URUGUAY
El regalo del puerto y parte de un país MONTEVIDEO (Uypress/ Esteban Valenti)
Si se estudia superficialmente la historia nacional de Uruguay y regional, cualquiera comprende que el puerto de Montevideo tiene una importancia vital. Pues entre gallos y media noche el gobierno de Luis Lacalle Pou regaló el puerto por 50 años a la empresa belga Katoen Natie.
El texto del acuerdo de la vergüenza está en: https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/acuerdo-gobierno-katoen-natie
Guárdenlo, pasará a la historia.
En los antecedentes se menciona - en pocas líneas - que todo se debe a una notificación de un posible juicio presentada en octubre del 2019 por la empresa belga Katoen Natie por 1.500 millones de dólares, y en otras apariciones se llega a los 1.700 millones.
No hay ningún juicio presentado, ningún cálculo de cómo se llega a esa cifra ridícula, si se considera que en los 20 años de operaciones de la Terminal Cuenca del Plata, se puede estimar que las ganancias promedio de los tres últimos años estuvieron en el entorno de los 20 millones de dólares año. Y el EBITDA (ganancias antes de pagar impuestos y amortizaciones) en los últimos tres años fueron del entorno de 50 millones de dólares.
Solo un delirante puede llegar a la cifra de 1.500 millones de dólares de reclamo y solo alguien o muy interesado o que no quiere en absoluto a su país puede creer en esa cifra y en ese juicio. Pero el gobierno le creyó. ¿Le creyó? Pues yo no creo nada. La ganancia neta de TCP (sin la subsidiaria Nelsury) en el 2019 fue de 40 millones de dólares, ni el mago Merlín llega a un reclamo de 1.500 millones de dólares, con el dólar a $37.30.
El gobierno a cambio de creerle, es decir de que no se cumpla una amenaza, le prorrogó la concesión de la explotación de la principal terminal portuaria nacional por otros 50 años, hasta el 2081 (¡es decir durante 12 gobiernos!), le perdonó todas los pagos pendientes que debía abonar la empresa belga por no cumplir con las condiciones operativas acordadas en el remate del 2001 en cuanto al número de contenedores y le dio el MONOPOLIO PRIVADO Y ABSOLUTO DEL MOVIMIENTO DE CONTENEDORES EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO, liquidó a cualquier competidor, destruyendo una condición básica de la Ley de Puertos de 1995 (gobierno de Luis A. Lacalle), y además para completar el regalo, desreguló una parte importante de los precios de diversos servicios. Una vergüenza nunca antes vista.
Vean el "glosario de facturación portuaria que publica la Unión de Exportadores, y podrán apreciar como TCP manejará el costo final a su absoluto antojo. https://www.uniondeexportadores.com/es/?pa=seccion&se=22
La "gran promesa" es una inversión por 455 millones de dólares en las instalaciones terrestres, a las que el estado deberá complementar con el dragado hasta 14 metros de todo el canal de acceso al puerto y de la zona de maniobras y su mantenimiento. Todo pagado con dinero público. Argentina ya advirtió que esa profundidad no está permitida en ninguno de los acuerdos entre ambos países en el marco del Tratado del Río de la Plata.
Los últimos 106.400.000 de dólares de la inversión, dependerán si tal dragado y del estudio de factibilidad que todavía no se ha realizado... Obviamente esa inversión será beneficiada por las deducciones impositivas de la ley de inversiones... No hay límite para la generosidad del gobierno.
Esta es una operación comandada por abogados, diversos estudios, contratados y pagados por TCP/Katoen Natie. Comenzando por su luminaria, Augusto Durán Martínez, catedrático de la Universidad Católica y docente en su momento del actual Presidente de la República y del doctor Rodrigo Ferrés, pro secretario de la presidencia.
