PAUL KRUGMAN
DESDE NUEVA YORK
"El auge económico, y no la crisis, es el momento adecuado para la austeridad". Eso afirmaba John Maynard Keynes hace 75 años, y tenía razón. Aun cuando se tenga un problema de déficit a largo plazo -¿y quién no lo tiene?- recortar drásticamente el gasto mientras la economía está profundamente deprimida es una estrategia contraproducente porque no hace más que agravar la depresión.
¿Y por qué el Reino Unido está haciendo exactamente lo que no debería hacer? A diferencia de los Gobiernos de, por ejemplo, España o California, el Gobierno británico puede adquirir préstamos con total libertad a tasas de interés más bajas que nunca. Así que, ¿por qué el Gobierno está reduciendo drásticamente la inversión y eliminando cientos de miles de puestos de trabajo en el sector público en vez de esperar a que la economía sea más fuerte?
En los últimos días he planteado esa pregunta a algunos defensores del Gobierno del primer ministro David Cameron, unas veces, en privado, y otras, en la televisión. Y todas esas conversaciones han seguido la misma pauta: han empezado con una mala metáfora y han terminado con la revelación de los motivos ocultos.
La mala metáfora -que seguramente habrán escuchado muchas veces- equipara los problemas de deuda de una economía nacional con los problemas de deuda de una familia individual. Una familia que ha asumido una deuda excesiva, cuenta la historia, debe apretarse el cinturón. De modo que si el Reino Unido en su conjunto ha asumido una deuda excesiva (cosa que ha hecho, aunque es, en su mayoría, deuda privada, más que pública), ¿no debería hacer lo mismo? ¿Qué tiene de malo esta comparación?
La respuesta es que una economía no es como una familia endeudada. Nuestra deuda es en su mayoría dinero que nos debemos unos a otros; y lo que es aún más importante, nuestros ingresos provienen principalmente de lo que nos vendemos unos a otros. Sus gastos son mis ingresos y mis gastos son sus ingresos.
¿Y qué pasa si todo el mundo simultáneamente reduce drásticamente el gasto en un intento de pagar lo que debe? La respuesta es que los ingresos de todo el mundo se reducen; mis ingresos disminuyen porque ustedes están gastando menos, y sus ingresos disminuyen porque yo estoy gastando menos. Y, a medida que nuestros ingresos se hunden, nuestro problema de deuda se agrava, no mejora.
Esto no es nada nuevo. El gran economista estadounidense Irving Fisher ya lo explicó allá por 1933, y resumió lo que él llamaba "deflación de la deuda" con el conciso y expresivo eslogan: "Cuanto más pagan los deudores, más deben". Los acontecimientos recientes, sobre todo la mortal espiral de la austeridad en Europa, han ilustrado de manera trágica la verdad de las ideas de Fisher.
Y hay una moraleja clara en esta historia: cuando el sector privado intenta desesperadamente pagar lo que debe, el sector público debería hacer lo contrario, y gastar cuando el sector privado no puede o no quiere. Desde luego que debemos equilibrar nuestro presupuesto una vez que la economía se haya recuperado, pero no ahora. La expansión, y no la crisis, es el momento adecuado para la austeridad.
Como ya he dicho, esto no es nada nuevo. Así que ¿por qué tantos políticos insisten en aplicar medidas de austeridad durante la crisis? ¿Y por qué no cambian de estrategia ni siquiera cuando la experiencia confirma las lecciones de la teoría y la historia?
Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque cuando uno presiona a los defensores de la austeridad haciéndoles ver lo malo de su metáfora, casi siempre se refugian en afirmaciones como: "Pero es esencial que reduzcamos el tamaño del Estado".
Ahora bien, estas afirmaciones suelen ir acompañadas de aseveraciones sobre que la propia crisis económica demuestra la necesidad de reducir el Estado. Pero eso es manifiestamente falso. Fíjense en los países europeos que han capeado mejor el temporal y, en lo alto de la lista, encontrarán naciones con grandes Estados como Suecia o Austria.
Y si se fijan, por otro lado, en los conservadores del país admirados antes de la crisis, encontrarán que George Osborne, ministro de Economía y Hacienda del Reino Unido y arquitecto de la actual política económica del país, describe a Irlanda como "un magnífico ejemplo del arte de lo posible". Mientras tanto, el Instituto Cato elogia los bajos impuestos de Islandia y espera que otros países industrializados "aprendan del éxito de Islandia".
Así que la defensa de la austeridad en el Reino Unido no tiene en realidad nada que ver con los déficits; tiene que ver con usar el pánico al déficit como excusa para desmantelar programas sociales. Y esto es, por supuesto, exactamente lo mismo que ha estado pasando en Estados Unidos.
Para ser justos con los conservadores del Reino Unido, no son tan toscos como sus homólogos estadounidenses. No claman contra los males de los déficits para, acto seguido, exigir enormes
reducciones de impuestos para los ricos (aunque, de hecho, el Gobierno de Cameron ha rebajado considerablemente las tasas impositivas más altas). Y, en general, parecen menos decididos que la derecha estadounidense a ayudar a los ricos y castigar a los pobres. Aun así, la dirección de la política es la misma; y también la esencial falta de sinceridad de los llamamientos a favor de la austeridad.
La gran pregunta aquí es si la evidente incapacidad de la austeridad para producir una recuperación económica conducirá a un plan B. Es posible. Pero sospecho que, aun cuando se anuncie dicho plan, no supondrá gran cosa. Porque la recuperación económica nunca ha sido el objetivo; la defensa de la austeridad siempre ha pretendido utilizar la crisis, no resolverla. Y sigue siendo así. THE NEW YORK TIMES
13 jun 2012
10 jun 2012
Articulo recomendado: El PAIS 09/06/2012
El Uruguay del miedo
El espacio que los canales privados de TV dedican hoy a la crónica roja por mes, supera el total de tres años sumados
Sábado 09 de junio de 2012
1:35
Un informe realizado por egresados de la Universidad Católica del Uruguay, comprueba la forma en que los canales privados de televisión llevaron al “auge” las informaciones de carácter policial, en detrimento de todas las demás. Durante décadas los informativos centrales de televisión, concedían sus espacios principales y mayoritarios, a la información de gobierno, seguida por la económica y la del quehacer diario, colocando en cuarto lugar –salvo jornadas excepcionales- las informaciones policiales.
Pero a partir del advenimiento del gobierno frenteamplista, los canales privados multiplicaron la cantidad de noticias policiales en el informativo central. Además casi en forma sistemática, alguna de las emisoras, priorizó durante semanas lo policial anteponiéndolo a lo político, lo deportivo y cualquier otra noticia. (*)
De periodistas sobre periodistas
Los egresados de la Universidad Católica, Martín Natalevich y Leonardo Silvera, realizaron una investigación que en síntesis, establece un aumento progresivo de la información policial para llevarla al 68% de lo emitido en el horario central durante todo el año 2009. Mientras en 2005 la televisión privada destinó 352.395 segundos de sus informativos centrales a “policiales”, solamente en julio de 2010 alcanzaba los 473.318 segundos.
Según la investigación, las noticias policiales en los informativos de televisión, pasaron de 300 mil segundos en el año 2006, a 700 mil en el 2009.
Sólo la cobertura policial a julio del año 2010 ya superaba a la totalidad de los años 2005, 2006 y 2007.
Los analistas refieren que existen “estratégicas ficciones” que buscan “intencionalmente la espectacularidad”, al procesar la información.(**)
Notas. (*)(**) Los subrayados son nuestros, lo demas esta clarito...
El espacio que los canales privados de TV dedican hoy a la crónica roja por mes, supera el total de tres años sumados
Sábado 09 de junio de 2012
1:35
Un informe realizado por egresados de la Universidad Católica del Uruguay, comprueba la forma en que los canales privados de televisión llevaron al “auge” las informaciones de carácter policial, en detrimento de todas las demás. Durante décadas los informativos centrales de televisión, concedían sus espacios principales y mayoritarios, a la información de gobierno, seguida por la económica y la del quehacer diario, colocando en cuarto lugar –salvo jornadas excepcionales- las informaciones policiales.
