En un claro desafío a las reglas dominantes en las corporaciones financieras mundiales, un ex empleado del Grupo HSBC, Hervé Falciani, dio a conocer a las autoridades francesas en el año 2008 los datos de más de 106.000 cuentas bancarias sospechadas de ser utilizadas para evadir impuestos, radicadas en la sucursal que la entidad posee en Ginebra.
Carlos Heller
En línea con la actitud que muestran las esculturas de leones que “custodian” varias de sus filiales, la corporación HSBC parece haber mantenido muy bien resguardados el origen y la situación fiscal de los fondos que administra, cuyos titulares se describen como amas de casa, cantantes, deportistas y con oficios “varios”, encubriendo en muchos casos actividades como el tráfico de armas o diamantes y otros ilícitos.
A nivel local, en noviembre de 2014 la AFIP realizó un acuerdo con el gobierno francés para acceder a los datos de las 4.040 cuentas de argentinos en el HSBC Ginebra. Según los cálculos de la autoridad fiscal, desde 2006 hasta la actualidad sólo 158 de las cuentas fueron declaradas y la evasión total fue de 62.000 millones de pesos. En la lista presentada por Falciani, nuestro país se encuentra en el octavo lugar entre los de mayor cantidad de clientes registrados en el HSBC Ginebra, apenas por detrás de Estados Unidos y antes que Alemania, México o España. Dentro de las cuentas más importantes pueden citarse las del Grupo Fortabat, Cablevisión, Central Puerto, Telecom y Mastellone.
Hace pocos días la propia justicia helvética abrió una investigación penal contra el HSBC y allanó las oficinas en Ginebra por blanqueo de capitales agravado. El hecho no pasó inadvertido al interior de la corporación, ya que constituye la primera medida de la justicia suiza sobre la entidad financiera. Como consecuencia de ello, el CEO del grupo, Stuart Gulliver, publicó en diferentes medios de comunicación una “disculpa pública” por no haber efectuado el control necesario, señalando que la entidad no se caracteriza por tener una “propensión” a tratar con clientes que buscan evadir impuestos y que desde el año 2008, momento en el que el denunciante Falciani filtró la información, el banco ha cambiado “significativamente”. Otra voz que se hizo oír fue la de Vince Cable, Secretario de Comercio del Reino Unido, país donde se encuentra la sede central del HSBC, quien señaló que “el tratamiento que (las entidades financieras) le dan a las pequeñas empresas y a la gente pobre es muy severo mientras que el «pez gordo», las grandes compañías y los clientes ricos, no están recibiendo el control que corresponde”.
Lo relatado es sólo la punta del iceberg en lo que hace a “guaridas fiscales” y sus ardides para evadir impuestos. Según una lista publicada por la agencia de noticias Bloomberg sobre compañías norteamericanas, sólo General Electric posee aproximadamente 110.000 millones de dólares en el exterior no declarados. Otros protagonistas de estos artilugios financieros son Microsoft, IBM, Johnson & Johnson, Google y Hewlett Packard. La preocupación por la evasión impositiva llegó incluso hasta la Casa Blanca. En la página del Departamento de Administración Presupuestaria de Estados Unidos se propone una reforma impositiva que apunte a que “las empresas norteamericanas paguen impuestos por los 2 billones de dólares que tienen en el exterior no declarados” lo que permitiría “crear más empleo, incentivar el crecimiento económico y proveer al Estado y los gobiernos locales de la certeza que necesitan para planear el futuro”. Según el comunicado, éste sería un paso más para “asegurar que cada norteamericano tenga la posibilidad de gozar de los beneficios derivados del crecimiento económico”.
Lamentablemente el mundo no parece haber cambiado demasiado desde la época de los hermanos Vestey, fundadores de la cadena de carnicerías más grandes del mundo, a principios del siglo pasado. Estos empresarios fueron descriptos como “los “pioneros de la industria mundial de la elusión de impuestos” por Nicholas Shaxson, miembro de la “Tax Justice Network”, en su libro “Las Islas del Tesoro”. Luego de haber expandido su negocio por todo el mundo se jactaban de no pagar impuestos alegando que “las multinacionales están formadas por muchas filiales y empresas asociadas en distintos países y resulta tremendamente difícil desentrañar a qué jurisdicción le toca gravar cada parte de las ganancias”. De este modo, tomaron el control casi total del mercado cárnico argentino, a expensas de los productores ganaderos más pequeños y de la sociedad local, ya que se llevaban jugosas ganancias fuera del territorio criollo sin pagar un solo impuesto. Una mera transferencia de pobres a ricos. Claro que para ello se valían de la complicidad de algunas autoridades de los gobiernos de ese entonces.
A nivel mundial también queda camino por recorrer en este tema y lamentablemente, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina, luego de la crisis financiera de 2007-2008, en algunos países no se han realizado los cambios regulatorios necesarios para comenzar a modificar este festín impositivo que, de acuerdo a las investigaciones de Shaxson, canaliza más de la mitad de los activos bancarios del mundo.
Las cuestiones citadas nos ayudan a comprender el malestar de algunos importantes empresarios argentinos al momento de tratarse en el Congreso Nacional, a fines del año pasado, la creación de la “Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país”. Más allá de que el disparador de su creación haya sido la lista de cuentas de argentinos en el HSBC en poder de la AFIP, la comisión, que estará compuesta por representantes de ambas cámaras, abre la posibilidad de realizar un trabajo de investigación que lleve a la identificación de un comportamiento sistémico en el seno del mercado bancario y financiero que opera en la Argentina para promover la salida de capitales que evaden la tributación local. Vamos por buen camino.
11 mar 2015
La amnistía de los presos políticos: el primer debate de la transición
LA LEY DE PACIFICACIÓN SE PROMULGÓ EL 8 DE MARZO DE 1985
8/03/15
Por Luis Casal Beck
Se cumplen tres décadas de la promulgación de una ley, que combinó amnistía e indultó, y significó la liberación de todos los detenidos en las cárceles políticas de la dictadura (1973-1985). El debate suscitado entre el gobierno colorado de Julio Ma Sanguinetti y la mayoría de la oposición (el wilsonismo, el Frente Amplio), fue importante, y marcó un choque en el plano político-ideológico, que se pudo saldar con sugerencias concretas de la entonces ministra de Educación y Cultura, la penalista Adela Reta, del batllismo.
En febrero de 1982, el teólogo católico Juan Luis Segundo (jesuita), publicó en la revista “La Plaza” (de los hermanos Marcos y Gonzalo Carámbula), un artículo que instaló públicamente el tema de la amnistía, en un país que vivía en dictadura (desde junio de 1973), con muchos presos de conciencia, y dos grandes penales (Libertad, Punta de Rieles). “Quiero sumar mi voz a las que no se dejan oír dentro del país, reclamando una vez más, clemencia para los vencidos; es decir, la libertad de los presos políticos”, subrayó. El régimen clausuró la publicación, por este artículo, y por otro del también sacerdote, Luis Pérez Aguirre, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), titulado: “El espíritu Santo abraza al espíritu de Sandino”.
En 1983, la amnistía de los presos políticos fue ganando espacios en la consideración ciudadana. En las movilizaciones opositoras (el primer acto sindical del 1 de mayo; las convenciones de los partidos reconocidas por la dictadura, que eran el Nacional y el Colorado; con una izquierda proscrita) se reclamaba cada vez con más fuerza, Libertad, y Amnistía.
En el arco opositor se dibujaron dos posiciones: entre los colorados, era dominante la postura de amnistiar a los “presos de conciencia” y en relación a quienes habían cometidos “delitos de sangre” (según la Justicia Militar), reexaminar sus causas en el ámbito de los juzgados civiles, con aplicación de otras herramientas, como el indulto. La Corriente Batllista Independiente (CBI) defendía una amnistía “general e irrestricta”.
El Frente Amplio, quería cerrar las cárceles y volver a la plena vigencia del Estado de derecho. Entre los blancos, sus sectores principales (“Por la Patra”, de Wilson Ferreira Aldunate; el “Movimiento Nacional de Rocha”), se sumaban a la corriente que pugnaba por una amplia amnistía de todos aquellos que estaban en las cárceles del régimen. En el ala derecha de ese partido (herrerismo), dominaban las coincidencias con la mayoría colorada.
El 25 de noviembre de 1984, hubo elecciones que ganó el Partido Colorado. En su programa de gobierno, el coloradismo hacia referencia a una “ley de amnistía, dictada con amplio espíritu humanitario, complementada con los indultos que correspondan” Es decir, auspiciaba una liberación de presos de conciencia con indultos.
Cinco dias después de aquella elección, con partidos y con hombres proscritos, al salir de su prisión en un cuartel del Ejército de
la ciudad de Flores, el líder blanco Wilson Ferreira, habló del compromiso de su partido con la gobernabilidad (que es lo único que suele recordarse de ese extenso discurso), pero también planteó la necesidad imperiosa de avanzar en una amnistía “general e irrestricta” (ver recuadro).
Cuando asumió el nuevo Parlamento, el 15 e febrero de 1985, la bancada de legisladores del FA, presentó un proyecto de ley para abrir las cárceles políticas del régimen fenecido (amnistía general e irrestricta). La Asamblea General reclamó por la inmediata puesta en libertad del diputado comunista Vladimir Turiansky (preso en el penal de Libertad), y el senador wilsonista Uruguay Tourné pidió que la moción se extendiera a todos los presos políticos, sin ninguna distinción.
El 1 de marzo asumió Sanguinetti. Uno de sus primeros proyectos de ley (Pacificación Nacional), planteaba una amnistía, pero exceptuaba de ella, a quienes estaban presos por delitos “de sangre”, cuyas causas serian reestudiadas por los jueces civiles.
Cuatro días después, la Cámara de Representantes sancionó un proyecto de amnistía general e irrestricta para los presos políticos, , por 55 votos en 94, que provocó una gran preocupación entre los sectores dominantes del partido de gobierno, y sorpresa en las fracciones conservadoras de los blancos, algunos de cuyos miembros, se retiraron de sala. La iniciativa, contó con el apoyo del wilsonismo, el Frente Amplio, la CBI, y algunos herreristas díscolos como Jorge Silveita Zabala, Jorge Machiñena, Carlos Rossi.
Al dia siguiente, Sanguinetti usó de la cadena de radio y televisión, manifestando su preocupación por la decisión adoptada por la Cámara Baja, porque constituía “una solución legal que elude condenar claramente el empleo de la violencia”.
Se abrieron entonces negociaciones, y surgió una fórmula, en cuya elaboración mucho pesó la penalista Adela Reta, que era titular de la cartera de Educación y Cultura, por la cual se combinaban distintos instrumentos, que en los hechos significaron la liberación inmediata de todos los presos políticos. Como explica el historiador Alfredo Traversoni, que era senador batllista en 1985, en un ensayo de su autoría publicado muchos años después, “La mayoría (de los presos) salió en libertad inmediatamente. Con respecto a 63 presos restantes, sería desconocido lo actuado por la Justicia Militar y pasarian a estudio de la Justicia Civil, pero ésta debería dejarlos en libertad, al tomar conocimiento de la causa, por la aplicación del cómputo de tres días por cada uno de prisión sufrida (fórmula Reta, en base al argumento del extremo rigor de los años de prisión sufrida)” (“Historia del Uruguay siglo XX”, 1993, en coautoria con la tembien historiadora Diosma Piotti).
La iniciativa, fue aprobada en el Senado (24 en 27), y la Asamblea General (86 en 91). El 8 de marzo la promulgó el Poder Ejecutivo, y en la semana siguiente quedaron libres todos los presos políticos en Uruguay. La ley, dispuso el cese de las ordenes de captura, y creo una Comisión Nacional de Repatriación. El artículo 1, decía: “decrétase la amnistía de todos los delitos políticos comunes y militares conexos con éstos, cometidos a partir del 1 de enero de 1962”. Otra de las disposiciones, señalaba: “quedan exceptuados de la amnistía, los delitos cometidos por funcionarios policiales o militares, equiparados o asimilados, que fueran autores, coautores o cómplices de tratamientos inhumanos, crueles o degradantes o de la detención de personas, luego desaparecidas, y por quienes hubieran encubierto cualquiera de dichas conductas” (artículo 5). Se estima que la Comisión de Repatriación posibilitó el regreso de unos 16 mil uruguayos, afincados en el exterior durante el ciclo autoritario.
VACIAR LAS CÁRCELES, RECLAMÓ WILSON FERREIRA ALDUNATE
“Nuestro primer deber, el deber de todos, es asegurar la gobernabilidad del país; y si no se asegura, enemigos de los cuales creemos habernos liberado, están acechando prontos para aplicar su nuevo zarpazo.
No hay objetivo mas importante, que el de consolidar las instituciones democráticas. Y para consolidarlas, nosotros vamos a estar detrás del gobierno que el país se ha dado, aunque no nos guste, porque lo importante, repito, no es correr siquiera el riesgo d que pueda sucedernos, nuevamente, esta pesadilla de la que estamos tratando de salir.
(…)
Pero vamos a ayudar aún más al nuevo gobierno. Vamos a ayudarlo a que pueda moverse en un clima de paz y de tranquilidad pública, y que pueda desenvolver su acción en un país reconciliado y fraterno. Lo vamos a liberar de algunos de sus compromisos programáticos.
Nosotros vamos a votar, y sabemos que no vamos a votar solamente nosotros, una amnistía general e irrestricta.
Eso de “liberar a los presos por luchar” ya sería hermoso, pero la cosa va mucho mas allá. Hay que liberar a los presos por luchar, y a los presos que tenían un primo que luchaba, y a los presos por equivocación, y a los presos…
(…)
¿Y qué me van a decir a mí, que el remedio de justicia no es la amnistía? ¿Qué la amnistía no puede aplicarse sino para aquellos que no hayan cometido delitos de sangre?
Pero, afirmar esto, es decir que no habrá amnistía para nadie, porque si alguien no ha cometido delitos de sangre, cómo va a estar preso hace catorce años?
Qué la amnistía no va a devolver la vida a algún servidor público muerto en aquellos terribles y dolorosos enfrentamientos. Y claro que no le va a devolver la vida, pero tampoco se la va a devolver la venganza, la sevicia, el ensañamiento con los presos.
Y entonces, en esta cosa hay que optar, y optar en forma muy clara: es la amnistía, o es la mentira”
(discurso de Wilson Ferreira Aldunate en la Explanada Municipal de Montevideo, después de ser liberado de un cuartel de Flores, a cinco días de producidas las elecciones del 25 de noviembre de 1984, que ganó el Partido Colorado).
PARA EL FA, UNA AMNISTÍA GENERAL E IRRESTRICTA
“15 (de febrero de 1985) Se instala el primer Parlamento electo por el voto ciudadano en doce años. Jorge Batlle preside la Asamblea General de la 42 legislatura. Batlle (Partido Colorado), Carlos Julio Pereyra (Partido Nacional), José Pedro Cardoso (Frente Amplio), y Heber Rossi Passina (Unión Cívica), hablan en representación de sus partidos políticos.
