11 jun 2021
Imagen ilustrativaNATACHA PISARENKO / AP
El Estado reconoce a más de 1.700 organizaciones aborígenes, habiendo decenas de comunidades preexistentes a la conformación del país sudamericano.
"En Sudamérica todos somos descendientes de europeos", afirmaba en 2018 el entonces jefe de Estado, Mauricio Macri. "Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos en los barcos de Europa", dijo esta semana el presidente progresista, Alberto Fernández, aumentando la polémica. Aquellas declaraciones del líder peronista causan más resquemores por el contexto: fueron en medio de la visita a Buenos Aires de Pedro Sánchez, el mandatario de España, la misma nación que protagonizó el genocidio indígena durante la conquista de América Latina.
Estas frases no solo refuerzan la construcción de un sentido común, de una Argentina blanca y europeísta, sino que invisibilizan y extranjerizan a los pueblos originarios que habitan el territorio, incluso desde mucho antes que al general José de San Martín se le ocurriera lanzar su campaña libertadora. De hecho, en la Revolución de Mayo de 1810, la antesala de la independencia, muchos aborígenes conformaron los ejércitos patrios para combatir al imperialismo de la época.
Si bien es innegable que la recepción de migrantes es una característica casi fundacional e indisoluble de la sociedad argentina, desconocer sus raíces indígenas simplemente sería faltar a la verdad, y los datos oficiales de diversas instituciones públicas así lo demuestran.
38 pueblos aborígenes y 1.756 comunidades
En efecto, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) identifica a 38 pueblos aborígenes en todo el territorio nacional: atacama, chané, charrúa, chicha, chorote, chulupí (nivaclé), comechingón, corundí, diaguita, fiscara, guaraní, guaycurú, huarpe, iogys, kolla, kolla atacameño, lule, lule vilela, mapuche, mapuche tehuelche, mbya guaraní, moqoit (mocoví), ocloya, omaguaca, pilagá, qom (toba), quechua, ranquel, sanavirón, selk´nam (onas), tapiete, tastil, tehuelche, tilián, toara, tonokoté, vilela y wichí.
Asimismo, según los datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, actualizados el último 28 de mayo, este país del Cono Sur tiene al menos 1.756 comunidades registradas, con personería jurídica o relevamiento técnico y catastral. Es decir, se trata de organizaciones aborígenes reconocidas por el Estado. Igualmente, hay una incontable cantidad de grupos indígenas que no buscan el beneplácito de las instituciones para considerarse como tales, y no figuran en ninguna planilla gubernamental.
Para sumar información, en noviembre del 2020 el INAI incluso elaboró un mapa para localizar a estos grupos ancestrales, bajo el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, dando cumplimiento a la legislación local.
Disposición y conflicto de tierras
Argentina es uno de los 23 países que ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales. Se trata del principal instrumento internacional sobre derechos indígenas. En su artículo 14, dice con claridad que "deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan".
Natal Elkin, quien supo ser jefe en la unidad de Política del Empleo, Consultas Tripartitas y Pueblos Indígenas en la OIT, destaca que el Convenio tuvo un impacto positivo en América Latina. Puntualmente en Argentina, subraya que hay 955.000 personas que se autoperciben como indígenas –según el censo nacional del 2010, aunque la cifra actual podría ser aún mayor–, con más 7 millones de hectáreas tituladas. Para ponerlo en perspectiva regional, detalló que en Chile hay más de 2 millones de aborígenes y tan solo 2.600 hectáreas a su nombre, mientras que en Brasil había casi un millón de indígenas con más de 117 millones de hectáreas.
A pesar de este importante cambio jurídico, Argentina todavía presenta enormes disputas territoriales y violaciones a los derechos humanos de las comunidades. Entre los conflictos más resonados, se destaca la tensión en La Patagonia, al sur del país, con algunas agrupaciones mapuches que ocupan predios sin esperar la autorización estatal. Desde el lado indígena, se proclama que son "recuperaciones" de tierras ancestrales, pero los intendentes y muchos vecinos afirman que "se está violando la propiedad privada" y algunos territorios públicos.
El conflicto escaló tanto que en los últimos años la zona sureña fue escenario de intentos de desalojos y violentos despliegues policiales, principalmente bajo el mandato de Macri y las directivas de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Estos operativos concluyeron con muertes muy resonadas, como el homicidio del joven Rafael Nahuel en noviembre del 2017, o la de Santiago Maldonado, quien ese mismo año fue encontrado sin vida tras pasar más de dos meses desaparecido al intentar escapar de un violento accionar de los efectivos en la comunidad Lof Cushamen.
El Estado reconoce a más de 1.700 organizaciones aborígenes, habiendo decenas de comunidades preexistentes a la conformación del país sudamericano.
"En Sudamérica todos somos descendientes de europeos", afirmaba en 2018 el entonces jefe de Estado, Mauricio Macri. "Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos en los barcos de Europa", dijo esta semana el presidente progresista, Alberto Fernández, aumentando la polémica. Aquellas declaraciones del líder peronista causan más resquemores por el contexto: fueron en medio de la visita a Buenos Aires de Pedro Sánchez, el mandatario de España, la misma nación que protagonizó el genocidio indígena durante la conquista de América Latina.
