PROCESO
SANTIAGO (Uypress) - Esta semana comenzaron en esta capital las audiencias judiciales por el llamado “caso Penta” que involucra a uno de los principales grupos empresariales vinculados a la derecha y derecha y a su principal partido, la Unión Demócrata Independiente (UDI).
La acusación de corrupción política involucra a los controladores de la compañía, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín dos conocidos empresarios.
A raíz de la investigación que lleva adelante la Fiscalía, no sólo se ha destapado un sistema complejo montado para defraudar al Fisco a través de evasiones millonarias de impuestos. El caso también ha dejado al descubierto que Penta había configurado un sistema para financiar irregularmente a candidatos presidenciales y al Parlamento. Los dueños del grupo no solo buscaban el triunfo de dirigentes afines a su posición política de derecha, un sector del que son financistas e ideólogos, sino que contar con parlamentarios en el Congreso para, supuestamente, sacar adelante las iniciativas que les favorecían. También ha mostrado que, con este mismo objetivo, pagaron sueldos paralelos a funcionarios públicos.
Penta es uno de los principales grupos empresariales de Chile que tiene inversiones en negocios de previsión social, seguros, el sector financiero, inmobiliario, la salud y educación, con activos de unos 20.000 millones de dólares.
Los dos controladores del grupo, Délano y Lavín, por sus relaciones personales y políticas están estrechamente ligados a la coalición de derecha y, sobre todo, a la Unión Demócrata Independiente (UDI), que ha sido el partido más afectado por esta trama. En 1999, Délano fue uno de los principales ideólogos de la candidatura presidencial de Joaquín Lavín, el alcalde de Santiago que en primera vuelta llegó a empatar al socialdemócrata Ricardo Lagos quien finalmente logró triunfar y llegar a La Moneda. También es uno de los amigos más cercanos del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014), que milita en otro de los partidos del conglomerado, Renovación Nacional (RN).
Después de la primera jornada de formalización, uno de los dueños de Penta, Carlos Eugenio Lavín, señaló: "[La Fiscalía] nos presenta como una mafia, como si nosotros fuéramos Al Capone o algo parecido y es lamentable escuchar eso...no soy ningún mafioso".
Los dos controladores de la compañía fueron acusados por soborno y delitos tributarios. De ser finalmente condenados después de la investigación, arriesgan una pena de cárcel de entre 541 días a cinco años.
El caso arrancó hace más de dos años por una arista relacionada al fraude tributario que no hacía sospechar a la Fiscalía de los alcances empresariales y políticos que alcanzaría la trama.
En octubre de 2012, el Servicio de Impuestos Internos (SII) detectó que 122 contribuyentes habrían obtenido devoluciones de impuestos a la renta de manera irregular, entre 2007 y 2010. Un año después, en septiembre de 2013, la Justicia formalizó a exfuncionarios del SII y surgió el nombre de Jorge Valdivia, que habría sido uno de los captadores de los contribuyentes. Poco antes de morir, Valdivia envió una carta al fiscal Carlos Gajardo, reconociendo que tenía un vínculo con el grupo Penta. Después se produjo un hecho clave: en agosto de 2014, el exgerente de la compañía Hugo Bravo, que había sido despedido un mes antes de la empresa, declaró ante el Ministerio Público que los dueños de Penta, Délano y Lavín, le ordenaron gestionar recibos de honorarios falsos a nombre de sus esposas y políticos. Luego allanaron las oficinas y el caso tomó caminos insospechados, con un alto impacto social.
Justamente es uno de los aspectos que llaman la atención: pese a que se investigan infracciones graves de dirigentes de primera línea en sus respectivas campañas, la trama pasó desapercibida para el Servicio Electoral (Servel), que no cuenta ni con los recursos ni con las atribuciones para fiscalizar que se respeten los límites al gasto y la utilización de dineros negros.
El miércoles comenzó la formalización de las acusaciones en contra los diez imputados del caso Penta, que se extendió también durante este jueves y probablemente el viernes, cuando el magistrado Juan Escobar tenga que resolver las peticiones de medidas cautelares de la Fiscalía. El Ministerio Público pidió prisión preventiva para Délano, Lavín y Pablo Wagner, el exsubsecretario de Minería del Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), formalizado por cohecho, lavado de dinero y delitos tributarios. Para el resto de los seis imputados, los fiscales han solicitado arresto domiciliario y firma semanal.
