Compra de respiradores con sobreprecio en Bolivia: revelan que tres intermediarios iban a cobrar más de un millón de dólares
Tres intermediarios iban a cobrar más de un millón de dólares de comisión por los respiradores
22 mayo, 2020
Tres intermediarios iban a cobrar más de un millón de dólares de comisión por los respiradores
Fernando Humérez, que se presentó en la Fiscalía como ‘testigo clave’ en esta compra, es uno de los mediadores y reveló que él y sus socios acordaron cobrar 340.000 dólares cada uno (un total de $us 1.020.000), dinero que fue conseguido haciendo que la fábrica suba el costo de los equipos de 20.000 a 26.000 dólares, a fin de que ellos puedan cobrar su parte.
La compra de los respiradores tuvo tres intermediarios y cada uno de ellos iba a ganar 340.000 dólares por haber hecho las gestiones de vincular al Ministerio de Salud con la fábrica, según señala un documento al que EL DEBER tuvo acceso.
El testigo, que aguarda una definición del Ministerio Público, para saber si se lo imputa por el caso en investigación, fue convocado para realizar la búsqueda de los ventiladores en el extranjero. Para lograrlo, reveló que contactó al abogado Wálter Zuleta (que fue defensor de Gabriela Zapata), quien a su vez se vinculó con Iñaqui García, de IME Consulting, representante de la empresa que tiene sede en Bilbao y que fue la intermediaria entre la fábrica y el Estado boliviano y que terminó vendiendo los respiradores al Ministerio de Salud.
“Hace tres semanas, aproximadamente, hacemos la llamada tripartita entre Iñaqui, Zuleta y mi persona; y una vez aceptada la propuesta con el Ministerio de Salud, hago la consulta a Iñaqui y a Wálter Zuleta sobre el precio del respirador, a lo cual el señor Iñaqui me responde que el precio propuesto en Bolivia es de $us 20.000 y seguidamente Zuleta e Iñaqui, al considerar que es una empresa privada y que puede disponer de sus utilidades de la forma en la que quisieran, me proponen poner un precio final de los respiradores de $us 26.000, de los cuales nuestros honorarios como gestores iban a ser de $us 2.000 por cada respirador y para cada persona, lo que vendría restado al precio final por respirador de $us 6.000. O sea, que cada persona tendría que ganar aproximadamente $us 340.000”, afirmó Humérez, según su declaración en siete páginas.
La compra de los respiradores tuvo tres intermediarios y cada uno de ellos iba a ganar 340.000 dólares por haber hecho las gestiones de vincular al Ministerio de Salud con la fábrica, según señala un documento al que EL DEBER tuvo acceso.
Fernando Humérez, que se presentó en la Fiscalía como ‘testigo clave’ en esta compra, es uno de los mediadores y reveló que él y sus socios acordaron cobrar 340.000 dólares cada uno (un total de $us 1.020.000), dinero que fue conseguido haciendo que la fábrica suba el costo de los equipos de 20.000 a 26.000 dólares, a fin de que ellos puedan cobrar su parte.
El testigo, que aguarda una definición del Ministerio Público, para saber si se lo imputa por el caso en investigación, fue convocado para realizar la búsqueda de los ventiladores en el extranjero. Para lograrlo, reveló que contactó al abogado Wálter Zuleta (que fue defensor de Gabriela Zapata), quien a su vez se vinculó con Iñaqui García, de IME Consulting, representante de la empresa que tiene sede en Bilbao y que fue la intermediaria entre la fábrica y el Estado boliviano y que terminó vendiendo los respiradores al Ministerio de Salud.
“Hace tres semanas, aproximadamente, hacemos la llamada tripartita entre Iñaqui, Zuleta y mi persona; y una vez aceptada la propuesta con el Ministerio de Salud, hago la consulta a Iñaqui y a Wálter Zuleta sobre el precio del respirador, a lo cual el señor Iñaqui me responde que el precio propuesto en Bolivia es de $us 20.000 y seguidamente Zuleta e Iñaqui, al considerar que es una empresa privada y que puede disponer de sus utilidades de la forma en la que quisieran, me proponen poner un precio final de los respiradores de $us 26.000, de los cuales nuestros honorarios como gestores iban a ser de $us 2.000 por cada respirador y para cada persona, lo que vendría restado al precio final por respirador de $us 6.000. O sea, que cada persona tendría que ganar aproximadamente $us 340.000”, afirmó Humérez, según su declaración en siete páginas.