Estas frases no solo refuerzan la construcción de un sentido común, de una Argentina blanca y europeísta, sino que invisibilizan y extranjerizan a los pueblos originarios que habitan el territorio, incluso desde mucho antes que al general José de San Martín se le ocurriera lanzar su campaña libertadora. De hecho, en la Revolución de Mayo de 1810, la antesala de la independencia, muchos aborígenes conformaron los ejércitos patrios para combatir al imperialismo de la época.
Si bien es innegable que la recepción de migrantes es una característica casi fundacional e indisoluble de la sociedad argentina, desconocer sus raíces indígenas simplemente sería faltar a la verdad, y los datos oficiales de diversas instituciones públicas así lo demuestran.
38 pueblos aborígenes y 1.756 comunidades
En efecto, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) identifica a 38 pueblos aborígenes en todo el territorio nacional: atacama, chané, charrúa, chicha, chorote, chulupí (nivaclé), comechingón, corundí, diaguita, fiscara, guaraní, guaycurú, huarpe, iogys, kolla, kolla atacameño, lule, lule vilela, mapuche, mapuche tehuelche, mbya guaraní, moqoit (mocoví), ocloya, omaguaca, pilagá, qom (toba), quechua, ranquel, sanavirón, selk´nam (onas), tapiete, tastil, tehuelche, tilián, toara, tonokoté, vilela y wichí.
Asimismo, según los datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, actualizados el último 28 de mayo, este país del Cono Sur tiene al menos 1.756 comunidades registradas, con personería jurídica o relevamiento técnico y catastral. Es decir, se trata de organizaciones aborígenes reconocidas por el Estado. Igualmente, hay una incontable cantidad de grupos indígenas que no buscan el beneplácito de las instituciones para considerarse como tales, y no figuran en ninguna planilla gubernamental.
Para sumar información, en noviembre del 2020 el INAI incluso elaboró un mapa para localizar a estos grupos ancestrales, bajo el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, dando cumplimiento a la legislación local.
Disposición y conflicto de tierras
Argentina es uno de los 23 países que ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales. Se trata del principal instrumento internacional sobre derechos indígenas. En su artículo 14, dice con claridad que "deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan".
Natal Elkin, quien supo ser jefe en la unidad de Política del Empleo, Consultas Tripartitas y Pueblos Indígenas en la OIT, destaca que el Convenio tuvo un impacto positivo en América Latina. Puntualmente en Argentina, subraya que hay 955.000 personas que se autoperciben como indígenas –según el censo nacional del 2010, aunque la cifra actual podría ser aún mayor–, con más 7 millones de hectáreas tituladas. Para ponerlo en perspectiva regional, detalló que en Chile hay más de 2 millones de aborígenes y tan solo 2.600 hectáreas a su nombre, mientras que en Brasil había casi un millón de indígenas con más de 117 millones de hectáreas.
A pesar de este importante cambio jurídico, Argentina todavía presenta enormes disputas territoriales y violaciones a los derechos humanos de las comunidades. Entre los conflictos más resonados, se destaca la tensión en La Patagonia, al sur del país, con algunas agrupaciones mapuches que ocupan predios sin esperar la autorización estatal. Desde el lado indígena, se proclama que son "recuperaciones" de tierras ancestrales, pero los intendentes y muchos vecinos afirman que "se está violando la propiedad privada" y algunos territorios públicos.
El conflicto escaló tanto que en los últimos años la zona sureña fue escenario de intentos de desalojos y violentos despliegues policiales, principalmente bajo el mandato de Macri y las directivas de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Estos operativos concluyeron con muertes muy resonadas, como el homicidio del joven Rafael Nahuel en noviembre del 2017, o la de Santiago Maldonado, quien ese mismo año fue encontrado sin vida tras pasar más de dos meses desaparecido al intentar escapar de un violento accionar de los efectivos en la comunidad Lof Cushamen.
Concentración en Buenos Aires con motivo de la desaparición de Santiago Maldonado, octubre de 2017Marcos Brindicci / Reuters
Sobre el contexto de aquel año, de forma reciente la Justicia confirmó la condena al jefe de Infantería de la Policía de la provincia de Chubut, Javier Solorza, por una fuerte represión previa en esa misma comunidad: "Ordenó a un gran número de efectivos que dispararan sin motivo y a corta distancia a personas mapuches. Una de ellas sufrió un traumatismo de cráneo que la dejó internada en terapia intensiva y secuelas permanentes en su capacidad de oír y hablar", repasa el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que participó en el caso.
Por esos días de enero, se vivieron tres intensos operativos de Gendarmería, "sin respetar los estándares de uso legítimo de la fuerza en protestas o desalojos, poniendo en riesgo la vida e integridad de los miembros de la comunidad". Como trasfondo, la organización mapuche intenta recuperar su espacio ancestral, en disputa con la Compañía de Tierras del Sur Argentino, en manos de la transnacional Benetton.
Entre tanto, la desafortunada frase de Alberto Fernández confirma una cosa: la falta de representatividad de los pueblos originarios en la clase política.
Leandro Lutzky
