Por Álvaro Verzi Rangel
6 mayo, 2020
El gobierno venezolano desactivó parte de una operación mercenaria en la madrugada del domingo 3 de mayo, cuando intentaba ingresar con lanchas, procedentes de Colombia, por la costa de La Guaira, zona marítima más cercana a Caracas. Ocho personas resultaron muertas y dos , -uno de ellos agentes de la DEA estadounidense-, detenidas.
“Quién tenga alguna duda que el Gobierno neogranadino está vinculado a estas acciones sólo tienen que recordar cómo estaban protegidos los mercenarios en ese país”, dijo Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, quien se preguntó quién financia a esta gente, y señaló que en la operación están involucrados el gobierno colombiano, estadounidense, agentes de la DEA, así como mercenarios ligados al narcotráfico.
El intento se produjo en un momento de recrudecimiento de las presiones estadounidenses. El secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó que había dado instrucciones a su equipo de elaborar planes para reabrir la embajada en Caracas ya que el cambio de gobierno estaba cerca. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el pasado jueves, para activar las unidades y miembros individuales de la reserva activa en el operativo antinarcótico con uno de sus epicentros en el mar Caribe.
Elliot Abrams, afirmó que el círculo de Maduro se ha ido reduciendo, y que muchos se han acercado a negociar con el gobierno estadounidense para acordar el plan de transición propuesto por el Departamento de Estado. Estas declaraciones sirvieron para que la oposición alineada con Juan Guaidó, anticipara (nuevamente) la pronta caída de Nicolás Maduro y la consecuente formación de un gobierno de transición.
Pero como en todo fracaso, el gobierno estadounidense quiso despegarse de las acciones del domingo, ya que no existe consenso interno para realizar este tipo de maniobras mercenarias en vista de la crisis que atraviesa el país por el covid-19 y los medios han asumido un rol crítico a las señales de guerra lanzadas desde la Casa Blanca, afirmando que un escenario de esas características sería un error y no tendría apoyo interno.
Pero la periodista Patricia Poleo, militante de la derecha, publicó en Estados Unidos la prueba del contrato donde se observa la firma de Juan Guaidó, JJ Rendón (publicistas venezolano asesor de varios presidentes colombianos), Sergio Vergara y Jordan Goudreau (un contratista de mercenarios), para ejecutar una operación militar en Venezuela. “Juan Guaido no cumplio”, denunció Goudrod
Guerra híbrida
Para los analistas geopolíticos, lo acontecido el domingo 3 de mayo, debe ser comprendido en el contexto de guerra total multidimensional contra el gobierno constitucional de Venezuela, a través de atentados y operaciones encubiertas (black operations), como la del exmilitar Cliver Alcalá del 26 de marzo al mando de un complot de 300 mercenarios que intentaban entrar desde la Guajira colombiana por la frontera occidental de Venezuela.
Hay que recordar que asesores estadounidenses de seguridad han insistido en la tesis del caos constructivo, un escenario de que busca propiciar desórdenes sociales de gran magnitud, ligados a fallas en servicios públicos (agua, luz, transporte) o alimentación, buscando propiciar una explosión social o en su defecto, deviene en una secesion de un territorio importante, del país objetivo.
La agresión no terminó. Es de prever, nuevas acciones paramilitares, aprovechando los 2.200 kilómetros de frontera terrestre con Colombia, y de acuerdo al enfoque geoestratégico, que ha planteado EEUU, basado en las importantes reservas petroleras tanto en el Lago de Maracaibo (28000 millones de barriles extraíbles), cómo en el Golfo de Venezuela (560.000 millones de barriles extraíbles).
Washington insiste en el enfoque proxywar o guerra sustitutiva a través del empleo de fuerzas armadas de otro países que actúan como puntas de lanza y/o la contratación de mercenarios de empresas de seguridad privadas, que morigeran los costos del un eventual fracaso. Y para que nadie dude quién da las órdenes, el presidente Donald Trump puso precio a la cabeza del presidente Nicolás Maduro: quince millones de dólares.
Fue el mismo Alcalá (hoy en manos de la agencia antidrogas estadounidense DEA) quien informó a medios colombianos, que la operación era parte de un contrato firmado entre él, empresas de seguridad estadounidenses y el autoproclamado presidente interino Juan Guaido.
Obviamente esos comentarios de Alcalá fueron invisibilizados o banalizados por la prensa hegemónica, pero volvieron a la palestra pública tras declaraciones de la periodista venezolana residenciada en EEUU, Patricia Poleo, quien entrevistó por skype con el ex militar estadounidense Jordan Goudreau, contratista de grupos mercenarios.
Y, entonces, vuelven a cobrar validez las denuncias del gobierno venezolano sobre el financiamiento a grupos terroristas para realizar asesinatos selectivos de políticos vinculados al gobierno constitucional, ratificadas por el exdiputado y prófugod e la justicia Hernán Alemán, quien hizo público su apoyo a la incursión y penetración paramilitar a través de las costas venezolanas.
