Por Carlos Heller
11 mayo, 2018
El gobierno argentino volverá a tomar préstamos del FMI, a poco más de 12 años de la histórica determinación del entonces presidente Néstor Kirchner de cancelar la totalidad de la deuda con el organismo, en paralelo con la idéntica decisión del entonces presidente de Brasil, Lula da Silva. La decisión del gobierno de Mauricio Macri significa la vuelta a los condicionamientos del FMI, que han impactado negativamente en Argentina desde la década de los cincuenta, cuando se iniciaron los préstamos del organismo al país.
Han quedado otra vez claros los perjuicios de las recetas neoliberales, y ello es algo que no obedece a ninguna herencia recibida, sino a la aplicación puntillosa de la liberalización y desregulación plena que emana de los centros de poder internacional, que tras endeudar al país en tiempo récord lo dejó expuesto a las decisiones de los mercados financieros.
En materia de soberanía, son muchos los ejemplos de cómo impacta el tutelaje del FMI y otros organismos, como la Comisión Europea. El caso griego es claro. El diario El País (10/02/18) incluyó en una nota una frase del comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici: “Aunque los últimos metros son siempre los más complicados, el 90% del trabajo está hecho. Grecia debe estar fuera del programa en agosto y volver a ser un país miembro igual que cualquier otro. Los griegos tienen que recuperar su soberanía. Se lo han ganado”. Es un párrafo contundente sobre el rol de este tipo de acreedores.
Los préstamos del FMI marcaron históricamente el pulso de la realidad de Argentina. El espíritu de las políticas básicamente es siempre el mismo, a pesar de algunas voces que tratan de hacer creer que el organismo ha cambiado.
Los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri se empecinan en sostener que este nuevo acuerdo con el FMI no generará condicionamientos. En parte es cierto, pues el gobierno ya aplica las políticas del organismo y se siente muy cómodo con ellas. De hecho, ya ha aplicado varias de sus propuestas. .
Muchos economistas ortodoxos acompañan la solicitud del préstamo al FMI para Argentina, aunque con críticas. En verdad, son críticos pues desean un ajuste más fuerte y profundo, más allá del gradualismo que aplica el gobierno. Un gradualismo que, por cierto, no es más que una versión edulcorada del ajuste. Uno de estos economistas, a quien le gusta polemizar con ironía y mordacidad, lo dejó bien claro en un tuit: “Los feligreses del gradualismo en el BCRA se patinaron U$S 7.000 M en dos meses y subieron la tasa de interés 1.300bp (puntos básicos o 13%) en una semana. Pero los salvajes insensibles éramos los partidarios el shock”.
Las condicionalidades del FMI:
Las revisiones del artículo IV para Argentina indican qué es lo que venía pidiendo al gobierno el FMI antes del anuncio y, por lo tanto, donde se pondrá el foco de aquí en adelante. Uno de los principales ejes es el jubilatorio, considerando que las jubilaciones y las pensiones explican casi el 40%, y otras prestaciones sociales un 16%, del total del gasto primario en Argentina.
Los ejes de la última revisión fueron cambiar la fórmula de indexación, de tal forma de reducir el aumento en el gasto previsional en un 20% del PIB; disminuir la tasa de reemplazo (la proporción del salario de cada empleado en actividad que se toma en cuenta para el cálculo del haber jubilatorio) del 72% actual al 60% del salario promedio y avanzar hacia un sistema previsional en el que “las contribuciones de la seguridad social se acumulen en cuentas de ahorro individuales, administradas por un fondo privado que elige el trabajador”. Esta reforma, considera el Fondo, permitiría darle una mayor “sustentabilidad” al sistema. Se parece mucho al sistema privado de AFJP que surgió en Argentina en los noventa y que funciona, mal, en Chile.
No es algo nuevo. Veamos las Cartas de Intención al FMI de los tres países que actualmente poseen créditos stand- by.
Jamaica propone aumentar la edad de retiro a los 65 años, incluir una contribución obligatoria del 5% para todos los trabajadores, y disminuir la tasa de reemplazo.
