La guerra no declarada de la nueva derecha criolla. Publican un trabajo sobre sus vínculos, referentes y acciones en Argentina
Por Soledad Vallejos
13 de junio de 2021
Imagen: Guido Piotrkowski
La investigación "La reacción conservadora", realizada por un equipo periodístico independiente y federal, relevó casos, documentó dinámicas y entrevistó a voces locales. Aún en formación, la alt-right argentina está en pie de guerra y funda su identidad en un objetivo común: atacar, obstaculizar y evitar la agenda de derechos humanos en general, y la de las mujeres y disidencias en particular.
La reacción conservadora está en pie de guerra. Durante más de un año, un equipo de investigación periodística federal, del que forma parte esta cronista, relevó y documentó casos, entrevistó a muchos de sus referentes de la sociedad civil, líderes políticos y religiosos, estableció el mapa de redes que vincula individuos, instituciones y dinámicas en el mundo virtual y en el institucional, en la vida cotidiana y en campañas breves e intensas diseñadas con objetivos puntuales, que tanto podían ser rechazar un proyecto de ley como hostigar para callar e impugnar a quienes los defendieran. El trabajo “La reacción conservadora”, que desde hoy puede consultarse íntegramente en internet, detalla cómo esta ola anti -que justifica su razón de ser en la oposición a avances o intentos de- está protagonizada por la nueva derecha en gestación en Argentina, un movimiento que va en sintonía con el que en Estados Unidos, de la mano del ex presidente Donald Trump, logró visibilidad como “alt-right”, la derecha alternativa que impulsó la desinformación como arma y la “realidad alternativa” como herramienta para desdemocratizar y cuestionar consensos internacionales construidos durante la segunda mitad del siglo XX para contraponerles documentos sectoriales con nombres que emulan el de los tratados reconocidos por los Estados.
El de la nueva derecha argentina es un universo que tiene lazos con su par español, y que aunque se presenta como enteramente nuevo, presenta trazos de una genealogía largamente conocida, como permite establecer una mirada histórica.
En Argentina, en estos meses, y con especial énfasis desde fines del año pasado, cuando el Congreso nacional retomó el debate sobre la IVE y garantizó el acceso a ella por ley, queda cada vez más claro que los avances de mujeres y disidencias no son gratuitos. La construcción de la igualdad molesta. Se ve en los recurrentes intentos de obstaculizar la implementación de la Ley 27.610 por la vía judicial, con pedidos de amparo que van desplazándose de fuero en fuero, de provincia en provincia, en busca de juzgados amigables y con firmas de amparistas todoterreno. Se transparenta en algunos de los argumentos que empezaron a discurrir luego de la votación del proyecto de cupo laboral travesti-trans, que parafrasearon los que se usaron para rechazar el voto femenino, el divorcio, la patria potestad compartida, la educación sexual.
El fenómeno no es local o regional, sino global, y sus líderes -muchos, diversos, en disputa inclusive hacia adentro del universo- comparten experiencias y estrategias en encuentros y capacitaciones, al tiempo que procuran fortalecer e instalar versiones hacia adentro y hacia afuera a través de sus propios espacios de comunicación orgánicos, como los que llevan adelante muchos de sus voceros, que en algunos casos están directamente vinculados con referentes políticos en ejercicio de cargos públicos.
La guerra de los mundos
En Argentina, ahora mismo el Congreso es un campo de batalla en el que conviven estrategias diversas con un enfoque en común: obstaculizar, destruir, subvertir todo lo que pueda implicar un avance para las garantías de mujeres y disidencias. El año pasado, el cambio abrupto que la declaración de la pandemia y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) significó también para la agenda legislativa permitió ver cómo el bloque de interés que conforman las y los referentes anti en ambas cámaras reaccionaron con flexibilidad y de manera desestructurada. La pandemia sirvió de comodín: muchos de sus proyectos incorporaron el argumento de la emergencia sanitaria a veces como marco y, en otros casos, como excusa, para oponerse a decisiones políticas que garantizaban el acceso a derechos sexuales y reproductivos, o al avance de agendas progresistas vinculadas a asuntos de salud pública.