Un sillón vacío, recuerda al último presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez Ruiz (secuestrado y asesinado en Buenos Aires en 1976).
(…)
Legisladores de los cuatro partidos reclaman la liberación inmediata del legislador comunista Vladimir Turiansky (preso en el penal de Libertad); el senador nacionalista Uruguay Tourné (wilsonista) pide que la moción se extienda a todos los presos políticos.
En la primera sesión del Senado, el Frente Amplio presenta dos proyectos de ley, uno de Amnistía General e Irrestricta (para los presos políticos); y otra de reposición de los destituidos.
(…)
La Junta (Departamental) de Montevideo resuelve por unanimidad que la calle (coronel) Lorenzo Latorre vuelva a llamarse Convención, nombre que tuvo desde 1843 hasta 1975, en que el gobierno, decretó el cambio”
(“Tiempos de dictadura. 1973/1985. Hechos, voces, documentos. La represión y la resistencia día a día”, Virginia Martínez, 2005)
EL PLANTEO DE LOS COLORADOS
“Es prioritario emprender una obra de pacificación nacional que asegure que en el país no existan excluidos. No puede haber personas privadas de su libertad por razones ideológicas. Se garantizará el retorno al Uruguay de todos aquellos ciudadanos que se encuentren en el exterior, sin excepciones. El propósito pacificador se pondrá en práctica, a través de distintas medidas políticas y legales, entre las que deberá incluirse una Ley de Amnistía, dictada con amplio espíritu humanitario, complementada con los indultos que correspondan. Se procurará, además, reparar, en cuanto sea posible, las resultancias de estos diez años de ejercicio discrecional el poder, y el inmediato esclarecimiento de la situación de los desaparecidos”
(“Por un Uruguay para Todos. Programa de principios y carta orgánica del Partido Colorado”, Fundación José Batlle y Ordoñez, diario “EL DIA”, 1984).
20 años de cárcel para la ex primera dama de Costa de Marfil, Simone Gbagbo
La ex primera dama de Costa Marfil Simone Gbagbo ha sido condenada a 20 años de cárcel por su implicación en los episodios de violencia postelectoral que en 2010 y 2011 causaron 3.000 muertos y cientos de miles de desplazados, informaron hoy medios locales.
El tribunal marfileño, que emitió el veredicto por "unanimidad", encontró a Gbagbo culpable de "atentar contra la seguridad del Estado, participar en un movimiento de insurrección y perturbar el orden público", anunció el juez Tahirou Demeblé tras nueve horas de deliberación.
La pena es el doble de lo que inicialmente había pedido la Fiscalía, lo que ha provocado una alud de críticas por parte de los abogados defensores de la ex primera dama, que ya han anunciado que presentarán un recurso de casación contra la sentencia.
"Me avergüenzo de la justicia marfileña", lamentó ante la prensa Rodrigue Dadjé, uno de los abogados de Gbagbo, nada más conocerse la sentencia y denunció que se trata de "una decisión puramente política" contra la ex primera dama.
Por su parte, el presidente del entonces partido gobernante Frente Popular Marfileño (FPI, en francés), Pascal Affi N'Guessan, ha sido condenado a 18 meses de cárcel, mientras que el hijo del expresidente Laurent Gbagbo, Michel, ha sido condenado a cinco años.
La violencia postelectoral de 2010 y 2011 causó 3.000 muertos y cientos de miles de desplazados después de que Laurent Gbagbo se negara a aceptar la victoria del principal candidato de la oposición y actual presidente, Alassane Ouattara, que contaba con el apoyo de la comunidad internacional.
La justifica marfileña decidió juzgar a Simone Gbagbo y a otros 80 altos cargos del régimen de Laurent Gbagbo por atentado contra la seguridad del estado, intento de golpe de estado, rebelión, tribalismo y xenofobia, entre otros.
El expresidente Gbagbo permanece encarcelado desde 2012 en La Haya a la espera de ser juzgado por "crímenes contra la humanidad" por la Corte Penal Internacional (CPI).
Las autoridades marfileñas se han negado a entregar a la CPI a Simone Gbagbo alegando que es preferible que comparezca ante un tribunal de su propio país.
Copyright (c) Agencia EFE, S.A. 2014, todos los derechos reservados
© EFE COSTA DE MARFIL VIOLENCIA
Nairobi, 10 mar (EFE).
Nairobi, 10 mar (EFE).
El tribunal marfileño, que emitió el veredicto por "unanimidad", encontró a Gbagbo culpable de "atentar contra la seguridad del Estado, participar en un movimiento de insurrección y perturbar el orden público", anunció el juez Tahirou Demeblé tras nueve horas de deliberación.
La pena es el doble de lo que inicialmente había pedido la Fiscalía, lo que ha provocado una alud de críticas por parte de los abogados defensores de la ex primera dama, que ya han anunciado que presentarán un recurso de casación contra la sentencia.
"Me avergüenzo de la justicia marfileña", lamentó ante la prensa Rodrigue Dadjé, uno de los abogados de Gbagbo, nada más conocerse la sentencia y denunció que se trata de "una decisión puramente política" contra la ex primera dama.
Por su parte, el presidente del entonces partido gobernante Frente Popular Marfileño (FPI, en francés), Pascal Affi N'Guessan, ha sido condenado a 18 meses de cárcel, mientras que el hijo del expresidente Laurent Gbagbo, Michel, ha sido condenado a cinco años.
La violencia postelectoral de 2010 y 2011 causó 3.000 muertos y cientos de miles de desplazados después de que Laurent Gbagbo se negara a aceptar la victoria del principal candidato de la oposición y actual presidente, Alassane Ouattara, que contaba con el apoyo de la comunidad internacional.
La justifica marfileña decidió juzgar a Simone Gbagbo y a otros 80 altos cargos del régimen de Laurent Gbagbo por atentado contra la seguridad del estado, intento de golpe de estado, rebelión, tribalismo y xenofobia, entre otros.
El expresidente Gbagbo permanece encarcelado desde 2012 en La Haya a la espera de ser juzgado por "crímenes contra la humanidad" por la Corte Penal Internacional (CPI).
Las autoridades marfileñas se han negado a entregar a la CPI a Simone Gbagbo alegando que es preferible que comparezca ante un tribunal de su propio país.
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Chile: corrupción política en el “caso Penta”
PROCESO
SANTIAGO (Uypress) - Esta semana comenzaron en esta capital las audiencias judiciales por el llamado “caso Penta” que involucra a uno de los principales grupos empresariales vinculados a la derecha y derecha y a su principal partido, la Unión Demócrata Independiente (UDI).
La acusación de corrupción política involucra a los controladores de la compañía, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín dos conocidos empresarios.
A raíz de la investigación que lleva adelante la Fiscalía, no sólo se ha destapado un sistema complejo montado para defraudar al Fisco a través de evasiones millonarias de impuestos. El caso también ha dejado al descubierto que Penta había configurado un sistema para financiar irregularmente a candidatos presidenciales y al Parlamento. Los dueños del grupo no solo buscaban el triunfo de dirigentes afines a su posición política de derecha, un sector del que son financistas e ideólogos, sino que contar con parlamentarios en el Congreso para, supuestamente, sacar adelante las iniciativas que les favorecían. También ha mostrado que, con este mismo objetivo, pagaron sueldos paralelos a funcionarios públicos.
Penta es uno de los principales grupos empresariales de Chile que tiene inversiones en negocios de previsión social, seguros, el sector financiero, inmobiliario, la salud y educación, con activos de unos 20.000 millones de dólares.
Los dos controladores del grupo, Délano y Lavín, por sus relaciones personales y políticas están estrechamente ligados a la coalición de derecha y, sobre todo, a la Unión Demócrata Independiente (UDI), que ha sido el partido más afectado por esta trama. En 1999, Délano fue uno de los principales ideólogos de la candidatura presidencial de Joaquín Lavín, el alcalde de Santiago que en primera vuelta llegó a empatar al socialdemócrata Ricardo Lagos quien finalmente logró triunfar y llegar a La Moneda. También es uno de los amigos más cercanos del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014), que milita en otro de los partidos del conglomerado, Renovación Nacional (RN).
Después de la primera jornada de formalización, uno de los dueños de Penta, Carlos Eugenio Lavín, señaló: "[La Fiscalía] nos presenta como una mafia, como si nosotros fuéramos Al Capone o algo parecido y es lamentable escuchar eso...no soy ningún mafioso".
Los dos controladores de la compañía fueron acusados por soborno y delitos tributarios. De ser finalmente condenados después de la investigación, arriesgan una pena de cárcel de entre 541 días a cinco años.
El caso arrancó hace más de dos años por una arista relacionada al fraude tributario que no hacía sospechar a la Fiscalía de los alcances empresariales y políticos que alcanzaría la trama.
En octubre de 2012, el Servicio de Impuestos Internos (SII) detectó que 122 contribuyentes habrían obtenido devoluciones de impuestos a la renta de manera irregular, entre 2007 y 2010. Un año después, en septiembre de 2013, la Justicia formalizó a exfuncionarios del SII y surgió el nombre de Jorge Valdivia, que habría sido uno de los captadores de los contribuyentes. Poco antes de morir, Valdivia envió una carta al fiscal Carlos Gajardo, reconociendo que tenía un vínculo con el grupo Penta. Después se produjo un hecho clave: en agosto de 2014, el exgerente de la compañía Hugo Bravo, que había sido despedido un mes antes de la empresa, declaró ante el Ministerio Público que los dueños de Penta, Délano y Lavín, le ordenaron gestionar recibos de honorarios falsos a nombre de sus esposas y políticos. Luego allanaron las oficinas y el caso tomó caminos insospechados, con un alto impacto social.
Justamente es uno de los aspectos que llaman la atención: pese a que se investigan infracciones graves de dirigentes de primera línea en sus respectivas campañas, la trama pasó desapercibida para el Servicio Electoral (Servel), que no cuenta ni con los recursos ni con las atribuciones para fiscalizar que se respeten los límites al gasto y la utilización de dineros negros.
El miércoles comenzó la formalización de las acusaciones en contra los diez imputados del caso Penta, que se extendió también durante este jueves y probablemente el viernes, cuando el magistrado Juan Escobar tenga que resolver las peticiones de medidas cautelares de la Fiscalía. El Ministerio Público pidió prisión preventiva para Délano, Lavín y Pablo Wagner, el exsubsecretario de Minería del Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), formalizado por cohecho, lavado de dinero y delitos tributarios. Para el resto de los seis imputados, los fiscales han solicitado arresto domiciliario y firma semanal.
La ciudadanía observa con expectación la resolución del juez Escobar, porque en Chile se desconfía de la igualdad ante Justicia. En un país azotado por la falta de equidad en todos sus frentes, existe la sospecha que a la gente humilde se le castiga con prisión por delitos menores como la copia ilegal de DVD y a los poderosos, de cuello y corbata, son tratados con permisividad y guante blanco.
El caso Penta tiene distintos frentes: presuntos aportes irregulares a campañas políticas, devoluciones de dinero indebidas por parte del Estado y la reducción del pago de impuestos. De acuerdo con la presentación de la Fiscalía en las audiencias de formalizaciones, en definitiva, el grupo Penta creó una "máquina para defraudar al Fisco".
En presentaciones a cargo a cargo del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, el Ministerio Público ha expuesto las evidencias recogidas en los primeros cuatro meses de indagatorias. De acuerdo a la investigación, hasta ahora han sido detectadas unas mil boletas y facturas falsas, además de 102 contratos forward, por un total de más de tres mil millones de pesos chilenos (unos 4.831.695 dólares). Gracias a este mecanismo, la empresa sellaba contratos simulados en divisas extranjeras y luego, declaraba falsas pérdidas para rebajar y eludir impuestos.
"Emitían boletas o facturas que daban cuenta de servicios que no fueron realizados, en algunos casos por familiares de los imputados, en otras por secretarias de los mismos, dineros que eran defraudados y utilizados en algunos casos para campañas políticas de cargos de elección popular", señaló el Fiscal Nacional el pasado miércoles. El fiscal Gajardo agregó: "Lo que ha habido acá, su señoría, es una cultura de la evasión en este grupo económico. Desde el más alto ejecutivo, desde su controlador, hasta el último júnior. Todos daban boletas falsas".
Existen varias aristas que vinculan a este caso a la política. Una de ellas es la que involucra a Pablo Wagner, el exsubsecretario del Minería del Gobierno de derecha de Sebastián Piñera (2010-2014). "Viene delinquiendo por años", señaló este jueves el fiscal Pablo Norambuena.
De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, los dueños de Penta habrían sobornado a Wagner con 14 pagos por un total de unos 42 millones de pesos chilenos (unos 68.000 dólares) mientras era funcionario del Ejecutivo. Wagner a su vez fue imputado por cohecho, lavado de dinero y delitos tributarios por emitir 59 boletas falsas que causaron perjuicio fiscal el Estado. La Fiscalía ha solicitado este jueves que, como a los controladores de Penta, se le deje en prisión preventiva.
Pero en esta fase de la investigación, el Ministerio Público todavía no entra de lleno en la fase política de la causa y se espera que en una segunda etapa se imputen a dirigentes políticos. En las audiencias de formalización de esta semana, la Fiscalía ha nombrado al menos a diez políticos, entre parlamentarios y exautoridades, que habrían entregado comprobantes falsos a Penta por trabajos que nunca realizaron. De esta forma, la compañía lograba colaborar con sus candidatos afines y, de paso, obtener rebajas tributarias.
Además del exsubsecretario Wagner, que hasta hace poco militaba en la UDI, ocho de los diez políticos nombrados en las audiencias de formalización pertenecen a este partido de la derecha doctrinaria. Entre ellos, uno de sus principales líderes, Jovino Novoa, considerado uno de los principales recaudadores de dinero para la campaña electoral de la UDI.
Otro de los mencionados es Andrés Velasco, el exministro de Hacienda del primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), que fue precandidato presidencial en las primarias de la coalición de centroizquierda Nueva Mayoría. También la Fiscalía ha involucrado a otro dirigente de la derecha, el exdiputado de Renovación Nacional (RN) Alberto Cardemil, que hace algunos días tuvo que suspender su militancia.
La UDI, sin embargo, ha defendido la presunción de inocencia de sus militantes y no les ha pedido que dejen el partido. Entre ellos se cuentan dos senadores en ejercicio, Iván Moreira y Ena Von Baer, y el diputado Fernando Hermann. La presión pública para que la UDI tome alguna medida y los congresistas dejen el Parlamento es cada vez mayor.
50 años de guerras imperiales: resultados y perspectivas
JAMES PETRAS / REBELION –
En los últimos 50 años Estados Unidos y las potencias europeas han desatado incontables guerras imperiales en todo el mundo. La ofensiva hacia la supremacía mundial ha estado envuelta en la retórica del “liderazgo mundial”, y las consecuencias han sido devastadoras para los pueblos contra los que se han dirigido esas guerras. Las más grandes, largas y numerosas las ha llevado a cabo Estados Unidos. Presidentes de ambos partidos han estado al frente de esta cruzada por el poder mundial. La ideología que anima el imperialismo ha ido cambiando del “anticomunismo” del pasado al “antiterrorismo” actual.