Pero a partir del advenimiento del gobierno frenteamplista, los canales privados multiplicaron la cantidad de noticias policiales en el informativo central. Además casi en forma sistemática, alguna de las emisoras, priorizó durante semanas lo policial anteponiéndolo a lo político, lo deportivo y cualquier otra noticia. (*)
De periodistas sobre periodistas
Los egresados de la Universidad Católica, Martín Natalevich y Leonardo Silvera, realizaron una investigación que en síntesis, establece un aumento progresivo de la información policial para llevarla al 68% de lo emitido en el horario central durante todo el año 2009. Mientras en 2005 la televisión privada destinó 352.395 segundos de sus informativos centrales a “policiales”, solamente en julio de 2010 alcanzaba los 473.318 segundos.
Según la investigación, las noticias policiales en los informativos de televisión, pasaron de 300 mil segundos en el año 2006, a 700 mil en el 2009.
Sólo la cobertura policial a julio del año 2010 ya superaba a la totalidad de los años 2005, 2006 y 2007.
Los analistas refieren que existen “estratégicas ficciones” que buscan “intencionalmente la espectacularidad”, al procesar la información.(**)
Notas. (*)(**) Los subrayados son nuestros, lo demas esta clarito...
18 may 2012
ADHESION
Comité de Base del Frente Amplio de Uruguay en México “Gral. Víctor Licandro”
DECLARACIÓN
¿URUGUAY SERÁ CABEZA DE PLAYA DE ESTADOS UNIDOS EN SUDAMÉRICA Y EN EL ATLÁNTICO SUR?
El año pasado manifestábamos nuestra preocupación de que el gobierno de Uruguay avanza en las acciones que naturalizan, ante la población, la presencia militar de Estados Unidos en territorio uruguayo. Comenzó por la instalación de una policlínica, en 2007, en el marco del contrainsurgente Project Hope. En 2010 la instalación de un Centro Comunitario. En febrero de 2011 ya se trataba de ejercicios militares conjuntos del Escuadrón Aéreo N 5 Helicópteros de la Fuerza Aérea Uruguaya con el Escuadrón 902 de Rescate de la Fuerza Aérea “Americana” en La Carolina, a orillas del Río Negro en el Departamento de Durazno.
En estos días nos enteramos con estupor y vergüenza que, a iniciativa del Poder Ejecutivo, ambas cámaras del Parlamento aprobaron, culminando el proceso legislativo en el Senado el 9 de mayo de 2012, el siguiente texto:
“Se autoriza el ingreso al territorio nacional de efectivos y material de la Armada de los Estados Unidos de América, consistente en un Equipo de Entrenamiento Móvil (Military Training Team - MTT) (Fuerzas Especiales-SEAL), a fin de instruir a Personal de la Armada Nacional (Cuerpo de Fusileros Navales), en Contra Interferencia Ilícita de Buques (CIIB), entre el 15 de mayo y el 15 de junio de 2012, integrado por 15 (quince) Personal Superior y Subalterno y el material correspondiente son 12 (doce) Carabinas M4-A1 calibre 5,56x45, 12 (doce) Pistolas Sig Sauer P22”.
No se trata de un simple curso de capacitación a los marinos para proteger los mares territoriales contra actividades ilícitas, sino de legalizar la operación en territorio nacional de la principal Fuerza Especial de la US Navy para la intervención de Estados Unidos en varias partes del mundo.
A partir de información pública disponible, El País Digital (10-05-12) exalta que “los SEALs son encargados de ejecutar las misiones más peligrosas de los Estados Unidos en el exterior” y que han ganado “reconocimiento por exitosas intervenciones en operaciones de acción directa y de reconocimiento especial, guerra no convencional, defensa interna en el extranjero, rescate de rehenes, contraterrorismo y otras misiones. Desde 1962 han participado en operaciones especiales en Vietnam, Nicaragua, Iraq, Irán, Granada, Panamá, Afganistán y Somalia, entre otros muchos países. Pero su último gran éxito fue el "Operativo Lanza de Neptuno" o "Gerónimo", por la que el 1º de mayo de 2011 y en tan solo 40 minutos fue ultimado Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda…..”
Lo que El País no dice, y que está en la información pública disponible, es que aunque realizan acciones marítimas y aéreas, las SEALs han sido utilizadas principalmente en operaciones terrestres. Que trabajan conjuntamente con la altamente secreta División de Actividades Especiales (SAD) de la CIA, y que el Grupo de Operaciones Especiales (SOG) de esta última -grupo de élite para acciones encubiertas- recluta sus miembros de las SEALs, lo que ocurre hasta el presente.
Las tareas de las SEALs públicamente referidas hablan por sí solas: las acciones de “reconocimiento” (Special Reconnaisance) se llevan a cabo en costas, litorales y áreas marítimas para establecer cabezas de playa (beachheads) para asaltos en tierra; la “acción directa” (Direct Action) se despliega en “ambientes políticos hostiles para destruir, capturar, dinamitar o dañar objetivos”; la “defensa interna en el extranjero” (Foreign Internal Defense) consiste en “combatir insurgencias o amenazas de insurgencia en un Estado extranjero, denominado Nación Huésped”; la “guerra no convencional” (Unconventional War) incluye todas las formas “pacíficas” y “violentas” de contrainsurgencia.
Tampoco se dice que las primeras acciones de las SEALs fueron contra Cuba en 1961, seguidas por la invasión en Playa Girón. Su siniestro historial, en efecto, incluye las “exitosas” operaciones en Vietnam del Sur desde 1962, contra Laos y Camboya desde 1963, en la guerra Irak-Irán desde 1980, en la invasión a Granada en 1983, contra el gobierno sandinista en Nicaragua en los ochenta, en la invasión a Panamá en 1989, en la intervención en Somalia en 1993, en la invasión a Afganistán en 2001 y en la invasión a Irak en 2003, además de la intervención en Pakistán en 2011 para el asesinato (sin cadáver) de Bin Laden.
¿Acaso puede pensarse que la presencia de las SEALs en Uruguay puede tener como propósito sólo entrenar y capacitar a la Marina para que ésta proteja soberanamente las aguas territoriales uruguayas? ¿Qué significa que entrene precisamente a los Fusileros Navales, fuerza tristemente célebre por su despiadada crueldad en la tortura contra militantes políticos y sindicales?
Este no es un asunto aislado de la reforzada ofensiva militarista de Estados Unidos en América Latina, con la instalación de bases militares en Colombia, Panamá, Aruba, Curazao, Guantánamo, Paraguay, Perú y últimamente en el Chaco argentino y en Chile cerca de Valparaíso; con la comprobada participación de Estados Unidos en el golpe de Estado en Venezuela en 2002 –afortunadamente fallido por la resistencia del pueblo venezolano- y en el golpe de Estado en Honduras en 2009; en el bombardeo a Sucumbíos en Ecuador en 2008; las acciones intervencionistas en México en el marco de la Iniciativa Mérida; la ocupación en Haití en 2004 y en 2010, así como las acciones conspirativas contra los gobiernos de Bolivia y Ecuador, entre otras.
Es altamente sorprendente que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Parlamento señale que “la primera instrucción sobre CIIB fue recibida de las Fuerzas Especiales de la Armada de los Estados Unidos de América a principios de la década de los noventa”, y que sea un gobierno del Frente Amplio el que busque “actualizar” esa relación. Más, todavía, cuando el Programa de Gobierno aprobado por el V Congreso Extraordinario Compañero Zelmar Michelini del Frente Amplio (diciembre de 2008) mandató enfáticamente que “no participaremos en actividades convocadas por el Comando Sur u otras agencias y organismos de EEUU. Cabe asimismo reafirmar el rechazo a la presencia de la IV Flota de los EEUU en las aguas de Nuestra América”.
La creciente confraternización y convenios de las fuerzas armadas uruguayas con su contraparte norteamericana no pueden ser justificados por razón de formación bélica alguna, máxime para un país que se presume soberano y que sólo puede apostar a la paz para su propia existencia. La grandeza de un país y la respetabilidad de su Estado no se miden en kilómetros cuadrados.