La tesis básica es que la operativa de la empresa Montecon que trabajaba en los muelles públicos desde el año 2000 lo hizo en forma ilegal, por falta de una aprobación de los diferentes gobiernos, y que los permisos fueron otorgados por la ANP. Montecon contestó una semana después que "fue habilitada por el Estado como operadora portuaria de conformidad a la ley de Puertos y a su decreto reglamentario 413/932, según consta en resoluciones de la propia ANP del año 2000 y 2003 ambas aprobadas por el Poder Ejecutivo" (El País 27/5/21)
Buscando en Google, que no muerde, nos encontramos que durante el gobierno de Jorge Batlle se llamó a una licitación polivalente en el año 2003, que no tuvo oferentes, que incluía mover contenedores en el futuro muelle "C", que todavía no se había ampliado. Fue completado en junio de 2019 el muelle "C" y "D" (gobiernos de Mujica y Vázquez). Lo que confirma que ya en ese momento, luego del remate ganado por Katoen Natie en el 2001, no estaba excluido en absoluto que hubiera otros operadores de contenedores en otros muelles.
Pero además, a mí personalmente no me importa si el operador es Montecon o Juan de los Palotes, aunque esta empresa tiene 700 trabajadores que se van a quedar en la calle y nos va a hacer un juicio por centenares de millones, amparados en el tratado con Chile y Canadá; lo que me importa y considero una afrenta injustificable al país, es que se le otorgue un monopolio desregularizado , con libertad para definir los precios completos de los servicios, y no solo los que se acuerden con la ANP, a una empresa. A cualquier empresa, pero menos a una empresa que en estos últimos 20 años ha demostrado.
Que a pesar de disponer de las únicas grúas pórtico para mover contenedores, porque no se le autorizó a ninguna otra, y que tienen una capacidad operativa del doble de cualquier otra grúa por lo tanto una gran ventaja en los costos, solo tenga el 50% del movimiento de contenedores, que aplica precios 15% más alto que la competencia. Tiene el 50% de la superficie de depósito libre, no será ni por su eficiencia, ni por sus precios, ni por sus "excelentes" relaciones con grandes y pequeñas navieras.
Segundo, que mantuvo una estructura de lobby, de conflictos permanentes y de contratación de abogados realmente desbordante y todo porque siempre hizo del conflicto su forma de vida. Además de su presencia desinteresada en los medios de prensa, sus excursiones masivas a Bélgica y sus relaciones con partidos y grupos a diestra y siniestra. Literalmente.
El 2 de mayo del 2017 se anunció que había contratado a la empresa Goldman Sachs para la venta de todas las empresas de Katoen Natie activas en el negocio de operaciones portuarias, Seaport Terminals Montevideo S.A. (100% subsidiaria), Nelsury S.A. (100% subsidiaria) y TCP S.A. (80% subsidiaria). En ese periodo todo era maravilloso, no presentó ningún tipo de reclamos, ni realizó más rimbombantes declaraciones públicas contra el Estado uruguayo y sus competidores.
En el 2019 desistió de la venta. Le quedaban solo 12 años de concesión y como el valor de ese tipo de empresas se establece en base al EBITDA multiplicándolo por un determinado múltiplo, los años de concesión eran fundamentales. No es lo mismo 10 años (los que le quedan actualmente), que 60 años... el valor se puede multiplicar por 12 a 15 veces, sobre todo porque se transformó en una compañía monopólica y desregulada.
El gobierno a cambio de creerle, es decir de que no se cumpla una amenaza, le prorrogó la concesión de la explotación de la principal terminal portuaria nacional por otros 50 años, hasta el 2081 (¡es decir durante 12 gobiernos!), le perdonó todas los pagos pendientes que debía abonar la empresa belga por no cumplir con las condiciones operativas acordadas en el remate del 2001 en cuanto al número de contenedores y le dio el MONOPOLIO PRIVADO Y ABSOLUTO DEL MOVIMIENTO DE CONTENEDORES EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO, liquidó a cualquier competidor, destruyendo una condición básica de la Ley de Puertos de 1995 (gobierno de Luis A. Lacalle), y además para completar el regalo, desreguló una parte importante de los precios de diversos servicios. Una vergüenza nunca antes vista.