Publicado el 3/09/15
En los últimos 50 años Estados Unidos y las potencias europeas han desatado incontables guerras imperiales en todo el mundo. La ofensiva hacia la supremacía mundial ha estado envuelta en la retórica del “liderazgo mundial”, y las consecuencias han sido devastadoras para los pueblos contra los que se han dirigido esas guerras. Las más grandes, largas y numerosas las ha llevado a cabo Estados Unidos. Presidentes de ambos partidos han estado al frente de esta cruzada por el poder mundial. La ideología que anima el imperialismo ha ido cambiando del “anticomunismo” del pasado al “antiterrorismo” actual.
Publicado el 3/09/15
Introducción l. Como parte de su proyecto de dominación mundial, Washington ha utilizado y combinado muchas formas de guerra, incluyendo invasiones militares y ocupaciones; ejércitos mercenarios y golpes militares; además de financiar partidos políticos, ONGs y multitudes en las calles para derrocar gobiernos debidamente constituidos. Los motores de esta cruzada por el poder mundial varían según la localización geográfica y la composición económica de los países destinatarios.
Lo que queda claro cuando se analiza la construcción del imperio estadounidense en el último medio siglo es el relativo declive de los intereses económicos y la aparición de consideraciones de tipo político y militar. Esto se debe en parte a la desaparición de los regímenes colectivistas (la URSS y Europa Oriental) y a la conversión al capitalismo de China y los regímenes de izquierdas en Asia, África y Latinoamérica. El declive de las fuerzas económicas como motor del imperialismo es el resultado de la llegada del neoliberalismo global. La mayoría de las multinacionales de Estados Unidos y la Unión Europea no están amenazadas por nacionalizaciones o expropiaciones que podrían desencadenar una intervención política imperial. De hecho, incluso los regímenes posneoliberales invitan a las multinacionales a invertir, comerciar y explotar recursos naturales. Los intereses económicos entran en juego en la formulación de políticas imperiales solo si (y cuando) surgen regímenes nacionalistas que desafían a las multinacionales estadounidenses, como en el caso de Venezuela bajo el presidente Chávez.
La clave de la construcción del imperio estadounidense en el último medio siglo se halla en las configuraciones del poder político, militar e ideológico que se han hecho con el control de las palancas del estado imperial. La historia reciente de las guerras imperiales estadounidenses ha demostrado que las prioridades militares estratégicas –bases militares, presupuestos y burocracia– han estado muy por encima de cualquier interés económico localizado de las multinacionales. Por otra parte, la mayoría de los gastos y las largas y costosas intervenciones militares del estado imperial estadounidense en Oriente Medio han sido a instancias de Israel. El acaparamiento de posiciones políticas estratégicas en el Ejecutivo y en el Congreso por parte de la configuración del poder sionista estadounidense ha reforzado la centralidad de los intereses militares en detrimento de los económicos.
La “privatización” de las guerras imperiales –el gran aumento y uso de mercenarios contratados por el Pentágono– ha supuesto el saqueo de decenas de miles de millones de dólares del Tesoro estadounidense. La industria militar privada, que provee de combatientes mercenarios, se ha convertido en una fuerza muy “influyente” que está moldeando la naturaleza y las consecuencias del proceso de construcción del imperio estadounidense.
Los estrategas militares, los defensores de los intereses coloniales israelíes en Oriente Medio y las corporaciones militares y de inteligencia son actores fundamentales del estado imperial, y es su influencia en la toma de decisiones la que explica porqué el resultado de las guerras imperiales estadounidenses no ha sido un imperio económico próspero y políticamente estable. En vez de eso, sus políticas han tenido como resultado economías devastadas e inestables que se rebelan continuamente.
Vamos a empezar identificando las cambiantes áreas y regiones implicadas en la construcción del imperio estadounidense desde mediados de los setenta hasta la actualidad. Luego examinaremos los métodos, las fuerzas impulsoras y los resultados de la expansión imperial. A continuación pasaremos a describir el actual mapa geopolítico de la construcción imperial y el carácter variado de la resistencia antiimperialista. Concluiremos examinando el porqué y el cómo de la construcción del imperio y, más concretamente, las consecuencias y los resultados de medio siglo de expansión imperial estadounidense.
Imperialismo en el periodo post Vietnam: guerras por poderes en América Central, Afganistán y el sur de África
La derrota del imperialismo estadounidense en Indochina marca el final de una fase de construcción del imperio y el comienzo de otra: el paso de invasiones territoriales a guerras por poderes. A partir de las presidencias de Gerald Ford y James Carter, el estado imperialista estadounidense empezó a recurrir cada vez más a apoderados. Reclutó, financió y armó ejércitos por poderes para destruir una gran variedad de regímenes y movimientos nacionalistas y social-revolucionarios en tres continentes. Con el apoyo logístico del ejército y las agencias de inteligencia paquistaníes, y con el respaldo económico de Arabia Saudita, Washington financió y armó fuerzas extremistas islámicas en todo el mundo para invadir y destrozar el régimen afgano, laico, progresista y apoyado por la Unión Soviética.
La segunda intervención por poderes tuvo lugar en el sur de África, donde el estado imperial estadounidense, aliado con Sudáfrica, financió y armó ejércitos por poderes contra los regímenes antiimperialistas de Angola y Mozambique.
La tercera ocurrió en América Central, donde Estados Unidos financió, armó y entrenó escuadrones de la muerte en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras para acabar con los movimientos populares y las insurgencias armadas, causando más de 300.000 civiles muertos.
La “estrategia de guerra por poderes” del estado imperial de Estados Unidos se extendió a América del Sur: la CIA y el Pentágono apoyaron golpes de Estado en Uruguay (general Álvarez), Chile (general Pinochet), Argentina (general Videla), Bolivia (general Banzer) y Perú (general Morales). La construcción del imperio por poderes se hizo en gran medida a instancias de las multinacionales estadounidenses, que durante ese periodo tuvieron un papel destacado a la hora de establecer las prioridades del estado imperial.
Las guerras por poderes estuvieron acompañadas por invasiones militares directas: la diminuta isla de Granada (1983) y Panamá (1989) bajo los presidentes Reagan y Bush padre. Blancos fáciles, con pocas víctimas y pocos gastos militares: ensayos generales para relanzar importantes operaciones militares en un futuro cercano.
Lo que sorprende de las “guerras por poderes” son sus resultados contrapuestos. En América Central, Afganistán y África esas guerras no desembocaron en prósperas neo-colonias ni resultaron lucrativas para las corporaciones estadounidenses. En cambio, los golpes de Estado por poderes en América del Sur se tradujeron en extensas privatizaciones y abultados beneficios para las multinacionales estadounidenses.
La guerra por poderes en Afganistán trajo consigo el ascenso y la consolidación del “régimen islámico” talibán, que se oponía tanto a la influencia soviética como a la expansión imperial estadounidense. Con el tiempo el ascenso y la consolidación del nacionalismo islámico desafiaría a los aliados de Estados Unidos en el sur de Asia y en la región del Golfo, y conduciría a la invasión militar estadounidense de 2001 y a una larga guerra (15 años) que aún no ha terminado, y que probablemente supondrá la derrota y retirada militar de Estados Unidos. Los principales beneficiarios desde el punto de vista económico fueron los clientes políticos afganos de Washington, los “contratistas” mercenarios estadounidenses, los funcionarios militares responsables de adquisiciones y los administradores coloniales que saquearon cientos de miles de millones de dólares del Tesoro estadounidense a través de transacciones ilegales o fraudulentas.
Las multinacionales no-militares no se beneficiaron en absoluto del saqueo del Tesoro de Estados Unidos. De hecho, la guerra y el movimiento de resistencia dificultaron la entrada de capital privado estadounidense a largo plazo en Afganistán y las regiones fronterizas limítrofes de Pakistán.
La guerra por poderes en el sur de África arrasó las economías locales, especialmente las economías agrícolas nacionales, desarraigó a millones de trabajadores y campesinos e impidió la entrada de las empresas petrolíferas estadounidenses durante más de dos décadas. El resultado “positivo” fue la des-radicalización de la elite nacionalista revolucionaria. Sin embargo, la conversión política de los “revolucionarios” del sur de África al neoliberalismo no benefició demasiado a las multinacionales estadounidenses, pues los nuevos gobernantes se volvieron oligarcas cleptócratas y pusieron en marcha regímenes patrimoniales asociándose con diversas multinacionales, sobre todo asiáticas y europeas.
Las guerras por poderes en América Central también tuvieron resultados contrapuestos. En Nicaragua la revolución sandinista derrotó al régimen de Somoza apoyado conjuntamente por Estados Unidos e Israel, pero inmediatamente después tuvo que enfrentarse a un ejército mercenario contrarrevolucionario financiado, armado y entrenado por Estados Unidos (“la contra”) con base en Honduras. La guerra estadounidense destrozó muchos proyectos económicos progresistas, socavó la economía y eventualmente derivó en la victoria electoral de Violeta Chamorro, que contó con el patrocinio y el respaldo de Estados Unidos. Dos décadas más tarde los apoderados de Estados Unidos fueron derrotados por una coalición política liderada por sandinistas des-radicalizados.
En El Salvador, Guatemala y Honduras, las guerras por poderes estadounidenses terminaron consolidando regímenes clientelistas que se encargaron de destruir la economía productiva y provocaron la huida de millones de refugiados de guerra hacia Estados Unidos. El dominio imperial estadounidense erosionó las bases del mercado laboral productivo y engendró bandas asesinas de narcotraficantes.
En resumen, en la mayoría de los casos las guerras por poderes de Estados Unidos lograron evitar el ascenso de regímenes nacionalistas de izquierdas, pero también condujeron a la destrucción de las bases económicas y políticas de un imperio neocolonial próspero y estable.
El imperialismo estadounidense en América Latina: estructura variable, contingencias internas y externas, prioridades cambiantes y restricciones globales
Para entender las operaciones, la estructura y la actuación del imperialismo estadounidense en América Latina es necesario reconocer la constelación de fuerzas rivales que ha moldeado las políticas del estado imperial. A diferencia de lo que ha ocurrido en Oriente Medio, donde la facción militarista-sionista ha establecido su hegemonía, en América Latina las multinacionales han jugado un papel fundamental dirigiendo la política del estado imperial. En América Latina, los militaristas desempeñaron un papel mucho menos destacado, limitado por (1) el poder de las multinacionales, (2) el giro del poder político de la derecha a la centro-izquierda, y (3) el impacto de la crisis económica y el auge de las materias primas.
Al contrario que en Oriente Medio, la configuración del poder sionista ha tenido poca influencia en la política del estado imperial en esta región, ya que los intereses israelíes se concentran en Oriente Medio y, con la posible excepción de Argentina, América Latina no es una prioridad.
Durante más de un siglo y medio, las multinacionales y los bancos estadounidenses dominaron y dictaron la política imperial de Estados Unidos hacia América Latina. Las fuerzas armadas estadounidenses y la CIA fueron instrumentos del imperialismo económico mediante la intervención directa (invasiones), “golpes militares” por poderes, o la combinación de ambos.
El poder económico imperial estadounidense en América Latina alcanzó su punto más alto entre 1975 y 1999. Por medio de golpes militares por poderes, invasiones militares directas (República Dominicana, Panamá, Granada) y elecciones controladas civil y militarmente se crearon estados vasallos y se impusieron nuevos gobernantes clientelistas.
Los resultados fueron el desmantelamiento del estado de bienestar y la imposición de políticas neoliberales. El estado imperial dirigido por las multinacionales, y sus apéndices financieros internacionales (FMI, BM, BID) se encargaron de privatizar sectores económicos estratégicos muy lucrativos, se hicieron con el control del comercio y proyectaron un plan de integración regional que afianzó el dominio imperial de Estados Unidos.
La expansión económica imperial en América Latina no fue simplemente el resultado de las estructuras y las dinámicas internas de las multinacionales, sino que dependió de (1) la receptividad del país “anfitrión” o, más exactamente, de la correlación interna de las fuerzas de clase en América Latina, las cuales a su vez giraban en torno al (2) desempeño de la economía: su crecimiento o su susceptibilidad a las crisis.
América Latina demuestra que contingencias como la desaparición de los regímenes clientelistas y de las clases colaboradoras pueden tener un impacto negativo enorme en las dinámicas del imperialismo, socavando el poder del estado imperial y revirtiendo el avance económico de las multinacionales.
El avance del imperialismo económico de Estados Unidos durante el periodo que va desde 1975 hasta el año 2000 quedó patente en la adopción de políticas neoliberales, el saqueo de los recursos nacionales, el incremento de deudas ilícitas y la transferencia de miles de millones de dólares al exterior. Sin embargo, la concentración de riqueza y propiedad desencadenó una profunda crisis socioeconómica en toda la región, la cual eventualmente condujo al derrocamiento o destitución de los colaboradores imperiales en Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Nicaragua. En Brasil y en los países andinos surgieron poderosos movimientos sociales antiimperialistas, sobre todo en el campo. En las ciudades, los movimientos de trabajadores desempleados y los sindicatos de empleados públicos de Argentina y Uruguay encabezaron cambios electorales, instalando en el poder gobiernos de centro-izquierda que “re-negociaron” las relaciones con el estado imperial estadounidense.
La influencia de las multinacionales estadounidenses en América Latina se fue debilitando. Ya no podían contar con la batería completa de recursos militares del estado imperial para intervenir e imponer de nuevo presidentes clientelistas neoliberales, pues sus prioridades militares estaban en otra parte: Oriente Medio, el sur de Asia y el norte de África.
A diferencia del pasado, las multinacionales estadounidenses en América Latina no contaron con dos puntales esenciales del poder: el pleno respaldo de las fuerzas armadas estadounidenses y los poderosos regímenes cívico-militares clientelistas de Estados Unidos en América Latina.
El plan de las multinacionales estadounidenses de una integración en torno a Estados Unidos fue rechazado por los gobiernos de centro-izquierda. El estado imperial recurrió entonces a los acuerdos de libre comercio con México, Chile, Colombia, Panamá y Perú. Como resultado de la crisis económica y del colapso de la mayoría de las economías latinoamericanas, el “neoliberalismo”, la ideología de la penetración económica imperial, quedó desacreditado y sus partidarios fueron marginados.
Los cambios en la economía mundial tuvieron un impacto profundo en las relaciones comerciales y de inversión entre Estados Unidos y América Latina. El crecimiento dinámico de China, el subsiguiente auge de la demanda y el aumento de los precios de las materias primas condujo a un considerable debilitamiento del dominio estadounidense en los mercados latinoamericanos.
Los países latinoamericanos diversificaron el comercio, buscaron y encontraron nuevos mercados exteriores, especialmente China. El incremento de los ingresos de las exportaciones se tradujo en una mayor capacidad de autofinanciación. Y tanto el FMI, como el BM y el BID, los instrumentos económicos que sirvieron para impulsar las imposiciones económicas de Estados Unidos (“condicionalidad”), fueron orillados.