En el mundo legislativo nacional, los discursos y el elenco anti se mantienen relativamente estables, pero los nombres demuestran que hay cierta renovación, de la mano de incorporaciones (como la de la diputada Dina Rezinovsky o su par neuquino Francisco Sánchez, ambos del Pro y llegados a la Cámara en 2019) que sumaron sus intervenciones a las de representantes ya conocidos y con visibilidad adquirida en otros momentos políticos (los senadores Silvia Elías de Pérez y Mario Fiad, de la UCR, su colega Esteban Bullrich, de, Pro, y diputados como David Schlereth y Carmen Polledo, ambos del Pro, entre ellos), al tiempo que imprimen otras dinámicas. Sus proyectos de 2020 se podrían leer en tres grandes ejes. Uno está formado por las preocupaciones por la gestación, los derechos que involucran las decisiones sobre ella (el embarazo; la interrupción voluntaria; lo que suceda con el feto; la maternidad; la adopción aún “prenatal”) y la voluntad de desafiar el estándar internacional de derechos humanos efectivamente reconocido por el Estado argentino, con la construcción de un corpus paralelo. Otro, por procurar, legitimar y fortalecer la irrupción de lo confesional en la dimensión laica de la vida institucional pública -a través de su consagración por el Estado-, tanto en lo estrictamente religioso como a través de sus asociaciones civiles, que no siempre transparentan los vínculos. El último es la voluntad de jerarquizar y reivindicar el rol social de las iglesias, con especial énfasis en el marco establecido por la pandemia.
El púlpito en el Estado laico
Fueron algo más de diez las iniciativas que procuraron legitimar la irrupción de lo confesional en la dimensión laica, a fuerza de pedir la consagración estatal de ámbitos, eventos y aniversarios estrictamente confesionales, a lo que se sumaron pedidos de reconocimiento a asociaciones civiles vinculadas de manera íntima con cultos (sean derivadas de ellos o bien que encarnen el proceso de oenegeización de esos cultos para intervenir en tanto entidad de la sociedad civil y no en tanto religión).
Por ejemplo, ambas Cámaras registraron el ingreso de textos referidos a una de las entidades de la sociedad civil más activas a la hora de confrontar y obstaculizar la agenda de derechos de las mujeres, diversidades y minorías, y cuyos referentes públicos militan activamente en favor de la agenda desdemocratizadora. En marzo, Elías de Pérez y Braillard Poccard presentaron en el Senado una iniciativa para declarar “de interés el programa de acompañamiento y contención ‘Defensores de mamás’, de la asociación civil Frente Joven, encargado de disminuir la mortalidad materna e infantil”. Los fundamentos de la iniciativa aclaran que el texto “reconoce como antecedente el expediente D- 396-2020, iniciativa de la Diputada Nacional Dina Rezinovsky”, que había ingresado a la Cámara baja tres días antes (con el aval también de Schlereth, Polledo, Marcela Campagnoli, Carla Piccolomini y Victoria Morales Gorleri entre otros).
Fue Rezinovsky también quien, en noviembre, presentó en Diputados una iniciativa para “declarar de interés de la Honorable Cámara el 10 aniversario del ‘Frente Joven Asociación Civil’”, que contó con el acompañamiento de la tucumana Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social), Luis Contiagini, Polledo, Campagnoli, Natalia Villa, Schlereth, entre otros.