Mencionó también que el pago se haría una vez recibido el producto y cumplido con todos los procedimientos de calidad, garantías, mantenimiento y la aceptación del Ministerio de Salud.
La fábrica de los ventiladores publicó una declaración de su gerente, Pau Sarsanedas, en Twitter, en la que señala que cada respirador cuesta 6.000 euros, más 600 euros de accesorios y no los 20.000 que menciona el llamado testigo clave.
Humérez firmaría con Iñaqui un contrato de asesoría por las comisiones, cumpliendo con las obligaciones impositivas de Bolivia y su protocolización, ya que estas transacciones para fines legales, deben ser bancarizadas.
Señaló que Wálter Zuleta, quien radica en Lima (Perú) y que conocía el negocio por tener franquicias, logró conseguir el contacto con la empresa española para la compra de los respiradores en España.
Fernando Valenzuela, exdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, fue identificado como la persona que vinculó al Ministerio de Salud con estos tres intermediarios, quien -según Humérez- le dio el visto bueno para que haga la intermediación con el proveedor de España.
Iñaqui García convenció a Humérez que tenía representación única en Bolivia de la fábrica que produce estos respiradores. Sin embargo, en la negociación, Humérez le exigió que envíe una carta al Ministerio de Salud para aclarar esa representación. “Asumo que esta nota posibilita la concreción de dicho contrato”, añadió.
Humérez dijo que la empresa intermediaria se presentó como la única representante oficial de la fábrica de respiradores en Bolivia. Al final de su declaración dice que cree que hubo una trama entre la fábrica e Iñaqui García, y que considera que se actuó de buena fe desde el Ministerio de Salud.
La investigación
El precio acordado por cada uno de los 170 respiradores artificiales, según lo informó el Gobierno, fue de $us 27.683. Tras la llegada a Bolivia, los médicos expertos denunciaron que los equipos no eran aptos para su uso en cuidados intensivos, sino para ambulancias y para terapia intermedia.
La Fiscalía Departamental de La Paz consideró, que existe un daño económico de más de $us 3 millones en la mencionada compra. El exministro de Salud, Marcelo Navajas, y otras cuatro personas fueron imputadas por la presunta comisión de siete delitos.
El Gobierno dispuso paralizar el pago del 50% restante a la firma española hasta que se aclaren los detalles del contrato.
El Deber
El testigo, que aguarda una definición del Ministerio Público, para saber si se lo imputa por el caso en investigación, fue convocado para realizar la búsqueda de los ventiladores en el extranjero. Para lograrlo, reveló que contactó al abogado Wálter Zuleta (que fue defensor de Gabriela Zapata), quien a su vez se vinculó con Iñaqui García, de IME Consulting, representante de la empresa que tiene sede en Bilbao y que fue la intermediaria entre la fábrica y el Estado boliviano y que terminó vendiendo los respiradores al Ministerio de Salud.
“Hace tres semanas, aproximadamente, hacemos la llamada tripartita entre Iñaqui, Zuleta y mi persona; y una vez aceptada la propuesta con el Ministerio de Salud, hago la consulta a Iñaqui y a Wálter Zuleta sobre el precio del respirador, a lo cual el señor Iñaqui me responde que el precio propuesto en Bolivia es de $us 20.000 y seguidamente Zuleta e Iñaqui, al considerar que es una empresa privada y que puede disponer de sus utilidades de la forma en la que quisieran, me proponen poner un precio final de los respiradores de $us 26.000, de los cuales nuestros honorarios como gestores iban a ser de $us 2.000 por cada respirador y para cada persona, lo que vendría restado al precio final por respirador de $us 6.000. O sea, que cada persona tendría que ganar aproximadamente $us 340.000”, afirmó Humérez, según su declaración en siete páginas.
La compra de los respiradores tuvo tres intermediarios y cada uno de ellos iba a ganar 340.000 dólares por haber hecho las gestiones de vincular al Ministerio de Salud con la fábrica, según señala un documento al que EL DEBER tuvo acceso.
