Jun 26, 2021
Nicolás Centurión
La impunidad de ayer
Víspera del 27 de junio, a 48 años del golpe de Estado. Aquella fatídica noche, el Presidente electo Juan María Bordaberry disolvió las cámaras legislativas. Se inauguraba así, la noche más larga y tenebrosa de la historia uruguaya. 48 años después, este 25 de junio falleció por un derrame cerebral José “Nino” Gavazzo, represor, torturador y violador: el rostro de la dictadura.
El uruguayo que tiene la mayor cantidad de condena de homicidios sobre sus hombros. Murió sin decir nada, mofándose de la justicia y extendiendo el manto de impunidad que campea a sus anchas con múltiples rostros en una de “las democracias plenas” del continente.
Uruguay goza del prestigio de ser una de las democracias plenas del mundo. Así lo dice la revista británica “The Economist” en el año 2020. Primero en América Latina, segundo en América detrás de Canadá y 15 en el mundo.
Pero ¿qué democracia tenemos en Uruguay? De los cientos de represores de la última dictadura apenas 67 han sido procesados y/o condenados. Incluso algunos de ellos siguen prófugos de la justicia. Los militares se autoamnistiaron luego de la dictadura y legisladores de los dos partidos tradicionales (Colorado y Nacional) confeccionaron la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, también conocida como “ley de impunidad” para darle marco legal a la injusticia. Una ley en la que el Estado se amputa a sí mismo de una de sus funciones nucleares que es la de condenar delitos.
En dos consultas directas (1989 y 2009) la ciudadanía, por distintas razones y contextos, eligió seguir amnistiando a los militares. La impunidad triunfó en esas dos oportunidades, pero sigue avanzando día a día. De 203 desaparecidos en Uruguay sólo se han encontrado los restos de seis compatriotas.
Pero ¿qué democracia tenemos en Uruguay? De los cientos de represores de la última dictadura apenas 67 han sido procesados y/o condenados. Incluso algunos de ellos siguen prófugos de la justicia. Los militares se autoamnistiaron luego de la dictadura y legisladores de los dos partidos tradicionales (Colorado y Nacional) confeccionaron la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, también conocida como “ley de impunidad” para darle marco legal a la injusticia. Una ley en la que el Estado se amputa a sí mismo de una de sus funciones nucleares que es la de condenar delitos.
En dos consultas directas (1989 y 2009) la ciudadanía, por distintas razones y contextos, eligió seguir amnistiando a los militares. La impunidad triunfó en esas dos oportunidades, pero sigue avanzando día a día. De 203 desaparecidos en Uruguay sólo se han encontrado los restos de seis compatriotas.
José “Nino” Gavazzo murió la noche del 25 de junio en un hospital con los mejores tratos. Residía en su chalet de Parque Miramar, zona selecta del este de Canelones y con vista a un lago. Se fue sin decir una palabra, con esa sonrisa en la que aparecía en la prensa luego de asistir a algún juzgado a declarar. Esa sonrisa que se sabe por fuera de la ley porque él en su momento fue la ley; la ley del más despiadado.
Gavazzo fue condenado en múltiples causas en el exterior y en Uruguay por participación en crímenes de lesa humanidad, entre los que se cuentan secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos. También fue procesado en el año 1995 por extorsión en una causa sobre falsificación de dólares.
En 2006 cumplió prisión en la cárcel vip de Domingo Arena, hasta 2013 donde fue trasladado al Hospital Militar en un sector especial destinado a jerarcas militares. Desde el 24 de diciembre de 2015 cumplía prisión domiciliaria.
La impunidad hoy
La muerte de Gavazzo, aunque haya sido el mascarón de proa de la dictadura, marca un hecho más en este derrotero de impunidad que cada tanto tiempo resurge y que es cuando la inteligencia militar se da el gusto de enviar mensajes para decir: “aquí estamos, nunca nos fuimos. Seguimos operando desde las cloacas del Estado.”