En el caso de Irak, se propone la reducción de los pagos destinados a las jubilaciones, reforzando la normativa existente en relación a prevenir el cobro de jubilaciones sin tener el mínimo de aportes o la edad mínima legal. También disminuir las tasas de reemplazo, incrementar el tiempo mínimo de servicio y cambiar la base de cálculo del haber jubilatorio de los últimos tres años, entre otros recortes de beneficios.
El menú para Kenya es reemplazar un sistema de reparto, con aportes del empleador y el empleado, por un sistema de aportes en cuentas individuales a cargo del trabajador para los del sector público.
Idéntica receta adecuada a la realidad de cada país, pero que termina siempre en los mismos resultados: la reducción de beneficios a las clases más desprotegidas. Y sólo se ha tomado un aspecto del variado menú de recortes del gasto que promueve el Fondo.
Volviendo al caso de Argentina, las sugerencias tomaron la forma de una receta de cocina, por cierto bastante indigesta.
En un capitulo denominado “Ajuste Fiscal en Argentina: ¿Cómo se puede hacer?” el FMI propone un paquete de consolidación fiscal con mucho recorte y poca compensación:
Por el lado de los recortes:
2% del PBI de reducción en el total de salarios pagados por el sector público.
3½ % del PBI en reducción en subsidios energéticos.
Las escasas compensaciones:
½ % del PBI de aumento en transferencias en efectivo a las familias,
½ % del PBI en incremento en gastos de capital.
Ampliando el comentario a la región, un párrafo del reciente informe del FMI sobre las “Perspectivas para América Latina y el Caribe: La combinación adecuada de políticas para sustentar la recuperación” resulta conveniente para evidenciar las intenciones del organismo: “En la mayoría de los países, los balances (fiscales) primarios aún están muy por debajo de los niveles que permiten estabilizar la deuda, sobre todo en Argentina, Bolivia, Brasil y Trinidad y Tobago, lo que apunta a la necesidad de un esfuerzo fiscal importante y sostenido”.
Estas son sólo algunas de las viñetas que muestran las fuertes condicionalidades que impone el FMI, y los negativos impactos (reconocidos por el organismo aunque no por ello dejados de lado) sobre la producción y la situación social de los países a los que ellos atienden financieramente. Para la Argentina, un gran retroceso político y económico.
Han quedado otra vez claros los perjuicios de las recetas neoliberales, y ello es algo que no obedece a ninguna herencia recibida, sino a la aplicación puntillosa de la liberalización y desregulación plena que emana de los centros de poder internacional, que tras endeudar al país en tiempo récord lo dejó expuesto a las decisiones de los mercados financieros.
En materia de soberanía, son muchos los ejemplos de cómo impacta el tutelaje del FMI y otros organismos, como la Comisión Europea. El caso griego es claro. El diario El País (10/02/18) incluyó en una nota una frase del comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici: “Aunque los últimos metros son siempre los más complicados, el 90% del trabajo está hecho. Grecia debe estar fuera del programa en agosto y volver a ser un país miembro igual que cualquier otro. Los griegos tienen que recuperar su soberanía. Se lo han ganado”. Es un párrafo contundente sobre el rol de este tipo de acreedores.
Los préstamos del FMI marcaron históricamente el pulso de la realidad de Argentina. El espíritu de las políticas básicamente es siempre el mismo, a pesar de algunas voces que tratan de hacer creer que el organismo ha cambiado.
Los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri se empecinan en sostener que este nuevo acuerdo con el FMI no generará condicionamientos. En parte es cierto, pues el gobierno ya aplica las políticas del organismo y se siente muy cómodo con ellas. De hecho, ya ha aplicado varias de sus propuestas. .
Muchos economistas ortodoxos acompañan la solicitud del préstamo al FMI para Argentina, aunque con críticas. En verdad, son críticos pues desean un ajuste más fuerte y profundo, más allá del gradualismo que aplica el gobierno. Un gradualismo que, por cierto, no es más que una versión edulcorada del ajuste. Uno de estos economistas, a quien le gusta polemizar con ironía y mordacidad, lo dejó bien claro en un tuit: “Los feligreses del gradualismo en el BCRA se patinaron U$S 7.000 M en dos meses y subieron la tasa de interés 1.300bp (puntos básicos o 13%) en una semana. Pero los salvajes insensibles éramos los partidarios el shock”.