El estado imperial estadounidense se enfrentó a regímenes latinoamericanos que adoptaron opciones económicas, mercados y medidas de financiamiento muy diversas. Con considerable apoyo popular en sus países y los mandos civil y militar unificados, América Latina fue saliendo tímidamente de la esfera estadounidense de dominación imperialista.
El estado imperial y sus multinacionales, enormemente inspirados por los “éxitos” cosechados en los noventa, respondieron al debilitamiento de su influencia utilizando el método de “ensayo y error” para enfrentar los nuevos obstáculos del siglo XXI. Los responsables de la política estadounidense, con el respaldo de las multinacionales, continuaron apoyando a los fracasados regímenes neoliberales, perdiendo toda credibilidad en América Latina. El estado imperial no supo adaptarse a los cambios, lo que hizo que aumentara la oposición popular y de los gobiernos de centro-izquierda a los “mercados libres” y la desregulación bancaria. A diferencia de las reformas sociales promovidas por el presidente Kennedy vía la “Alianza para el Progreso” para contrarrestar el impacto generado por la revolución cubana, esta vez no se diseñaron programas de ayuda económica a gran escala para imponerse a la centro-izquierda, quizás debido a las restricciones presupuestarias derivadas de las costosas guerras en otros lugares.
La desaparición de los regímenes neoliberales, el pegamento que mantuvo unidas a las diferentes facciones del estado imperial, dio lugar a propuestas rivales de cómo recuperar el dominio. La “facción militarista” recurrió a (y revivió) la fórmula del golpe militar para llevar a cabo la restauración: se organizaron golpes de Estado en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Honduras y Paraguay; salvo los dos últimos, todos fracasaron. La derrota de los representantes de Estados Unidos consolidó los regímenes independientes y antiimperialistas de centro-izquierda. Incluso el “éxito” del golpe estadounidense en Honduras tuvo como consecuencia una importante derrota diplomática: los gobiernos latinoamericanos condenaron el golpe de Estado y el papel de Estados Unidos, lo que terminó aislando a Washington todavía más.
La derrota de la estrategia militarista reforzó la facción político-diplomática del estado imperial. Con propuestas positivas hacia los en apariencia “regímenes de centro-izquierda”, esta facción ganó influencia diplomática, mantuvo los vínculos militares y contribuyó a la expansión de las multinacionales en Uruguay, Brasil, Chile y Perú. Con los dos últimos países la facción económica del estado imperial consolidó acuerdos bilaterales de libre comercio.
Una tercera facción corporativo-militar, que se solapa con las otras dos, combinó cambios diplomático-políticos hacia Cuba con una estrategia muy agresiva de desestabilización política dirigida al “cambio de régimen” (golpe de Estado) en Venezuela.
La heterogeneidad de las facciones del estado imperial y sus orientaciones enfrentadas refleja la complejidad de los intereses implicados en la construcción del imperio en América Latina y tiene como consecuencia políticas aparentemente contradictorias, un fenómeno que resulta menos evidente en Oriente Medio, donde la configuración del poder militarista-sionista domina la formulación de políticas imperiales.
Por ejemplo, el aumento de las bases militares y las operaciones contrainsurgentes en Colombia (una prioridad de la facción militarista) se acompaña de acuerdos bilaterales de libre comercio y negociaciones de paz entre el gobierno de Santos y la insurgencia armada de las FARC (una prioridad de la facción de las multinacionales).
Recuperar el dominio imperial en Argentina supone (1) maximizar las posibilidades electorales del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el neoliberal Mauricio Macri; (2) apoyar al conglomerado mediático imperial, Clarín, enfrentando la legislación que desconcentra el monopolio mediático; (3) explotar la muerte del fiscal Alberto Nisman, colaborador de la CIA y el Mossad, para desacreditar al gobierno de Kirchner-Fernández; y (4) respaldar a los fondos de inversión especuladores (buitres) en Nueva York para exigir el pago de intereses desorbitados y, con la ayuda de resoluciones judiciales cuestionables, bloquear el acceso de Argentina a los mercados internacionales.
Tanto la facción militarista como la de las multinacionales del estado imperial coinciden en apoyar una estrategia electoral y golpista con múltiples flancos, la cual busca restaurar el poder de un régimen neoliberal controlado por Estados Unidos.
Las contingencias que evitaron la recuperación del poder imperial durante la pasada década actúan ahora a la inversa. La caída del precio de las materias primas ha debilitado a los gobiernos posneoliberales en Venezuela, Argentina y Ecuador. La decadencia de los movimientos antiimperialistas a consecuencia de las tácticas de cooptación de centro-izquierda ha reforzado las protestas y a los movimientos de derechas apoyados por el estado imperial. El menor crecimiento de China ha afectado a las estrategias de diversificación del mercado latinoamericano. El equilibrio interno de las fuerzas de clase se ha desplazado hacia la derecha, hacia los clientes políticos de Estados Unidos en Brasil, Argentina, Perú y Paraguay.
Reflexiones teóricas sobre la construcción del imperio en América Latina
La construcción del imperio estadounidense en América Latina es un proceso cíclico que refleja los cambios estructurales registrados en el poder político y la reestructuración de la economía mundial: fuerzas y factores que “ignoran” el estado imperial y la tendencia del capital a acumularse. La acumulación y expansión del capital no dependen simplemente de las fuerzas impersonales “del mercado”, pues las relaciones sociales bajo las cuales funciona el “mercado” operan dentro de los límites de la lucha de clase.
La pieza central de las acciones del estado imperial, a saber, las largas guerras territoriales en Oriente Medio, están ausentes en América Latina. Lo que mueve la política del estado imperial estadounidense es la búsqueda de recursos (agro-mineros), fuerza de trabajo (empleados por cuenta propia con bajos ingresos) y mercados (tamaño y poder adquisitivo de 600 millones de consumidores). Detrás de la expansión imperial se hallan los intereses económicos de las multinacionales.
Aun cuando en este caso se hubiera podido sacar partido de una posición geoestratégica ventajosa –el Caribe, América Central y América del Sur están situados más cerca de Estados Unidos– predominan los objetivos económicos, no los militares.
Sin embargo, la facción militarista-sionista del estado imperial ignora estos motivos económicos tradicionales y deliberadamente opta por actuar teniendo en cuenta otras prioridades: el control de las zonas productoras de petróleo, la destrucción de las naciones o los movimientos islámicos, o simplemente acabar con los adversarios antiimperialistas. La facción militarista-sionista consideró que los “beneficios” para Israel, su supremacía militar en Oriente Medio, eran más importantes que asegurar la supremacía económica de Estados Unidos en América Latina. Este hecho se observa claramente si analizamos las prioridades imperiales en función de los recursos estatales utilizados para fines políticos.
Incluso si tenemos en cuenta el objetivo de la “seguridad nacional” y lo interpretamos en su sentido más amplio de garantizar la seguridad de los territorios nacionales del imperio, el ataque militar estadounidense a países islámicos impulsado por la ideología islamofóbica concomitante, los asesinatos masivos y el desarraigo de millones de musulmanes resultantes han producido el efecto contrario: terrorismo recíproco. Las “guerras totales” de Estados Unidos contra civiles han provocado ataques islamistas contra ciudadanos occidentales.
Los países latinoamericanos a los que apunta el imperialismo económico son menos beligerantes que los países de Oriente Medio que están en la mira de los militaristas estadounidenses. Un análisis coste/beneficio demostraría el carácter absolutamente “irracional” de la estrategia militarista. Sin embargo, si tenemos en cuenta la composición y los intereses concretos que mueven individualmente a los responsables de las políticas del estado imperial, vemos que existe algo así como una perversa “racionalidad”. Los militaristas defienden la “racionalidad” de costosas e interminables guerras esgrimiendo las ventajas de adueñarse de “las puertas al petróleo” mientras que los sionistas esgrimen el mayor poder regional alcanzado por Israel.
Si bien durante más de un siglo América Latina fue un objetivo prioritario de la conquista económica imperial, en el siglo XXI ha perdido su primacía a favor de Oriente Medio.
La desaparición de la URSS y la conversión de China al capitalismo
El mayor impulso hacia la exitosa expansión imperial de Estados Unidos no se lo dieron las guerras por poderes ni las invasiones militares. Más bien, el imperio estadounidense logró su mayor crecimiento y conquista con la ayuda de líderes políticos clientelistas, organizaciones y estados vasallos en la URSS, Europa del Este, los estados bálticos, los Balcanes y el Cáucaso. La estrategia de penetración política y financiación a gran escala y a largo plazo que llevaron a cabo Estados Unidos y la Unión Europea contribuyó de manera exitosa al derrumbe de los regímenes colectivistas de Rusia y la URSS y a la aparición de estados vasallos. Estos pronto estarían a disposición de la OTAN y serían incorporados a la Unión Europea. Bonn se anexionó Alemania Oriental y dominó los mercados de Polonia, la República Checa y otros estados de Europa Central. Los banqueros de Estados Unidos y Londres colaboraron con los mafiosos oligarcas ruso-israelíes en actividades conjuntas para llevar a cabo el expolio de recursos, industrias, bienes inmuebles y fondos de pensiones. La Unión Europea explotó a decenas de millones de científicos, ingenieros y trabajadores altamente cualificados importándolos, o bien despojándolos de los derechos laborales y las prestaciones del estado de bienestar y sirviéndose de ellos como mano de obra barata en sus propios países.
El “imperialismo por invitación” avalado por el régimen vasallo de Yeltsin se apropió muy fácilmente de la riqueza rusa. Las fuerzas militares del Pacto de Varsovia entraron a formar parte de una legión extranjera en las guerras imperiales de Estados Unidos en Afganistán, Iraq y Siria. Sus instalaciones militares fueron convertidas en bases militares y emplazamientos de misiles para cercar a Rusia.
La conquista imperial estadounidense del Este creó un “mundo unipolar”, en el cual los responsables de la toma de decisiones y estrategas de Washington creyeron que, como potencia mundial suprema, podrían intervenir impunemente.
El alcance y la profundidad del imperio mundial estadounidense se ampliaron con la incorporación de China al capitalismo y la invitación de su gobierno a las multinacionales de Estados Unidos y la Unión Europea a entrar y explotar la mano de obra barata del país. La expansión global del imperio estadounidense reforzó la sensación de poder ilimitado, alentando a sus gobernantes a ejercer dicho poder contra cualquier adversario o competidor.
Entre 1990 y 2000, Estados Unidos llevó sus bases militares hasta la frontera de Rusia. Las multinacionales estadounidenses fortalecieron su posición en China e Indochina. Los regímenes clientelistas de Estados Unidos en América Latina desmantelaron sus economías nacionales, privatizando y desnacionalizando más de cinco mil empresas públicas de sectores estratégicos lucrativas. Todos los sectores se vieron afectados: recursos naturales, transportes, telecomunicaciones y finanzas.
A lo largo de los años noventa, Estados Unidos siguió expandiéndose mediante la estrategia de la penetración política y la fuerza militar. El presidente George H. W. Bush emprendió una guerra contra Iraq. Clinton bombardeó Yugoslavia, y Alemania y la Unión Europea se unieron a Estados Unidos para dividir Yugoslavia en “mini-estados”.
El crucial año 2000: la cima y el declive del imperio
El rápido y amplio proceso de expansión imperial, entre 1989 y 1999, las conquistas fáciles y el expolio concomitante crearon las condiciones para el declive del imperio de Estados Unidos.
El saqueo y empobrecimiento de Rusia condujo a la aparición de un nuevo liderazgo bajo el presidente Putin, que estaba decidido a reconstruir el estado y la economía y poner fin al vasallaje.
El liderazgo chino aprovechó su dependencia del capital y la tecnología de Occidente para crear una poderosa economía exportadora e impulsar el crecimiento de un dinámico complejo industrial nacional público-privado. Los centros financieros imperiales que habían florecido al calor de una regulación excesivamente laxa quebraron. Los cimientos domésticos del imperio se estremecieron. La máquina de guerra imperial tuvo que competir con el sector financiero por las partidas presupuestarias y los subsidios federales.
El crecimiento fácil condujo a la expansión excesiva del imperio. Las zonas de conflicto se multiplicaron en todo el mundo, reflejo del resentimiento y la hostilidad ante la destrucción provocada por los bombardeos y las invasiones. Los gobernantes clientelistas, estrechos colaboradores del imperio, vieron debilitado su poder. El imperio mundial superó la capacidad de Estados Unidos para controlar satisfactoriamente a sus nuevos estados vasallos. Los puestos avanzados coloniales reclamaron nuevos envíos de tropas y armas y nuevas inyecciones de dinero, en un momento en el que contrarrestar las tensiones internas exigía el recorte y el repliegue.
Todas las conquistas recientes –fuera de Europa– fueron muy costosas. La sensación de invencibilidad e impunidad llevó a los diseñadores del imperio a sobrestimar su capacidad de expandirse, de mantener el control y de contener la inevitable resistencia antiimperialista.
Las crisis y el colapso de los estados vasallos neoliberales en América Latina se aceleraron. Las revueltas antiimperialistas se extendieron desde Venezuela (1999) hasta Argentina (2001), Ecuador (2000-2005) y Bolivia (2003-2005). Surgieron regímenes de centro-izquierda en Brasil, Uruguay y Honduras. Los movimientos de masas conformados por comunidades indígenas y mineras tomaron un nuevo impulso en las zonas rurales. Los planes imperiales que se habían elaborado para garantizar la integración centrada en Estados Unidos fueron rechazados. En su lugar proliferaron múltiples acuerdos regionales que excluían a Estados Unidos: ALBA, UNASUR, CELAC. La rebelión interna de América Latina coincidió con el ascenso económico de China. Un prolongado auge de las materias primas debilitó seriamente la supremacía imperial estadounidense. Estados Unidos tenía pocos aliados locales en América Latina y compromisos excesivamente ambiciosos para controlar Oriente Medio, el sur de Asia y el norte de África.
Washington perdió su mayoría automática en América Latina: su apoyo a los golpes de Estado en Honduras y Paraguay, su intervención en Venezuela (2001) y el embargo en contra de Cuba fueron repudiados por todos los gobiernos, incluso por los aliados conservadores.
Washington se dio cuenta de que resultaba mucho menos sencillo defender un imperio global que establecerlo. Los estrategas imperiales en Washington vieron las guerras de Oriente Medio a través del prisma de las prioridades militares israelíes, ignorando los intereses económicos globales de las multinacionales.
Los estrategas militares imperiales sobrestimaron la capacidad militar de vasallos y clientes, a los que Estados Unidos preparó muy mal para gobernar en países con movimientos armados de resistencia nacional. Aumentaron las guerras, las invasiones y las ocupaciones militares. A Iraq y Afganistán se sumaron Yemen, Somalia, Libia, Siria y Paquistán. Los gastos del estado imperial estadounidense excedieron con mucho cualquier transferencia de riqueza desde los países ocupados.
Cientos de miles de millones de dólares del Tesoro estadounidense fueron saqueados por una enorme burocracia mercenaria civil y militar.
El papel central de las guerras de conquista destrozó la infraestructura institucional y las bases económicas necesarias para que las multinacionales pudieran instalarse y ganar dinero.
