El seis de enero de 2021 el expresidente buscó evitar que Joe Biden fuera proclamado ganador de los comicios
2 de enero de 2022
Imagen: AFP
Las pesquisas se dividen en dos grandes grupos: por un lado, la persecución policial y judicial a más de 700 personas que protagonizaron actos violentos; y por otro, el proceso político abierto en la Cámara de Representantes contra personas de la órbita del exmandatario.
Un año después del violento asalto al Capitolio de Estados Unidos del seis de enero de 2021, centenares de procesos tanto judiciales como políticos siguen buscando a los culpables materiales e intelectuales de lo sucedido, estrechando cada vez más el cerco sobre el expresidente Donald Trump. Las investigaciones se dividen en dos grandes grupos: por un lado, la persecución policial y judicial a más de 700 personas que protagonizaron actos de vandalismo en esa jornada; y por otro, el proceso político abierto en la Cámara de Representantes contra personas de la órbita del exmandatario.
Las pesquisas han demostrado que Trump y sus aliados hicieron un esfuerzo concertado para evitar que la sesión del Congreso presidida por Mike Pence certificara ese día a Biden como ganador de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. "Ni siquiera durante la Guerra Civil los insurgentes violaron nuestro Capitolio, la ciudadela de nuestra democracia", afirmó Biden en julio. "No fue disensión. Fue desorden. Provocó una crisis existencial y una prueba para saber si nuestra democracia podría sobrevivir", agregó en aquel momento.
Más de 700 acusados
Hasta la fecha, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia ha presentado cargos contra más de 700 personas, residentes a lo largo y ancho de Estados Unidos, por delitos que van desde atacar físicamente a policías hasta impedir el ejercicio de sus funciones, pasando por destruir propiedad del gobierno y entrar en un edificio de acceso restringido.
La mayor condena emitida hasta la fecha, dada a conocer el pasado 17 de diciembre, recayó sobre un hombre que atacó a agentes de policía con un extintor y que fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión. De los más de 700 detenidos, únicamente unos 150 han aceptado declararse culpables, según datos del Departamento de Justicia.
Uno de los que sí llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable de haber obstruido un procedimiento oficial durante una sesión del Congreso fue la cara más visible del asalto al Capitolio, el hombre disfrazado de bisonte y autoproclamado "chamán de QAnon", Jacob Chansley, quien en noviembre fue condenado a 41 meses de prisión.
Las pesquisas se dividen en dos grandes grupos: por un lado, la persecución policial y judicial a más de 700 personas que protagonizaron actos violentos; y por otro, el proceso político abierto en la Cámara de Representantes contra personas de la órbita del exmandatario.
Un año después del violento asalto al Capitolio de Estados Unidos del seis de enero de 2021, centenares de procesos tanto judiciales como políticos siguen buscando a los culpables materiales e intelectuales de lo sucedido, estrechando cada vez más el cerco sobre el expresidente Donald Trump. Las investigaciones se dividen en dos grandes grupos: por un lado, la persecución policial y judicial a más de 700 personas que protagonizaron actos de vandalismo en esa jornada; y por otro, el proceso político abierto en la Cámara de Representantes contra personas de la órbita del exmandatario.
Las pesquisas han demostrado que Trump y sus aliados hicieron un esfuerzo concertado para evitar que la sesión del Congreso presidida por Mike Pence certificara ese día a Biden como ganador de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. "Ni siquiera durante la Guerra Civil los insurgentes violaron nuestro Capitolio, la ciudadela de nuestra democracia", afirmó Biden en julio. "No fue disensión. Fue desorden. Provocó una crisis existencial y una prueba para saber si nuestra democracia podría sobrevivir", agregó en aquel momento.
Más de 700 acusados
Hasta la fecha, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia ha presentado cargos contra más de 700 personas, residentes a lo largo y ancho de Estados Unidos, por delitos que van desde atacar físicamente a policías hasta impedir el ejercicio de sus funciones, pasando por destruir propiedad del gobierno y entrar en un edificio de acceso restringido.
La mayor condena emitida hasta la fecha, dada a conocer el pasado 17 de diciembre, recayó sobre un hombre que atacó a agentes de policía con un extintor y que fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión. De los más de 700 detenidos, únicamente unos 150 han aceptado declararse culpables, según datos del Departamento de Justicia.
Uno de los que sí llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable de haber obstruido un procedimiento oficial durante una sesión del Congreso fue la cara más visible del asalto al Capitolio, el hombre disfrazado de bisonte y autoproclamado "chamán de QAnon", Jacob Chansley, quien en noviembre fue condenado a 41 meses de prisión.
Los responsables intelectuales, al Congreso
Mientras el FBI y la justicia lidian con los ciudadanos que protagonizaron los incidentes, la Cámara de Representantes lleva a cabo una investigación paralela sobre lo ocurrido el seis de enero y los días precedentes en las más altas instancias del gobierno estadounidense. El comité está formado por nueve miembros, pero sólo dos de ellos pertenecen al partido republicano y su futuro está en duda si los conservadores consiguen el control de la Cámara Baja en las elecciones legislativas de noviembre.
A diferencia de los tribunales en que se llevan a cabo los procesos judiciales contra los atacantes, el Congreso no tiene capacidad de sancionar a nadie, por lo que la investigación es meramente informativa. Pero si alguna de las personas llamadas a testificar se niega a hacerlo, el comité las puede declarar en desacato y luego corresponde al Departamento de Justicia presentar cargos. Ese ha sido el caso de tres excolaboradores de Trump: su exasesor y exjefe de campaña Steve Bannon, su exjefe de gabinete Mark Meadows y el exayudante del fiscal general Jeffrey Clark, todos ellos declarados en desacato.
¿Qué puede pasar con Trump?
En el fondo del debate tras los casos de Bannon, Meadows y Clark está la figura del propio expresidente: ¿solicitará el comité al Departamento de Justicia que presente cargos criminales contra Trump en función de lo que encuentre? La posibilidad existe y la prensa estadounidense asegura que es algo que los demócratas tienen sobre la mesa, pero incluso entre las propias filas progresistas y los medios de comunicación de su órbita existen opiniones divididas.
Mientras algunas voces, como la del propio presidente del comité, Bennie Thompson, quieren llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias, otros alertan del peligro de que una solicitud de este tipo politice todavía más la percepción que los estadounidenses tienen del comité e incluso ayude a Trump a presentarse como víctima de una persecución política. Además, la solicitud del comité en sí misma no tendría ninguna consecuencia legal, su validez sería únicamente informativa para que el gobierno decidiera si debe actuar o no.
Con motivo del primer aniversario del asalto, Trump, quien mantiene cierto control en el partido republicano, anunció una rueda de prensa en Florida para ese día, durante la cual es probable que repita que le robaron los comicios. Pese a que ninguna prueba lo demuestra, las encuestas muestran que alrededor de dos tercios de los votantes republicanos le creen.
Casi todos los congresistas republicanos, muy conscientes del poder político de Trump, parecen secundarlo. A una de las más radicalizadas, Marjorie Taylor Greene, le suspendieron definitivamente su cuenta de Twitter por difundir información falsa sobre la pandemia de coronavirus. Twitter había restringido previamente y de manera temporal la cuenta personal de Greene por compartir información falsa sobre las elecciones presidenciales de 2020. Al igual que su líder político, a quien también le cancelaron sus cuentas en redes sociales, Greene rechazó este domingo la medida diciendo que "las grandes tecnologías y los demócratas comunistas no pueden detener la verdad".