Las condicionalidades del FMI:
Las revisiones del artículo IV para Argentina indican qué es lo que venía pidiendo al gobierno el FMI antes del anuncio y, por lo tanto, donde se pondrá el foco de aquí en adelante. Uno de los principales ejes es el jubilatorio, considerando que las jubilaciones y las pensiones explican casi el 40%, y otras prestaciones sociales un 16%, del total del gasto primario en Argentina.
Los ejes de la última revisión fueron cambiar la fórmula de indexación, de tal forma de reducir el aumento en el gasto previsional en un 20% del PIB; disminuir la tasa de reemplazo (la proporción del salario de cada empleado en actividad que se toma en cuenta para el cálculo del haber jubilatorio) del 72% actual al 60% del salario promedio y avanzar hacia un sistema previsional en el que “las contribuciones de la seguridad social se acumulen en cuentas de ahorro individuales, administradas por un fondo privado que elige el trabajador”. Esta reforma, considera el Fondo, permitiría darle una mayor “sustentabilidad” al sistema. Se parece mucho al sistema privado de AFJP que surgió en Argentina en los noventa y que funciona, mal, en Chile.
No es algo nuevo. Veamos las Cartas de Intención al FMI de los tres países que actualmente poseen créditos stand- by.
Jamaica propone aumentar la edad de retiro a los 65 años, incluir una contribución obligatoria del 5% para todos los trabajadores, y disminuir la tasa de reemplazo.
En el caso de Irak, se propone la reducción de los pagos destinados a las jubilaciones, reforzando la normativa existente en relación a prevenir el cobro de jubilaciones sin tener el mínimo de aportes o la edad mínima legal. También disminuir las tasas de reemplazo, incrementar el tiempo mínimo de servicio y cambiar la base de cálculo del haber jubilatorio de los últimos tres años, entre otros recortes de beneficios.
El menú para Kenya es reemplazar un sistema de reparto, con aportes del empleador y el empleado, por un sistema de aportes en cuentas individuales a cargo del trabajador para los del sector público.
Idéntica receta adecuada a la realidad de cada país, pero que termina siempre en los mismos resultados: la reducción de beneficios a las clases más desprotegidas. Y sólo se ha tomado un aspecto del variado menú de recortes del gasto que promueve el Fondo.
Volviendo al caso de Argentina, las sugerencias tomaron la forma de una receta de cocina, por cierto bastante indigesta.
En un capitulo denominado “Ajuste Fiscal en Argentina: ¿Cómo se puede hacer?” el FMI propone un paquete de consolidación fiscal con mucho recorte y poca compensación:
Por el lado de los recortes:
2% del PBI de reducción en el total de salarios pagados por el sector público.
3½ % del PBI en reducción en subsidios energéticos.
Las escasas compensaciones:
½ % del PBI de aumento en transferencias en efectivo a las familias,
½ % del PBI en incremento en gastos de capital.
Ampliando el comentario a la región, un párrafo del reciente informe del FMI sobre las “Perspectivas para América Latina y el Caribe: La combinación adecuada de políticas para sustentar la recuperación” resulta conveniente para evidenciar las intenciones del organismo: “En la mayoría de los países, los balances (fiscales) primarios aún están muy por debajo de los niveles que permiten estabilizar la deuda, sobre todo en Argentina, Bolivia, Brasil y Trinidad y Tobago, lo que apunta a la necesidad de un esfuerzo fiscal importante y sostenido”.
Estas son sólo algunas de las viñetas que muestran las fuertes condicionalidades que impone el FMI, y los negativos impactos (reconocidos por el organismo aunque no por ello dejados de lado) sobre la producción y la situación social de los países a los que ellos atienden financieramente. Para la Argentina, un gran retroceso político y económico.
Carlos Heller, presidente del Partido Solidario de Argentina