La ciudadanía observa con expectación la resolución del juez Escobar, porque en Chile se desconfía de la igualdad ante Justicia. En un país azotado por la falta de equidad en todos sus frentes, existe la sospecha que a la gente humilde se le castiga con prisión por delitos menores como la copia ilegal de DVD y a los poderosos, de cuello y corbata, son tratados con permisividad y guante blanco.
El caso Penta tiene distintos frentes: presuntos aportes irregulares a campañas políticas, devoluciones de dinero indebidas por parte del Estado y la reducción del pago de impuestos. De acuerdo con la presentación de la Fiscalía en las audiencias de formalizaciones, en definitiva, el grupo Penta creó una "máquina para defraudar al Fisco".
En presentaciones a cargo a cargo del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, el Ministerio Público ha expuesto las evidencias recogidas en los primeros cuatro meses de indagatorias. De acuerdo a la investigación, hasta ahora han sido detectadas unas mil boletas y facturas falsas, además de 102 contratos forward, por un total de más de tres mil millones de pesos chilenos (unos 4.831.695 dólares). Gracias a este mecanismo, la empresa sellaba contratos simulados en divisas extranjeras y luego, declaraba falsas pérdidas para rebajar y eludir impuestos.
"Emitían boletas o facturas que daban cuenta de servicios que no fueron realizados, en algunos casos por familiares de los imputados, en otras por secretarias de los mismos, dineros que eran defraudados y utilizados en algunos casos para campañas políticas de cargos de elección popular", señaló el Fiscal Nacional el pasado miércoles. El fiscal Gajardo agregó: "Lo que ha habido acá, su señoría, es una cultura de la evasión en este grupo económico. Desde el más alto ejecutivo, desde su controlador, hasta el último júnior. Todos daban boletas falsas".
Existen varias aristas que vinculan a este caso a la política. Una de ellas es la que involucra a Pablo Wagner, el exsubsecretario del Minería del Gobierno de derecha de Sebastián Piñera (2010-2014). "Viene delinquiendo por años", señaló este jueves el fiscal Pablo Norambuena.
De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, los dueños de Penta habrían sobornado a Wagner con 14 pagos por un total de unos 42 millones de pesos chilenos (unos 68.000 dólares) mientras era funcionario del Ejecutivo. Wagner a su vez fue imputado por cohecho, lavado de dinero y delitos tributarios por emitir 59 boletas falsas que causaron perjuicio fiscal el Estado. La Fiscalía ha solicitado este jueves que, como a los controladores de Penta, se le deje en prisión preventiva.
Pero en esta fase de la investigación, el Ministerio Público todavía no entra de lleno en la fase política de la causa y se espera que en una segunda etapa se imputen a dirigentes políticos. En las audiencias de formalización de esta semana, la Fiscalía ha nombrado al menos a diez políticos, entre parlamentarios y exautoridades, que habrían entregado comprobantes falsos a Penta por trabajos que nunca realizaron. De esta forma, la compañía lograba colaborar con sus candidatos afines y, de paso, obtener rebajas tributarias.
Además del exsubsecretario Wagner, que hasta hace poco militaba en la UDI, ocho de los diez políticos nombrados en las audiencias de formalización pertenecen a este partido de la derecha doctrinaria. Entre ellos, uno de sus principales líderes, Jovino Novoa, considerado uno de los principales recaudadores de dinero para la campaña electoral de la UDI.
Otro de los mencionados es Andrés Velasco, el exministro de Hacienda del primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), que fue precandidato presidencial en las primarias de la coalición de centroizquierda Nueva Mayoría. También la Fiscalía ha involucrado a otro dirigente de la derecha, el exdiputado de Renovación Nacional (RN) Alberto Cardemil, que hace algunos días tuvo que suspender su militancia.
La UDI, sin embargo, ha defendido la presunción de inocencia de sus militantes y no les ha pedido que dejen el partido. Entre ellos se cuentan dos senadores en ejercicio, Iván Moreira y Ena Von Baer, y el diputado Fernando Hermann. La presión pública para que la UDI tome alguna medida y los congresistas dejen el Parlamento es cada vez mayor.