Legalizar la actividad en Uruguay de las fuerzas de élite intervencionistas de Estados Unidos que han provocado la muerte y el sufrimiento de millones de seres humanos, muchos de ellos en América Latina y el Caribe, es una afrenta a esos pueblos y enloda la historia de digna solidaridad de los uruguayos con todos ellos. Establece una señal de permisividad a la reinstalación en el país de la terrible Doctrina de Seguridad Nacional dirigida contra un supuesto “enemigo interno”. Y además hace perder credibilidad a la política exterior del gobierno con sus positivas posturas a favor de la no intervención y el respeto a la soberanía de los pueblos.
Honrando la memoria viva y las enseñanzas del General Víctor Licandro, que siempre se opuso al sometimiento del país a los dictados imperialistas, expresamos nuestro categórico rechazo a que Uruguay se preste a ser cabeza de playa de la intervención norteamericana en Sudamérica y en el Atlántico Sur.
Comité de Base del Frente Amplio de Uruguay en México “Gral. Víctor Licandro”
16 de mayo de 2012.
DECLARACIÓN
¿URUGUAY SERÁ CABEZA DE PLAYA DE ESTADOS UNIDOS EN SUDAMÉRICA Y EN EL ATLÁNTICO SUR?
El año pasado manifestábamos nuestra preocupación de que el gobierno de Uruguay avanza en las acciones que naturalizan, ante la población, la presencia militar de Estados Unidos en territorio uruguayo. Comenzó por la instalación de una policlínica, en 2007, en el marco del contrainsurgente Project Hope. En 2010 la instalación de un Centro Comunitario. En febrero de 2011 ya se trataba de ejercicios militares conjuntos del Escuadrón Aéreo N 5 Helicópteros de la Fuerza Aérea Uruguaya con el Escuadrón 902 de Rescate de la Fuerza Aérea “Americana” en La Carolina, a orillas del Río Negro en el Departamento de Durazno.
En estos días nos enteramos con estupor y vergüenza que, a iniciativa del Poder Ejecutivo, ambas cámaras del Parlamento aprobaron, culminando el proceso legislativo en el Senado el 9 de mayo de 2012, el siguiente texto:
“Se autoriza el ingreso al territorio nacional de efectivos y material de la Armada de los Estados Unidos de América, consistente en un Equipo de Entrenamiento Móvil (Military Training Team - MTT) (Fuerzas Especiales-SEAL), a fin de instruir a Personal de la Armada Nacional (Cuerpo de Fusileros Navales), en Contra Interferencia Ilícita de Buques (CIIB), entre el 15 de mayo y el 15 de junio de 2012, integrado por 15 (quince) Personal Superior y Subalterno y el material correspondiente son 12 (doce) Carabinas M4-A1 calibre 5,56x45, 12 (doce) Pistolas Sig Sauer P22”.
No se trata de un simple curso de capacitación a los marinos para proteger los mares territoriales contra actividades ilícitas, sino de legalizar la operación en territorio nacional de la principal Fuerza Especial de la US Navy para la intervención de Estados Unidos en varias partes del mundo.
A partir de información pública disponible, El País Digital (10-05-12) exalta que “los SEALs son encargados de ejecutar las misiones más peligrosas de los Estados Unidos en el exterior” y que han ganado “reconocimiento por exitosas intervenciones en operaciones de acción directa y de reconocimiento especial, guerra no convencional, defensa interna en el extranjero, rescate de rehenes, contraterrorismo y otras misiones. Desde 1962 han participado en operaciones especiales en Vietnam, Nicaragua, Iraq, Irán, Granada, Panamá, Afganistán y Somalia, entre otros muchos países. Pero su último gran éxito fue el "Operativo Lanza de Neptuno" o "Gerónimo", por la que el 1º de mayo de 2011 y en tan solo 40 minutos fue ultimado Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda…..”
Lo que El País no dice, y que está en la información pública disponible, es que aunque realizan acciones marítimas y aéreas, las SEALs han sido utilizadas principalmente en operaciones terrestres. Que trabajan conjuntamente con la altamente secreta División de Actividades Especiales (SAD) de la CIA, y que el Grupo de Operaciones Especiales (SOG) de esta última -grupo de élite para acciones encubiertas- recluta sus miembros de las SEALs, lo que ocurre hasta el presente.
Las tareas de las SEALs públicamente referidas hablan por sí solas: las acciones de “reconocimiento” (Special Reconnaisance) se llevan a cabo en costas, litorales y áreas marítimas para establecer cabezas de playa (beachheads) para asaltos en tierra; la “acción directa” (Direct Action) se despliega en “ambientes políticos hostiles para destruir, capturar, dinamitar o dañar objetivos”; la “defensa interna en el extranjero” (Foreign Internal Defense) consiste en “combatir insurgencias o amenazas de insurgencia en un Estado extranjero, denominado Nación Huésped”; la “guerra no convencional” (Unconventional War) incluye todas las formas “pacíficas” y “violentas” de contrainsurgencia.
Tampoco se dice que las primeras acciones de las SEALs fueron contra Cuba en 1961, seguidas por la invasión en Playa Girón. Su siniestro historial, en efecto, incluye las “exitosas” operaciones en Vietnam del Sur desde 1962, contra Laos y Camboya desde 1963, en la guerra Irak-Irán desde 1980, en la invasión a Granada en 1983, contra el gobierno sandinista en Nicaragua en los ochenta, en la invasión a Panamá en 1989, en la intervención en Somalia en 1993, en la invasión a Afganistán en 2001 y en la invasión a Irak en 2003, además de la intervención en Pakistán en 2011 para el asesinato (sin cadáver) de Bin Laden.
¿Acaso puede pensarse que la presencia de las SEALs en Uruguay puede tener como propósito sólo entrenar y capacitar a la Marina para que ésta proteja soberanamente las aguas territoriales uruguayas? ¿Qué significa que entrene precisamente a los Fusileros Navales, fuerza tristemente célebre por su despiadada crueldad en la tortura contra militantes políticos y sindicales?
Este no es un asunto aislado de la reforzada ofensiva militarista de Estados Unidos en América Latina, con la instalación de bases militares en Colombia, Panamá, Aruba, Curazao, Guantánamo, Paraguay, Perú y últimamente en el Chaco argentino y en Chile cerca de Valparaíso; con la comprobada participación de Estados Unidos en el golpe de Estado en Venezuela en 2002 –afortunadamente fallido por la resistencia del pueblo venezolano- y en el golpe de Estado en Honduras en 2009; en el bombardeo a Sucumbíos en Ecuador en 2008; las acciones intervencionistas en México en el marco de la Iniciativa Mérida; la ocupación en Haití en 2004 y en 2010, así como las acciones conspirativas contra los gobiernos de Bolivia y Ecuador, entre otras.
Es altamente sorprendente que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Parlamento señale que “la primera instrucción sobre CIIB fue recibida de las Fuerzas Especiales de la Armada de los Estados Unidos de América a principios de la década de los noventa”, y que sea un gobierno del Frente Amplio el que busque “actualizar” esa relación. Más, todavía, cuando el Programa de Gobierno aprobado por el V Congreso Extraordinario Compañero Zelmar Michelini del Frente Amplio (diciembre de 2008) mandató enfáticamente que “no participaremos en actividades convocadas por el Comando Sur u otras agencias y organismos de EEUU. Cabe asimismo reafirmar el rechazo a la presencia de la IV Flota de los EEUU en las aguas de Nuestra América”.
La creciente confraternización y convenios de las fuerzas armadas uruguayas con su contraparte norteamericana no pueden ser justificados por razón de formación bélica alguna, máxime para un país que se presume soberano y que sólo puede apostar a la paz para su propia existencia. La grandeza de un país y la respetabilidad de su Estado no se miden en kilómetros cuadrados.
Legalizar la actividad en Uruguay de las fuerzas de élite intervencionistas de Estados Unidos que han provocado la muerte y el sufrimiento de millones de seres humanos, muchos de ellos en América Latina y el Caribe, es una afrenta a esos pueblos y enloda la historia de digna solidaridad de los uruguayos con todos ellos. Establece una señal de permisividad a la reinstalación en el país de la terrible Doctrina de Seguridad Nacional dirigida contra un supuesto “enemigo interno”. Y además hace perder credibilidad a la política exterior del gobierno con sus positivas posturas a favor de la no intervención y el respeto a la soberanía de los pueblos.