Fernando Humérez, que se presentó en la Fiscalía como ‘testigo clave’ en esta compra, es uno de los mediadores y reveló que él y sus socios acordaron cobrar 340.000 dólares cada uno (un total de $us 1.020.000), dinero que fue conseguido haciendo que la fábrica suba el costo de los equipos de 20.000 a 26.000 dólares, a fin de que ellos puedan cobrar su parte.
El testigo, que aguarda una definición del Ministerio Público, para saber si se lo imputa por el caso en investigación, fue convocado para realizar la búsqueda de los ventiladores en el extranjero. Para lograrlo, reveló que contactó al abogado Wálter Zuleta (que fue defensor de Gabriela Zapata), quien a su vez se vinculó con Iñaqui García, de IME Consulting, representante de la empresa que tiene sede en Bilbao y que fue la intermediaria entre la fábrica y el Estado boliviano y que terminó vendiendo los respiradores al Ministerio de Salud.
“Hace tres semanas, aproximadamente, hacemos la llamada tripartita entre Iñaqui, Zuleta y mi persona; y una vez aceptada la propuesta con el Ministerio de Salud, hago la consulta a Iñaqui y a Wálter Zuleta sobre el precio del respirador, a lo cual el señor Iñaqui me responde que el precio propuesto en Bolivia es de $us 20.000 y seguidamente Zuleta e Iñaqui, al considerar que es una empresa privada y que puede disponer de sus utilidades de la forma en la que quisieran, me proponen poner un precio final de los respiradores de $us 26.000, de los cuales nuestros honorarios como gestores iban a ser de $us 2.000 por cada respirador y para cada persona, lo que vendría restado al precio final por respirador de $us 6.000. O sea, que cada persona tendría que ganar aproximadamente $us 340.000”, afirmó Humérez, según su declaración en siete páginas.
Mencionó también que el pago se haría una vez recibido el producto y cumplido con todos los procedimientos de calidad, garantías, mantenimiento y la aceptación del Ministerio de Salud.
La fábrica de los ventiladores publicó una declaración de su gerente, Pau Sarsanedas, en Twitter, en la que señala que cada respirador cuesta 6.000 euros, más 600 euros de accesorios y no los 20.000 que menciona el llamado testigo clave.
Humérez firmaría con Iñaqui un contrato de asesoría por las comisiones, cumpliendo con las obligaciones impositivas de Bolivia y su protocolización, ya que estas transacciones para fines legales, deben ser bancarizadas.
Señaló que Wálter Zuleta, quien radica en Lima (Perú) y que conocía el negocio por tener franquicias, logró conseguir el contacto con la empresa española para la compra de los respiradores en España.
Fernando Valenzuela, exdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, fue identificado como la persona que vinculó al Ministerio de Salud con estos tres intermediarios, quien -según Humérez- le dio el visto bueno para que haga la intermediación con el proveedor de España.
Iñaqui García convenció a Humérez que tenía representación única en Bolivia de la fábrica que produce estos respiradores. Sin embargo, en la negociación, Humérez le exigió que envíe una carta al Ministerio de Salud para aclarar esa representación. “Asumo que esta nota posibilita la concreción de dicho contrato”, añadió.
Humérez dijo que la empresa intermediaria se presentó como la única representante oficial de la fábrica de respiradores en Bolivia. Al final de su declaración dice que cree que hubo una trama entre la fábrica e Iñaqui García, y que considera que se actuó de buena fe desde el Ministerio de Salud.
La investigación
El precio acordado por cada uno de los 170 respiradores artificiales, según lo informó el Gobierno, fue de $us 27.683. Tras la llegada a Bolivia, los médicos expertos denunciaron que los equipos no eran aptos para su uso en cuidados intensivos, sino para ambulancias y para terapia intermedia.
La Fiscalía Departamental de La Paz consideró, que existe un daño económico de más de $us 3 millones en la mencionada compra. El exministro de Salud, Marcelo Navajas, y otras cuatro personas fueron imputadas por la presunta comisión de siete delitos.
El Gobierno dispuso paralizar el pago del 50% restante a la firma española hasta que se aclaren los detalles del contrato.
El Deber