Aferrado a las ideas estratégicas militares de imperio, el liderazgo militar-político del estado imperial diseñó una ideología global para justificar y fundamentar una política de guerra permanente y múltiple. La doctrina de la “guerra al terror” justificó la guerra en todas partes y en ninguna. La doctrina era “elástica”, se podía adaptar a cada zona de conflicto e invitaba a nuevos compromisos militares: Afganistán, Libia, Irán y el Líbano fueron designados como zonas de guerra. La “doctrina del terror”, de alcance global, ofreció una justificación para múltiples guerras y para la destrucción (no explotación) masiva de sociedades y recursos económicos. Sobre todo, la “guerra contra el terrorismo” justificó la tortura (Abu Ghraib), los campos de concentración (Guantánamo) y los objetivos civiles (vía drones) en cualquier parte. Las tropas fueron retiradas y enviadas de nuevo a Afganistán e Iraq a medida que aumentaba la resistencia. Miles de efectivos de las fuerzas especiales estuvieron en activo en montones de países, sembrando el caos y la muerte.
Además, el violento desarraigo, la degradación y la estigmatización de pueblos islámicos enteros propagó la violencia en los centros imperiales de París, Nueva York, Londres, Madrid y Copenhague. La globalización del terror del estado imperial se tradujo en terror individual.
El terror imperial dio lugar al terror al interior de los estados: el primero de forma sostenida, abarcando civilizaciones enteras, conducido y justificado por representantes políticos electos y autoridades militares. El segundo mediante un grupo transversal de “internacionalistas” que inmediatamente se identificaron con las víctimas del terror del estado imperial.
El imperialismo contemporáneo: perspectivas presentes y futuras
Para entender el futuro del imperialismo estadounidense es importante resumir y evaluar la experiencia y las políticas del último cuarto de siglo.
Entre 1990 y 2015 observamos un declive económico, político e incluso militar en la construcción del imperio estadounidense en la mayoría de regiones del mundo, aunque el proceso no es lineal y probablemente tampoco irreversible.
A pesar de que en Washington se ha hablado mucho de la necesidad de reconfigurar las prioridades imperiales para tener en cuenta los intereses económicos de las multinacionales, se ha conseguido muy poco… La estrategia de Obama de “bascular hacia Asia” se ha concretado en nuevos acuerdos militares con Japón, Australia y Filipinas alrededor de China, y refleja la incapacidad de diseñar acuerdos de libre comercio que excluyan a este país. Entre tanto, Estados Unidos ha reanudado la guerra y ha vuelto a entrar en Iraq y Afganistán, además de haber iniciado nuevas guerras en Siria y Ucrania. Está claro que la primacía de la facción militarista sigue siendo el factor determinante en el diseño de las políticas del estado imperial.
El motor militar imperial es aún más evidente en la intervención estadounidense en apoyo del golpe de Estado en Ucrania y la decisión subsiguiente de financiar y armar a la junta de Kiev. La ofensiva imperial en Ucrania y los planes para incorporarla a la Unión Europea y la OTAN constituyen una flagrante agresión militar: la extensión de las bases, las instalaciones y las maniobras militares estadounidenses hasta la frontera de Rusia, junto con la imposición de sanciones económicas, han perjudicado duramente el comercio y las inversiones estadounidenses en Rusia. La construcción del imperio estadounidense sigue dando prioridad a la expansión militar incluso a costa de los intereses económicos imperiales occidentales en Europa.
El bombardeo de Libia por parte de Estados Unidos y la Unión Europea arruinó el floreciente comercio y los acuerdos de inversión entre las multinacionales imperiales del petróleo y el gas y el gobierno de Gadafi… Los ataques aéreos de la OTAN destrozaron la economía, la sociedad y el orden político, convirtiendo Libia en un territorio invadido por clanes enfrentados, bandas, terroristas y la violencia armada.
Durante el último medio siglo, el liderazgo político y las estrategias del estado imperial han cambiado drásticamente. En el periodo que va de 1975 hasta 1990 las multinacionales tuvieron un papel central marcando la dirección de la política del estado imperial: aprovechando los mercados asiáticos, negociando la apertura del mercado con China, promoviendo y apoyando gobiernos neoliberales militares y civiles en América Latina, e instalando y financiando gobiernos pro-capitalistas en Rusia, Europa del Este, los Balcanes y los estados bálticos. Incluso en los casos donde el estado imperial recurrió a la intervención militar, Yugoslavia e Iraq, los bombardeos crearon oportunidades económicas favorables para las multinacionales estadounidenses. El gobierno de Bush padre favoreció los intereses petroleros de Estados Unidos mediante el programa “petróleo por comida” acordado con Sadam Husein en Iraq.
Por su parte, Clinton promovió gobiernos de libre comercio en los mini-estados resultantes de la división de la Yugoslavia socialista.
No obstante, el liderazgo y las políticas del estado imperial cambiaron radicalmente desde finales de los noventa en adelante. El estado imperial del presidente Clinton estaba formado por antiguos representantes de las multinacionales, banqueros de Wall Street y conocidos militaristas y sionistas recién ascendidos.
El resultado fue una política híbrida con la que el estado imperial promovió de manera activa las oportunidades de las multinacionales bajo los regímenes neoliberales de los países ex comunistas de Europa y de América Latina, y amplió los lazos de éstas con China y Vietnam, mientras llevaba a cabo devastadoras intervenciones militares en Somalia, Yugoslavia e Iraq.
El “equilibrio de fuerzas” dentro del estado imperialista cambió drásticamente, inclinándose a favor de la facción militarista-sionista, a partir del 11 de septiembre de 2001: el ataque terrorista de origen dudoso y las demoliciones de bandera falsa en Nueva York y Washington sirvieron para afianzar a los militaristas que estaban al mando del enorme aparato del estado imperial. Como consecuencia del 11 de septiembre la facción militarista-sionista del estado imperial subordinó los intereses de las multinacionales a su estrategia de guerras totales. Esto, a su vez, llevó a la invasión, ocupación y destrucción de la infraestructura civil de Iraq y Afganistán (en lugar de aprovecharla para la expansión de las multinacionales). El régimen colonial de Estados Unidos desmanteló el estado iraquí (en lugar de reorganizarlo en función de las necesidades de las multinacionales). El asesinato y la migración forzosa de millones de profesionales cualificados, administradores y miembros del ejército y de la policía paralizaron cualquier recuperación económica (en lugar de emplearlos al servicio del estado colonial y las multinacionales)
La enorme influencia militarista-sionista en el estado imperial introdujo importantes cambios en la política, la orientación, las prioridades y el modus operandi del imperialismo estadounidense. La ideología de la “guerra global al terror” sustituyó a la doctrina de las multinacionales a favor de la “globalización económica”.
Las guerras perpetuas (los “terroristas” no estaban circunscritos a determinados lugares ni momentos) reemplazaron a las guerras limitadas y a las intervenciones para abrir mercados o instalar regímenes favorables a las políticas neoliberales que beneficiaran a las multinacionales estadounidenses.
Las guerras en Oriente Medio, el sur de Asia y el norte de África –contra países islámicos que se oponían a la expansión colonial de Israel en Palestina, Siria, el Líbano y el resto– pasaron a ocupar el centro de la actividad del estado imperial, desplazando a la estrategia para explotar las oportunidades económicas en Asia, América Latina y los países ex comunistas de Europa del Este.
La nueva concepción militarista de la construcción del imperio supuso gastos billonarios y no tuvo en cuenta ni se preocupó por las ganancias del capital privado. En cambio, bajo la hegemonía de las multinacionales, el estado imperial intervino para garantizar concesiones de petróleo, gas y minerales en América Latina y Oriente Medio, y las ganancias de las multinacionales compensaron de sobra los gastos de la conquista militar. La configuración militarista del estado imperial permitió el saqueo del Tesoro estadounidense para financiar sus ocupaciones, gastando enormes sumas en un ejército de colaboradores coloniales corruptos, en los “contratistas militares” privados, y en funcionarios militares estadounidenses responsables de adquisiciones (sic).
Anteriormente la expansión de las multinacionales en el exterior había generado beneficios para el Tesoro de Estados Unidos por el pago de impuestos directos y mediante los ingresos procedentes del comercio y la transformación de materias primas.
En la última década y media los mayores y más estables beneficios de las multinacionales se han producido en zonas y países donde la participación del estado imperial militarizado ha sido mínima: China, América Latina y Europa. Donde menos beneficios han obtenido y más han perdido las multinacionales ha sido en las regiones donde la implicación del estado imperial ha sido mayor.
Las “zonas de guerra” que se extienden desde Libia hasta Somalia, el Líbano, Siria, Iraq, Ucrania, Irán, Afganistán y Paquistán son las regiones donde las multinacionales imperiales han sufrido un mayor deterioro y abandono.
Los principales “beneficiarios” de las actuales políticas del estado imperial son los contratistas militares privados y el complejo militar-industrial-securitario estadounidense. En el exterior, los beneficiarios del estado incluyen a Israel y Arabia Saudita. Por otro lado, los gobernantes clientelistas jordanos, egipcios, iraquíes, afganos y paquistaníes han guardado decenas de miles de millones en cuentas off-shore.
Entre los beneficiarios “no estatales” se encuentran los ejércitos mercenarios por poderes. En Siria, Iraq, Libia, Somalia y Ucrania también se han visto favorecidos decenas de miles de colaboradores en las autodenominadas organizaciones “no gubernamentales”.
El análisis coste-beneficio o la construcción del imperio bajo la protección del estado imperial militarista-sionista
Una década y media es tiempo suficiente para evaluar los resultados del dominio militarista-sionista en el estado imperial.
Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental, sobre todo Alemania, lograron expandir su imperio en Europa Oriental, los Balcanes y las regiones del Báltico sin disparar un solo tiro. Estos países fueron convertidos en estados vasallos de la Unión Europea, sus mercados conquistados y sus industrias desnacionalizadas. Sus fuerzas armadas fueron contratadas como mercenarios de la OTAN. Alemania Occidental se anexó Alemania Oriental. La mano de obra cualificada barata, los inmigrantes y desempleados, aumentaron los beneficios de las multinacionales de la Unión Europea y Estados Unidos. Rusia fue temporalmente reducida a estado vasallo entre 1991 y 2001. El nivel de vida descendió vertiginosamente y se redujeron los programas del estado de bienestar. Aumentó la tasa de mortalidad. Las desigualdades de clase se ampliaron. Los millonarios y los mil millonarios se apropiaron de los recursos públicos y participaron con las multinacionales imperiales en el saqueo de la economía. Los líderes y partidos socialistas y comunistas fueron reprimidos o cooptados. En cambio, la expansión militar imperial en lo que va del siglo XXI está siendo un fracaso muy costoso. La “guerra en Afganistán” resultó una sangría de vidas y de dinero y provocó una ignominiosa retirada. Lo que quedó fue un débil gobierno títere y un ejército mercenario poco fiable. Ha sido la guerra más larga de la historia de Estados Unidos y uno de sus mayores fracasos. Al final, los movimientos de resistencia nacionalistas-islamistas –los llamados “talibanes” y los grupos de resistencia antiimperialistas etno-religiosos y nacionalistas aliados– dominan las zonas rurales, atacan continuamente las ciudades y se preparan para tomar el poder.
La guerra de Iraq, la invasión y los diez años de ocupación por parte del estado imperial diezmaron la economía del país. La ocupación fomentó la guerra etno-religiosa. Oficiales baazistas y militares profesionales se unieron a los islamistas-nacionalistas y formaron un poderoso movimiento de resistencia (EIIL) que derrotó al ejército mercenario chiita apoyado por el imperio durante la segunda década de la guerra. El estado imperial se vio forzado a volver a entrar y participar directamente en una larga guerra. El coste de la guerra se disparó hasta más de un billón de dólares. Se obstaculizó la explotación del petróleo y el Tesoro de Estados Unidos vertió decenas de miles de millones de dólares para sostener una “guerra sin fin”.
El estado imperial estadounidense y la Unión Europea, junto con Arabia Saudita y Turquía, financiaron milicias mercenarias islámicas para invadir Siria y derrocar al régimen secular, nacionalista y anti-sionista de Bachar al Assad. La guerra imperial abrió la puerta para que las fuerzas islámicas-baazistas –EIIL– se extendieran hasta Siria. Los kurdos y otros grupos armados les arrebataron territorio y fragmentaron el país. Después de casi cinco años de guerra y crecientes costes militares, las multinacionales de Estados Unidos y la Unión Europea se han quedado fuera del mercado sirio.
El apoyo estadounidense a la agresión israelí contra el Líbano ha hecho que aumente el poder de la resistencia armada antiimperialista de Hezbolá. El Líbano, Siria e Irán constituyen en este momento una alternativa seria al eje de Estados Unidos, la Unión Europea, Arabia Saudita e Israel.
La política estadounidense de sanciones a Irán no ha logrado debilitar el régimen nacionalista y, en cambio, ha cercenado las oportunidades económicas de todas las grandes multinacionales del petróleo y el gas de Estados Unidos y la Unión Europea, así como las de los exportadores de artículos de fabricación estadounidense. China ha ocupado su lugar.
La invasión de Libia por parte de Estados Unidos y la Unión Europea destruyó la economía y supuso la pérdida de miles de millones de dólares en inversiones de las multinacionales y la interrupción de las exportaciones.
La toma del poder por el estado imperial estadounidense mediante un golpe de Estado por poderes en Kiev, provocó una poderosa rebelión antiimperialista dirigida por milicias armadas en el Este (Donetsk y Lugansk) y la aniquilación de la economía ucraniana.
En resumen, el control militar-sionista del estado imperial ha conducido a largas y costosas guerras imposibles de ganar que han debilitado los mercados y los proyectos de inversión de las multinacionales estadounidenses. El militarismo ha reducido la presencia económica imperial y ha provocado movimientos de resistencia antiimperialistas cada vez más amplios, a la vez que ha aumentado la lista de países inviables, inestables y caóticos que escapan al control imperial.
El imperialismo económico ha seguido obteniendo beneficios en partes de Europa, Asia, América Latina y África a pesar de las guerras imperiales y las sanciones económicas que el enormemente militarizado estado imperial ha llevado a cabo en otros lugares.
Sin embargo, la toma del poder en Ucrania por los militaristas estadounidenses y las sanciones a Rusia han erosionado el lucrativo comercio y las inversiones de la Unión Europea en Rusia. Bajo la tutela del FMI, la Unión Europea y Estados Unidos, Ucrania se ha convertido en una economía fuertemente endeudada, al borde de la quiebra, dirigida por cleptócratas totalmente dependientes de los préstamos del extranjero y la intervención militar.
Al priorizar las sanciones y el conflicto con Rusia, Irán y Siria, el estado imperial militarizado no ha conseguido profundizar y ampliar sus lazos económicos con Asia, América Latina y África. La conquista política y económica de Europa del Este y partes de la URSS ha perdido importancia. Las guerras perpetuas perdidas en Oriente Medio, el norte de África y el Cáucaso han mermado la capacidad del estado imperial para llevar adelante la construcción del imperio en Asia y América Latina.