Gavazzo fue condenado en múltiples causas en el exterior y en Uruguay por participación en crímenes de lesa humanidad, entre los que se cuentan secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos. También fue procesado en el año 1995 por extorsión en una causa sobre falsificación de dólares.
En 2006 cumplió prisión en la cárcel vip de Domingo Arena, hasta 2013 donde fue trasladado al Hospital Militar en un sector especial destinado a jerarcas militares. Desde el 24 de diciembre de 2015 cumplía prisión domiciliaria.
La impunidad hoy
La muerte de Gavazzo, aunque haya sido el mascarón de proa de la dictadura, marca un hecho más en este derrotero de impunidad que cada tanto tiempo resurge y que es cuando la inteligencia militar se da el gusto de enviar mensajes para decir: “aquí estamos, nunca nos fuimos. Seguimos operando desde las cloacas del Estado.”
No se le puede achacar a los organismos de inteligencia que hagan inteligencia. Lo que es alarmante es que existan organismos paraestatales e incluso individuos que operan en las sombras, por motu propio y a piacere. Tal era el caso del fallecido inspector Víctor Castiglioni, quien estuvo al frente de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) entre 1971 y 1982 y tuvo en su poder parte del archivo que documenta las actividades de espionaje en democracia.
Esto se descubrió recién en 2006 y se conoce con el nombre de Archivo Berruti, porque fue bajo la administración de dicha Ministra de Defensa que se incautaron en una oficina del Ministerio de Defensa, 1.144 rollos de archivos microfilmados con mucha información.
En 2015 se descubrió en el domicilio de Elmar Castiglioni, sobrino de Victor Castiglioni, como si fuera una especie de herencia de la impunidad; documentación que complementa el Archivo Berruti. En dichos archivos se daba cuenta de espionaje en democracia a líderes de la izquierda, de los partidos tradicionales, sindicalistas, etc.
En 2020 se le realizó un homenaje a Victor Castiglioni, bajo la administración del recientemente fallecido ministro del Interior Jorge Larrañaga, uno de los líderes del Partido Nacional, colocando una placa en su honor. El Director Nacional de Policía dijo que “fue un acto de justicia profesional”. Esto generó controversia en la propia Coalición Multicolor gobernante, ya que el propio Castiglioni estuvo involucrado en la detención de dirigentes del Partido Nacional.![]()
Si de “inteligencia” hablamos, no es cuestión del pasado. El ex intendente de Rocha por el Frente Amplio, Anibal Pereyra, denunció ante la Fiscalía General de la Nación un presunto operativo de inteligencia y seguimiento a militantes que buscan firmas en ese departamento para llevar a referéndum 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que impulsa el gobierno.
El Frente Amplio, la central única de trabajadores PIT-CNT y varias organizaciones sociales están embarcadas en la recolección de firmas para derogar parte del buque insignia de Luis Lacalle Pou. que apunta a un modelo agroexportador de materias primas, concentrador, de achicamiento y desmantelamiento de las empresas públicas, represor y mercantilizador de la educación, entre otras tantas cuestiones.
De comprobarse dicho operativo, estaríamos hablando de una embestida de dos frentes (legal y no legal) por parte del gobierno. La parte legal se demostró cuando el mediático presidente Lacalle Pou le negó la última semana a la comisión nacional pro referéndum la cadena nacional para exponer sus argumentos contra la LUC. Una campaña que ya lleva recolectada más de medio millón de firmas (en un país de poco más de tres millones de habitantes).
La impunidad del futuro
La impunidad de ayer es cimentada por sus propios dueños y a veces por sus edecanes. Cabildo Abierto, partido de ultraderecha y parte de la coalición gobernante, cuenta en sus filas con personajes siniestros como Eduardo Radaelli, involucrado en el caso del asesinato del químico chileno Eugenio Berrios.
