Honduras: la ofensiva injerencista de cara a las elecciones 2025
Por Paula Giménez y Matías Caciabue
En 20/09/2024
Desde la llegada de Xiomara Castro al poder en 2021, la República de Honduras ha experimentado una profunda reconfiguración política y social que busca apartarse de las políticas neoliberales que caracterizaron a los gobiernos anteriores. En el 2025 se disputa el destino de los más de 10 millones de habitantes de un país que posee importancia estratégica por su salida a los dos océanos y por su posición privilegiada en América Central y Caribe; así es que el escenario electoral comienza a configurarse bajo una fuerte presión externa.
A finales de junio, Honduras albergó la II CELAC Social, un evento que reunió a líderes y movimientos sociales de América Latina y el Caribe para conmemorar los 15 años del golpe de Estado contra José Manuel Zelaya. Más tarde, a finales de agosto, Xiomara Castro denunció un intento de golpe contra su gobierno, criticó a la embajadora estadounidense Laura Dogu por sus comentarios sobre las relaciones entre Honduras y Venezuela, y anunció la terminación del tratado de extradición bilateral con EE.UU, con el objeto de evitar que Estados Unidos lo use en contra de los militares propios y que eso ayude a la conformación de un golpe de Estado.
Desde la oposición afirmaron que la cancelación del tratado en realidad buscaba proteger a la familia presidencial tras la filtración de supuestos vínculos con narcotraficantes y evitar la persecución penal por parte de la fiscalía de los Estados Unidos. A lo que Xiomara Castro respondió categóricamente que “El plan para destruir mi gobierno socialista, democrático, y el próximo proceso electoral están en marcha” y convocó al pueblo hondureño a defender al gobierno.
El 14 de septiembre de 2024, miles de hondureños se congregaron en la capital de Honduras, Tegucigalpa, para apoyar a la presidenta en su lucha contra los intentos desestabilizadores. Esta manifestación coincidió con los actos de conmemoración del 203º aniversario de la independencia de Honduras, un símbolo de resistencia ante las injerencias externas.
El respaldo internacional llegó desde la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que calificó la movilización como “histórica” y condenó el papel desestabilizador de EE.UU. en la región. Jorge Arreaza, secretario ejecutivo de ALBA y excanciller venezolano, elogió a los hondureños por defender su soberanía frente a las amenazas externas.
La embajada de Estados Unidos en Honduras, a través de comunicados oficiales, advirtió sobre el peligro de estas movilizaciones y sugirió que la inestabilidad social podría aumentar a medida que se acercan las elecciones, y recomendó a su personal evitar las grandes reuniones políticas. Esta advertencia se percibe como parte de una estrategia para deslegitimar al gobierno de Castro y abrir el camino para una intervención más directa, ya sea a través del apoyo a la oposición o mediante medidas económicas unilaterales extorsivas. Si bien se han mostrado con una postura cautelosa, evitando involucrarse directamente, sus recomendaciones reflejan un interés en desestabilizar el gobierno actual.
Acciones en contexto.
En la región la influencia de EE.UU. sigue siendo predominante, con sectores neoconservadores buscando desarticular cualquier potencial alianza soberanista emergente en América Latina. Este enfoque intervencionista se refleja en el uso del narcotráfico como una herramienta clave para controlar territorios, desestabilizar y presionar a gobiernos populares. Desde hace bastante tiempo, las terminales de los cárteles transnacionales de narcotráfico han actuado como un “Estado paralelo”, operando con impunidad y en ocasiones con la complicidad de sectores que buscan desestabilizar gobiernos que limitan sus negocios criminales. Las fronteras entre Honduras y Nicaragua, así como la región colombo-venezolana, han sido puntos calientes donde el narcotráfico, y la violencia asociada, facilitan la intervención estadounidense y la justificación de planes de “seguridad”.
En paralelo, la doctrina estadounidense de Nuevas Amenazas impulsa la securitización social bajo un modelo de Estado policiaco. Este modelo se basa en la premisa de que las amenazas no convencionales requieren respuestas más robustas, lo que se traduce en una mayor inversión en equipos y tecnologías de vigilancia, así como en la expansión de las capacidades de las fuerzas policiales y militares para intervenir en asuntos civiles. En muchos países de Latinoamérica, los presupuestos destinados a seguridad han superado de manera notable a los asignados a Defensa, reflejando una fuerte dependencia de las políticas de seguridad impulsadas por los intereses intervencionistas.