Honrando la memoria viva y las enseñanzas del General Víctor Licandro, que siempre se opuso al sometimiento del país a los dictados imperialistas, expresamos nuestro categórico rechazo a que Uruguay se preste a ser cabeza de playa de la intervención norteamericana en Sudamérica y en el Atlántico Sur.
Comité de Base del Frente Amplio de Uruguay en México “Gral. Víctor Licandro”
16 de mayo de 2012.
26 mar 2012
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Memorias de la dictadura argentina: las pruebas sobre el robo de bebés
24 Marzo 2012 PAGINA/12
La acusación
Victoria Montenegro, Catalina de Sanctis Ovando, Francisco Madariaga, Macarena Gelman, Simón Riquelo, Alejandro Pedro Sandoval, Leonardo Fosatti, Juan Cabandié, Claudia Poblete, los hermanos Antole Boris y Victoria Eva Julien Grisonas y los otros 95 niños secuestrados durante la última dictadura que recuperaron su identidad son la prueba más firme y palpable del plan de apropiación de niños. Pero los análisis de ADN, sus historias (en lo que se pudo) reparadas no son lo único que demuestra la existencia de aquella práctica que hicieron sistemática y perfeccionaron los ejecutores del terrorismo de Estado. Hay documentos, papeles que dejó la burocracia, memos secretos y cartas familiares. Y hay palabras, testimonios de sobrevivientes y confesiones de represores ante jueces y de apropiadores ante los niños que pretendían aliados. Esta evidencia recolectada durante años de investigación fue analizada en el juicio contra ocho represores que entrará esta semana en su etapa final. Luego de las marchas con las que organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, estudiantiles y sociales repudiarán hoy el golpe militar del 24 de marzo de 1976, el lunes, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo comenzarán su alegato y darán cuenta de todos estos hechos, que permitirán sostener la acusación contra Jorge Rafael Videla, Reinaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros, Jorge Acosta, Antonio Vañek, Jorge Azic, Rubén Franco y el médico Jorge Luis Magnacco.
Palabras
Hay numerosas declaraciones judiciales en las que testigos o imputados mencionan la existencia de órdenes provenientes desde la cúpula militar para apropiarse de los hijos de desaparecidos. Todas coinciden en que había un objetivo definido: que los niños se criaran en hogares “occidentales y cristianos”. Los testimonios del médico militar Julio César Caserotto, el fundador del CELS Emilio Mignone, la sobreviviente Lila Pastoriza y Jorge Eduardo Noguer, un ex marino cuya hija y nieta fueron secuestradas, son solo algunos ejemplos.
“En el Hospital Militar de Campo de Mayo, sector de maternidad, durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional existieron órdenes verbales y escritas por la superioridad para que en el lugar se asistiera a las parturientas traídas por personal de Inteligencia. Las órdenes escritas estaban tituladas ‘Plan de Operaciones Normales para con el Personal de Inteligencia’, y estaban firmadas por el director del hospital” (Ramón Posse), reveló en 1998 el médico militar Julio César Caserotto, que se desempeñó entre 1977 y 1983 como jefe del servicio de obstetricia del Hospital Militar de Campo de Mayo. Cuando se le preguntó por el destino de esas mujeres y de los niños, respondió que se dirigía “al despacho del director del hospital y le mencionaba que la paciente estaba en condiciones de recibir el alta” y él se desligaba de la cuestión, pero que al otro día ni la parturienta ni el recién nacido estaban en el lugar. En otra declaración, Caserotto recordó puntualmente cuando se le transmitieron esas órdenes. Dijo que “un día por la mañana, cuando se disponía a tomar el servicio, lo encontró muy alborotado. Que divisó una mujer que se encontraba internada en la sala general ya puérpera, siendo vigilada por un soldado armado. Que dicha situación alteraba el orden normal de la sala, ya que se encontraban internadas otras mujeres”. Recordó que luego, en una reunión, Posse le indicó: ‘A partir de ahora se internan todas las detenidas embarazadas en Epidemiología’, así le evitaban inconvenientes, y que no debían registrar el ingreso de estas mujeres ni de los nacimientos. Allí estaba presente también el capitán Norberto Bianco, médico militar que se encargaba de las embarazadas secuestradas en distintos centros clandestinos y que se apropió del hijo de Norma Tato y Jorge Casariego, quienes en 1977 estuvieron secuestrados en El Campito y permanecen desaparecidos.
El fundador del CELS, Emilio Mignone, recordó en una causa judicial en 1998 que, en 1978, junto con Augusto Conte fueron a ver a Mario Amadeo para reprocharle que hubiese aceptado la designación como experto en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas con aval de Videla. Le pidieron que se interiorizara sobre la situación de la desaparición de personas y que recibiera a las Abuelas de Plaza de Mayo. Esa reunión se concretó y luego de escuchar a las mujeres que denunciaban la desaparición de sus hijas embarazadas y el secuestro de sus nietos, Amadeo se entrevistó con el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, el coronel auditor Carlos Cerdá, y le planteó la cuestión referida a los menores, ante lo cual Cerdá respondió que “se ha aprobado a nivel de la Junta Militar una doctrina mediante la cual los hijos de los subversivos no deben ser educados con odio hacia las instituciones militares” y que “por ello se entregaban los chicos en adopción”.
Jorge Eduardo Noguer fue miembro de la Armada entre 1947 hasta 1967, cuando se retiró como teniente de fragata. El 3 de junio de 1976 desaparecieron su hija María Fernanda Noguer y su nieta Lucía Villagra, en Acassuso. Su hermano, el coronel José María Noguer, era intendente de San Isidro y había sido compañero de promoción de Riveros, quien era comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo. En consecuencia, Jorge Noguer se entrevistó con él para tratar de localizar a su hija y a su nieta. Riveros designó a Hermann Tetzlaff (apropiador de Victoria Montenegro) para que lo ayudara a reconstruir el operativo en que se las habían llevado. Noguer recordó que Tetzlaff era el representante de la Escuela de Comunicaciones en el grupo de Inteligencia, jefe de la zona de San Isidro, Boulogne y Tigre y que trabajaba en forma conjunta con el Batallón de Inteligencia de Campo de Mayo. Noguer aseguró que Tetzlaff y su mujer, María del Carmen Eduartes, le contaron varias veces que no podían tener hijos. Incluso, dijo que en una ocasión, en junio o julio del ‘76, el represor lo pasó a buscar por su domicilio y lo llevó “a una vivienda ubicada en la calle Thames o Dardo Rocha, a media cuadra de la Panamericana, en la que la noche anterior se había efectuado un procedimiento del Ejército, donde le dijo ‘la habíamos reventado, la habíamos reventado y donde murieron los guerrilleros padres’, ‘cuando entramos nos encontramos con dos chicos con los ojos gigantes, abiertos y me quedé con uno’”. El ex marino, que seguía buscando a su hija y a su nieta, quedó impresionado por la crueldad del relato. Pocos días después de ese episodio, un sábado por la tarde, apareció Tetzlaff en su casa, acompañado por su esposa Eduartes, con una niña que Tetzlaff presentó como su hija, una niñera y la suegra. Noguer decidió ir a ver a Riveros para preguntarle si no cabía la posibilidad de que su nieta hubiera sido entregada a otro matrimonio como el de Tetzlaff y Eduartes. Riveros le dijo que con su nieta no había pasado eso, pero le indició que “ésas eran normas para evitar que los hijos de zurdos caigan si no en hogares bien constituidos ideológicamente con el fin de enderezarlos”. Noguer, finalmente, hizo contacto con Videla, quien lo derivó al ministro del Interior Albano Harguindeguy, quien por medio de una lista le ratificó la desaparición de su hija y su nieta y le dijo que estaban en manos del jefe de la Armada, Emilio Eduardo Massera. En enero de 1977 recuperó a su nieta. Su hija, María Fernanda Noguer, continúa desaparecida.
