¿Un mayor esfuerzo?
Por Carlos Heller,
NODAL ,9 noviembre, 2018
NODAL ,9 noviembre, 2018
Tan sólo 48 horas después de que la Cámara de Diputados votara la media sanción del Presupuesto presentado por el Gobierno argentino para 2019, el directorio ejecutivo del FMI anunció la aprobación del nuevo acuerdo para este país, que incrementa el financiamiento total otorgado a 56.300 millones de dólares (desde los 50.000 millones que se habían negociado sólo tres meses antes). La secuencia de ambos hechos no es casual. El nuevo documento emitido por el staff del organismo señala que la aprobación del Presupuesto “será clave para restablecer la confianza y garantizar la continuidad de las políticas”.
Con respecto a los niveles de deuda pública argentina, el documento destaca que “luego de llegar a un punto máximo del 81% del PIB en 2018, ésta tenderá a caer ininterrumpidamente al 59% del PIB para 2023” (al comienzo de 2018 era del 57,6% del PIB). Aclara que para llegar a este valor, “será necesario que las autoridades cumplan con el objetivo del 1% de superávit primario y luego mantenerlo por encima de ese porcentaje en el mediano plazo”. Sólo en 2019, según los términos del nuevo acuerdo, la contracción fiscal será del orden del 3,1% del PIB.
En este sentido, el Fondo parece sincerarse al aclarar que “la política fiscal será inevitablemente más pro cíclica en 2019”. Es decir, que el recorte del gasto público en infraestructura, educación, ciencia y tecnología y salud (entre otros sectores clave) , se sumará a la ya deprimida actividad económica del país.
A pesar de que en todos sus documentos el FMI se encarga de destacar que se “cuidará” a los más vulnerables, la realidad es otra. Los jubilados, los trabajadores no registrados, las pequeñas y medianas empresasy las personas que dependen de los servicios públicos de salud para vivir, por mencionar solo algunos ejemplos, son quienes verdaderamente sienten (y lo seguirán haciendo) las consecuencias del profundo ajuste que está en marcha.
A la hora de evaluar lo que describe como “riesgos significativos inherentes a la sostenibilidad de la deuda”, el Fondo señala a “las empresas del Estado que producen pérdidas y la desfinanciación del sistema previsional” pero nada se menciona acerca de las altas tasas de interés que se han tenido que pagar y que seguirán durante varios años más, que constituyen la principal razón por la cual se quiere alcanzar el déficit cero y posterior superávit primario. De esta forma se aseguran la existencia de un amplio margen de fondos públicos que permitan hacer frente a los servicios de la deuda que en su mayor parte adquirió el gobierno argentino en los últimos años. Una deuda que el propio organismo se encarga de calificar como “sostenible pero no con una alta probabilidad”. Un juego de palabras para transmitir la idea de que el esfuerzo deberá ser aún mayor si se quiere el visto bueno de los acreedores en los próximos años.
Lamentablemente, la vasta experiencia histórica de nuestro país en materia de acuerdos de los distintos gobiernos con el FMI (en total fueron 21) demuestra que siempre dejaron a la Argentina más endeudada y empobrecida. Frases como “hay que pasar el invierno” (Álvaro Alsogaray, 1959) o “cirugía mayor sin anestesia” (Carlos Menem, 1989) estuvieron teñidas de fuertes empeoramientos en la calidad de vida de la población y no tuvieron buenos desenlaces. El denominador común de todas ellas es la imperante necesidad de que los argentinos hagan el esfuerzo y “tengan paciencia” porque luego vendrán tiempos mejores. La promesa de un futuro venturoso que bajo este modelo económico nunca llega, y que pretende que los cada vez más numerosos sectores de la población que se encuentran en situaciones de pobreza o de indigencia “esperen”.
Mientras tanto, los datos económicos de la actualidad argentina no muestran signos de recuperación, todo lo contrario. La actividad industrial sufrió en septiembre una caída interanual del -11,5%. Una contracción que no se registraba desde el año 2002, en plena crisis post convertibilidad. Con sectores que ya llevan varios meses de caída, como el textil, y otros como el automotriz que, luego de una moderada recuperación, vuelve a caer muy influido por el achicamiento del mercado interno. El sector de la construcción no está en mejor situación, también disminuye la actividad en septiembre (-4,2% interanual) por primera vez después de haber tenido un buen desempeño en 2017, influido por la obra pública durante el año de las elecciones de medio término.
Los ingresos de los trabajadores, como era de esperar, no siguen la trayectoria de los elevados niveles de inflación. Durante los primeros ocho meses del año 2018, último dato oficial disponible, los trabajadores del sector privado vieron sus salarios incrementarse en un 17,7%, mientras que el nivel de precios al consumidor había aumentado un 24,3% hasta ese entonces. Peor aún están los trabajadores informales cuyos ingresos, en el mismo lapso, crecieron tan sólo un 9,7%. Una dolorosa caída del poder adquisitivo.
Resulta interesante a esta altura analizar algunas experiencias de países cuyas autoridades decidieron hacer exactamente lo contrario a lo que indican las políticas de recorte presupuestario que recomienda el Fondo.
El caso de Portugal es paradigmático. Apenas luego de haber asumido a fines de 2015, el Primer Ministro dejó a un lado las políticas de austeridad que le habían impuesto sus acreedores. Apostó a nuevas medidas que llevaron a que su economía registre el mayor crecimiento en la última década. Revirtió los recortes de salarios, de las pensiones y de la seguridad social e introdujo incentivos para estimular al sector privado, incluyendo subsidios al desarrollo, créditos fiscales y financiamiento a las PyMEs.
Un caso más actual lo constituyen las medidas propuestas por el nuevo gobierno español. El Presupuesto para el año próximo, elaborado por la coalición entre el PSOE y el partido Podemos, incluye una fuerte reducción de las tarifas de servicios públicos, aumentos del salario mínimo, actualización de las pensiones, más inversión en ciencia e investigación, entre otras. Al ser consultada por los riesgos de un mayor déficit fiscal, la ministra de Hacienda de ese país responde que tanto los nuevos ingresos fiscales como los aumentos impositivos y el crecimiento económico compensarán con creces el aumento del gasto. Insisto, una visión diametralmente opuesta a la que tienen los actuales funcionarios del gobierno en Argentina.
En definitiva, es importante no perder de vista el hecho de que existen alternativas a las políticas que se están aplicando en Argentina y que evidencian tener mejores resultados en términos de bienestar general. Claro que se torna necesaria una drástica reorientación del rumbo en las políticas a aplicar. El oficialismo ha demostrado con creces cuáles son sus prioridades. En este sentido, una buena oportunidad para el cambio del modelo se presenta en las elecciones presidenciales del año próximo.
*Presidente Partido Solidario de Argentina. Exdiputado Nacional por Ciudad de Buenos Aires