Organismo de DDHH presenta denuncia contra el príncipe bin Salman de Arabia Saudita ante su llegada a la cumbre del G20 en Argentina por el crimen de Khashoggi
27 noviembre, 2018
G20: Príncipe heredero saudita bajo escrutinio
Las autoridades judiciales argentinas comenzaron a analizar una denuncia sobre el presunto rol del príncipe heredero Mohammed bin Salman en posibles crímenes de guerra cometidos por la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen y en casos de tortura por oficiales sauditas, dijo Human Rights Watch hoy. Se prevé que el príncipe heredero asista a la Cumbre del G20 en Buenos Aires, programada para el 30 de noviembre de 2018.
El 26 de noviembre, Human Rights Watch presentó una denuncia ante un fiscal federal argentino con un resumen de sus investigaciones sobre posibles violaciones del derecho internacional cometidas durante el conflicto armado en Yemen, de las cuales Mohammed bin Salman sería penalmente responsable como ministro de defensa de Arabia Saudita. El escrito también describe su posible complicidad en graves denuncias de tortura y otros malos tratos de ciudadanos sauditas, incluyendo el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
“Las autoridades judiciales deberían evaluar el papel de Mohammed bin Salman en posibles crímenes de guerra cometidos por la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen desde 2015”, afirmó Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “La participación del príncipe heredero en la Cumbre G20 en Buenos Aires podría permitir que las víctimas de abusos que no lograron que se haga justicia en Yemen o Arabia Saudita puedan obtenerla en los tribunales argentinos”.
La Constitución Argentina reconoce la jurisdicción universal por crímenes de guerra y torturas. Esto implica que las autoridades judiciales del país están facultadas a investigar y juzgar estos delitos, con independencia de dónde se cometan y de la nacionalidad de sus autores o las víctimas. Los casos de jurisdicción universal son una parte cada vez más central de los esfuerzos internacionales para que quienes cometen atrocidades rindan cuentas por sus acciones, se haga justicia para las víctimas que no tienen adónde acudir y contribuir a que los países no se conviertan en refugios seguros para los responsables de violaciones de derechos humanos, señaló Human Rights Watch.
El Código Procesal Penal de Argentina establece que cualquier persona que se considere lesionada por un delito perseguible de oficio o que tenga conocimiento de este, puede presentar una denuncia ante autoridades judiciales del país. Si hay indicios sobre la posible consumación de un delito, la causa luego se asigna, mediante sorteo, a un juez federal para que inicie una investigación formal. La denuncia presentada por Human Rights Watch se encuentra ante un juez federal, Ariel Lijo.
Mohammed bin Salman es príncipe heredero de Arabia Saudita y se desempeña, además, como viceprimer ministro y ministro de Defensa del país. Supervisa las fuerzas militares sauditas y ha sido comandante de la coalición internacional que ejecuta la operación “Tormenta decisiva” en Yemen, según el sitio web del Ministerio de Defensa saudita. Mohammed bin Salman y altos comandantes saudíes podrían ser penalmente responsables, por su responsabilidad de mando, debido al rol que Arabia Saudita tiene en operaciones militares de la coalición, indicó Human Rights Watch.
Desde marzo de 2015, la coalición encabezada por Arabia Saudita ha perpetrado innumerables ataques aéreos indiscriminados y desproporcionados contra civiles y objetos civiles en Yemen, que han impactado en viviendas, escuelas, hospitales, mercados y mezquitas. Muchos de estos ataques —de haber sido perpetrados en forma dolosa— podrían constituir crímenes de guerra. La coalición también ha impuesto y mantenido un bloqueo naval y aéreo sobre Yemen que ha limitado seriamente el acceso de los civiles a alimentos, combustible y medicamentos. Millones de civiles sufren hambruna y enfermedades, sostuvo Human Rights Watch.
Las investigaciones impulsadas por la coalición encabezada por Arabia Saudita sobre presuntos crímenes de guerra en Yemen carecen de credibilidad, dijo Human Rights Watch. En 2016, la coalición creó un equipo para investigar, recabar pruebas y preparar informes y recomendaciones sobre “denuncias y accidentes” relacionados con las operaciones de la coalición en Yemen. Human Rights Watch evaluó su trabajo y determinó que este equipo ha incumplido estándares internacionales sobre transparencia, imparcialidad e independencia.
Human Rights Watch indicó que el Gobierno saudita, bajo la autoridad del príncipe heredero Mohammed bin Salman, también ha estado implicado en graves señalamientos de torturas y otros maltratos contra ciudadanos saudíes. Human Rights Watch y otras organizaciones han informado sobre señalamientos de que autoridades de Arabia Saudita torturaron a mujeres activistas saudíes que habían sido detenidas en el país en mayo. Diversas fuentes también vinculan al príncipe heredero con la presunta tortura y ejecución extrajudicial de Jamal Khashoggi. Human Rights Watch ha instado a Turquía a pedir en forma urgente que las Naciones Unidas realicen una investigación para determinar las circunstancias relativas al papel de Arabia Saudita en el posible asesinato de Khashoggi.
En las últimas dos décadas, los tribunales nacionales de un número creciente de países han impulsado casos judiciales para investigar graves delitos como genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas en el extranjero. Las experiencias nacionales en distintos países muestran que es posible un ejercicio justo y eficaz de la jurisdicción universal cuando existe la combinación necesaria de leyes adecuadas, recursos suficientes, un compromiso institucional y voluntad política, dijo Human Rights Watch.
“La decisión de autoridades argentinas de avanzar con una investigación enviaría una señal fuerte de que incluso los poderosos como Mohammed bin Salman no están más allá de la ley”, señaló Roth. “Y Mohammed bin Salman debería saber que, si va a Argentina, podría enfrentarse a una investigación penal”.
Human Rights Watch
