Por Eric Nepomuceno
27 de junio de 2021
Imagen: EFE
El ultraderechista presidente brasileño Jair Bolsonaro (foto) está actuando de manera cada vez más descontrolada y agresiva. Dicen los especialistas que se trata de una reacción normal en los psicópatas: cada vez que se sienten acorralados, reaccionan con violencia creciente. Y, más que acorralado, lo que se ve en Brasil es un presidente que se derrite a cada día.
Para colmo, ahora explota un escándalo de corrupción que podrá llevar a los militares que lo rodean y al empresariado que todavía lo respalda, con destaque para el agro negocio, a alejarse poco a poco.
A lo largo de la campaña electoral de 2018, que lo llevó a la presidencia, Bolsonaro reiteraba: no iría unirse al llamado “centrazo”, grupo de partidos de derecha que no se venden, se alquilan (desde la redemocratización, en 1985, estuvieron en todos – todos – los gobiernos), y daría combate incesante a la corrupción.
Se trataba, a propósito, del mismo “centrazo” que ahora alquiló su gobierno. Bolsonaro olvidó que él mismo, como diputado nacional, era integrante, aunque especialmente oscuro, del “centrazo”.
En cuanto a corrupción, se olvidaba que, junto a sus tres hijos que actúan como parlamentarios, mantenía el esquema de contratar falsos asesores y quedarse con la mayor parte de sus sueldos.
Si eso no es desvio de dinero público, o sea, corrupción, no se sabe qué será. También olvidó que la actual primera dama (el gran defensor de la familia tradicional se casó tres veces) recibió depósitos raros, para decir lo mínimo, del administrador de los dineros de la familia.
Bomba
Pues ahora una bomba cayó en sus rodillas.
El pasado viernes, en una sesión de la Comisión de Investigación del Senado que investiga los equívocos y fallas en el enfrentamiento de la pandemia de covid-19 que ya mató a por lo menos 515 mil brasileños, el país se sacudió oyendo la denuncia – con sobradas pruebas – de un intento de corrupción en la compra de vacunas.
Supo también que Bolsonaro fue advertido de la maniobra, y que no hizo nada para impedirla. Y que él mismo dijo que el responsable era Ricardo Barros, vocero del gobierno en la Cámara de Diputados.
La denuncia fue presentada en la Comisión de Investigación por un diputado que hasta ahora era aliado de Bolsonaro, y que tiene un hermano que es funcionario estable del ministerio de Salud.
El diputado se llama Luis Claudio Miranda, y el hermano funcionario Luis Ricardo Miranda.
Lo que ambos dijeron a los senadores que los interrogaron fue amparado por pruebas, grabaciones inclusive.
Se trató de un esquema sencillo: Ricardo Barros, desde los tiempos en que fue ministro de Salud del gobierno de Michel Temer luego del golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff en 2016, mantiene vínculos con una industria farmacéutica llamada Precisa, involucrada en ventas al gobierno nacional que jamás fueron realizadas. Ya se comprobaron desviaciones por al menos cuatro millones de dólares.
Desde el año pasado el gobierno de Bolsonaro postergó al máximo la compra de vacunas que eran ofertadas insistentemente. Solo de la Pfizer fueron más de 30 ofertas, desde mediados el año pasado.
Hubo una única excepción: la oferta de la vacuna indiana Covaxin, cuya eficacia es tan dudosa que siquiera se aplica en larga escala en India.
Presionado por sus superiores en el ministerio de Salud, Luis Ricardo Miranda apeló a su hermano diputado, Luis Claudio, cercano a Bolsonaro.
El sábado 20 de marzo de 2021 los dos tuvieron una reunión con el mandatario en la residencia presidencial. Llevaron todas las pruebas y relataron las presiones, en especial de los uniformados esparcidos por el ministerio, para apresurar la compra de la vacuna Covaxin aun sin tener autorización de las autoridades sanitarias. Serían alrededor de 500 millones de dólares, ya que cada dosis era más cara que todas las demás ofertadas.
Oyeron de Bolsonaro dos cosas. Una: que ordenaría la Policía Federal para investigar el caso. La otra: “Eso es cosa de Ricardo Barros, y meter la mano en ese asunto es como meter la mano en mierda”.
La Policía Federal jamás fue llamada. Y pasados tres meses, la compra solo no se hizo porque Luis Ricardo Miranda se negó a cumplir las órdenes de sus superiores y optó, junto al hermano diputado, por hacer una denuncia pública.
Y con un agregado: los dos contaron a los senadores de la Comisión de Investigación que uno de los hijos presidenciales, el senador Flavio, se inmiscuyó en la trama.
Los próximos días serán de tensión máxima, tanto para la familia Bolsonaro como para el país.
