LA LEY DE PACIFICACIÓN SE PROMULGÓ EL 8 DE MARZO DE 1985
8/03/15
Por Luis Casal Beck
Se cumplen tres décadas de la promulgación de una ley, que combinó amnistía e indultó, y significó la liberación de todos los detenidos en las cárceles políticas de la dictadura (1973-1985). El debate suscitado entre el gobierno colorado de Julio Ma Sanguinetti y la mayoría de la oposición (el wilsonismo, el Frente Amplio), fue importante, y marcó un choque en el plano político-ideológico, que se pudo saldar con sugerencias concretas de la entonces ministra de Educación y Cultura, la penalista Adela Reta, del batllismo.
En febrero de 1982, el teólogo católico Juan Luis Segundo (jesuita), publicó en la revista “La Plaza” (de los hermanos Marcos y Gonzalo Carámbula), un artículo que instaló públicamente el tema de la amnistía, en un país que vivía en dictadura (desde junio de 1973), con muchos presos de conciencia, y dos grandes penales (Libertad, Punta de Rieles). “Quiero sumar mi voz a las que no se dejan oír dentro del país, reclamando una vez más, clemencia para los vencidos; es decir, la libertad de los presos políticos”, subrayó. El régimen clausuró la publicación, por este artículo, y por otro del también sacerdote, Luis Pérez Aguirre, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), titulado: “El espíritu Santo abraza al espíritu de Sandino”.
En 1983, la amnistía de los presos políticos fue ganando espacios en la consideración ciudadana. En las movilizaciones opositoras (el primer acto sindical del 1 de mayo; las convenciones de los partidos reconocidas por la dictadura, que eran el Nacional y el Colorado; con una izquierda proscrita) se reclamaba cada vez con más fuerza, Libertad, y Amnistía.
En el arco opositor se dibujaron dos posiciones: entre los colorados, era dominante la postura de amnistiar a los “presos de conciencia” y en relación a quienes habían cometidos “delitos de sangre” (según la Justicia Militar), reexaminar sus causas en el ámbito de los juzgados civiles, con aplicación de otras herramientas, como el indulto. La Corriente Batllista Independiente (CBI) defendía una amnistía “general e irrestricta”.
El Frente Amplio, quería cerrar las cárceles y volver a la plena vigencia del Estado de derecho. Entre los blancos, sus sectores principales (“Por la Patra”, de Wilson Ferreira Aldunate; el “Movimiento Nacional de Rocha”), se sumaban a la corriente que pugnaba por una amplia amnistía de todos aquellos que estaban en las cárceles del régimen. En el ala derecha de ese partido (herrerismo), dominaban las coincidencias con la mayoría colorada.
El 25 de noviembre de 1984, hubo elecciones que ganó el Partido Colorado. En su programa de gobierno, el coloradismo hacia referencia a una “ley de amnistía, dictada con amplio espíritu humanitario, complementada con los indultos que correspondan” Es decir, auspiciaba una liberación de presos de conciencia con indultos.
Cinco dias después de aquella elección, con partidos y con hombres proscritos, al salir de su prisión en un cuartel del Ejército de
la ciudad de Flores, el líder blanco Wilson Ferreira, habló del compromiso de su partido con la gobernabilidad (que es lo único que suele recordarse de ese extenso discurso), pero también planteó la necesidad imperiosa de avanzar en una amnistía “general e irrestricta” (ver recuadro).
Cuando asumió el nuevo Parlamento, el 15 e febrero de 1985, la bancada de legisladores del FA, presentó un proyecto de ley para abrir las cárceles políticas del régimen fenecido (amnistía general e irrestricta). La Asamblea General reclamó por la inmediata puesta en libertad del diputado comunista Vladimir Turiansky (preso en el penal de Libertad), y el senador wilsonista Uruguay Tourné pidió que la moción se extendiera a todos los presos políticos, sin ninguna distinción.
El 1 de marzo asumió Sanguinetti. Uno de sus primeros proyectos de ley (Pacificación Nacional), planteaba una amnistía, pero exceptuaba de ella, a quienes estaban presos por delitos “de sangre”, cuyas causas serian reestudiadas por los jueces civiles.
Cuatro días después, la Cámara de Representantes sancionó un proyecto de amnistía general e irrestricta para los presos políticos, , por 55 votos en 94, que provocó una gran preocupación entre los sectores dominantes del partido de gobierno, y sorpresa en las fracciones conservadoras de los blancos, algunos de cuyos miembros, se retiraron de sala. La iniciativa, contó con el apoyo del wilsonismo, el Frente Amplio, la CBI, y algunos herreristas díscolos como Jorge Silveita Zabala, Jorge Machiñena, Carlos Rossi.
Al dia siguiente, Sanguinetti usó de la cadena de radio y televisión, manifestando su preocupación por la decisión adoptada por la Cámara Baja, porque constituía “una solución legal que elude condenar claramente el empleo de la violencia”.
Se abrieron entonces negociaciones, y surgió una fórmula, en cuya elaboración mucho pesó la penalista Adela Reta, que era titular de la cartera de Educación y Cultura, por la cual se combinaban distintos instrumentos, que en los hechos significaron la liberación inmediata de todos los presos políticos. Como explica el historiador Alfredo Traversoni, que era senador batllista en 1985, en un ensayo de su autoría publicado muchos años después, “La mayoría (de los presos) salió en libertad inmediatamente. Con respecto a 63 presos restantes, sería desconocido lo actuado por la Justicia Militar y pasarian a estudio de la Justicia Civil, pero ésta debería dejarlos en libertad, al tomar conocimiento de la causa, por la aplicación del cómputo de tres días por cada uno de prisión sufrida (fórmula Reta, en base al argumento del extremo rigor de los años de prisión sufrida)” (“Historia del Uruguay siglo XX”, 1993, en coautoria con la tembien historiadora Diosma Piotti).