Abuelas de Plaza de Mayo: una lucha que no cesa
Los testimonios de los sobrevivientes, en este caso en su mayoría mujeres secuestradas que acompañaban en la celda a sus compañeras embarazadas y que hasta las asistieron en sus partos, son también fundamentales evidencias de este plan. Sara Solarz de Osatinsky, quien estuvo cautiva en la ESMA, declaró que “durante mucho tiempo, venían a visitar la pieza de las embarazadas altos jefes de la Marina, entre otros Vañek, y venía Chamorro y venía también Vildoza. Estoy casi segura de que fue por esas fechas, pero eran permanentes las visitas para contar lo que era ‘la maternidad’, a la que llamaban ‘la pequeña Sardá’”. La Esma contó con un staff de médicos y enfermeros que tenían como función controlar el estado de los secuestrados para garantizar una mayor cantidad de tiempo de tortura e interrogatorios. Y, además, hacían controles ginecológicos y atendían partos clandestinos. La “justificación” para robarse a los niños era la misma en la Armada que en el Ejército. Lila Pastoriza narró: “Me encontré con una chica que me dijo que tenía los pechos destrozados, le pregunté a (Luis) D’Imperio (alias Abdala, a cargo del Servicio de Inteligencia Naval, grupo de tareas que operaba en la ESMA) y me dijo: ‘Nosotros consideramos que los chicos no tienen la culpa de tener los padres que tienen, los subversivos, estos terroristas’” (…) “creemos que las madres deben tener sus partos, pero a los chicos los entregamos a otras familias que puedan educarlos de otra manera’”.
Un legajo esclarecedor
El nieto Alejandro Sandoval Fontana contó que Alicia Beatriz Arteach, su apropiadora, le dijo que un oficial de la Gendarmería de apellido Correa era quien lo había entregado y que les había dado a ella y a Víctor Rei (ex comandante de Gendarmería) la posibilidad de elegir entre él y una niña recién nacida. Alejandro contó que cuando preguntó por Correa, Arteach le respondió que se había vuelto alcohólico, que lo degradaban porque se vivía peleando y que no había quedado bien por lo que había pasado en Campo de Mayo.
Correa es el comandante principal de la Gendarmería Darío Alberto Correa y estaba a cargo de las embarazadas secuestradas en la prisión militar de encausados Campo de Mayo, que si bien se encontraba dentro de la guarnición mencionada, dependía del Cuerpo Primero del Ejército, con asiento en Palermo. El legajo personal de Correa, ya fallecido, aporta interesante documentación: él mismo relató en una actuación administrativa del año 1987 su participación en la represión. En una historia clínica que aparece bajo el título “Actividades cumplidas en el medio castrense”, fechada en Catamarca el 29 de julio de 1987, Correa admitió, entre otras cosas, que tuvo a su cargo la “atención de parturientas detenidas, sus hijos y posterior entrega de los mismos a personas seleccionadas por las autoridades responsables incluyendo el posterior traslado de las madres a lugares secretos para su entrega a los responsables de su eliminación final”.
El caso de Correa, explicarán durante el alegato los abogados de las Abuelas de Plaza de Mayo, prueba la existencia de aceitados mecanismos para la apropiación de los hijos de las mujeres desaparecidas. En primer lugar, queda clara la coordinación entre distintas zonas dentro del Ejército. También prueba la existencia de un procedimiento complejo manejado desde la jerarquía con distintas cadenas de mando y roles definidos, donde las personas que recibirían (se apropiarían) a los niños eran seleccionadas previamente por autoridades responsables. Y, finalmente, prueba que existía un procedimiento establecido para asesinar a las madres.
Papeles
Otro documento que da cuenta del plan para apropiarse de los hijos de desaparecidos es el memorandum redactado en 1982 por Elliot Abrams, funcionario del Departamento de Estado de EE.UU., luego de entrevistarse con el embajador argentino en Washington, Lucio García del Solar. El papel fue desclasificado por el gobierno de Estados Unidos en 2002 y publicado por Página/12.
En dicho escrito, Abrams contó: “Le pregunté al embajador el tema de los niños nacidos de prisioneras o los arrancados de sus familias durante la guerra sucia. Si bien los desaparecidos estaban muertos, estos niños estaban vivos y en un sentido esto era el problema humanitario más grave. El embajador acordaba en un todo y ya le había mencionado este punto a su ministro de Relaciones Exteriores y al presidente. No habían rechazado su punto de vista, pero señalaron el problema de, por ejemplo, sacarles los niños a los padres adoptivos”. Este memorándum lleva fecha del 3 de diciembre de 1982, cuando ejercía la presidencia de facto Reinaldo Benito Bignone.
El documento refleja el pleno conocimiento de Bignone de la apropiación de niños, pero, más aún, señalan los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, deja ver que el dictador conocía el destino de esos niños. Abrams fue convocado a declarar en el juicio oral como testigo, trámite que realizó a través de una videoconferencia. En esa oportunidad dijo: “Pensábamos que era un plan porque había mucha gente que encarcelaban o asesinaban y nos parecía que el gobierno militar había decidido que algunos (niños) se entreguen a otras familias” y aclaró que ésta no era su opinión personal, sino del gobierno de Estados Unidos.
Gente bien
Con las declaraciones de algunos jóvenes que recuperaron su identidad, se reforzó la idea de que el objetivo de que los niños fueran entregados a familiares que cumplieran ciertos requisitos se llevó a cabo y de que, para eso, existieron ciertos mecanismos burocráticos, más o menos formales según los casos.
La apropiadora de Alejadro Sandoval Fontana le contó que a ella y a Rei los citaron “en el Regimiento de Patricios, el Maldonadito, y le hicieron un ambiental”. Les dijeron que quien se quedara con el niño “tenía que ser de la fuerza o amigo de la fuerza, tenías que tener casa propia, ser católico”.
Esto coincide con la información que obtuvo Catalina De Sanctis Ovando, que pudo reconstruir parte del proceso de su sustracción a partir de una carta que encontró en el domicilio de sus apropiadores (y que luego fue secuestrada en un allanamiento) y de lo que ellos mismos -Carlos Hidalgo Garzón y Francisca Morillo- le dijeron.
La carta fue enviada por Morillo a Hidalgo Garzón, oficial de Inteligencia del Ejército, a su destino militar en Tucumán y está fechada el 7 de abril de 1977. En la carta, Morillo le informa a Hidalgo Garzón: “Del Liceo hablé con el Coronel y me dijo que parece que se hace el llamado nomás, me dijo que fuera por Liceo luego de Semana Santa para ya llenar la solicitud: me atendió muy amable y se recordó en seguida, se ve que tiene presente el caso, veremos qué pasa” (…) “Vino la asistente de movimiento, quedó encantada con el departamento. Conversamos mucho, y me explicó que ella hace 7 años que trabaja en el movimiento y nunca vio que entregaran niños con problemas de salud o malformaciones, que son muy sanitos y que a ella le llamaba la atención lo normal que son los partos. Luego te contaré en detalle la conversación.”
El “Movimiento” al que se refiere en la carta es el Movimiento Familiar Cristiano, que intervino en algunos casos como intermediario entre las Fuerzas Armadas y familias apropiadoras. En una charla con el marido de Catalina, Hidalgo Garzón confesó haber visto a la mamá de Catalina detenida en Campo de Mayo y haber llamado al día siguiente de la sustracción para preguntar si habían “volado el paquete”, en referencia al asesinato de Miryam Ovando al arrojarla al mar en los denominados “vuelos de a muerte”. La apropiadora argumentó, además, que ellos querían “adoptar” a la niña, pero que “un superior les ordenó que la tenían que inscribir como hija propia”.
“Estos hechos -dirán los abogados de Abuelas- nos permiten concluir que existieron mecanismos burocráticos precisos para la entrega de los bebés a sus apropiadores, en los que se cumplían requisitos también precisos, en los que intervenían distintas instituciones además de las militares, como el Movimiento Familiar Cristiano, también religiosos, y en el que había control jerárquico dentro de la misma estructura militar.”
“Si bien es claro que la dictadura desarrolló su actividad de represión y exterminio en la más absoluta clandestinidad -y la apropiación de niños no fue la excepción- y que procuró su impunidad instando a la destrucción de los más diversos registros y evidencias, alcanzando tanto la destrucción de documentos como de espacios físicos (tal es el caso de el CCD El Campito, en Campo de Mayo), así y todo, han quedado muchos rastros de la política que la dictadura definió respecto de los niños”, se escuchará durante el alegato preparado por los abogados María Inés Bedia, Florencia Sotelo, Colleen Torre, Germán Kexel, Emanuel Lovelli, Agustín Chit, Mariano Gaitán, Luciano Hazan y Alan Iud.