El ultraderechista presidente brasileño Jair Bolsonaro (foto) está actuando de manera cada vez más descontrolada y agresiva. Dicen los especialistas que se trata de una reacción normal en los psicópatas: cada vez que se sienten acorralados, reaccionan con violencia creciente. Y, más que acorralado, lo que se ve en Brasil es un presidente que se derrite a cada día.
Para colmo, ahora explota un escándalo de corrupción que podrá llevar a los militares que lo rodean y al empresariado que todavía lo respalda, con destaque para el agro negocio, a alejarse poco a poco.
A lo largo de la campaña electoral de 2018, que lo llevó a la presidencia, Bolsonaro reiteraba: no iría unirse al llamado “centrazo”, grupo de partidos de derecha que no se venden, se alquilan (desde la redemocratización, en 1985, estuvieron en todos – todos – los gobiernos), y daría combate incesante a la corrupción.
Se trataba, a propósito, del mismo “centrazo” que ahora alquiló su gobierno. Bolsonaro olvidó que él mismo, como diputado nacional, era integrante, aunque especialmente oscuro, del “centrazo”.
En cuanto a corrupción, se olvidaba que, junto a sus tres hijos que actúan como parlamentarios, mantenía el esquema de contratar falsos asesores y quedarse con la mayor parte de sus sueldos.
Si eso no es desvio de dinero público, o sea, corrupción, no se sabe qué será. También olvidó que la actual primera dama (el gran defensor de la familia tradicional se casó tres veces) recibió depósitos raros, para decir lo mínimo, del administrador de los dineros de la familia.
Bomba
Pues ahora una bomba cayó en sus rodillas.
El pasado viernes, en una sesión de la Comisión de Investigación del Senado que investiga los equívocos y fallas en el enfrentamiento de la pandemia de covid-19 que ya mató a por lo menos 515 mil brasileños, el país se sacudió oyendo la denuncia – con sobradas pruebas – de un intento de corrupción en la compra de vacunas.
Supo también que Bolsonaro fue advertido de la maniobra, y que no hizo nada para impedirla. Y que él mismo dijo que el responsable era Ricardo Barros, vocero del gobierno en la Cámara de Diputados.
La denuncia fue presentada en la Comisión de Investigación por un diputado que hasta ahora era aliado de Bolsonaro, y que tiene un hermano que es funcionario estable del ministerio de Salud.
El diputado se llama Luis Claudio Miranda, y el hermano funcionario Luis Ricardo Miranda.
Lo que ambos dijeron a los senadores que los interrogaron fue amparado por pruebas, grabaciones inclusive.
Se trató de un esquema sencillo: Ricardo Barros, desde los tiempos en que fue ministro de Salud del gobierno de Michel Temer luego del golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff en 2016, mantiene vínculos con una industria farmacéutica llamada Precisa, involucrada en ventas al gobierno nacional que jamás fueron realizadas. Ya se comprobaron desviaciones por al menos cuatro millones de dólares.
Desde el año pasado el gobierno de Bolsonaro postergó al máximo la compra de vacunas que eran ofertadas insistentemente. Solo de la Pfizer fueron más de 30 ofertas, desde mediados el año pasado.
Hubo una única excepción: la oferta de la vacuna indiana Covaxin, cuya eficacia es tan dudosa que siquiera se aplica en larga escala en India.
Presionado por sus superiores en el ministerio de Salud, Luis Ricardo Miranda apeló a su hermano diputado, Luis Claudio, cercano a Bolsonaro.
El sábado 20 de marzo de 2021 los dos tuvieron una reunión con el mandatario en la residencia presidencial. Llevaron todas las pruebas y relataron las presiones, en especial de los uniformados esparcidos por el ministerio, para apresurar la compra de la vacuna Covaxin aun sin tener autorización de las autoridades sanitarias. Serían alrededor de 500 millones de dólares, ya que cada dosis era más cara que todas las demás ofertadas.
Oyeron de Bolsonaro dos cosas. Una: que ordenaría la Policía Federal para investigar el caso. La otra: “Eso es cosa de Ricardo Barros, y meter la mano en ese asunto es como meter la mano en mierda”.
La Policía Federal jamás fue llamada. Y pasados tres meses, la compra solo no se hizo porque Luis Ricardo Miranda se negó a cumplir las órdenes de sus superiores y optó, junto al hermano diputado, por hacer una denuncia pública.
Y con un agregado: los dos contaron a los senadores de la Comisión de Investigación que uno de los hijos presidenciales, el senador Flavio, se inmiscuyó en la trama.
Los próximos días serán de tensión máxima, tanto para la familia Bolsonaro como para el país.
La Comisión de Investigación del Senado tiene ahora un nuevo blanco. Puede ser el principio del fin del peor gobierno de la historia de la República en Brasil.