La pérdida de riqueza, los costes internos de las guerras perpetuas, ha erosionado las bases electorales de la construcción del imperio. Solamente un cambio radical en la composición del estado imperial y una reorientación de sus prioridades para situar la expansión económica en el centro de las mismas podrían impedir el actual declive del imperio. El peligro está en que si el estado imperialista sionista militarista sigue interviniendo en guerras perdidas puede subir la apuesta y deslizarse hacia una confrontación nuclear: ¡un imperio entre cenizas nucleares!
Traducido del inglés para Rebelión por Sara Plaza
Lo que queda claro cuando se analiza la construcción del imperio estadounidense en el último medio siglo es el relativo declive de los intereses económicos y la aparición de consideraciones de tipo político y militar. Esto se debe en parte a la desaparición de los regímenes colectivistas (la URSS y Europa Oriental) y a la conversión al capitalismo de China y los regímenes de izquierdas en Asia, África y Latinoamérica. El declive de las fuerzas económicas como motor del imperialismo es el resultado de la llegada del neoliberalismo global. La mayoría de las multinacionales de Estados Unidos y la Unión Europea no están amenazadas por nacionalizaciones o expropiaciones que podrían desencadenar una intervención política imperial. De hecho, incluso los regímenes posneoliberales invitan a las multinacionales a invertir, comerciar y explotar recursos naturales. Los intereses económicos entran en juego en la formulación de políticas imperiales solo si (y cuando) surgen regímenes nacionalistas que desafían a las multinacionales estadounidenses, como en el caso de Venezuela bajo el presidente Chávez.
La clave de la construcción del imperio estadounidense en el último medio siglo se halla en las configuraciones del poder político, militar e ideológico que se han hecho con el control de las palancas del estado imperial. La historia reciente de las guerras imperiales estadounidenses ha demostrado que las prioridades militares estratégicas –bases militares, presupuestos y burocracia– han estado muy por encima de cualquier interés económico localizado de las multinacionales. Por otra parte, la mayoría de los gastos y las largas y costosas intervenciones militares del estado imperial estadounidense en Oriente Medio han sido a instancias de Israel. El acaparamiento de posiciones políticas estratégicas en el Ejecutivo y en el Congreso por parte de la configuración del poder sionista estadounidense ha reforzado la centralidad de los intereses militares en detrimento de los económicos.
La “privatización” de las guerras imperiales –el gran aumento y uso de mercenarios contratados por el Pentágono– ha supuesto el saqueo de decenas de miles de millones de dólares del Tesoro estadounidense. La industria militar privada, que provee de combatientes mercenarios, se ha convertido en una fuerza muy “influyente” que está moldeando la naturaleza y las consecuencias del proceso de construcción del imperio estadounidense.
Los estrategas militares, los defensores de los intereses coloniales israelíes en Oriente Medio y las corporaciones militares y de inteligencia son actores fundamentales del estado imperial, y es su influencia en la toma de decisiones la que explica porqué el resultado de las guerras imperiales estadounidenses no ha sido un imperio económico próspero y políticamente estable. En vez de eso, sus políticas han tenido como resultado economías devastadas e inestables que se rebelan continuamente.
Vamos a empezar identificando las cambiantes áreas y regiones implicadas en la construcción del imperio estadounidense desde mediados de los setenta hasta la actualidad. Luego examinaremos los métodos, las fuerzas impulsoras y los resultados de la expansión imperial. A continuación pasaremos a describir el actual mapa geopolítico de la construcción imperial y el carácter variado de la resistencia antiimperialista. Concluiremos examinando el porqué y el cómo de la construcción del imperio y, más concretamente, las consecuencias y los resultados de medio siglo de expansión imperial estadounidense.
Imperialismo en el periodo post Vietnam: guerras por poderes en América Central, Afganistán y el sur de África
La derrota del imperialismo estadounidense en Indochina marca el final de una fase de construcción del imperio y el comienzo de otra: el paso de invasiones territoriales a guerras por poderes. A partir de las presidencias de Gerald Ford y James Carter, el estado imperialista estadounidense empezó a recurrir cada vez más a apoderados. Reclutó, financió y armó ejércitos por poderes para destruir una gran variedad de regímenes y movimientos nacionalistas y social-revolucionarios en tres continentes. Con el apoyo logístico del ejército y las agencias de inteligencia paquistaníes, y con el respaldo económico de Arabia Saudita, Washington financió y armó fuerzas extremistas islámicas en todo el mundo para invadir y destrozar el régimen afgano, laico, progresista y apoyado por la Unión Soviética.
La segunda intervención por poderes tuvo lugar en el sur de África, donde el estado imperial estadounidense, aliado con Sudáfrica, financió y armó ejércitos por poderes contra los regímenes antiimperialistas de Angola y Mozambique.
La tercera ocurrió en América Central, donde Estados Unidos financió, armó y entrenó escuadrones de la muerte en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras para acabar con los movimientos populares y las insurgencias armadas, causando más de 300.000 civiles muertos.
La “estrategia de guerra por poderes” del estado imperial de Estados Unidos se extendió a América del Sur: la CIA y el Pentágono apoyaron golpes de Estado en Uruguay (general Álvarez), Chile (general Pinochet), Argentina (general Videla), Bolivia (general Banzer) y Perú (general Morales). La construcción del imperio por poderes se hizo en gran medida a instancias de las multinacionales estadounidenses, que durante ese periodo tuvieron un papel destacado a la hora de establecer las prioridades del estado imperial.
Las guerras por poderes estuvieron acompañadas por invasiones militares directas: la diminuta isla de Granada (1983) y Panamá (1989) bajo los presidentes Reagan y Bush padre. Blancos fáciles, con pocas víctimas y pocos gastos militares: ensayos generales para relanzar importantes operaciones militares en un futuro cercano.
Lo que sorprende de las “guerras por poderes” son sus resultados contrapuestos. En América Central, Afganistán y África esas guerras no desembocaron en prósperas neo-colonias ni resultaron lucrativas para las corporaciones estadounidenses. En cambio, los golpes de Estado por poderes en América del Sur se tradujeron en extensas privatizaciones y abultados beneficios para las multinacionales estadounidenses.
La guerra por poderes en Afganistán trajo consigo el ascenso y la consolidación del “régimen islámico” talibán, que se oponía tanto a la influencia soviética como a la expansión imperial estadounidense. Con el tiempo el ascenso y la consolidación del nacionalismo islámico desafiaría a los aliados de Estados Unidos en el sur de Asia y en la región del Golfo, y conduciría a la invasión militar estadounidense de 2001 y a una larga guerra (15 años) que aún no ha terminado, y que probablemente supondrá la derrota y retirada militar de Estados Unidos. Los principales beneficiarios desde el punto de vista económico fueron los clientes políticos afganos de Washington, los “contratistas” mercenarios estadounidenses, los funcionarios militares responsables de adquisiciones y los administradores coloniales que saquearon cientos de miles de millones de dólares del Tesoro estadounidense a través de transacciones ilegales o fraudulentas.
Las multinacionales no-militares no se beneficiaron en absoluto del saqueo del Tesoro de Estados Unidos. De hecho, la guerra y el movimiento de resistencia dificultaron la entrada de capital privado estadounidense a largo plazo en Afganistán y las regiones fronterizas limítrofes de Pakistán.
La guerra por poderes en el sur de África arrasó las economías locales, especialmente las economías agrícolas nacionales, desarraigó a millones de trabajadores y campesinos e impidió la entrada de las empresas petrolíferas estadounidenses durante más de dos décadas. El resultado “positivo” fue la des-radicalización de la elite nacionalista revolucionaria. Sin embargo, la conversión política de los “revolucionarios” del sur de África al neoliberalismo no benefició demasiado a las multinacionales estadounidenses, pues los nuevos gobernantes se volvieron oligarcas cleptócratas y pusieron en marcha regímenes patrimoniales asociándose con diversas multinacionales, sobre todo asiáticas y europeas.
Las guerras por poderes en América Central también tuvieron resultados contrapuestos. En Nicaragua la revolución sandinista derrotó al régimen de Somoza apoyado conjuntamente por Estados Unidos e Israel, pero inmediatamente después tuvo que enfrentarse a un ejército mercenario contrarrevolucionario financiado, armado y entrenado por Estados Unidos (“la contra”) con base en Honduras. La guerra estadounidense destrozó muchos proyectos económicos progresistas, socavó la economía y eventualmente derivó en la victoria electoral de Violeta Chamorro, que contó con el patrocinio y el respaldo de Estados Unidos. Dos décadas más tarde los apoderados de Estados Unidos fueron derrotados por una coalición política liderada por sandinistas des-radicalizados.
En El Salvador, Guatemala y Honduras, las guerras por poderes estadounidenses terminaron consolidando regímenes clientelistas que se encargaron de destruir la economía productiva y provocaron la huida de millones de refugiados de guerra hacia Estados Unidos. El dominio imperial estadounidense erosionó las bases del mercado laboral productivo y engendró bandas asesinas de narcotraficantes.
En resumen, en la mayoría de los casos las guerras por poderes de Estados Unidos lograron evitar el ascenso de regímenes nacionalistas de izquierdas, pero también condujeron a la destrucción de las bases económicas y políticas de un imperio neocolonial próspero y estable.
El imperialismo estadounidense en América Latina: estructura variable, contingencias internas y externas, prioridades cambiantes y restricciones globales
Para entender las operaciones, la estructura y la actuación del imperialismo estadounidense en América Latina es necesario reconocer la constelación de fuerzas rivales que ha moldeado las políticas del estado imperial. A diferencia de lo que ha ocurrido en Oriente Medio, donde la facción militarista-sionista ha establecido su hegemonía, en América Latina las multinacionales han jugado un papel fundamental dirigiendo la política del estado imperial. En América Latina, los militaristas desempeñaron un papel mucho menos destacado, limitado por (1) el poder de las multinacionales, (2) el giro del poder político de la derecha a la centro-izquierda, y (3) el impacto de la crisis económica y el auge de las materias primas.
Al contrario que en Oriente Medio, la configuración del poder sionista ha tenido poca influencia en la política del estado imperial en esta región, ya que los intereses israelíes se concentran en Oriente Medio y, con la posible excepción de Argentina, América Latina no es una prioridad.
Durante más de un siglo y medio, las multinacionales y los bancos estadounidenses dominaron y dictaron la política imperial de Estados Unidos hacia América Latina. Las fuerzas armadas estadounidenses y la CIA fueron instrumentos del imperialismo económico mediante la intervención directa (invasiones), “golpes militares” por poderes, o la combinación de ambos.
El poder económico imperial estadounidense en América Latina alcanzó su punto más alto entre 1975 y 1999. Por medio de golpes militares por poderes, invasiones militares directas (República Dominicana, Panamá, Granada) y elecciones controladas civil y militarmente se crearon estados vasallos y se impusieron nuevos gobernantes clientelistas.
Los resultados fueron el desmantelamiento del estado de bienestar y la imposición de políticas neoliberales. El estado imperial dirigido por las multinacionales, y sus apéndices financieros internacionales (FMI, BM, BID) se encargaron de privatizar sectores económicos estratégicos muy lucrativos, se hicieron con el control del comercio y proyectaron un plan de integración regional que afianzó el dominio imperial de Estados Unidos.
La expansión económica imperial en América Latina no fue simplemente el resultado de las estructuras y las dinámicas internas de las multinacionales, sino que dependió de (1) la receptividad del país “anfitrión” o, más exactamente, de la correlación interna de las fuerzas de clase en América Latina, las cuales a su vez giraban en torno al (2) desempeño de la economía: su crecimiento o su susceptibilidad a las crisis.
América Latina demuestra que contingencias como la desaparición de los regímenes clientelistas y de las clases colaboradoras pueden tener un impacto negativo enorme en las dinámicas del imperialismo, socavando el poder del estado imperial y revirtiendo el avance económico de las multinacionales.
El avance del imperialismo económico de Estados Unidos durante el periodo que va desde 1975 hasta el año 2000 quedó patente en la adopción de políticas neoliberales, el saqueo de los recursos nacionales, el incremento de deudas ilícitas y la transferencia de miles de millones de dólares al exterior. Sin embargo, la concentración de riqueza y propiedad desencadenó una profunda crisis socioeconómica en toda la región, la cual eventualmente condujo al derrocamiento o destitución de los colaboradores imperiales en Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Nicaragua. En Brasil y en los países andinos surgieron poderosos movimientos sociales antiimperialistas, sobre todo en el campo. En las ciudades, los movimientos de trabajadores desempleados y los sindicatos de empleados públicos de Argentina y Uruguay encabezaron cambios electorales, instalando en el poder gobiernos de centro-izquierda que “re-negociaron” las relaciones con el estado imperial estadounidense.
La influencia de las multinacionales estadounidenses en América Latina se fue debilitando. Ya no podían contar con la batería completa de recursos militares del estado imperial para intervenir e imponer de nuevo presidentes clientelistas neoliberales, pues sus prioridades militares estaban en otra parte: Oriente Medio, el sur de Asia y el norte de África.
A diferencia del pasado, las multinacionales estadounidenses en América Latina no contaron con dos puntales esenciales del poder: el pleno respaldo de las fuerzas armadas estadounidenses y los poderosos regímenes cívico-militares clientelistas de Estados Unidos en América Latina.
El plan de las multinacionales estadounidenses de una integración en torno a Estados Unidos fue rechazado por los gobiernos de centro-izquierda. El estado imperial recurrió entonces a los acuerdos de libre comercio con México, Chile, Colombia, Panamá y Perú. Como resultado de la crisis económica y del colapso de la mayoría de las economías latinoamericanas, el “neoliberalismo”, la ideología de la penetración económica imperial, quedó desacreditado y sus partidarios fueron marginados.
Los cambios en la economía mundial tuvieron un impacto profundo en las relaciones comerciales y de inversión entre Estados Unidos y América Latina. El crecimiento dinámico de China, el subsiguiente auge de la demanda y el aumento de los precios de las materias primas condujo a un considerable debilitamiento del dominio estadounidense en los mercados latinoamericanos.
Los países latinoamericanos diversificaron el comercio, buscaron y encontraron nuevos mercados exteriores, especialmente China. El incremento de los ingresos de las exportaciones se tradujo en una mayor capacidad de autofinanciación. Y tanto el FMI, como el BM y el BID, los instrumentos económicos que sirvieron para impulsar las imposiciones económicas de Estados Unidos (“condicionalidad”), fueron orillados.
El estado imperial estadounidense se enfrentó a regímenes latinoamericanos que adoptaron opciones económicas, mercados y medidas de financiamiento muy diversas. Con considerable apoyo popular en sus países y los mandos civil y militar unificados, América Latina fue saliendo tímidamente de la esfera estadounidense de dominación imperialista.