Algunas propuestas buscaron que el Congreso realizara manifestaciones sobre acontecimientos netamente religiosos. En Diputados, se enrolaron en ese sentido el proyecto de declaración para “expresar beneplácito por el hallazgo de la virgen María bajo la advocación de nuestra señora del valle de Catamarca, a conmemorarse en el mes de abril de 2020” y otro de “beneplácito por el proceso de Canonización y Beatificación, en curso en la Iglesia Católica, de nuestro compatriota Enrique Shaw, notable emprendedor dotado de una sensibilidad humanista excepcional, sobresaliendo su amor al prójimo”, ambos de Alberto Asseff, que reclutó entre los dos a Polledo, Morales Gorleri, Sánchez, Torello, entre otros. También en Diputados se presentó una de declaración de interés educativo y cultural del “sermón de la Constitución de Fray Mamerto Esquiú, pronunciado en la iglesia matriz de la ciudad de Catamarca”, de la porteña Paula Oliveto Lago, que en algún sentido, dialogó con otro presentado en Senado por el catamarqueño Dalmacio Mera, para que se declarara “beneplácito por la beatifacion del venerable fray Mamerto de la Ascensión Esquiú, declarada por el papa Francisco el 19 de junio de 2020”.
Bases para dinamitar consensos de derechos humanos
Las intervenciones en el terreno legislativo no siempre fueron transparentes. La acción anti se empezó a servir el año pasado también de una estrategia paralela, más sigilosa y que parece apostar más a futuro que al resultado inmediato: la siembra para generar pseudo estándares de derechos humanos, no reconocidos por organismos internacionales ni por Estados, pero que sí emulan sus nombres y coptan su lenguaje.
Al calor del posible tratamiento de la ley de IVE, la noción de “embarazos en situación de vulnerabilidad” alimentó un pequeño grupo de iniciativas que, a primera vista, parecían compartir espíritu con la oficialista “Ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia” (conocida como Plan de los Mil Días), presentada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en simultáneo con la de IVE. Algunas, como la del senador bonaerense Esteban Bullrich (Pro) -en realidad una re-presentación del texto que el mismo legislador había ingresado en 2018 y que había perdido estado parlamentario-, reiteraban el argumento de “atención a la mujer o persona gestante”, quien debía recibir “acompañamiento” por parte de ONGs con “personería jurídica y experiencia comprobable en la temática”, lo que podría leerse como una puerta para la participación de asociaciones generadas en espacios confesionales, como Gravida o La Merced Vida, algunos de cuyos integrantes relataron en el Congreso mismo, en 2018, cómo procuran disuadir a embarazadas que manifiestan el deseo de abortar.
Otra, del diputado mendocino Omar de Marchi (Pro) proponía su propia versión: el texto, no formulado desde la perspectiva de derechos (de las mujeres, de niñas, niños y adolescentes), recurrió, entre las citas de autoridad jurídicas y de plexo normativo internacional, a acuerdos que no forman parte de los standards internacionales de Derechos Humanos, como el “Consenso de Copenhague”, iniciativa del gobierno danés y la revista The Economist, autodefinido en su página web como “un Think tank que busca las soluciones más inteligentes para los problemas más grandes del mundo, y que aconseja a decisores políticos y filántropos cómo gastar su dinero de la manera más efectiva”. Entre los fundamentos, además, reconocía como antecedente valioso la experiencia de obstaculización de acceso a derechos llevada adelante en el municipio de San Miguel (y sobre la cual puede leerse también en la investigación publicada). La iniciativa fue acompañada por numerosas firmas del sector antis, como las de David Schlereth, Francisco Sánchez, Dina Rezinovsky, Héctor “Toty” Flores, Marcela Campagnoli, Estela Regidor Belledone, entre otros.