El proyecto popular liderado por Xiomara Castro busca consolidar un modelo soberano y fortalecer las relaciones con actores globales independientes de la influencia estadounidense, como China. La relación de Honduras con China ha sido relevante, con un enfoque en la cooperación y el desarrollo mutuo. Esta colaboración se ha convertido en un factor clave en la dinámica regional, desafiando el dominio tradicional de EE.UU en América Latina aunque se corre el riesgo de que la colaboración con China implique compromisos geopolíticos que podrían limitar la autonomía de Honduras o subordinar sus intereses nacionales a los de un bloque de poder euroasiático en ascenso.
En su avanzada dentro de la disputa de poder estadounidense, las fuerzas neoconservadoras ven en las próximas elecciones una oportunidad para disputar el control geopolítico en la región. Con el avance del narcotráfico y el fortalecimiento del “estado paralelo”, estos actores buscan desestabilizar el proyecto popular, y revertir los avances hacia una mayor autonomía y soberanía que viene transitando Honduras. En este contexto, el Comando Sur de EE.UU. sigue siendo una presencia significativa. Sin ir más lejos, el 18 de junio pasado, Xiomara Castro se reunió con la general Laura Richardson para discutir comercio, migración, seguridad y el proyecto del tren interoceánico.
Las elecciones de 2025 en Honduras no solo definirán el futuro político del país, sino que también serán un campo de batalla crucial en la lucha entre dos visiones opuestas de desarrollo y soberanía en América Latina, que se disputa multidimensionalmente. El desenlace de esta contienda dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno de Xiomara Castro para desmontar las presiones externas, apoyado en la fuerza popular que construyó el amplio movimiento de resistencia que lo llevó al poder y consolidar su proyecto de transformación social frente a las estrategias de intervención y desestabilización, siempre renovadas, del imperialismo angloamericano.
*Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos, directora de NODAL. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política y Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional UNDEF en Argentina. Ambos son investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
En 20/09/2024
Desde la llegada de Xiomara Castro al poder en 2021, la República de Honduras ha experimentado una profunda reconfiguración política y social que busca apartarse de las políticas neoliberales que caracterizaron a los gobiernos anteriores. En el 2025 se disputa el destino de los más de 10 millones de habitantes de un país que posee importancia estratégica por su salida a los dos océanos y por su posición privilegiada en América Central y Caribe; así es que el escenario electoral comienza a configurarse bajo una fuerte presión externa.
A finales de junio, Honduras albergó la II CELAC Social, un evento que reunió a líderes y movimientos sociales de América Latina y el Caribe para conmemorar los 15 años del golpe de Estado contra José Manuel Zelaya. Más tarde, a finales de agosto, Xiomara Castro denunció un intento de golpe contra su gobierno, criticó a la embajadora estadounidense Laura Dogu por sus comentarios sobre las relaciones entre Honduras y Venezuela, y anunció la terminación del tratado de extradición bilateral con EE.UU, con el objeto de evitar que Estados Unidos lo use en contra de los militares propios y que eso ayude a la conformación de un golpe de Estado.
Desde la oposición afirmaron que la cancelación del tratado en realidad buscaba proteger a la familia presidencial tras la filtración de supuestos vínculos con narcotraficantes y evitar la persecución penal por parte de la fiscalía de los Estados Unidos. A lo que Xiomara Castro respondió categóricamente que “El plan para destruir mi gobierno socialista, democrático, y el próximo proceso electoral están en marcha” y convocó al pueblo hondureño a defender al gobierno.
El 14 de septiembre de 2024, miles de hondureños se congregaron en la capital de Honduras, Tegucigalpa, para apoyar a la presidenta en su lucha contra los intentos desestabilizadores. Esta manifestación coincidió con los actos de conmemoración del 203º aniversario de la independencia de Honduras, un símbolo de resistencia ante las injerencias externas.
