Por Carlos Noriega
25 de junio de 2021
Luis Arce, funcional al fujimorismo, renunció al JNE.
El fujimorismo y sus aliados ahora dicen que desconocen la legitimidad del organismo electoral y anunciaron que no respetarán su decisión si ésta no les favorece.
La derecha ha pateado el tablero de la legalidad electoral y redobla su apuesta golpista que pretende anular las elecciones que perdió. Lo hizo después que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comenzó a analizar este miércoles los pedidos de nulidad de votos presentados por la derrotada candidata Keiko Fujimori y rechazó todos los que examinó ese día. Anulando votos del ganador de las elecciones, el izquierdista Pedro Castillo, el fujimorismo pretende voltear el resultado electoral y ganar en mesa lo que perdió en las urnas. Derrotados en los pedidos de nulidad de votos que comenzó a ver el JNE, el fujimorismo y sus aliados, que hasta el miércoles habían repetido una y otra vez que aceptarían lo que dictamine el organismo electoral, han salido a desconocer su legitimidad y anunciar que no respetarán su decisión si ésta no les favorece. Ahora exigen que intervenga la OEA con una auditoría. Derrotados, desesperados, esperan que el organismo que dirige Luis Almagro avale ahora su falsa narrativa de un fraude -lo que la propia misión de observadores de la OEA ya rechazó- y una salida golpista, como lo hizo en Bolivia.
El profesor rural y sindicalista Pedro Castillo derrotó a la hija y heredera política del encarcelado exdictador Alberto Fujimori por poco más de 44 mil votos. Pasadas casi tres semanas, su victoria no puede ser proclamada oficialmente porque el fujimorismo ha pedido se anulen unos 200 mil votos de las zonas rurales donde Castillo ganó ampliamente. Todos esos pedidos de nulidad de votos fueron rechazados, por falta de sustento, en primera instancia por los jurados electorales locales. El fujimorismo apeló. El miércoles, el JNE rechazó, por tres votos contra uno, las primeras apelaciones que comenzó a ver ese día. Los otros pedidos de nulidad que faltan verse son similares a los ya rechazados, con la misma falta de evidencias que los sostengan, por lo que se espera también sean rechazados y se oficialice el triunfo de Castillo.
Renuncia
En ese escenario adverso para la derecha, el magistrado Luis Arce, uno de los cuatro miembros del JNE, el único que avaló las pretensiones fujimoristas, decidió intentar dinamitar al organismo electoral desde adentro y así tumbarse las elecciones. Renunció, generando una crisis que busca deslegitimar al ente electoral y boicotear la revisión de los pedidos de nulidad de votos que no favorecía al fujimorismo. Arce, que formaba parte del JNE como representante de la Junta de Fiscales Supremos, es un fiscal que tiene abierta una investigación por sus vínculos con una mafia judicial llamada “los cuellos blancos” que tiene nexos con el fujimorismo, y en el organismo electoral jugó para los intereses fujimoristas. El presidente del JNE, el juez supremo Jorge Luis Salas, rechazó las acusaciones de Arce de falta de imparcialidad, las que calificó como “agraviantes” y sin sustento.
La derecha, jugando en pared con Arce, utilizó esta renuncia para cuestionar la legitimidad de la autoridad electoral luego que sus primeros fallos no favorecieron a su derrotada candidata. Este jueves, congresistas electos y excongresistas de diversos grupos de derecha anunciaron que no reconocerán la decisión del JNE si proclama a Castillo como presidente. Fue una presentación con claro tinte golpista. En una nueva maniobra, ahora exigen al gobierno peruano que solicite a la OEA una auditoría de todo el proceso electoral. Señalan que sin esa auditoría no reconocerán al próximo gobierno. La misión de observadores de la OEA ya se pronunció defendiendo la legitimidad de las elecciones peruanas.
“El pedido de una auditoría de la OEA no tiene sustento, es pedirle que desautorice a su misión de observadores que ya ha emitido dos informes diciendo que las elecciones han sido limpias y democráticas. Un sector de la derecha peruana apunta a que la OEA avale aquí un golpe como hizo en Bolivia, pero creo que a estas alturas eso es muy difícil que ocurra”, le declaró a Página/12 el abogado Julio Arbizú, asesor legal de Pedro Castillo para enfrentar las demandas de nulidad de votos.
Además de la OEA, todas las otras misiones de observadores internacionales, incluyendo la de la Unión Europea, también se han pronunciado señalando que las elecciones fueron limpias y democráticas. Lo mismo ha hecho el gobierno de Estados Unidos, que ha calificado las elecciones peruanas que ganó el izquierdista Castillo de “libres” y “justas”, y como “un modelo de democracia en la región”, y ha felicitado a las autoridades electorales.
El fujimorismo y sus aliados ahora dicen que desconocen la legitimidad del organismo electoral y anunciaron que no respetarán su decisión si ésta no les favorece.
La derecha ha pateado el tablero de la legalidad electoral y redobla su apuesta golpista que pretende anular las elecciones que perdió. Lo hizo después que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comenzó a analizar este miércoles los pedidos de nulidad de votos presentados por la derrotada candidata Keiko Fujimori y rechazó todos los que examinó ese día. Anulando votos del ganador de las elecciones, el izquierdista Pedro Castillo, el fujimorismo pretende voltear el resultado electoral y ganar en mesa lo que perdió en las urnas. Derrotados en los pedidos de nulidad de votos que comenzó a ver el JNE, el fujimorismo y sus aliados, que hasta el miércoles habían repetido una y otra vez que aceptarían lo que dictamine el organismo electoral, han salido a desconocer su legitimidad y anunciar que no respetarán su decisión si ésta no les favorece. Ahora exigen que intervenga la OEA con una auditoría. Derrotados, desesperados, esperan que el organismo que dirige Luis Almagro avale ahora su falsa narrativa de un fraude -lo que la propia misión de observadores de la OEA ya rechazó- y una salida golpista, como lo hizo en Bolivia.