El esfuerzo por construir estándares paralelos a los reconocidos internacionalmente en derechos humanos destacó también, de manera menos enmascarada, en dos proyectos de Schlereth, presentados el mismo día y de manera consecutiva. Ambos tematizaron el “Consenso de Ginebra”, una declaración -que no tiene rango de tratado internacional ni es vinculante- sobre “el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia” elaborada a instancias de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil para, entre otros objetivos, “expresar la prioridad fundamental de proteger el derecho a la vida”. El documento glosa diversos textos internacionales, algunos de los cuales sí forman parte de los estándares, y en sus citas los resignifica en nuevos términos, emanados de la agenda neoconservadora y des-democratizadora: “ponemos de relieve que ‘en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia’”, “reafirmamos que ‘la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad’ (…) y que ‘las mujeres desempeñan una función decisiva en la familia’”. Entre los compromisos, no planteados desde la perspectiva de derechos, se encuentran el de “mejorar y garantizar el acceso de las mujeres a los avances en materia de salud y desarrollo, en particular de salud sexual y reproductiva (…) sin incluir el aborto” y el de “reafirmar que no existe un derecho internacional al aborto, ni recae sobre los Estados una obligación internacional de financiar o facilitar los abortos”.
Es en relación a ese documento que el diputado Schlereth propuso tres iniciativas. El primero, acompañado por Francisco Sánchez, abrió el camino. Fue un proyecto de declaración para “expresar beneplácito por la participación de 95 organizaciones de la sociedad civil en defensa de derechos humanos avasallados en los últimos tiempos en la quincuagésima sesión ordinaria de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llevada a cabo del 19 al 21 de octubre de 2020”. Esa participación buscó disputar en el campo de los organismos internacionales nociones como “el derecho a la vida, la familia, la educación, la libertad religiosa y de conciencia”, algo que días después cobró otro cuerpo con el “Consenso de Ginebra”.
El segundo, de resolución, proponía “expresar beneplácito por la celebración de la declaración del Consenso de Ginebra sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia, adoptada el 22 de octubre de 2020, que reafirma que no hay un derecho al aborto” (acompañaron, entre otros, Rezinovsky, Campagnoli, Carla Piccolomini, Alicia Fregonese, José Torello, Julio Sahad, Soher El Sukaria, Carmen Polledo). En la misma línea siguió el proyecto de declaración para “solicitar al Poder Ejecutivo proceda a la adhesión de la declaración del Consenso de Ginebra sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia y el no derecho al aborto”, presentado con los mismos avales que el anterior.
La investigación "La reacción conservadora", realizada por un equipo periodístico independiente y federal, relevó casos, documentó dinámicas y entrevistó a voces locales. Aún en formación, la alt-right argentina está en pie de guerra y funda su identidad en un objetivo común: atacar, obstaculizar y evitar la agenda de derechos humanos en general, y la de las mujeres y disidencias en particular.
La reacción conservadora está en pie de guerra. Durante más de un año, un equipo de investigación periodística federal, del que forma parte esta cronista, relevó y documentó casos, entrevistó a muchos de sus referentes de la sociedad civil, líderes políticos y religiosos, estableció el mapa de redes que vincula individuos, instituciones y dinámicas en el mundo virtual y en el institucional, en la vida cotidiana y en campañas breves e intensas diseñadas con objetivos puntuales, que tanto podían ser rechazar un proyecto de ley como hostigar para callar e impugnar a quienes los defendieran. El trabajo “La reacción conservadora”, que desde hoy puede consultarse íntegramente en internet, detalla cómo esta ola anti -que justifica su razón de ser en la oposición a avances o intentos de- está protagonizada por la nueva derecha en gestación en Argentina, un movimiento que va en sintonía con el que en Estados Unidos, de la mano del ex presidente Donald Trump, logró visibilidad como “alt-right”, la derecha alternativa que impulsó la desinformación como arma y la “realidad alternativa” como herramienta para desdemocratizar y cuestionar consensos internacionales construidos durante la segunda mitad del siglo XX para contraponerles documentos sectoriales con nombres que emulan el de los tratados reconocidos por los Estados.
El de la nueva derecha argentina es un universo que tiene lazos con su par español, y que aunque se presenta como enteramente nuevo, presenta trazos de una genealogía largamente conocida, como permite establecer una mirada histórica.