Vean el "glosario de facturación portuaria que publica la Unión de Exportadores, y podrán apreciar como TCP manejará el costo final a su absoluto antojo. https://www.uniondeexportadores.com/es/?pa=seccion&se=22
La "gran promesa" es una inversión por 455 millones de dólares en las instalaciones terrestres, a las que el estado deberá complementar con el dragado hasta 14 metros de todo el canal de acceso al puerto y de la zona de maniobras y su mantenimiento. Todo pagado con dinero público. Argentina ya advirtió que esa profundidad no está permitida en ninguno de los acuerdos entre ambos países en el marco del Tratado del Río de la Plata.
Los últimos 106.400.000 de dólares de la inversión, dependerán si tal dragado y del estudio de factibilidad que todavía no se ha realizado... Obviamente esa inversión será beneficiada por las deducciones impositivas de la ley de inversiones... No hay límite para la generosidad del gobierno.
Esta es una operación comandada por abogados, diversos estudios, contratados y pagados por TCP/Katoen Natie. Comenzando por su luminaria, Augusto Durán Martínez, catedrático de la Universidad Católica y docente en su momento del actual Presidente de la República y del doctor Rodrigo Ferrés, pro secretario de la presidencia.
La tesis básica es que la operativa de la empresa Montecon que trabajaba en los muelles públicos desde el año 2000 lo hizo en forma ilegal, por falta de una aprobación de los diferentes gobiernos, y que los permisos fueron otorgados por la ANP. Montecon contestó una semana después que "fue habilitada por el Estado como operadora portuaria de conformidad a la ley de Puertos y a su decreto reglamentario 413/932, según consta en resoluciones de la propia ANP del año 2000 y 2003 ambas aprobadas por el Poder Ejecutivo" (El País 27/5/21)
Buscando en Google, que no muerde, nos encontramos que durante el gobierno de Jorge Batlle se llamó a una licitación polivalente en el año 2003, que no tuvo oferentes, que incluía mover contenedores en el futuro muelle "C", que todavía no se había ampliado. Fue completado en junio de 2019 el muelle "C" y "D" (gobiernos de Mujica y Vázquez). Lo que confirma que ya en ese momento, luego del remate ganado por Katoen Natie en el 2001, no estaba excluido en absoluto que hubiera otros operadores de contenedores en otros muelles.
Pero además, a mí personalmente no me importa si el operador es Montecon o Juan de los Palotes, aunque esta empresa tiene 700 trabajadores que se van a quedar en la calle y nos va a hacer un juicio por centenares de millones, amparados en el tratado con Chile y Canadá; lo que me importa y considero una afrenta injustificable al país, es que se le otorgue un monopolio desregularizado , con libertad para definir los precios completos de los servicios, y no solo los que se acuerden con la ANP, a una empresa. A cualquier empresa, pero menos a una empresa que en estos últimos 20 años ha demostrado.
Que a pesar de disponer de las únicas grúas pórtico para mover contenedores, porque no se le autorizó a ninguna otra, y que tienen una capacidad operativa del doble de cualquier otra grúa por lo tanto una gran ventaja en los costos, solo tenga el 50% del movimiento de contenedores, que aplica precios 15% más alto que la competencia. Tiene el 50% de la superficie de depósito libre, no será ni por su eficiencia, ni por sus precios, ni por sus "excelentes" relaciones con grandes y pequeñas navieras.
Segundo, que mantuvo una estructura de lobby, de conflictos permanentes y de contratación de abogados realmente desbordante y todo porque siempre hizo del conflicto su forma de vida. Además de su presencia desinteresada en los medios de prensa, sus excursiones masivas a Bélgica y sus relaciones con partidos y grupos a diestra y siniestra. Literalmente.
El 2 de mayo del 2017 se anunció que había contratado a la empresa Goldman Sachs para la venta de todas las empresas de Katoen Natie activas en el negocio de operaciones portuarias, Seaport Terminals Montevideo S.A. (100% subsidiaria), Nelsury S.A. (100% subsidiaria) y TCP S.A. (80% subsidiaria). En ese periodo todo era maravilloso, no presentó ningún tipo de reclamos, ni realizó más rimbombantes declaraciones públicas contra el Estado uruguayo y sus competidores.
