08 de junio de 2021
Imagen: AFP
La Autoridad de la Competencia de Francia impuso este lunes a Google una multa de 220 millones de euros por haber abusado de su posición dominante en el mercado de la publicidad en línea.
La sanción es resultado de una negociación con el gigante estadounidense de internet. Google aceptó los cargos y asumió una serie de compromisos y obligaciones en su política publicitaria, explicó la Autoridad de la Competencia en un comunicado.
En el centro de este asunto está la posición dominante que tiene en los servidores publicitarios para editores de páginas web y aplicaciones móviles. La empresa le dio un trato preferencial a sus propias tecnologías de la marca Google Ad Manager.
Así pudo beneficiar, en detrimento de sus competidores, tanto al funcionamiento de su servidor publicitario DPF --a través del cual los usuarios ponen a la venta sus espacios publicitarios--, como al de la plataforma AdX, que organiza la subasta de esos espacios.
En concreto, DPF daba ventajas a la plataforma de ventas y simultáneamente AdX favorecía al servidor publicitario de Google.
Uno de los principales mecanismos utilizados era que DPF comunicaba a AdX los precios que proponían los competidores y así podía utilizar esa información para ajustar sus propuestas en las subastas y aumentar sus posibilidades de ganarlas.
Para ello, modificaba sus comisiones en función de la presión que observaba por parte de los competidores que, por su parte, no disponían de esos elementos.
Google limitaba el atractivo de otros servidores publicitarios, lo que le permitió "aumentar sensiblemente su cuota de mercado y sus ingresos, que ya de por sí son muy elevados", hizo notar el organismo regulador.
En el origen de este proceso está la denuncia de tres compañías del sector de la prensa: News Corp. (editor entre otros de The Wall Street Journal, The Sun o The Daily Telegraph), Le Figaro y el grupo Roussel La Voix (que publica diferentes cabeceras regionales en Francia).
La presidenta de la Autoridad de la Competencia, Isabelle de Silva, consideró "muy graves" las actuaciones de Google y destacó que es la primera decisión en el mundo sobre los procesos de algoritmos complejos de subastas con los que funciona la publicidad en línea.
A su juicio, la sanción y los compromisos del buscador estadounidense, que tendrán carácter obligatorio durante un periodo de tres años, "permitirán restablecer un terreno de juego equitativo para todos los actores" y darán a los editores de páginas web la capacidad para maximizar sus espacios publicitarios.
Además de la multa, Google tendrá que permitir a sus competidores un mecanismo que posibilite la interoperatividad de su servidor DFP con otros. Se trata de darles la posibilidad de "una competencia por méritos" para que AdX y otras plataformas externas tengan un acceso igualitario a la información sobre las subastas.
Google se comprometió a designar a un "mandatario independiente", al que remunerará y que se encargará de controlar que se cumplen sus nuevas obligaciones. Ese mandatario deberá transmitir la información disponible a la Autoridad de la Competencia.
Así pudo beneficiar, en detrimento de sus competidores, tanto al funcionamiento de su servidor publicitario DPF --a través del cual los usuarios ponen a la venta sus espacios publicitarios--, como al de la plataforma AdX, que organiza la subasta de esos espacios.
En concreto, DPF daba ventajas a la plataforma de ventas y simultáneamente AdX favorecía al servidor publicitario de Google.
Uno de los principales mecanismos utilizados era que DPF comunicaba a AdX los precios que proponían los competidores y así podía utilizar esa información para ajustar sus propuestas en las subastas y aumentar sus posibilidades de ganarlas.
Para ello, modificaba sus comisiones en función de la presión que observaba por parte de los competidores que, por su parte, no disponían de esos elementos.
Google limitaba el atractivo de otros servidores publicitarios, lo que le permitió "aumentar sensiblemente su cuota de mercado y sus ingresos, que ya de por sí son muy elevados", hizo notar el organismo regulador.
En el origen de este proceso está la denuncia de tres compañías del sector de la prensa: News Corp. (editor entre otros de The Wall Street Journal, The Sun o The Daily Telegraph), Le Figaro y el grupo Roussel La Voix (que publica diferentes cabeceras regionales en Francia).
La presidenta de la Autoridad de la Competencia, Isabelle de Silva, consideró "muy graves" las actuaciones de Google y destacó que es la primera decisión en el mundo sobre los procesos de algoritmos complejos de subastas con los que funciona la publicidad en línea.
A su juicio, la sanción y los compromisos del buscador estadounidense, que tendrán carácter obligatorio durante un periodo de tres años, "permitirán restablecer un terreno de juego equitativo para todos los actores" y darán a los editores de páginas web la capacidad para maximizar sus espacios publicitarios.
Además de la multa, Google tendrá que permitir a sus competidores un mecanismo que posibilite la interoperatividad de su servidor DFP con otros. Se trata de darles la posibilidad de "una competencia por méritos" para que AdX y otras plataformas externas tengan un acceso igualitario a la información sobre las subastas.
Google se comprometió a designar a un "mandatario independiente", al que remunerará y que se encargará de controlar que se cumplen sus nuevas obligaciones. Ese mandatario deberá transmitir la información disponible a la Autoridad de la Competencia.