Cabildo Abierto, como formación política, ha absorbido las facciones más extremistas de los partidos tradicionales e incluso otras que estaban por fuera del espectro político-partidario. Pretende relanzar la ley de impunidad y el propio líder de su partido, el ex general Guido Manini Ríos, escondió durante un año (cuando era militar en actividad) las confesiones de Gavazzo sobre la tortura, homicidio y desaparición de Roberto Gomensoro, que contaba con detalles escabrosos.
Esto se descubrió recién en 2006 y se conoce con el nombre de Archivo Berruti, porque fue bajo la administración de dicha Ministra de Defensa que se incautaron en una oficina del Ministerio de Defensa, 1.144 rollos de archivos microfilmados con mucha información.
En 2015 se descubrió en el domicilio de Elmar Castiglioni, sobrino de Victor Castiglioni, como si fuera una especie de herencia de la impunidad; documentación que complementa el Archivo Berruti. En dichos archivos se daba cuenta de espionaje en democracia a líderes de la izquierda, de los partidos tradicionales, sindicalistas, etc.
En 2020 se le realizó un homenaje a Victor Castiglioni, bajo la administración del recientemente fallecido ministro del Interior Jorge Larrañaga, uno de los líderes del Partido Nacional, colocando una placa en su honor. El Director Nacional de Policía dijo que “fue un acto de justicia profesional”. Esto generó controversia en la propia Coalición Multicolor gobernante, ya que el propio Castiglioni estuvo involucrado en la detención de dirigentes del Partido Nacional.
Si de “inteligencia” hablamos, no es cuestión del pasado. El ex intendente de Rocha por el Frente Amplio, Anibal Pereyra, denunció ante la Fiscalía General de la Nación un presunto operativo de inteligencia y seguimiento a militantes que buscan firmas en ese departamento para llevar a referéndum 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que impulsa el gobierno.
El Frente Amplio, la central única de trabajadores PIT-CNT y varias organizaciones sociales están embarcadas en la recolección de firmas para derogar parte del buque insignia de Luis Lacalle Pou. que apunta a un modelo agroexportador de materias primas, concentrador, de achicamiento y desmantelamiento de las empresas públicas, represor y mercantilizador de la educación, entre otras tantas cuestiones.
De comprobarse dicho operativo, estaríamos hablando de una embestida de dos frentes (legal y no legal) por parte del gobierno. La parte legal se demostró cuando el mediático presidente Lacalle Pou le negó la última semana a la comisión nacional pro referéndum la cadena nacional para exponer sus argumentos contra la LUC. Una campaña que ya lleva recolectada más de medio millón de firmas (en un país de poco más de tres millones de habitantes).
La impunidad del futuro
La impunidad de ayer es cimentada por sus propios dueños y a veces por sus edecanes. Cabildo Abierto, partido de ultraderecha y parte de la coalición gobernante, cuenta en sus filas con personajes siniestros como Eduardo Radaelli, involucrado en el caso del asesinato del químico chileno Eugenio Berrios.
Cabildo Abierto, como formación política, ha absorbido las facciones más extremistas de los partidos tradicionales e incluso otras que estaban por fuera del espectro político-partidario. Pretende relanzar la ley de impunidad y el propio líder de su partido, el ex general Guido Manini Ríos, escondió durante un año (cuando era militar en actividad) las confesiones de Gavazzo sobre la tortura, homicidio y desaparición de Roberto Gomensoro, que contaba con detalles escabrosos.
Guido Manini Ríos es hoy senador de la República, y se amparó en los fueros parlamentarios para no declarar ante la justicia cuando había manifestado en más de una ocasión que no lo iba a hacer. Es líder indiscutido de Cabildo Abierto y se proyecta como uno de los presidenciables para 2024.
La ultraderecha aún tiene horizonte para crecer y con ella el manto de impunidad que se viene perpetuando hace casi medio siglo. Los republicanos, demócratas y liberales que ayer pactaron con los militares, que engrosaron las filas de sus gobiernos posdictadura, hoy están coaligados y gobernando nuevamente junto a los nostálgicos de las botas y la picana.
¿Qué tipo de democracia es ésta?...
Nicolás Centurión
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