No será por lo tanto posible encontrar un papel escrito por los represores con los detalles del plan de apropiación de niños. Pero estos 35 años de búsqueda de nietos han permitido recolectar pruebas más que suficientes que establecen que las apropiaciones de niños no fueron “excesos” o casos aislados, como argumentaban las cúpulas militares cuando se encontraban ante la inapelable evidencia de un análisis genético positivo.
“Quien se pregunte si la dictadura militar tuvo por objetivo satisfacer los deseos egoístas de paternidad de algunos oficiales, suboficiales o familias vinculados con aquéllos estará errando el punto de partida -explican los abogados de Abuelas-. El objetivo de la dictadura fue erradicar las posibilidades de construcción de un país distinto, donde el pueblo fuera el protagonista de las decisiones políticas y decidiera soberanamente su destino, y para ello persiguió con los más perversos y crueles métodos a los militantes políticos, sindicales, estudiantiles, que impulsaban la politización de la sociedad y buscaban modificar el statu quo. Fue en la ejecución de esa infame tarea que las Fuerzas Armadas abordaron el ‘problema’ de los hijos de aquellos a quienes desaparecían. Y, muy tempranamente, tomaron la decisión de que esos niños no fueran devueltos a sus familias.”
El fantasma de los desaparecidos: una huella permanente en la democracia argentina actual
(Tomado de Página 12)
24 Marzo 2012 PAGINA/12
La acusación
Victoria Montenegro, Catalina de Sanctis Ovando, Francisco Madariaga, Macarena Gelman, Simón Riquelo, Alejandro Pedro Sandoval, Leonardo Fosatti, Juan Cabandié, Claudia Poblete, los hermanos Antole Boris y Victoria Eva Julien Grisonas y los otros 95 niños secuestrados durante la última dictadura que recuperaron su identidad son la prueba más firme y palpable del plan de apropiación de niños. Pero los análisis de ADN, sus historias (en lo que se pudo) reparadas no son lo único que demuestra la existencia de aquella práctica que hicieron sistemática y perfeccionaron los ejecutores del terrorismo de Estado. Hay documentos, papeles que dejó la burocracia, memos secretos y cartas familiares. Y hay palabras, testimonios de sobrevivientes y confesiones de represores ante jueces y de apropiadores ante los niños que pretendían aliados. Esta evidencia recolectada durante años de investigación fue analizada en el juicio contra ocho represores que entrará esta semana en su etapa final. Luego de las marchas con las que organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, estudiantiles y sociales repudiarán hoy el golpe militar del 24 de marzo de 1976, el lunes, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo comenzarán su alegato y darán cuenta de todos estos hechos, que permitirán sostener la acusación contra Jorge Rafael Videla, Reinaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros, Jorge Acosta, Antonio Vañek, Jorge Azic, Rubén Franco y el médico Jorge Luis Magnacco.
Palabras
Hay numerosas declaraciones judiciales en las que testigos o imputados mencionan la existencia de órdenes provenientes desde la cúpula militar para apropiarse de los hijos de desaparecidos. Todas coinciden en que había un objetivo definido: que los niños se criaran en hogares “occidentales y cristianos”. Los testimonios del médico militar Julio César Caserotto, el fundador del CELS Emilio Mignone, la sobreviviente Lila Pastoriza y Jorge Eduardo Noguer, un ex marino cuya hija y nieta fueron secuestradas, son solo algunos ejemplos.
“En el Hospital Militar de Campo de Mayo, sector de maternidad, durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional existieron órdenes verbales y escritas por la superioridad para que en el lugar se asistiera a las parturientas traídas por personal de Inteligencia. Las órdenes escritas estaban tituladas ‘Plan de Operaciones Normales para con el Personal de Inteligencia’, y estaban firmadas por el director del hospital” (Ramón Posse), reveló en 1998 el médico militar Julio César Caserotto, que se desempeñó entre 1977 y 1983 como jefe del servicio de obstetricia del Hospital Militar de Campo de Mayo. Cuando se le preguntó por el destino de esas mujeres y de los niños, respondió que se dirigía “al despacho del director del hospital y le mencionaba que la paciente estaba en condiciones de recibir el alta” y él se desligaba de la cuestión, pero que al otro día ni la parturienta ni el recién nacido estaban en el lugar. En otra declaración, Caserotto recordó puntualmente cuando se le transmitieron esas órdenes. Dijo que “un día por la mañana, cuando se disponía a tomar el servicio, lo encontró muy alborotado. Que divisó una mujer que se encontraba internada en la sala general ya puérpera, siendo vigilada por un soldado armado. Que dicha situación alteraba el orden normal de la sala, ya que se encontraban internadas otras mujeres”. Recordó que luego, en una reunión, Posse le indicó: ‘A partir de ahora se internan todas las detenidas embarazadas en Epidemiología’, así le evitaban inconvenientes, y que no debían registrar el ingreso de estas mujeres ni de los nacimientos. Allí estaba presente también el capitán Norberto Bianco, médico militar que se encargaba de las embarazadas secuestradas en distintos centros clandestinos y que se apropió del hijo de Norma Tato y Jorge Casariego, quienes en 1977 estuvieron secuestrados en El Campito y permanecen desaparecidos.
El fundador del CELS, Emilio Mignone, recordó en una causa judicial en 1998 que, en 1978, junto con Augusto Conte fueron a ver a Mario Amadeo para reprocharle que hubiese aceptado la designación como experto en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas con aval de Videla. Le pidieron que se interiorizara sobre la situación de la desaparición de personas y que recibiera a las Abuelas de Plaza de Mayo. Esa reunión se concretó y luego de escuchar a las mujeres que denunciaban la desaparición de sus hijas embarazadas y el secuestro de sus nietos, Amadeo se entrevistó con el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, el coronel auditor Carlos Cerdá, y le planteó la cuestión referida a los menores, ante lo cual Cerdá respondió que “se ha aprobado a nivel de la Junta Militar una doctrina mediante la cual los hijos de los subversivos no deben ser educados con odio hacia las instituciones militares” y que “por ello se entregaban los chicos en adopción”.
Jorge Eduardo Noguer fue miembro de la Armada entre 1947 hasta 1967, cuando se retiró como teniente de fragata. El 3 de junio de 1976 desaparecieron su hija María Fernanda Noguer y su nieta Lucía Villagra, en Acassuso. Su hermano, el coronel José María Noguer, era intendente de San Isidro y había sido compañero de promoción de Riveros, quien era comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo. En consecuencia, Jorge Noguer se entrevistó con él para tratar de localizar a su hija y a su nieta. Riveros designó a Hermann Tetzlaff (apropiador de Victoria Montenegro) para que lo ayudara a reconstruir el operativo en que se las habían llevado. Noguer recordó que Tetzlaff era el representante de la Escuela de Comunicaciones en el grupo de Inteligencia, jefe de la zona de San Isidro, Boulogne y Tigre y que trabajaba en forma conjunta con el Batallón de Inteligencia de Campo de Mayo. Noguer aseguró que Tetzlaff y su mujer, María del Carmen Eduartes, le contaron varias veces que no podían tener hijos. Incluso, dijo que en una ocasión, en junio o julio del ‘76, el represor lo pasó a buscar por su domicilio y lo llevó “a una vivienda ubicada en la calle Thames o Dardo Rocha, a media cuadra de la Panamericana, en la que la noche anterior se había efectuado un procedimiento del Ejército, donde le dijo ‘la habíamos reventado, la habíamos reventado y donde murieron los guerrilleros padres’, ‘cuando entramos nos encontramos con dos chicos con los ojos gigantes, abiertos y me quedé con uno’”. El ex marino, que seguía buscando a su hija y a su nieta, quedó impresionado por la crueldad del relato. Pocos días después de ese episodio, un sábado por la tarde, apareció Tetzlaff en su casa, acompañado por su esposa Eduartes, con una niña que Tetzlaff presentó como su hija, una niñera y la suegra. Noguer decidió ir a ver a Riveros para preguntarle si no cabía la posibilidad de que su nieta hubiera sido entregada a otro matrimonio como el de Tetzlaff y Eduartes. Riveros le dijo que con su nieta no había pasado eso, pero le indició que “ésas eran normas para evitar que los hijos de zurdos caigan si no en hogares bien constituidos ideológicamente con el fin de enderezarlos”. Noguer, finalmente, hizo contacto con Videla, quien lo derivó al ministro del Interior Albano Harguindeguy, quien por medio de una lista le ratificó la desaparición de su hija y su nieta y le dijo que estaban en manos del jefe de la Armada, Emilio Eduardo Massera. En enero de 1977 recuperó a su nieta. Su hija, María Fernanda Noguer, continúa desaparecida.