En Argentina, en estos meses, y con especial énfasis desde fines del año pasado, cuando el Congreso nacional retomó el debate sobre la IVE y garantizó el acceso a ella por ley, queda cada vez más claro que los avances de mujeres y disidencias no son gratuitos. La construcción de la igualdad molesta. Se ve en los recurrentes intentos de obstaculizar la implementación de la Ley 27.610 por la vía judicial, con pedidos de amparo que van desplazándose de fuero en fuero, de provincia en provincia, en busca de juzgados amigables y con firmas de amparistas todoterreno. Se transparenta en algunos de los argumentos que empezaron a discurrir luego de la votación del proyecto de cupo laboral travesti-trans, que parafrasearon los que se usaron para rechazar el voto femenino, el divorcio, la patria potestad compartida, la educación sexual.
El fenómeno no es local o regional, sino global, y sus líderes -muchos, diversos, en disputa inclusive hacia adentro del universo- comparten experiencias y estrategias en encuentros y capacitaciones, al tiempo que procuran fortalecer e instalar versiones hacia adentro y hacia afuera a través de sus propios espacios de comunicación orgánicos, como los que llevan adelante muchos de sus voceros, que en algunos casos están directamente vinculados con referentes políticos en ejercicio de cargos públicos.
La guerra de los mundos
En Argentina, ahora mismo el Congreso es un campo de batalla en el que conviven estrategias diversas con un enfoque en común: obstaculizar, destruir, subvertir todo lo que pueda implicar un avance para las garantías de mujeres y disidencias. El año pasado, el cambio abrupto que la declaración de la pandemia y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) significó también para la agenda legislativa permitió ver cómo el bloque de interés que conforman las y los referentes anti en ambas cámaras reaccionaron con flexibilidad y de manera desestructurada. La pandemia sirvió de comodín: muchos de sus proyectos incorporaron el argumento de la emergencia sanitaria a veces como marco y, en otros casos, como excusa, para oponerse a decisiones políticas que garantizaban el acceso a derechos sexuales y reproductivos, o al avance de agendas progresistas vinculadas a asuntos de salud pública.
En el mundo legislativo nacional, los discursos y el elenco anti se mantienen relativamente estables, pero los nombres demuestran que hay cierta renovación, de la mano de incorporaciones (como la de la diputada Dina Rezinovsky o su par neuquino Francisco Sánchez, ambos del Pro y llegados a la Cámara en 2019) que sumaron sus intervenciones a las de representantes ya conocidos y con visibilidad adquirida en otros momentos políticos (los senadores Silvia Elías de Pérez y Mario Fiad, de la UCR, su colega Esteban Bullrich, de, Pro, y diputados como David Schlereth y Carmen Polledo, ambos del Pro, entre ellos), al tiempo que imprimen otras dinámicas. Sus proyectos de 2020 se podrían leer en tres grandes ejes. Uno está formado por las preocupaciones por la gestación, los derechos que involucran las decisiones sobre ella (el embarazo; la interrupción voluntaria; lo que suceda con el feto; la maternidad; la adopción aún “prenatal”) y la voluntad de desafiar el estándar internacional de derechos humanos efectivamente reconocido por el Estado argentino, con la construcción de un corpus paralelo. Otro, por procurar, legitimar y fortalecer la irrupción de lo confesional en la dimensión laica de la vida institucional pública -a través de su consagración por el Estado-, tanto en lo estrictamente religioso como a través de sus asociaciones civiles, que no siempre transparentan los vínculos. El último es la voluntad de jerarquizar y reivindicar el rol social de las iglesias, con especial énfasis en el marco establecido por la pandemia.
El púlpito en el Estado laico
Fueron algo más de diez las iniciativas que procuraron legitimar la irrupción de lo confesional en la dimensión laica, a fuerza de pedir la consagración estatal de ámbitos, eventos y aniversarios estrictamente confesionales, a lo que se sumaron pedidos de reconocimiento a asociaciones civiles vinculadas de manera íntima con cultos (sean derivadas de ellos o bien que encarnen el proceso de oenegeización de esos cultos para intervenir en tanto entidad de la sociedad civil y no en tanto religión).
