Denuncias de corrupción, otra lacra de la crisis
Como si el dolor por la tragedia humanitaria no fuera suficiente, como si la profundidad de la debacle económica no trajera duros efectos, varias compras públicas enturbian el panorama. El estado de excepción tiene su razón de ser: proteger las vidas humanas y cumplir todas las acciones emergentes. La afectación por la pandemia ha enlutado al país.
Nos duelen los difuntos, nos preocupan los contagios. Un puñado de ecuatorianos ha llevado su entrega por los demás hasta el sacrificio de su existencia. Médicos y enfermeras; policías y militares; agricultores y servidores merecen gratitud y justo homenaje. Mientras muchos trabajan para que otros hayan podido quedarse en casa, hay siniestros funcionarios y cómplices que se aprovechan.
Las denuncias sobre compras de mascarillas, las fundas para amortajar los cuerpos de los fallecidos y otras incorrecciones con materiales y equipos de salud deben ventilarse. Cualquier acción que afecte a los fondos públicos, cualquier acto torcido de compras públicas deben juzgarse y castigarse con rigor.
Pero cuando la sociedad se entera que no solamente se apropian indebidamente de dineros del erario nacional – que son de todos – sino que lo hacen en emergencia y con recursos para atender a la gente desprotegida, el delito cobra otros alcances.
Las denuncias de sobreprecio, las compras de ‘emergencia’ y a empresas con otro objeto social que aparecen a esta hora son inaceptables. Así, con el debido proceso pero con la premisa de que esos agostados dineros deben ser destinados a quienes los requieren con urgencia, los investigadores deben actuar ya. No cabe irrespetar procedimientos ni alcanzar venganza sin justicia, pero hay que obrar con premura.
La Contraloría ya pone su lupa. Las fiscalías deben investigar a fondo y los juicios instalarse en breve. La vindicta pública es una acción indispensable de escarmiento y un ejercicio de transparencia crucial. La página de malos servicios del país está manchada de este tipo de actos sucios y despreciables.
Los dineros de ayudas para los fenómenos de ‘El Niño’, desviados. La plata del terremoto de Manabí y Esmeraldas, todavía sin auditoría. Una nueva tragedia asoló al país y la corrupción nos vuelve a lastimar.
El Comercio
El Comercio, Ecuador
6 mayo, 2020
Como si el dolor por la tragedia humanitaria no fuera suficiente, como si la profundidad de la debacle económica no trajera duros efectos, varias compras públicas enturbian el panorama. El estado de excepción tiene su razón de ser: proteger las vidas humanas y cumplir todas las acciones emergentes. La afectación por la pandemia ha enlutado al país.
Nos duelen los difuntos, nos preocupan los contagios. Un puñado de ecuatorianos ha llevado su entrega por los demás hasta el sacrificio de su existencia. Médicos y enfermeras; policías y militares; agricultores y servidores merecen gratitud y justo homenaje. Mientras muchos trabajan para que otros hayan podido quedarse en casa, hay siniestros funcionarios y cómplices que se aprovechan.
Las denuncias sobre compras de mascarillas, las fundas para amortajar los cuerpos de los fallecidos y otras incorrecciones con materiales y equipos de salud deben ventilarse. Cualquier acción que afecte a los fondos públicos, cualquier acto torcido de compras públicas deben juzgarse y castigarse con rigor.
Pero cuando la sociedad se entera que no solamente se apropian indebidamente de dineros del erario nacional – que son de todos – sino que lo hacen en emergencia y con recursos para atender a la gente desprotegida, el delito cobra otros alcances.
Las denuncias de sobreprecio, las compras de ‘emergencia’ y a empresas con otro objeto social que aparecen a esta hora son inaceptables. Así, con el debido proceso pero con la premisa de que esos agostados dineros deben ser destinados a quienes los requieren con urgencia, los investigadores deben actuar ya. No cabe irrespetar procedimientos ni alcanzar venganza sin justicia, pero hay que obrar con premura.
La Contraloría ya pone su lupa. Las fiscalías deben investigar a fondo y los juicios instalarse en breve. La vindicta pública es una acción indispensable de escarmiento y un ejercicio de transparencia crucial. La página de malos servicios del país está manchada de este tipo de actos sucios y despreciables.
Los dineros de ayudas para los fenómenos de ‘El Niño’, desviados. La plata del terremoto de Manabí y Esmeraldas, todavía sin auditoría. Una nueva tragedia asoló al país y la corrupción nos vuelve a lastimar.
El Comercio
