobierno de Mauricio Macri. “No es un proceso brutal de reducción del déficit sino que lo hacen en el tiempo teniendo en cuenta las circunstancias de la economía y la capacidad de la sociedad para aceptar los pasos que da el Gobierno”, evaluó la directiva del FMI, al asumir como propia la argumentación oficial del ajuste fiscal.