El estado imperial y sus multinacionales, enormemente inspirados por los “éxitos” cosechados en los noventa, respondieron al debilitamiento de su influencia utilizando el método de “ensayo y error” para enfrentar los nuevos obstáculos del siglo XXI. Los responsables de la política estadounidense, con el respaldo de las multinacionales, continuaron apoyando a los fracasados regímenes neoliberales, perdiendo toda credibilidad en América Latina. El estado imperial no supo adaptarse a los cambios, lo que hizo que aumentara la oposición popular y de los gobiernos de centro-izquierda a los “mercados libres” y la desregulación bancaria. A diferencia de las reformas sociales promovidas por el presidente Kennedy vía la “Alianza para el Progreso” para contrarrestar el impacto generado por la revolución cubana, esta vez no se diseñaron programas de ayuda económica a gran escala para imponerse a la centro-izquierda, quizás debido a las restricciones presupuestarias derivadas de las costosas guerras en otros lugares.
La desaparición de los regímenes neoliberales, el pegamento que mantuvo unidas a las diferentes facciones del estado imperial, dio lugar a propuestas rivales de cómo recuperar el dominio. La “facción militarista” recurrió a (y revivió) la fórmula del golpe militar para llevar a cabo la restauración: se organizaron golpes de Estado en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Honduras y Paraguay; salvo los dos últimos, todos fracasaron. La derrota de los representantes de Estados Unidos consolidó los regímenes independientes y antiimperialistas de centro-izquierda. Incluso el “éxito” del golpe estadounidense en Honduras tuvo como consecuencia una importante derrota diplomática: los gobiernos latinoamericanos condenaron el golpe de Estado y el papel de Estados Unidos, lo que terminó aislando a Washington todavía más.
La derrota de la estrategia militarista reforzó la facción político-diplomática del estado imperial. Con propuestas positivas hacia los en apariencia “regímenes de centro-izquierda”, esta facción ganó influencia diplomática, mantuvo los vínculos militares y contribuyó a la expansión de las multinacionales en Uruguay, Brasil, Chile y Perú. Con los dos últimos países la facción económica del estado imperial consolidó acuerdos bilaterales de libre comercio.
Una tercera facción corporativo-militar, que se solapa con las otras dos, combinó cambios diplomático-políticos hacia Cuba con una estrategia muy agresiva de desestabilización política dirigida al “cambio de régimen” (golpe de Estado) en Venezuela.
La heterogeneidad de las facciones del estado imperial y sus orientaciones enfrentadas refleja la complejidad de los intereses implicados en la construcción del imperio en América Latina y tiene como consecuencia políticas aparentemente contradictorias, un fenómeno que resulta menos evidente en Oriente Medio, donde la configuración del poder militarista-sionista domina la formulación de políticas imperiales.
Por ejemplo, el aumento de las bases militares y las operaciones contrainsurgentes en Colombia (una prioridad de la facción militarista) se acompaña de acuerdos bilaterales de libre comercio y negociaciones de paz entre el gobierno de Santos y la insurgencia armada de las FARC (una prioridad de la facción de las multinacionales).
Recuperar el dominio imperial en Argentina supone (1) maximizar las posibilidades electorales del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el neoliberal Mauricio Macri; (2) apoyar al conglomerado mediático imperial, Clarín, enfrentando la legislación que desconcentra el monopolio mediático; (3) explotar la muerte del fiscal Alberto Nisman, colaborador de la CIA y el Mossad, para desacreditar al gobierno de Kirchner-Fernández; y (4) respaldar a los fondos de inversión especuladores (buitres) en Nueva York para exigir el pago de intereses desorbitados y, con la ayuda de resoluciones judiciales cuestionables, bloquear el acceso de Argentina a los mercados internacionales.
Tanto la facción militarista como la de las multinacionales del estado imperial coinciden en apoyar una estrategia electoral y golpista con múltiples flancos, la cual busca restaurar el poder de un régimen neoliberal controlado por Estados Unidos.
Las contingencias que evitaron la recuperación del poder imperial durante la pasada década actúan ahora a la inversa. La caída del precio de las materias primas ha debilitado a los gobiernos posneoliberales en Venezuela, Argentina y Ecuador. La decadencia de los movimientos antiimperialistas a consecuencia de las tácticas de cooptación de centro-izquierda ha reforzado las protestas y a los movimientos de derechas apoyados por el estado imperial. El menor crecimiento de China ha afectado a las estrategias de diversificación del mercado latinoamericano. El equilibrio interno de las fuerzas de clase se ha desplazado hacia la derecha, hacia los clientes políticos de Estados Unidos en Brasil, Argentina, Perú y Paraguay.
Reflexiones teóricas sobre la construcción del imperio en América Latina
La construcción del imperio estadounidense en América Latina es un proceso cíclico que refleja los cambios estructurales registrados en el poder político y la reestructuración de la economía mundial: fuerzas y factores que “ignoran” el estado imperial y la tendencia del capital a acumularse. La acumulación y expansión del capital no dependen simplemente de las fuerzas impersonales “del mercado”, pues las relaciones sociales bajo las cuales funciona el “mercado” operan dentro de los límites de la lucha de clase.
La pieza central de las acciones del estado imperial, a saber, las largas guerras territoriales en Oriente Medio, están ausentes en América Latina. Lo que mueve la política del estado imperial estadounidense es la búsqueda de recursos (agro-mineros), fuerza de trabajo (empleados por cuenta propia con bajos ingresos) y mercados (tamaño y poder adquisitivo de 600 millones de consumidores). Detrás de la expansión imperial se hallan los intereses económicos de las multinacionales.
Aun cuando en este caso se hubiera podido sacar partido de una posición geoestratégica ventajosa –el Caribe, América Central y América del Sur están situados más cerca de Estados Unidos– predominan los objetivos económicos, no los militares.
Sin embargo, la facción militarista-sionista del estado imperial ignora estos motivos económicos tradicionales y deliberadamente opta por actuar teniendo en cuenta otras prioridades: el control de las zonas productoras de petróleo, la destrucción de las naciones o los movimientos islámicos, o simplemente acabar con los adversarios antiimperialistas. La facción militarista-sionista consideró que los “beneficios” para Israel, su supremacía militar en Oriente Medio, eran más importantes que asegurar la supremacía económica de Estados Unidos en América Latina. Este hecho se observa claramente si analizamos las prioridades imperiales en función de los recursos estatales utilizados para fines políticos.
Incluso si tenemos en cuenta el objetivo de la “seguridad nacional” y lo interpretamos en su sentido más amplio de garantizar la seguridad de los territorios nacionales del imperio, el ataque militar estadounidense a países islámicos impulsado por la ideología islamofóbica concomitante, los asesinatos masivos y el desarraigo de millones de musulmanes resultantes han producido el efecto contrario: terrorismo recíproco. Las “guerras totales” de Estados Unidos contra civiles han provocado ataques islamistas contra ciudadanos occidentales.
Los países latinoamericanos a los que apunta el imperialismo económico son menos beligerantes que los países de Oriente Medio que están en la mira de los militaristas estadounidenses. Un análisis coste/beneficio demostraría el carácter absolutamente “irracional” de la estrategia militarista. Sin embargo, si tenemos en cuenta la composición y los intereses concretos que mueven individualmente a los responsables de las políticas del estado imperial, vemos que existe algo así como una perversa “racionalidad”. Los militaristas defienden la “racionalidad” de costosas e interminables guerras esgrimiendo las ventajas de adueñarse de “las puertas al petróleo” mientras que los sionistas esgrimen el mayor poder regional alcanzado por Israel.
Si bien durante más de un siglo América Latina fue un objetivo prioritario de la conquista económica imperial, en el siglo XXI ha perdido su primacía a favor de Oriente Medio.
La desaparición de la URSS y la conversión de China al capitalismo
El mayor impulso hacia la exitosa expansión imperial de Estados Unidos no se lo dieron las guerras por poderes ni las invasiones militares. Más bien, el imperio estadounidense logró su mayor crecimiento y conquista con la ayuda de líderes políticos clientelistas, organizaciones y estados vasallos en la URSS, Europa del Este, los estados bálticos, los Balcanes y el Cáucaso. La estrategia de penetración política y financiación a gran escala y a largo plazo que llevaron a cabo Estados Unidos y la Unión Europea contribuyó de manera exitosa al derrumbe de los regímenes colectivistas de Rusia y la URSS y a la aparición de estados vasallos. Estos pronto estarían a disposición de la OTAN y serían incorporados a la Unión Europea. Bonn se anexionó Alemania Oriental y dominó los mercados de Polonia, la República Checa y otros estados de Europa Central. Los banqueros de Estados Unidos y Londres colaboraron con los mafiosos oligarcas ruso-israelíes en actividades conjuntas para llevar a cabo el expolio de recursos, industrias, bienes inmuebles y fondos de pensiones. La Unión Europea explotó a decenas de millones de científicos, ingenieros y trabajadores altamente cualificados importándolos, o bien despojándolos de los derechos laborales y las prestaciones del estado de bienestar y sirviéndose de ellos como mano de obra barata en sus propios países.
El “imperialismo por invitación” avalado por el régimen vasallo de Yeltsin se apropió muy fácilmente de la riqueza rusa. Las fuerzas militares del Pacto de Varsovia entraron a formar parte de una legión extranjera en las guerras imperiales de Estados Unidos en Afganistán, Iraq y Siria. Sus instalaciones militares fueron convertidas en bases militares y emplazamientos de misiles para cercar a Rusia.
La conquista imperial estadounidense del Este creó un “mundo unipolar”, en el cual los responsables de la toma de decisiones y estrategas de Washington creyeron que, como potencia mundial suprema, podrían intervenir impunemente.
El alcance y la profundidad del imperio mundial estadounidense se ampliaron con la incorporación de China al capitalismo y la invitación de su gobierno a las multinacionales de Estados Unidos y la Unión Europea a entrar y explotar la mano de obra barata del país. La expansión global del imperio estadounidense reforzó la sensación de poder ilimitado, alentando a sus gobernantes a ejercer dicho poder contra cualquier adversario o competidor.
Entre 1990 y 2000, Estados Unidos llevó sus bases militares hasta la frontera de Rusia. Las multinacionales estadounidenses fortalecieron su posición en China e Indochina. Los regímenes clientelistas de Estados Unidos en América Latina desmantelaron sus economías nacionales, privatizando y desnacionalizando más de cinco mil empresas públicas de sectores estratégicos lucrativas. Todos los sectores se vieron afectados: recursos naturales, transportes, telecomunicaciones y finanzas.
A lo largo de los años noventa, Estados Unidos siguió expandiéndose mediante la estrategia de la penetración política y la fuerza militar. El presidente George H. W. Bush emprendió una guerra contra Iraq. Clinton bombardeó Yugoslavia, y Alemania y la Unión Europea se unieron a Estados Unidos para dividir Yugoslavia en “mini-estados”.
El crucial año 2000: la cima y el declive del imperio
El rápido y amplio proceso de expansión imperial, entre 1989 y 1999, las conquistas fáciles y el expolio concomitante crearon las condiciones para el declive del imperio de Estados Unidos.
El saqueo y empobrecimiento de Rusia condujo a la aparición de un nuevo liderazgo bajo el presidente Putin, que estaba decidido a reconstruir el estado y la economía y poner fin al vasallaje.
El liderazgo chino aprovechó su dependencia del capital y la tecnología de Occidente para crear una poderosa economía exportadora e impulsar el crecimiento de un dinámico complejo industrial nacional público-privado. Los centros financieros imperiales que habían florecido al calor de una regulación excesivamente laxa quebraron. Los cimientos domésticos del imperio se estremecieron. La máquina de guerra imperial tuvo que competir con el sector financiero por las partidas presupuestarias y los subsidios federales.
El crecimiento fácil condujo a la expansión excesiva del imperio. Las zonas de conflicto se multiplicaron en todo el mundo, reflejo del resentimiento y la hostilidad ante la destrucción provocada por los bombardeos y las invasiones. Los gobernantes clientelistas, estrechos colaboradores del imperio, vieron debilitado su poder. El imperio mundial superó la capacidad de Estados Unidos para controlar satisfactoriamente a sus nuevos estados vasallos. Los puestos avanzados coloniales reclamaron nuevos envíos de tropas y armas y nuevas inyecciones de dinero, en un momento en el que contrarrestar las tensiones internas exigía el recorte y el repliegue.
Todas las conquistas recientes –fuera de Europa– fueron muy costosas. La sensación de invencibilidad e impunidad llevó a los diseñadores del imperio a sobrestimar su capacidad de expandirse, de mantener el control y de contener la inevitable resistencia antiimperialista.
Las crisis y el colapso de los estados vasallos neoliberales en América Latina se aceleraron. Las revueltas antiimperialistas se extendieron desde Venezuela (1999) hasta Argentina (2001), Ecuador (2000-2005) y Bolivia (2003-2005). Surgieron regímenes de centro-izquierda en Brasil, Uruguay y Honduras. Los movimientos de masas conformados por comunidades indígenas y mineras tomaron un nuevo impulso en las zonas rurales. Los planes imperiales que se habían elaborado para garantizar la integración centrada en Estados Unidos fueron rechazados. En su lugar proliferaron múltiples acuerdos regionales que excluían a Estados Unidos: ALBA, UNASUR, CELAC. La rebelión interna de América Latina coincidió con el ascenso económico de China. Un prolongado auge de las materias primas debilitó seriamente la supremacía imperial estadounidense. Estados Unidos tenía pocos aliados locales en América Latina y compromisos excesivamente ambiciosos para controlar Oriente Medio, el sur de Asia y el norte de África.
Washington perdió su mayoría automática en América Latina: su apoyo a los golpes de Estado en Honduras y Paraguay, su intervención en Venezuela (2001) y el embargo en contra de Cuba fueron repudiados por todos los gobiernos, incluso por los aliados conservadores.
Washington se dio cuenta de que resultaba mucho menos sencillo defender un imperio global que establecerlo. Los estrategas imperiales en Washington vieron las guerras de Oriente Medio a través del prisma de las prioridades militares israelíes, ignorando los intereses económicos globales de las multinacionales.
Los estrategas militares imperiales sobrestimaron la capacidad militar de vasallos y clientes, a los que Estados Unidos preparó muy mal para gobernar en países con movimientos armados de resistencia nacional. Aumentaron las guerras, las invasiones y las ocupaciones militares. A Iraq y Afganistán se sumaron Yemen, Somalia, Libia, Siria y Paquistán. Los gastos del estado imperial estadounidense excedieron con mucho cualquier transferencia de riqueza desde los países ocupados.
Cientos de miles de millones de dólares del Tesoro estadounidense fueron saqueados por una enorme burocracia mercenaria civil y militar.
El papel central de las guerras de conquista destrozó la infraestructura institucional y las bases económicas necesarias para que las multinacionales pudieran instalarse y ganar dinero.
Aferrado a las ideas estratégicas militares de imperio, el liderazgo militar-político del estado imperial diseñó una ideología global para justificar y fundamentar una política de guerra permanente y múltiple. La doctrina de la “guerra al terror” justificó la guerra en todas partes y en ninguna. La doctrina era “elástica”, se podía adaptar a cada zona de conflicto e invitaba a nuevos compromisos militares: Afganistán, Libia, Irán y el Líbano fueron designados como zonas de guerra. La “doctrina del terror”, de alcance global, ofreció una justificación para múltiples guerras y para la destrucción (no explotación) masiva de sociedades y recursos económicos. Sobre todo, la “guerra contra el terrorismo” justificó la tortura (Abu Ghraib), los campos de concentración (Guantánamo) y los objetivos civiles (vía drones) en cualquier parte. Las tropas fueron retiradas y enviadas de nuevo a Afganistán e Iraq a medida que aumentaba la resistencia. Miles de efectivos de las fuerzas especiales estuvieron en activo en montones de países, sembrando el caos y la muerte.