Por ejemplo, ambas Cámaras registraron el ingreso de textos referidos a una de las entidades de la sociedad civil más activas a la hora de confrontar y obstaculizar la agenda de derechos de las mujeres, diversidades y minorías, y cuyos referentes públicos militan activamente en favor de la agenda desdemocratizadora. En marzo, Elías de Pérez y Braillard Poccard presentaron en el Senado una iniciativa para declarar “de interés el programa de acompañamiento y contención ‘Defensores de mamás’, de la asociación civil Frente Joven, encargado de disminuir la mortalidad materna e infantil”. Los fundamentos de la iniciativa aclaran que el texto “reconoce como antecedente el expediente D- 396-2020, iniciativa de la Diputada Nacional Dina Rezinovsky”, que había ingresado a la Cámara baja tres días antes (con el aval también de Schlereth, Polledo, Marcela Campagnoli, Carla Piccolomini y Victoria Morales Gorleri entre otros).
Fue Rezinovsky también quien, en noviembre, presentó en Diputados una iniciativa para “declarar de interés de la Honorable Cámara el 10 aniversario del ‘Frente Joven Asociación Civil’”, que contó con el acompañamiento de la tucumana Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social), Luis Contiagini, Polledo, Campagnoli, Natalia Villa, Schlereth, entre otros.
Algunas propuestas buscaron que el Congreso realizara manifestaciones sobre acontecimientos netamente religiosos. En Diputados, se enrolaron en ese sentido el proyecto de declaración para “expresar beneplácito por el hallazgo de la virgen María bajo la advocación de nuestra señora del valle de Catamarca, a conmemorarse en el mes de abril de 2020” y otro de “beneplácito por el proceso de Canonización y Beatificación, en curso en la Iglesia Católica, de nuestro compatriota Enrique Shaw, notable emprendedor dotado de una sensibilidad humanista excepcional, sobresaliendo su amor al prójimo”, ambos de Alberto Asseff, que reclutó entre los dos a Polledo, Morales Gorleri, Sánchez, Torello, entre otros. También en Diputados se presentó una de declaración de interés educativo y cultural del “sermón de la Constitución de Fray Mamerto Esquiú, pronunciado en la iglesia matriz de la ciudad de Catamarca”, de la porteña Paula Oliveto Lago, que en algún sentido, dialogó con otro presentado en Senado por el catamarqueño Dalmacio Mera, para que se declarara “beneplácito por la beatifacion del venerable fray Mamerto de la Ascensión Esquiú, declarada por el papa Francisco el 19 de junio de 2020”.
Bases para dinamitar consensos de derechos humanos
Las intervenciones en el terreno legislativo no siempre fueron transparentes. La acción anti se empezó a servir el año pasado también de una estrategia paralela, más sigilosa y que parece apostar más a futuro que al resultado inmediato: la siembra para generar pseudo estándares de derechos humanos, no reconocidos por organismos internacionales ni por Estados, pero que sí emulan sus nombres y coptan su lenguaje.
Al calor del posible tratamiento de la ley de IVE, la noción de “embarazos en situación de vulnerabilidad” alimentó un pequeño grupo de iniciativas que, a primera vista, parecían compartir espíritu con la oficialista “Ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia” (conocida como Plan de los Mil Días), presentada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en simultáneo con la de IVE. Algunas, como la del senador bonaerense Esteban Bullrich (Pro) -en realidad una re-presentación del texto que el mismo legislador había ingresado en 2018 y que había perdido estado parlamentario-, reiteraban el argumento de “atención a la mujer o persona gestante”, quien debía recibir “acompañamiento” por parte de ONGs con “personería jurídica y experiencia comprobable en la temática”, lo que podría leerse como una puerta para la participación de asociaciones generadas en espacios confesionales, como Gravida o La Merced Vida, algunos de cuyos integrantes relataron en el Congreso mismo, en 2018, cómo procuran disuadir a embarazadas que manifiestan el deseo de abortar.