En el 2019 desistió de la venta. Le quedaban solo 12 años de concesión y como el valor de ese tipo de empresas se establece en base al EBITDA multiplicándolo por un determinado múltiplo, los años de concesión eran fundamentales. No es lo mismo 10 años (los que le quedan actualmente), que 60 años... el valor se puede multiplicar por 12 a 15 veces, sobre todo porque se transformó en una compañía monopólica y desregulada.
Toda ganancia pura para Katoen Natie y un éxito descollante para sus abogados y economistas, incluyendo el estudio CPA, tal como lo señala Búsqueda en la edición del 27/5/21 pág. 24: "Una consultoría de CPA/Ferrere contratada por Katoen Natie- accionista principal del TCP- señaló que la prorroga de la concesión "implica sacrificar la competencia" puertas adentro de la terminal en el corto y mediano plazo, pero a la larga podrá mejorar la competitividad interportuaria a partir de las inversiones comprometidas por el concesionario". (Búsqueda No. 2120)
Ya el 11 de octubre del 2017 en el evento: "Competencia portuaria: apuntes para el debate" organizado por CPA Ferrere, que contó con la presencia de actores públicos y privados del sector, así como expertos en la temática, el economista y socio de CPA, Gabriel Oddone, fue el encargado de presentar el informe elaborado por la consultora. Y ya se sentaban las bases de este "servicio" a Katoen Natie.
Por ello no es de extrañar que CPA proponga que la ANP venda su participación en TCP (20%) para poder dedicarse a regular. Cabe señalar que tal como lo señala la Unión de Exportadores y como sucede en otros rubros (energía, telecomunicaciones etc.) pueden existir organismos reguladores autónomos. Además sabiendo que el principal impulsor de este proceso de desregularización y monopolio para la empresa belga fue el presidente de la ANP Juan Curbelo, en estrecho contacto con los abogados de la empresa KN, y habiendo promovido, sin la consulta con sus propios colegas en el directorio de la ANP ni con los servicios jurídicos, un acuerdo de estas características, sea un "regulador" medianamente confiable.
Quienes ganan y quienes pierden en esta trama.
Pierde el país, porque los monopolios privados son siempre lo peor que nos puede pasar y sobre todo desregulados completamente. Y que además deberemos pagar el dragado (a la profundidad que nos permitan los argentinos) pero al menos 13 metros y su mantenimiento. Decenas de millones de dólares. Nadie presentó un número.
Pierde el puerto en su conjunto que en la actualidad tiene el 50% libre en la zona de contenedores, tanto en TCP como en los muelles públicos y ahora sin ningún estudio conocido de factibilidad quedará enteramente en manos de los belgas en materia de contenedores.
Pierden los 700 trabajadores que se quedan sin trabajo y naturalmente la empresa chilena-canadiense que cerrará sus operaciones pero nos hará un juicio millonario. Y a diferencia del gobierno yo no le voy a dar argumentos para que nos gane el juicio como hizo el Presidente de la República y el Ministerio de Obras Públicas a favor de la amenaza de Katoen Natie.
Pierden los exportadores e importadores que utilizan contenedores en el mayor puerto del país, porque los aumentos de costos los tendrán que absorber ellos y estarán a merced del "humor" y el antojo de Katoen Natie.
Pierden las navieras y cualquier empresa que quiera operar con contenedores en Montevideo porque estará bajo la arbitrariedad y los precios que imponga Katoen Natie. Ya lo demostró en estos 20 años. Y no era monopólica, ni desregulada... Y por sobre todo pierde la imagen del país, que ante una amenaza de juicio, con una cifra ridícula, recula en chancletas, no muestra la menor dignidad y entrega todo y un poco más de lo que le piden los belgas.
Los ganadores son sin duda los belgas de Katoen Natie, que en poco tiempo saldrán a vender la empresa y ganarán una cifra enorme a costa nuestra y nos entregaran a quien sabe que otro gentil propietario portuario.