La iniciativa, fue aprobada en el Senado (24 en 27), y la Asamblea General (86 en 91). El 8 de marzo la promulgó el Poder Ejecutivo, y en la semana siguiente quedaron libres todos los presos políticos en Uruguay. La ley, dispuso el cese de las ordenes de captura, y creo una Comisión Nacional de Repatriación. El artículo 1, decía: “decrétase la amnistía de todos los delitos políticos comunes y militares conexos con éstos, cometidos a partir del 1 de enero de 1962”. Otra de las disposiciones, señalaba: “quedan exceptuados de la amnistía, los delitos cometidos por funcionarios policiales o militares, equiparados o asimilados, que fueran autores, coautores o cómplices de tratamientos inhumanos, crueles o degradantes o de la detención de personas, luego desaparecidas, y por quienes hubieran encubierto cualquiera de dichas conductas” (artículo 5). Se estima que la Comisión de Repatriación posibilitó el regreso de unos 16 mil uruguayos, afincados en el exterior durante el ciclo autoritario.
VACIAR LAS CÁRCELES, RECLAMÓ WILSON FERREIRA ALDUNATE
“Nuestro primer deber, el deber de todos, es asegurar la gobernabilidad del país; y si no se asegura, enemigos de los cuales creemos habernos liberado, están acechando prontos para aplicar su nuevo zarpazo.
No hay objetivo mas importante, que el de consolidar las instituciones democráticas. Y para consolidarlas, nosotros vamos a estar detrás del gobierno que el país se ha dado, aunque no nos guste, porque lo importante, repito, no es correr siquiera el riesgo d que pueda sucedernos, nuevamente, esta pesadilla de la que estamos tratando de salir.
(…)
Pero vamos a ayudar aún más al nuevo gobierno. Vamos a ayudarlo a que pueda moverse en un clima de paz y de tranquilidad pública, y que pueda desenvolver su acción en un país reconciliado y fraterno. Lo vamos a liberar de algunos de sus compromisos programáticos.
Nosotros vamos a votar, y sabemos que no vamos a votar solamente nosotros, una amnistía general e irrestricta.
Eso de “liberar a los presos por luchar” ya sería hermoso, pero la cosa va mucho mas allá. Hay que liberar a los presos por luchar, y a los presos que tenían un primo que luchaba, y a los presos por equivocación, y a los presos…
(…)
¿Y qué me van a decir a mí, que el remedio de justicia no es la amnistía? ¿Qué la amnistía no puede aplicarse sino para aquellos que no hayan cometido delitos de sangre?
Pero, afirmar esto, es decir que no habrá amnistía para nadie, porque si alguien no ha cometido delitos de sangre, cómo va a estar preso hace catorce años?
Qué la amnistía no va a devolver la vida a algún servidor público muerto en aquellos terribles y dolorosos enfrentamientos. Y claro que no le va a devolver la vida, pero tampoco se la va a devolver la venganza, la sevicia, el ensañamiento con los presos.
Y entonces, en esta cosa hay que optar, y optar en forma muy clara: es la amnistía, o es la mentira”
(discurso de Wilson Ferreira Aldunate en la Explanada Municipal de Montevideo, después de ser liberado de un cuartel de Flores, a cinco días de producidas las elecciones del 25 de noviembre de 1984, que ganó el Partido Colorado).
PARA EL FA, UNA AMNISTÍA GENERAL E IRRESTRICTA
“15 (de febrero de 1985) Se instala el primer Parlamento electo por el voto ciudadano en doce años. Jorge Batlle preside la Asamblea General de la 42 legislatura. Batlle (Partido Colorado), Carlos Julio Pereyra (Partido Nacional), José Pedro Cardoso (Frente Amplio), y Heber Rossi Passina (Unión Cívica), hablan en representación de sus partidos políticos.
Un sillón vacío, recuerda al último presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez Ruiz (secuestrado y asesinado en Buenos Aires en 1976).
(…)
Legisladores de los cuatro partidos reclaman la liberación inmediata del legislador comunista Vladimir Turiansky (preso en el penal de Libertad); el senador nacionalista Uruguay Tourné (wilsonista) pide que la moción se extienda a todos los presos políticos.
En la primera sesión del Senado, el Frente Amplio presenta dos proyectos de ley, uno de Amnistía General e Irrestricta (para los presos políticos); y otra de reposición de los destituidos.
(…)
La Junta (Departamental) de Montevideo resuelve por unanimidad que la calle (coronel) Lorenzo Latorre vuelva a llamarse Convención, nombre que tuvo desde 1843 hasta 1975, en que el gobierno, decretó el cambio”
(“Tiempos de dictadura. 1973/1985. Hechos, voces, documentos. La represión y la resistencia día a día”, Virginia Martínez, 2005)
EL PLANTEO DE LOS COLORADOS
“Es prioritario emprender una obra de pacificación nacional que asegure que en el país no existan excluidos. No puede haber personas privadas de su libertad por razones ideológicas. Se garantizará el retorno al Uruguay de todos aquellos ciudadanos que se encuentren en el exterior, sin excepciones. El propósito pacificador se pondrá en práctica, a través de distintas medidas políticas y legales, entre las que deberá incluirse una Ley de Amnistía, dictada con amplio espíritu humanitario, complementada con los indultos que correspondan. Se procurará, además, reparar, en cuanto sea posible, las resultancias de estos diez años de ejercicio discrecional el poder, y el inmediato esclarecimiento de la situación de los desaparecidos”
(“Por un Uruguay para Todos. Programa de principios y carta orgánica del Partido Colorado”, Fundación José Batlle y Ordoñez, diario “EL DIA”, 1984).