Otra, del diputado mendocino Omar de Marchi (Pro) proponía su propia versión: el texto, no formulado desde la perspectiva de derechos (de las mujeres, de niñas, niños y adolescentes), recurrió, entre las citas de autoridad jurídicas y de plexo normativo internacional, a acuerdos que no forman parte de los standards internacionales de Derechos Humanos, como el “Consenso de Copenhague”, iniciativa del gobierno danés y la revista The Economist, autodefinido en su página web como “un Think tank que busca las soluciones más inteligentes para los problemas más grandes del mundo, y que aconseja a decisores políticos y filántropos cómo gastar su dinero de la manera más efectiva”. Entre los fundamentos, además, reconocía como antecedente valioso la experiencia de obstaculización de acceso a derechos llevada adelante en el municipio de San Miguel (y sobre la cual puede leerse también en la investigación publicada). La iniciativa fue acompañada por numerosas firmas del sector antis, como las de David Schlereth, Francisco Sánchez, Dina Rezinovsky, Héctor “Toty” Flores, Marcela Campagnoli, Estela Regidor Belledone, entre otros.
El esfuerzo por construir estándares paralelos a los reconocidos internacionalmente en derechos humanos destacó también, de manera menos enmascarada, en dos proyectos de Schlereth, presentados el mismo día y de manera consecutiva. Ambos tematizaron el “Consenso de Ginebra”, una declaración -que no tiene rango de tratado internacional ni es vinculante- sobre “el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia” elaborada a instancias de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil para, entre otros objetivos, “expresar la prioridad fundamental de proteger el derecho a la vida”. El documento glosa diversos textos internacionales, algunos de los cuales sí forman parte de los estándares, y en sus citas los resignifica en nuevos términos, emanados de la agenda neoconservadora y des-democratizadora: “ponemos de relieve que ‘en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia’”, “reafirmamos que ‘la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad’ (…) y que ‘las mujeres desempeñan una función decisiva en la familia’”. Entre los compromisos, no planteados desde la perspectiva de derechos, se encuentran el de “mejorar y garantizar el acceso de las mujeres a los avances en materia de salud y desarrollo, en particular de salud sexual y reproductiva (…) sin incluir el aborto” y el de “reafirmar que no existe un derecho internacional al aborto, ni recae sobre los Estados una obligación internacional de financiar o facilitar los abortos”.
Es en relación a ese documento que el diputado Schlereth propuso tres iniciativas. El primero, acompañado por Francisco Sánchez, abrió el camino. Fue un proyecto de declaración para “expresar beneplácito por la participación de 95 organizaciones de la sociedad civil en defensa de derechos humanos avasallados en los últimos tiempos en la quincuagésima sesión ordinaria de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llevada a cabo del 19 al 21 de octubre de 2020”. Esa participación buscó disputar en el campo de los organismos internacionales nociones como “el derecho a la vida, la familia, la educación, la libertad religiosa y de conciencia”, algo que días después cobró otro cuerpo con el “Consenso de Ginebra”.
El segundo, de resolución, proponía “expresar beneplácito por la celebración de la declaración del Consenso de Ginebra sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia, adoptada el 22 de octubre de 2020, que reafirma que no hay un derecho al aborto” (acompañaron, entre otros, Rezinovsky, Campagnoli, Carla Piccolomini, Alicia Fregonese, José Torello, Julio Sahad, Soher El Sukaria, Carmen Polledo). En la misma línea siguió el proyecto de declaración para “solicitar al Poder Ejecutivo proceda a la adhesión de la declaración del Consenso de Ginebra sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia y el no derecho al aborto”, presentado con los mismos avales que el anterior.