Ganaron los abogados, los economistas y estudios, los lobistas a cargo de esta "brillante" operación y, como soy bien pensado aquí me detengo. Pero algo huele mal en este caso, no en Dinamarca sino en Bélgica. Habrá que seguir investigando, sin mirarle la cara a nadie, a diestra y siniestra.
Queda pendiente el análisis jurídico, porque cada día más estoy convencido que este acuerdo-entrega es ilegal e inconstitucional, porque los monopolios requieren ser aprobados por una ley con mayorías especiales.
Esteban Valenti
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
Ya el 11 de octubre del 2017 en el evento: "Competencia portuaria: apuntes para el debate" organizado por CPA Ferrere, que contó con la presencia de actores públicos y privados del sector, así como expertos en la temática, el economista y socio de CPA, Gabriel Oddone, fue el encargado de presentar el informe elaborado por la consultora. Y ya se sentaban las bases de este "servicio" a Katoen Natie.
Por ello no es de extrañar que CPA proponga que la ANP venda su participación en TCP (20%) para poder dedicarse a regular. Cabe señalar que tal como lo señala la Unión de Exportadores y como sucede en otros rubros (energía, telecomunicaciones etc.) pueden existir organismos reguladores autónomos. Además sabiendo que el principal impulsor de este proceso de desregularización y monopolio para la empresa belga fue el presidente de la ANP Juan Curbelo, en estrecho contacto con los abogados de la empresa KN, y habiendo promovido, sin la consulta con sus propios colegas en el directorio de la ANP ni con los servicios jurídicos, un acuerdo de estas características, sea un "regulador" medianamente confiable.
Quienes ganan y quienes pierden en esta trama.
Pierde el país, porque los monopolios privados son siempre lo peor que nos puede pasar y sobre todo desregulados completamente. Y que además deberemos pagar el dragado (a la profundidad que nos permitan los argentinos) pero al menos 13 metros y su mantenimiento. Decenas de millones de dólares. Nadie presentó un número.
Pierde el puerto en su conjunto que en la actualidad tiene el 50% libre en la zona de contenedores, tanto en TCP como en los muelles públicos y ahora sin ningún estudio conocido de factibilidad quedará enteramente en manos de los belgas en materia de contenedores.
Pierden los 700 trabajadores que se quedan sin trabajo y naturalmente la empresa chilena-canadiense que cerrará sus operaciones pero nos hará un juicio millonario. Y a diferencia del gobierno yo no le voy a dar argumentos para que nos gane el juicio como hizo el Presidente de la República y el Ministerio de Obras Públicas a favor de la amenaza de Katoen Natie.
Pierden los exportadores e importadores que utilizan contenedores en el mayor puerto del país, porque los aumentos de costos los tendrán que absorber ellos y estarán a merced del "humor" y el antojo de Katoen Natie.
Pierden las navieras y cualquier empresa que quiera operar con contenedores en Montevideo porque estará bajo la arbitrariedad y los precios que imponga Katoen Natie. Ya lo demostró en estos 20 años. Y no era monopólica, ni desregulada... Y por sobre todo pierde la imagen del país, que ante una amenaza de juicio, con una cifra ridícula, recula en chancletas, no muestra la menor dignidad y entrega todo y un poco más de lo que le piden los belgas.
Los ganadores son sin duda los belgas de Katoen Natie, que en poco tiempo saldrán a vender la empresa y ganarán una cifra enorme a costa nuestra y nos entregaran a quien sabe que otro gentil propietario portuario.
Ganaron los abogados, los economistas y estudios, los lobistas a cargo de esta "brillante" operación y, como soy bien pensado aquí me detengo. Pero algo huele mal en este caso, no en Dinamarca sino en Bélgica. Habrá que seguir investigando, sin mirarle la cara a nadie, a diestra y siniestra.
Queda pendiente el análisis jurídico, porque cada día más estoy convencido que este acuerdo-entrega es ilegal e inconstitucional, porque los monopolios requieren ser aprobados por una ley con mayorías especiales.
Esteban Valenti
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
