BOGOTÁ (Uypress) -
14.11.2018
Foto Odebrecht
Jorge Enrique Pizano murió de forma fulminante el pasado jueves. Su hijo, Alejandro Pizano, murió el domingo intoxicado con cianuro luego de beber de una botella que estaba en el escritorio de su padre. Publica El País de Madrid que ambas muertes ensombrecen las indagaciones de un escándalo que se remonta a la financiación de las campañas presidenciales de 2010 y 2014.
El ingeniero Jorge Enrique Pizano, interventor de la Concesionaria Ruta del Sol, proyecto en el que participó la compañía, falleció en su finca de Subachoque, a unos 40 kilómetros de Bogotá. Pizano era una de las piezas más importantes para recomponer el caso, ya que había detectado varias irregularidades relacionadas con la obra, en la que trabajó desde 2010, y en 2015 informó al actual fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aunque este asegura que no tenía la certeza, según el propio relato del testigo, de que se tratara de sobornos.
Martínez era entonces abogado del Grupo Aval, conglomerado bancario que controlaba la mayoría de las acciones de Corficolombiana, una empresa de soluciones financieras.
El hijo de Pizano, el arquitecto Alejandro Pizano Ponce de León, se enteró el viernes por la mañana del fallecimiento de su padre y voló desde Barcelona a Bogotá. El domingo, según Caracol Radio, fue hasta la finca familiar y, en presencia de su hermana Juanita, se desmayó repentinamente. Según confirmó el Instituto de Medicina Legal, "la causa del deceso fue envenenamiento por ingesta de cianuro". "Las pruebas recaudadas en la residencia de sus padres indican que la víctima habría encontrado el cianuro en una botella de agua saborizada que se hallaba en el escritorio de su padre, de la cual ingirió un sorbo", señala el informe. "Según personas cercanas a la familia, después de la ingesta del agua, la víctima advirtió un mal sabor e intentó expulsar el líquido; pocos minutos después presentó fuertes molestias estomacales y falleció de camino al hospital". Así lo determinan las pesquisas.
La hermana contó que "dijo que sabía inmundo y se desmayó".
"Los investigadores", continúan las conclusiones de Medicina Legal, "recibieron por parte del personal médico la botella de agua a la cual se le realizan los análisis correspondientes". La Fiscalía General de la Nación informó que también ha abierto una investigación penal para determinar las causas por las cuales se encontraba esa sustancia en la casa del padre de la víctima.
De momento, la evolución de este caso, que siembra dudas también sobre las circunstancias de la muerte de Jorge Enrique Pizano, ha conmocionado al país y amenaza con provocar un terremoto político.
Los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia garantizaron, por ejemplo, que el gigante brasileño de la construcción fuera la única firma habilitada para la licitación de un tramo de la Ruta del Sol. Esa cantidad asciende a más de 28,5 millones de dólares. El escándalo, que estalló a principios de 2017, salpicó a las campañas de los principales candidatos en dos elecciones presidenciales y hasta la Administración de Álvaro Uribe.
Cuando se empezaba a conocer la magnitud de lo sucedido, el exmandatario Juan Manuel Santos solicitó a la Fiscalía una investigación de los contratos correspondientes a esos comicios. Meses después se produjo la primera detención. Las autoridades capturaron a Gabriel García Morales, antiguo viceministro de Transporte de Uribe, en los años 2009 y 2010. El político recibió, según la investigación, 6,5 millones de dólares de Odebrecht por la concesión de esa obra. Más tarde llegó la captura del excongresista Otto Bula debido a su presunta participación en el millonario caso de corrupción. Es acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera.
La Fiscalía estableció también que la constructora contribuyó a la financiación de las campañas del propio Santos y de su principal rival en las urnas, el uribista Óscar Iván Zuluaga.
A pesar de las ramificaciones del caso, Odebrecht lleva meses intentando llegar a un acuerdo económico con el Estado colombiano para volver a operar con normalidad como ha ocurrido en otros países.
El 6 de noviembre, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, los organismos representados en el juicio, rechazaron una oferta que superaba los 33 millones de dólares y que la constructora consideraba suficiente para dejar atrás el perjuicio causado al país.