El respaldo internacional llegó desde la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que calificó la movilización como “histórica” y condenó el papel desestabilizador de EE.UU. en la región. Jorge Arreaza, secretario ejecutivo de ALBA y excanciller venezolano, elogió a los hondureños por defender su soberanía frente a las amenazas externas.
La embajada de Estados Unidos en Honduras, a través de comunicados oficiales, advirtió sobre el peligro de estas movilizaciones y sugirió que la inestabilidad social podría aumentar a medida que se acercan las elecciones, y recomendó a su personal evitar las grandes reuniones políticas. Esta advertencia se percibe como parte de una estrategia para deslegitimar al gobierno de Castro y abrir el camino para una intervención más directa, ya sea a través del apoyo a la oposición o mediante medidas económicas unilaterales extorsivas. Si bien se han mostrado con una postura cautelosa, evitando involucrarse directamente, sus recomendaciones reflejan un interés en desestabilizar el gobierno actual.
Acciones en contexto.
En la región la influencia de EE.UU. sigue siendo predominante, con sectores neoconservadores buscando desarticular cualquier potencial alianza soberanista emergente en América Latina. Este enfoque intervencionista se refleja en el uso del narcotráfico como una herramienta clave para controlar territorios, desestabilizar y presionar a gobiernos populares. Desde hace bastante tiempo, las terminales de los cárteles transnacionales de narcotráfico han actuado como un “Estado paralelo”, operando con impunidad y en ocasiones con la complicidad de sectores que buscan desestabilizar gobiernos que limitan sus negocios criminales. Las fronteras entre Honduras y Nicaragua, así como la región colombo-venezolana, han sido puntos calientes donde el narcotráfico, y la violencia asociada, facilitan la intervención estadounidense y la justificación de planes de “seguridad”.
En paralelo, la doctrina estadounidense de Nuevas Amenazas impulsa la securitización social bajo un modelo de Estado policiaco. Este modelo se basa en la premisa de que las amenazas no convencionales requieren respuestas más robustas, lo que se traduce en una mayor inversión en equipos y tecnologías de vigilancia, así como en la expansión de las capacidades de las fuerzas policiales y militares para intervenir en asuntos civiles. En muchos países de Latinoamérica, los presupuestos destinados a seguridad han superado de manera notable a los asignados a Defensa, reflejando una fuerte dependencia de las políticas de seguridad impulsadas por los intereses intervencionistas.
El proyecto popular liderado por Xiomara Castro busca consolidar un modelo soberano y fortalecer las relaciones con actores globales independientes de la influencia estadounidense, como China. La relación de Honduras con China ha sido relevante, con un enfoque en la cooperación y el desarrollo mutuo. Esta colaboración se ha convertido en un factor clave en la dinámica regional, desafiando el dominio tradicional de EE.UU en América Latina aunque se corre el riesgo de que la colaboración con China implique compromisos geopolíticos que podrían limitar la autonomía de Honduras o subordinar sus intereses nacionales a los de un bloque de poder euroasiático en ascenso.
En su avanzada dentro de la disputa de poder estadounidense, las fuerzas neoconservadoras ven en las próximas elecciones una oportunidad para disputar el control geopolítico en la región. Con el avance del narcotráfico y el fortalecimiento del “estado paralelo”, estos actores buscan desestabilizar el proyecto popular, y revertir los avances hacia una mayor autonomía y soberanía que viene transitando Honduras. En este contexto, el Comando Sur de EE.UU. sigue siendo una presencia significativa. Sin ir más lejos, el 18 de junio pasado, Xiomara Castro se reunió con la general Laura Richardson para discutir comercio, migración, seguridad y el proyecto del tren interoceánico.
Las elecciones de 2025 en Honduras no solo definirán el futuro político del país, sino que también serán un campo de batalla crucial en la lucha entre dos visiones opuestas de desarrollo y soberanía en América Latina, que se disputa multidimensionalmente. El desenlace de esta contienda dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno de Xiomara Castro para desmontar las presiones externas, apoyado en la fuerza popular que construyó el amplio movimiento de resistencia que lo llevó al poder y consolidar su proyecto de transformación social frente a las estrategias de intervención y desestabilización, siempre renovadas, del imperialismo angloamericano.
*Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos, directora de NODAL. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política y Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional UNDEF en Argentina. Ambos son investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