El profesor rural y sindicalista Pedro Castillo derrotó a la hija y heredera política del encarcelado exdictador Alberto Fujimori por poco más de 44 mil votos. Pasadas casi tres semanas, su victoria no puede ser proclamada oficialmente porque el fujimorismo ha pedido se anulen unos 200 mil votos de las zonas rurales donde Castillo ganó ampliamente. Todos esos pedidos de nulidad de votos fueron rechazados, por falta de sustento, en primera instancia por los jurados electorales locales. El fujimorismo apeló. El miércoles, el JNE rechazó, por tres votos contra uno, las primeras apelaciones que comenzó a ver ese día. Los otros pedidos de nulidad que faltan verse son similares a los ya rechazados, con la misma falta de evidencias que los sostengan, por lo que se espera también sean rechazados y se oficialice el triunfo de Castillo.
Renuncia
En ese escenario adverso para la derecha, el magistrado Luis Arce, uno de los cuatro miembros del JNE, el único que avaló las pretensiones fujimoristas, decidió intentar dinamitar al organismo electoral desde adentro y así tumbarse las elecciones. Renunció, generando una crisis que busca deslegitimar al ente electoral y boicotear la revisión de los pedidos de nulidad de votos que no favorecía al fujimorismo. Arce, que formaba parte del JNE como representante de la Junta de Fiscales Supremos, es un fiscal que tiene abierta una investigación por sus vínculos con una mafia judicial llamada “los cuellos blancos” que tiene nexos con el fujimorismo, y en el organismo electoral jugó para los intereses fujimoristas. El presidente del JNE, el juez supremo Jorge Luis Salas, rechazó las acusaciones de Arce de falta de imparcialidad, las que calificó como “agraviantes” y sin sustento.
La derecha, jugando en pared con Arce, utilizó esta renuncia para cuestionar la legitimidad de la autoridad electoral luego que sus primeros fallos no favorecieron a su derrotada candidata. Este jueves, congresistas electos y excongresistas de diversos grupos de derecha anunciaron que no reconocerán la decisión del JNE si proclama a Castillo como presidente. Fue una presentación con claro tinte golpista. En una nueva maniobra, ahora exigen al gobierno peruano que solicite a la OEA una auditoría de todo el proceso electoral. Señalan que sin esa auditoría no reconocerán al próximo gobierno. La misión de observadores de la OEA ya se pronunció defendiendo la legitimidad de las elecciones peruanas.
“El pedido de una auditoría de la OEA no tiene sustento, es pedirle que desautorice a su misión de observadores que ya ha emitido dos informes diciendo que las elecciones han sido limpias y democráticas. Un sector de la derecha peruana apunta a que la OEA avale aquí un golpe como hizo en Bolivia, pero creo que a estas alturas eso es muy difícil que ocurra”, le declaró a Página/12 el abogado Julio Arbizú, asesor legal de Pedro Castillo para enfrentar las demandas de nulidad de votos.
Además de la OEA, todas las otras misiones de observadores internacionales, incluyendo la de la Unión Europea, también se han pronunciado señalando que las elecciones fueron limpias y democráticas. Lo mismo ha hecho el gobierno de Estados Unidos, que ha calificado las elecciones peruanas que ganó el izquierdista Castillo de “libres” y “justas”, y como “un modelo de democracia en la región”, y ha felicitado a las autoridades electorales.
Piden ayuda
Keiko Fujimori y sus aliados, donde predomina una extrema derecha, convertidos en émulos de Donald Trump denunciando sin argumentos serios un fraude para pretender desconocer un resultado electoral desfavorable y recurriendo a maniobras de todo tipo para ensuciar el triunfo de su rival, se han quedado sin respaldo internacional, que en algún momento esperaban lograr con su falsa narrativa de que se enfrentan “a una amenaza comunista”. Desesperados, ahora buscan la ayuda de Almagro. Pero ningún organismo internacional ni gobierno toma en serio sus denuncias sin base de un supuesto fraude electoral. Sin embargo, tienen apoyo interno, entre el poder económico y lo grandes medios, que le hacen el juego a sus falsas denuncias de fraude y sus maniobras golpistas. Militares en retiro, congresistas electos y políticos aliados de Keiko se han pronunciado, con gran eco mediático, y se han movilizado en las calles, por una salida golpista que anule las elecciones que perdieron.
“El fujimorismo está tratando de copar todos los espacios para deslegitimar el proceso electoral, alentar discursos e intentonas golpistas, dilatar el proceso hasta volverlo inviable y se llegue al 28 de julio (día de la transmisión del mando presidencial) sin un presidente proclamado y ahí generar una situación de caos total que conduzca a anular el proceso electoral y convocar nuevas elecciones. Todos los escenarios a los que juegan son golpistas. El golpismo es el talante de siempre del fujimorismo y sus acólitos. Detrás de Keiko Fujimori hay una red de organizaciones criminales que tienen figuras políticas que las obedecen”, señaló Arbizú, quien ha sido procurador anticorrupción.
Keiko y sus aliados juraron primero que respetarían el conteo de votos, pero cuando éste le fue desfavorable lo desconocieron y pidieron anular votos de su rival. Lugo aseguraron que respetarían la decisión del Jurado Electoral que debería decidir sobre sus pedidos de anular votos de Castillo, pero ahora que el ente electoral ha comenzado a rechazarlos dicen que no aceptarán su decisión. Y ahora piden una auditoría de la OEA.