Otro antecedente reciente de esta serie de intentonas es la embestida del crucero portugués Resolute –con botes usados para operaciones militares de desembarco- contra un buque de la armada venezolana, el 31 de marzo. El barco se refugió en las Antillas holandesas, desde eventualmente recibieron apoyo logístico para apoyar la incursión paramilitar del 3 de mayo.
Rambo por contrato
Una investigación de la agencia estadounidense de noticias Associated Press (AP), con el objetivo de desvincular a los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y a Juan Guaidó, detalla cómo el exmilitar estadounidense Jordan Goudreau, dirigió un supuesto plan de golpe de estado para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Al parecer, la conspiración fue orquestada por el general en retiro, Clíver Alcalá.
Éste, poco antes de entregarse a la justicia estadounidense confesó en un video que 26 rifles de asalto, entre otro armamento y material de intendencia que fue incautado el 24 de marzo en el Caribe colombiano le pertenecían y serían utilizados para incursionar en Venezuela desde Colombia. El domingo 3 de mayo, la autodenominada Coalición Activa de la Reserva Internacional Venezolana desplegó un nuevo capítulo: la “Operación Gedeón”.
Goudreau figura como dueño de la empresa de seguridad privada Silvercorp USA, con sede en el estado de Florida, donde también vive J.J.Rendón. La compañía ofrece “operaciones” en más de 50 países y asegura en su sitio web haber trabajado para el presidente de Estados Unidos.
Aunque los periodistas le preguntaron a Goudreau por sus posibles nexos con el general Alcalá y el plan para derrocar a Maduro, el supuesto exmilitar les contestó: “Silvercorp no puede revelar las identidades de su red de fuentes, activos y asesores debido a la naturaleza de nuestro trabajo”.
La investigación de AP, titulada “Exboina verde lideró intento fallido para expulsar a Maduro”, detalla cómo y por qué falló el plan supuestamente liderado por el general Alcalá, quien terminó preso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, no sin antes despotricar de Guaidó y J.J.Rendón en un video que publicó en su cuenta de Twitter. Los periodistas, tras meses indagando, llegaron a la conclusión de que Colombia estaría detrás del financiamiento de estas operaciones.
A través de un comunicado público, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano señalo que “se trata de una acusación infundada, que intenta comprometer al Gobierno de Colombia en una trama especulativa”. Según la Cancillería, las afirmaciones del “régimen dictatorial de Nicolás Maduro”, que señalan a Colombia “de supuestos hechos de desestabilización”, son un intento más de “desviar la atención respecto de los verdaderos problemas que vive el pueblo de Venezuela”.
Cuando AP confrontó a Rendón, éste dijo que un eventual trabajo con Guaidó sería totalmente confidencial y se le exigiría negar la existencia de un contrato.
Las declaraciones de Goudreau, indicando en el vídeo que circula, que hay equipos que penetraron en el sur, este y oeste de Venezuela, hace ver claramente la persistencia desesperada de los órganos de inteligencia estadounidenses, por buscar una salida basada en el caos político y, a la vez, desviar al atención de la pandemia que sigue cobrando miles de vida en EEUU, poco antes de las elecciones presidenciales.
El video de Goudreau es una puesta en escena, sin duda una operación psicológica, con el múltiple propósito de presentar un Rambo que supla la falta de liderazgo de la oposición para tratar de remoralizarla, intentar atemorizar a la ciudadanía y destruir la figura de Guaido (que ellos mismos crearon) por negligente y corrupto.
Y lo que ha llamado la atención es que varios de los participantes de las operaciones subversivas y terroristas utilizan constantemente llamados a Dios para que guíe sus acciones, al mejor estilo de los grupos religiosos anglicanos, protestanjtes y calvinistas. Es la frase que utilizó en un video el ex Guardia nacional Robert Colina (conocido como Pantera, miembro del equipo de Alcalá, muerto en La Guaira)
Según los organismos venezolanos de seguridad, sigue latente la opción de los mercenarios de penetrar a Venezuela desde la amplia frontera del estado occidental de Zulia. Éstos han puesto prioridad en desmembrar las redes de extorsión, asesinato, distribución de drogas y tráfico de blancas en la zona fronteriza. Del lado colombiano hay campos de entrenamientos en Riohacha y Maicao.
La oposición radical busca todo tipo de excusas. Ahora calificó como una invasión marítima frustrada, de “militares o civiles presuntamente ejecutados extrajudicialmente por la dictadura y sus cadáveres han sido utilizados para crear un falso positivo”, dice un comunicado del sector político que lidera un Juan Guaidó, en quien sólo cree (y financia permanentemente) el gobierno de Estados Unidos.
Mientras, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia quedaron con las manos bien sucias tras las frustradas acciones militares. Los asaltantes usaron territorio e infraestructura colombiana y asesoramiento y equipamiento estadounidense, proporcionado por una empresa de mercenarios, fachada del gobierno estadounidense.
Álvaro Verzi Rangel
(*) Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Estrategia
(*) Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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