Abuelas de Plaza de Mayo: una lucha que no cesa
Los testimonios de los sobrevivientes, en este caso en su mayoría mujeres secuestradas que acompañaban en la celda a sus compañeras embarazadas y que hasta las asistieron en sus partos, son también fundamentales evidencias de este plan. Sara Solarz de Osatinsky, quien estuvo cautiva en la ESMA, declaró que “durante mucho tiempo, venían a visitar la pieza de las embarazadas altos jefes de la Marina, entre otros Vañek, y venía Chamorro y venía también Vildoza. Estoy casi segura de que fue por esas fechas, pero eran permanentes las visitas para contar lo que era ‘la maternidad’, a la que llamaban ‘la pequeña Sardá’”. La Esma contó con un staff de médicos y enfermeros que tenían como función controlar el estado de los secuestrados para garantizar una mayor cantidad de tiempo de tortura e interrogatorios. Y, además, hacían controles ginecológicos y atendían partos clandestinos. La “justificación” para robarse a los niños era la misma en la Armada que en el Ejército. Lila Pastoriza narró: “Me encontré con una chica que me dijo que tenía los pechos destrozados, le pregunté a (Luis) D’Imperio (alias Abdala, a cargo del Servicio de Inteligencia Naval, grupo de tareas que operaba en la ESMA) y me dijo: ‘Nosotros consideramos que los chicos no tienen la culpa de tener los padres que tienen, los subversivos, estos terroristas’” (…) “creemos que las madres deben tener sus partos, pero a los chicos los entregamos a otras familias que puedan educarlos de otra manera’”.
Un legajo esclarecedor
El nieto Alejandro Sandoval Fontana contó que Alicia Beatriz Arteach, su apropiadora, le dijo que un oficial de la Gendarmería de apellido Correa era quien lo había entregado y que les había dado a ella y a Víctor Rei (ex comandante de Gendarmería) la posibilidad de elegir entre él y una niña recién nacida. Alejandro contó que cuando preguntó por Correa, Arteach le respondió que se había vuelto alcohólico, que lo degradaban porque se vivía peleando y que no había quedado bien por lo que había pasado en Campo de Mayo.
Correa es el comandante principal de la Gendarmería Darío Alberto Correa y estaba a cargo de las embarazadas secuestradas en la prisión militar de encausados Campo de Mayo, que si bien se encontraba dentro de la guarnición mencionada, dependía del Cuerpo Primero del Ejército, con asiento en Palermo. El legajo personal de Correa, ya fallecido, aporta interesante documentación: él mismo relató en una actuación administrativa del año 1987 su participación en la represión. En una historia clínica que aparece bajo el título “Actividades cumplidas en el medio castrense”, fechada en Catamarca el 29 de julio de 1987, Correa admitió, entre otras cosas, que tuvo a su cargo la “atención de parturientas detenidas, sus hijos y posterior entrega de los mismos a personas seleccionadas por las autoridades responsables incluyendo el posterior traslado de las madres a lugares secretos para su entrega a los responsables de su eliminación final”.
El caso de Correa, explicarán durante el alegato los abogados de las Abuelas de Plaza de Mayo, prueba la existencia de aceitados mecanismos para la apropiación de los hijos de las mujeres desaparecidas. En primer lugar, queda clara la coordinación entre distintas zonas dentro del Ejército. También prueba la existencia de un procedimiento complejo manejado desde la jerarquía con distintas cadenas de mando y roles definidos, donde las personas que recibirían (se apropiarían) a los niños eran seleccionadas previamente por autoridades responsables. Y, finalmente, prueba que existía un procedimiento establecido para asesinar a las madres.
Papeles
Otro documento que da cuenta del plan para apropiarse de los hijos de desaparecidos es el memorandum redactado en 1982 por Elliot Abrams, funcionario del Departamento de Estado de EE.UU., luego de entrevistarse con el embajador argentino en Washington, Lucio García del Solar. El papel fue desclasificado por el gobierno de Estados Unidos en 2002 y publicado por Página/12.
En dicho escrito, Abrams contó: “Le pregunté al embajador el tema de los niños nacidos de prisioneras o los arrancados de sus familias durante la guerra sucia. Si bien los desaparecidos estaban muertos, estos niños estaban vivos y en un sentido esto era el problema humanitario más grave. El embajador acordaba en un todo y ya le había mencionado este punto a su ministro de Relaciones Exteriores y al presidente. No habían rechazado su punto de vista, pero señalaron el problema de, por ejemplo, sacarles los niños a los padres adoptivos”. Este memorándum lleva fecha del 3 de diciembre de 1982, cuando ejercía la presidencia de facto Reinaldo Benito Bignone.
El documento refleja el pleno conocimiento de Bignone de la apropiación de niños, pero, más aún, señalan los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, deja ver que el dictador conocía el destino de esos niños. Abrams fue convocado a declarar en el juicio oral como testigo, trámite que realizó a través de una videoconferencia. En esa oportunidad dijo: “Pensábamos que era un plan porque había mucha gente que encarcelaban o asesinaban y nos parecía que el gobierno militar había decidido que algunos (niños) se entreguen a otras familias” y aclaró que ésta no era su opinión personal, sino del gobierno de Estados Unidos.
Gente bien
Con las declaraciones de algunos jóvenes que recuperaron su identidad, se reforzó la idea de que el objetivo de que los niños fueran entregados a familiares que cumplieran ciertos requisitos se llevó a cabo y de que, para eso, existieron ciertos mecanismos burocráticos, más o menos formales según los casos.
La apropiadora de Alejadro Sandoval Fontana le contó que a ella y a Rei los citaron “en el Regimiento de Patricios, el Maldonadito, y le hicieron un ambiental”. Les dijeron que quien se quedara con el niño “tenía que ser de la fuerza o amigo de la fuerza, tenías que tener casa propia, ser católico”.
Esto coincide con la información que obtuvo Catalina De Sanctis Ovando, que pudo reconstruir parte del proceso de su sustracción a partir de una carta que encontró en el domicilio de sus apropiadores (y que luego fue secuestrada en un allanamiento) y de lo que ellos mismos -Carlos Hidalgo Garzón y Francisca Morillo- le dijeron.
La carta fue enviada por Morillo a Hidalgo Garzón, oficial de Inteligencia del Ejército, a su destino militar en Tucumán y está fechada el 7 de abril de 1977. En la carta, Morillo le informa a Hidalgo Garzón: “Del Liceo hablé con el Coronel y me dijo que parece que se hace el llamado nomás, me dijo que fuera por Liceo luego de Semana Santa para ya llenar la solicitud: me atendió muy amable y se recordó en seguida, se ve que tiene presente el caso, veremos qué pasa” (…) “Vino la asistente de movimiento, quedó encantada con el departamento. Conversamos mucho, y me explicó que ella hace 7 años que trabaja en el movimiento y nunca vio que entregaran niños con problemas de salud o malformaciones, que son muy sanitos y que a ella le llamaba la atención lo normal que son los partos. Luego te contaré en detalle la conversación.”
El “Movimiento” al que se refiere en la carta es el Movimiento Familiar Cristiano, que intervino en algunos casos como intermediario entre las Fuerzas Armadas y familias apropiadoras. En una charla con el marido de Catalina, Hidalgo Garzón confesó haber visto a la mamá de Catalina detenida en Campo de Mayo y haber llamado al día siguiente de la sustracción para preguntar si habían “volado el paquete”, en referencia al asesinato de Miryam Ovando al arrojarla al mar en los denominados “vuelos de a muerte”. La apropiadora argumentó, además, que ellos querían “adoptar” a la niña, pero que “un superior les ordenó que la tenían que inscribir como hija propia”.