Además, el violento desarraigo, la degradación y la estigmatización de pueblos islámicos enteros propagó la violencia en los centros imperiales de París, Nueva York, Londres, Madrid y Copenhague. La globalización del terror del estado imperial se tradujo en terror individual.
El terror imperial dio lugar al terror al interior de los estados: el primero de forma sostenida, abarcando civilizaciones enteras, conducido y justificado por representantes políticos electos y autoridades militares. El segundo mediante un grupo transversal de “internacionalistas” que inmediatamente se identificaron con las víctimas del terror del estado imperial.
El imperialismo contemporáneo: perspectivas presentes y futuras
Para entender el futuro del imperialismo estadounidense es importante resumir y evaluar la experiencia y las políticas del último cuarto de siglo.
Entre 1990 y 2015 observamos un declive económico, político e incluso militar en la construcción del imperio estadounidense en la mayoría de regiones del mundo, aunque el proceso no es lineal y probablemente tampoco irreversible.
A pesar de que en Washington se ha hablado mucho de la necesidad de reconfigurar las prioridades imperiales para tener en cuenta los intereses económicos de las multinacionales, se ha conseguido muy poco… La estrategia de Obama de “bascular hacia Asia” se ha concretado en nuevos acuerdos militares con Japón, Australia y Filipinas alrededor de China, y refleja la incapacidad de diseñar acuerdos de libre comercio que excluyan a este país. Entre tanto, Estados Unidos ha reanudado la guerra y ha vuelto a entrar en Iraq y Afganistán, además de haber iniciado nuevas guerras en Siria y Ucrania. Está claro que la primacía de la facción militarista sigue siendo el factor determinante en el diseño de las políticas del estado imperial.
El motor militar imperial es aún más evidente en la intervención estadounidense en apoyo del golpe de Estado en Ucrania y la decisión subsiguiente de financiar y armar a la junta de Kiev. La ofensiva imperial en Ucrania y los planes para incorporarla a la Unión Europea y la OTAN constituyen una flagrante agresión militar: la extensión de las bases, las instalaciones y las maniobras militares estadounidenses hasta la frontera de Rusia, junto con la imposición de sanciones económicas, han perjudicado duramente el comercio y las inversiones estadounidenses en Rusia. La construcción del imperio estadounidense sigue dando prioridad a la expansión militar incluso a costa de los intereses económicos imperiales occidentales en Europa.
El bombardeo de Libia por parte de Estados Unidos y la Unión Europea arruinó el floreciente comercio y los acuerdos de inversión entre las multinacionales imperiales del petróleo y el gas y el gobierno de Gadafi… Los ataques aéreos de la OTAN destrozaron la economía, la sociedad y el orden político, convirtiendo Libia en un territorio invadido por clanes enfrentados, bandas, terroristas y la violencia armada.
Durante el último medio siglo, el liderazgo político y las estrategias del estado imperial han cambiado drásticamente. En el periodo que va de 1975 hasta 1990 las multinacionales tuvieron un papel central marcando la dirección de la política del estado imperial: aprovechando los mercados asiáticos, negociando la apertura del mercado con China, promoviendo y apoyando gobiernos neoliberales militares y civiles en América Latina, e instalando y financiando gobiernos pro-capitalistas en Rusia, Europa del Este, los Balcanes y los estados bálticos. Incluso en los casos donde el estado imperial recurrió a la intervención militar, Yugoslavia e Iraq, los bombardeos crearon oportunidades económicas favorables para las multinacionales estadounidenses. El gobierno de Bush padre favoreció los intereses petroleros de Estados Unidos mediante el programa “petróleo por comida” acordado con Sadam Husein en Iraq.
Por su parte, Clinton promovió gobiernos de libre comercio en los mini-estados resultantes de la división de la Yugoslavia socialista.
No obstante, el liderazgo y las políticas del estado imperial cambiaron radicalmente desde finales de los noventa en adelante. El estado imperial del presidente Clinton estaba formado por antiguos representantes de las multinacionales, banqueros de Wall Street y conocidos militaristas y sionistas recién ascendidos.
El resultado fue una política híbrida con la que el estado imperial promovió de manera activa las oportunidades de las multinacionales bajo los regímenes neoliberales de los países ex comunistas de Europa y de América Latina, y amplió los lazos de éstas con China y Vietnam, mientras llevaba a cabo devastadoras intervenciones militares en Somalia, Yugoslavia e Iraq.
El “equilibrio de fuerzas” dentro del estado imperialista cambió drásticamente, inclinándose a favor de la facción militarista-sionista, a partir del 11 de septiembre de 2001: el ataque terrorista de origen dudoso y las demoliciones de bandera falsa en Nueva York y Washington sirvieron para afianzar a los militaristas que estaban al mando del enorme aparato del estado imperial. Como consecuencia del 11 de septiembre la facción militarista-sionista del estado imperial subordinó los intereses de las multinacionales a su estrategia de guerras totales. Esto, a su vez, llevó a la invasión, ocupación y destrucción de la infraestructura civil de Iraq y Afganistán (en lugar de aprovecharla para la expansión de las multinacionales). El régimen colonial de Estados Unidos desmanteló el estado iraquí (en lugar de reorganizarlo en función de las necesidades de las multinacionales). El asesinato y la migración forzosa de millones de profesionales cualificados, administradores y miembros del ejército y de la policía paralizaron cualquier recuperación económica (en lugar de emplearlos al servicio del estado colonial y las multinacionales)
La enorme influencia militarista-sionista en el estado imperial introdujo importantes cambios en la política, la orientación, las prioridades y el modus operandi del imperialismo estadounidense. La ideología de la “guerra global al terror” sustituyó a la doctrina de las multinacionales a favor de la “globalización económica”.
Las guerras perpetuas (los “terroristas” no estaban circunscritos a determinados lugares ni momentos) reemplazaron a las guerras limitadas y a las intervenciones para abrir mercados o instalar regímenes favorables a las políticas neoliberales que beneficiaran a las multinacionales estadounidenses.
Las guerras en Oriente Medio, el sur de Asia y el norte de África –contra países islámicos que se oponían a la expansión colonial de Israel en Palestina, Siria, el Líbano y el resto– pasaron a ocupar el centro de la actividad del estado imperial, desplazando a la estrategia para explotar las oportunidades económicas en Asia, América Latina y los países ex comunistas de Europa del Este.
La nueva concepción militarista de la construcción del imperio supuso gastos billonarios y no tuvo en cuenta ni se preocupó por las ganancias del capital privado. En cambio, bajo la hegemonía de las multinacionales, el estado imperial intervino para garantizar concesiones de petróleo, gas y minerales en América Latina y Oriente Medio, y las ganancias de las multinacionales compensaron de sobra los gastos de la conquista militar. La configuración militarista del estado imperial permitió el saqueo del Tesoro estadounidense para financiar sus ocupaciones, gastando enormes sumas en un ejército de colaboradores coloniales corruptos, en los “contratistas militares” privados, y en funcionarios militares estadounidenses responsables de adquisiciones (sic).
Anteriormente la expansión de las multinacionales en el exterior había generado beneficios para el Tesoro de Estados Unidos por el pago de impuestos directos y mediante los ingresos procedentes del comercio y la transformación de materias primas.
En la última década y media los mayores y más estables beneficios de las multinacionales se han producido en zonas y países donde la participación del estado imperial militarizado ha sido mínima: China, América Latina y Europa. Donde menos beneficios han obtenido y más han perdido las multinacionales ha sido en las regiones donde la implicación del estado imperial ha sido mayor.
Las “zonas de guerra” que se extienden desde Libia hasta Somalia, el Líbano, Siria, Iraq, Ucrania, Irán, Afganistán y Paquistán son las regiones donde las multinacionales imperiales han sufrido un mayor deterioro y abandono.
Los principales “beneficiarios” de las actuales políticas del estado imperial son los contratistas militares privados y el complejo militar-industrial-securitario estadounidense. En el exterior, los beneficiarios del estado incluyen a Israel y Arabia Saudita. Por otro lado, los gobernantes clientelistas jordanos, egipcios, iraquíes, afganos y paquistaníes han guardado decenas de miles de millones en cuentas off-shore.
Entre los beneficiarios “no estatales” se encuentran los ejércitos mercenarios por poderes. En Siria, Iraq, Libia, Somalia y Ucrania también se han visto favorecidos decenas de miles de colaboradores en las autodenominadas organizaciones “no gubernamentales”.
El análisis coste-beneficio o la construcción del imperio bajo la protección del estado imperial militarista-sionista
Una década y media es tiempo suficiente para evaluar los resultados del dominio militarista-sionista en el estado imperial.
Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental, sobre todo Alemania, lograron expandir su imperio en Europa Oriental, los Balcanes y las regiones del Báltico sin disparar un solo tiro. Estos países fueron convertidos en estados vasallos de la Unión Europea, sus mercados conquistados y sus industrias desnacionalizadas. Sus fuerzas armadas fueron contratadas como mercenarios de la OTAN. Alemania Occidental se anexó Alemania Oriental. La mano de obra cualificada barata, los inmigrantes y desempleados, aumentaron los beneficios de las multinacionales de la Unión Europea y Estados Unidos. Rusia fue temporalmente reducida a estado vasallo entre 1991 y 2001. El nivel de vida descendió vertiginosamente y se redujeron los programas del estado de bienestar. Aumentó la tasa de mortalidad. Las desigualdades de clase se ampliaron. Los millonarios y los mil millonarios se apropiaron de los recursos públicos y participaron con las multinacionales imperiales en el saqueo de la economía. Los líderes y partidos socialistas y comunistas fueron reprimidos o cooptados. En cambio, la expansión militar imperial en lo que va del siglo XXI está siendo un fracaso muy costoso. La “guerra en Afganistán” resultó una sangría de vidas y de dinero y provocó una ignominiosa retirada. Lo que quedó fue un débil gobierno títere y un ejército mercenario poco fiable. Ha sido la guerra más larga de la historia de Estados Unidos y uno de sus mayores fracasos. Al final, los movimientos de resistencia nacionalistas-islamistas –los llamados “talibanes” y los grupos de resistencia antiimperialistas etno-religiosos y nacionalistas aliados– dominan las zonas rurales, atacan continuamente las ciudades y se preparan para tomar el poder.
La guerra de Iraq, la invasión y los diez años de ocupación por parte del estado imperial diezmaron la economía del país. La ocupación fomentó la guerra etno-religiosa. Oficiales baazistas y militares profesionales se unieron a los islamistas-nacionalistas y formaron un poderoso movimiento de resistencia (EIIL) que derrotó al ejército mercenario chiita apoyado por el imperio durante la segunda década de la guerra. El estado imperial se vio forzado a volver a entrar y participar directamente en una larga guerra. El coste de la guerra se disparó hasta más de un billón de dólares. Se obstaculizó la explotación del petróleo y el Tesoro de Estados Unidos vertió decenas de miles de millones de dólares para sostener una “guerra sin fin”.
El estado imperial estadounidense y la Unión Europea, junto con Arabia Saudita y Turquía, financiaron milicias mercenarias islámicas para invadir Siria y derrocar al régimen secular, nacionalista y anti-sionista de Bachar al Assad. La guerra imperial abrió la puerta para que las fuerzas islámicas-baazistas –EIIL– se extendieran hasta Siria. Los kurdos y otros grupos armados les arrebataron territorio y fragmentaron el país. Después de casi cinco años de guerra y crecientes costes militares, las multinacionales de Estados Unidos y la Unión Europea se han quedado fuera del mercado sirio.
El apoyo estadounidense a la agresión israelí contra el Líbano ha hecho que aumente el poder de la resistencia armada antiimperialista de Hezbolá. El Líbano, Siria e Irán constituyen en este momento una alternativa seria al eje de Estados Unidos, la Unión Europea, Arabia Saudita e Israel.
La política estadounidense de sanciones a Irán no ha logrado debilitar el régimen nacionalista y, en cambio, ha cercenado las oportunidades económicas de todas las grandes multinacionales del petróleo y el gas de Estados Unidos y la Unión Europea, así como las de los exportadores de artículos de fabricación estadounidense. China ha ocupado su lugar.
La invasión de Libia por parte de Estados Unidos y la Unión Europea destruyó la economía y supuso la pérdida de miles de millones de dólares en inversiones de las multinacionales y la interrupción de las exportaciones.
La toma del poder por el estado imperial estadounidense mediante un golpe de Estado por poderes en Kiev, provocó una poderosa rebelión antiimperialista dirigida por milicias armadas en el Este (Donetsk y Lugansk) y la aniquilación de la economía ucraniana.
En resumen, el control militar-sionista del estado imperial ha conducido a largas y costosas guerras imposibles de ganar que han debilitado los mercados y los proyectos de inversión de las multinacionales estadounidenses. El militarismo ha reducido la presencia económica imperial y ha provocado movimientos de resistencia antiimperialistas cada vez más amplios, a la vez que ha aumentado la lista de países inviables, inestables y caóticos que escapan al control imperial.
El imperialismo económico ha seguido obteniendo beneficios en partes de Europa, Asia, América Latina y África a pesar de las guerras imperiales y las sanciones económicas que el enormemente militarizado estado imperial ha llevado a cabo en otros lugares.
Sin embargo, la toma del poder en Ucrania por los militaristas estadounidenses y las sanciones a Rusia han erosionado el lucrativo comercio y las inversiones de la Unión Europea en Rusia. Bajo la tutela del FMI, la Unión Europea y Estados Unidos, Ucrania se ha convertido en una economía fuertemente endeudada, al borde de la quiebra, dirigida por cleptócratas totalmente dependientes de los préstamos del extranjero y la intervención militar.
Al priorizar las sanciones y el conflicto con Rusia, Irán y Siria, el estado imperial militarizado no ha conseguido profundizar y ampliar sus lazos económicos con Asia, América Latina y África. La conquista política y económica de Europa del Este y partes de la URSS ha perdido importancia. Las guerras perpetuas perdidas en Oriente Medio, el norte de África y el Cáucaso han mermado la capacidad del estado imperial para llevar adelante la construcción del imperio en Asia y América Latina.
La pérdida de riqueza, los costes internos de las guerras perpetuas, ha erosionado las bases electorales de la construcción del imperio. Solamente un cambio radical en la composición del estado imperial y una reorientación de sus prioridades para situar la expansión económica en el centro de las mismas podrían impedir el actual declive del imperio. El peligro está en que si el estado imperialista sionista militarista sigue interviniendo en guerras perdidas puede subir la apuesta y deslizarse hacia una confrontación nuclear: ¡un imperio entre cenizas nucleares!
Traducido del inglés para Rebelión por Sara Plaza
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