“Estos hechos -dirán los abogados de Abuelas- nos permiten concluir que existieron mecanismos burocráticos precisos para la entrega de los bebés a sus apropiadores, en los que se cumplían requisitos también precisos, en los que intervenían distintas instituciones además de las militares, como el Movimiento Familiar Cristiano, también religiosos, y en el que había control jerárquico dentro de la misma estructura militar.”
“Si bien es claro que la dictadura desarrolló su actividad de represión y exterminio en la más absoluta clandestinidad -y la apropiación de niños no fue la excepción- y que procuró su impunidad instando a la destrucción de los más diversos registros y evidencias, alcanzando tanto la destrucción de documentos como de espacios físicos (tal es el caso de el CCD El Campito, en Campo de Mayo), así y todo, han quedado muchos rastros de la política que la dictadura definió respecto de los niños”, se escuchará durante el alegato preparado por los abogados María Inés Bedia, Florencia Sotelo, Colleen Torre, Germán Kexel, Emanuel Lovelli, Agustín Chit, Mariano Gaitán, Luciano Hazan y Alan Iud.
No será por lo tanto posible encontrar un papel escrito por los represores con los detalles del plan de apropiación de niños. Pero estos 35 años de búsqueda de nietos han permitido recolectar pruebas más que suficientes que establecen que las apropiaciones de niños no fueron “excesos” o casos aislados, como argumentaban las cúpulas militares cuando se encontraban ante la inapelable evidencia de un análisis genético positivo.
“Quien se pregunte si la dictadura militar tuvo por objetivo satisfacer los deseos egoístas de paternidad de algunos oficiales, suboficiales o familias vinculados con aquéllos estará errando el punto de partida -explican los abogados de Abuelas-. El objetivo de la dictadura fue erradicar las posibilidades de construcción de un país distinto, donde el pueblo fuera el protagonista de las decisiones políticas y decidiera soberanamente su destino, y para ello persiguió con los más perversos y crueles métodos a los militantes políticos, sindicales, estudiantiles, que impulsaban la politización de la sociedad y buscaban modificar el statu quo. Fue en la ejecución de esa infame tarea que las Fuerzas Armadas abordaron el ‘problema’ de los hijos de aquellos a quienes desaparecían. Y, muy tempranamente, tomaron la decisión de que esos niños no fueran devueltos a sus familias.”
El fantasma de los desaparecidos: una huella permanente en la democracia argentina actual
(Tomado de Página 12)
18 mar 2012
MAS ALLA DE LAS CANDIDATURAS
En el espacio politico que se agrupan los partidos de izquierda,
ha llegado la hora de renovar las autoridades en quienes se delega
-por mandato de sus estatutos- quienes las van a representar
en los diferentes ambitos de toma de decisiones , de manera de
asegurar la confirmacion de los cambios tan deseados.
Estos procesos que deberian servir para afianzar el proceso
de cambio, se ha convertido en una lucha de candidaturas que
mas se parece a una distribucion de cargos de los rosados que
a la verdadera intencion de trabajar juntos para encontrar esas
soluciones tan esperadas, para beneplacito de una derecha
anquilosada, pero expectante y efectiva cuando de destruir
conquistas sociales se trata.
Mas alla de los nombres que habran de representarnos, seria
deseable lograr el concenso necesario para impulsar de manera
organica, esas transformaciones aun pendientes en salud, vivienda
infraestructura, derechos humanos, etc, etc, de manera de retomar
el impulso y la iniciativa involucrando a la sociedad en la construccion
de esa alternativa solidaria que termine de una vez por todas con
el neoliberalismo y el capitalismo depredador.
Nada mejor para ello que salir a ver cuales son las verdaderas
inquietudes de la gente comun, que esta mas alla de reuniones
y papers y memorandos, con muchas ganas de hacer algo pero
sin saber por donde canalizarlas, sintiendose ajena a esa puja
distributiva por donde se diluyen muchas buenas intenciones.
El gran desafio, radica precisamente, en como agrupar esas
voluntades y asociarlas a los cambios necesarios, que respuestas
les damos a esa multitud de jovenes cuyos modelos de comunicacion
son tan diferentes a las estructuras partidarias y como se puede
interactuar con la experiencia de tantos luchadores sociales que
ven hoy imposibitado su acceso a las cuestiones de fondo.
A su vez, la tarea de gobierno que encabeza el Pepe, debe tener
en diputados y senadores, un acompañamiento mas energico y
esclarecedor de la tarea que se esta llevando a cabo, como algo
imprescindible para contrarrestar el poder mediatico de aquellos
que en los ultimos años se han enriquecido a costa del abandono
de las politicas sociales en beneficio de la especulacion y hoy
se presentan como modelo de gestion y transparencia.
Por eso, la eleccion de autoridades, sin restarle importancia,
es solo un eslabon mas en la cadena de responsabilidades
que tiene el Frente como respuesta a una forma anterior de
gestion, basada en la violacion sistematica de todo derecho,
la inequidad social como fundamento y el contubernio de civiles
y militares para legitimar el despojo que tanta desgracia ha traido.
El Frente tiene una vez mas la posibilidad de reencontrarse con
esa tradicion de lucha y esperanza, veremos si la renovacion de
autoridades, le da el impulso que la sociedad necesita o seguiremos
en la inercia de las interminables discusiones sobre su funcionamiento,
ha llegado la hora de renovar las autoridades en quienes se delega
-por mandato de sus estatutos- quienes las van a representar
en los diferentes ambitos de toma de decisiones , de manera de
asegurar la confirmacion de los cambios tan deseados.
Estos procesos que deberian servir para afianzar el proceso
de cambio, se ha convertido en una lucha de candidaturas que
mas se parece a una distribucion de cargos de los rosados que
a la verdadera intencion de trabajar juntos para encontrar esas
soluciones tan esperadas, para beneplacito de una derecha
anquilosada, pero expectante y efectiva cuando de destruir
conquistas sociales se trata.
Mas alla de los nombres que habran de representarnos, seria
deseable lograr el concenso necesario para impulsar de manera
organica, esas transformaciones aun pendientes en salud, vivienda
infraestructura, derechos humanos, etc, etc, de manera de retomar
el impulso y la iniciativa involucrando a la sociedad en la construccion
de esa alternativa solidaria que termine de una vez por todas con
el neoliberalismo y el capitalismo depredador.
Nada mejor para ello que salir a ver cuales son las verdaderas
inquietudes de la gente comun, que esta mas alla de reuniones
y papers y memorandos, con muchas ganas de hacer algo pero
sin saber por donde canalizarlas, sintiendose ajena a esa puja
distributiva por donde se diluyen muchas buenas intenciones.
El gran desafio, radica precisamente, en como agrupar esas
voluntades y asociarlas a los cambios necesarios, que respuestas
les damos a esa multitud de jovenes cuyos modelos de comunicacion
son tan diferentes a las estructuras partidarias y como se puede
interactuar con la experiencia de tantos luchadores sociales que
ven hoy imposibitado su acceso a las cuestiones de fondo.
A su vez, la tarea de gobierno que encabeza el Pepe, debe tener
en diputados y senadores, un acompañamiento mas energico y
esclarecedor de la tarea que se esta llevando a cabo, como algo
imprescindible para contrarrestar el poder mediatico de aquellos
que en los ultimos años se han enriquecido a costa del abandono
de las politicas sociales en beneficio de la especulacion y hoy
se presentan como modelo de gestion y transparencia.
Por eso, la eleccion de autoridades, sin restarle importancia,
es solo un eslabon mas en la cadena de responsabilidades
que tiene el Frente como respuesta a una forma anterior de
gestion, basada en la violacion sistematica de todo derecho,
la inequidad social como fundamento y el contubernio de civiles
y militares para legitimar el despojo que tanta desgracia ha traido.
El Frente tiene una vez mas la posibilidad de reencontrarse con
esa tradicion de lucha y esperanza, veremos si la renovacion de
autoridades, le da el impulso que la sociedad necesita o seguiremos
en la inercia de las interminables discusiones sobre su funcionamiento,
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