21 mar 2015

Un fraude billonario

Ya es una tradición del Partido Republicano: una vez al año, el partido elabora un presupuesto que, según dice, sirve para reducir drásticamente el déficit, pero que resulta contener un "asterisco mágico" de un billón de dólares; una frase que promete grandes recortes del gasto o aumentos de los ingresos, pero sin explicar de dónde se supone que va a salir el dinero.
Paul Krugman

El País

© Cliff Owen Tom Price, presidente del comité de Presupuestos de la Cámara de Representantes, presenta la propuesta republicana de cuentas para 2015.

Pero los presupuestos que acaban de publicar las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado abren nuevos caminos. Cada uno de ellos contiene, no uno, sino dos asteriscos mágicos billonarios: uno de gastos y otro de ingresos. Y, de hecho, este cálculo se queda corto. Si cualquiera de los presupuestos se convirtiera en ley, la deuda del Gobierno federal aumentaría varios billones de dólares más de lo que afirman, y esto solo durante la primera década.

Uno podría sentirse tentado a hacer caso omiso de esto, dado que esos presupuestos no van a convertirse en ley en la práctica. O podría decir que todos los políticos hacen cosas así. Pero no es cierto. La falta de honradez fiscal del Partido Republicano es algo nuevo en la política estadounidense. Y esto nos dice algo importante sobre lo que le ha sucedido a la mitad de nuestro espectro político.

Pero volvamos a los presupuestos: ambos piden reducciones drásticas del gasto federal. Y se concretan algunas de esas reducciones del gasto: habría recortes despiadados en los cupones para alimentos, recortes más o menos igual de despiadados en Medicaid que contrarrestarían con creces su reciente ampliación y se acabaría con las subvenciones para seguros sanitarios que contempla el Obamacare. Un cálculo aproximado indica que cada plan ente duplicaría el número de estadounidenses sin seguro sanitario. Pero ambos reclaman también más de un billón de dólares en recortes adicionales del gasto obligatorio, cantidad que casi con seguridad tendría que venir de Medicaid o la Seguridad Social. ¿Qué forma adoptarían estos recortes adicionales? No nos dan ninguna pista.

Mientras tanto, ambos presupuestos piden que se revoque la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, incluidos los impuestos que sirven para subvencionar los seguros. Esos ingresos ascienden a un billón de dólares. Pero los dos presupuestos afirman no tener ningún efecto sobre los ingresos tributarios; se supone que el Gobierno federal tiene que compensar de algún modo el dinero no ingresado por el Obamacare. ¿Cómo exactamente? Una vez más, no se nos da ninguna pista.

Y hay más: los presupuestos también piden que se reduzca considerablemente el gasto destinado a otros programas. ¿Cómo se pondrán estos en práctica? Ya saben la respuesta.

Es muy importante darse cuenta de que este no es un comportamiento político normal. El Gobierno de George W. Bush no se quedaba atrás a la hora de presentar los planes tributarios de forma engañosa, pero nunca fue tan descarado. Y el Gobierno de Obama ha sido extraordinariamente escrupuloso en sus dictámenes fiscales.

Sí, ya estoy oyendo las risas, pero es la pura verdad. ¿Recuerdan todas las mofas que hubo sobre las previsiones de gasto de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible? El gasto real se está quedando muy por debajo de lo esperado y la Oficina Presupuestaria del Congreso ha reducido un 20% su previsión para la próxima década. ¿Se acuerdan de las burlas que hubo cuando el presidente Obama declaró que reduciría el déficit a la mitad antes de que acabara su primer mandato? Bueno, la escasa actividad económica retrasó las cosas, pero solo un año. El déficit de 2013 fue menos de la mitad que el de 2009, y ha seguido bajando.

De modo que no, la falsedad fiscal no es la norma histórica ni es propia del bipartidismo. Es un rasgo republicano moderno. Y la pregunta que debemos plantearnos es por qué.

La respuesta que a veces oímos es que, en el fondo, los republicanos piensan que el hecho de reducir la presión fiscal sobre los ricos se traduciría en una enorme expansión y en un aumento de los ingresos, pero les preocupa que la ciudadanía no considere creíble este argumento. Así que los asteriscos mágicos son en realidad un sustituto de su fe en la magia de la economía de oferta, fe que permanece intacta aunque los defensores de dicha doctrina lleven décadas equivocándose en todo.

La forma más sencilla de entender estos presupuestos seguramente consista en suponer que están pensados para enriquecer más a los ricos y empobrecer más a las familias corrientes
Pero yo me inclino por una explicación más cínica. Piensen en lo que harían estos presupuestos si no prestásemos atención a los misteriosos billones de dólares en recortes del gasto y aumentos de los ingresos que no se explican. Lo que tendríamos serían unas enormes transferencias de ingresos de los pobres y la clase trabajadora, que verían tremendamente recortadas sus prestaciones, a los ricos, que disfrutarían de una gran reducción de la presión fiscal. Y la forma más sencilla de entender estos presupuestos seguramente consista en suponer que están pensados para hacer lo que, de hecho, harían en realidad: enriquecer más a los ricos y empobrecer más a las familias corrientes.

Pero, por supuesto, este no es un rumbo político que los ciudadanos respaldarían si se lo explicasen claramente. Así que hay que vender los presupuestos como si fueran un valiente esfuerzo por suprimir el déficit y pagar lo que se debe (para lo cual, deben contemplar un ahorro inexplicable de billones de dólares).

¿Significa esto que todos esos políticos que pronuncian discursos sobre lo malos que son los déficits presupuestarios, y que dicen estar decididos a acabar con la plaga de la deuda, nunca han sido sinceros? Sí, así es.

Miren, sé que es difícil mantener viva la indignación tras tantos años de fraudulencia fiscal. Pero, por favor, inténtenlo. Nos encontramos ante una estafa enorme y destructiva, y deberíamos estar muy, muy enfadados.

http://elpais.com/

Punta de Sayago en la tormenta

TENSIONES GLOBALES


20.03.2015

MONTEVIDEO (Uypress) - Luego de varios anuncios en la prensa se concretó la ruptura de la empresa franco-belga Gaz de France-Suez (GDF) con la constructora brasilera OAS por la ejecución de las obras de ingeniería en la planta regasificadora, básicamente el puerto para el atraque del barco regasificador y los gaseros que transportarán el gas líquido.

Desde que se iniciaron las obras comenzaron las tensiones entre ambas empresas, sobre todo por parte de GDF que asociada a la japonesa Marubeni forma el consorcio GNLS y que contrató posteriormente a OAS para las obras de ingeniería. Esas tensiones tuvieron reflejo en diversos medios de prensa. Ahora se concretó el divorcio.
El diario La República publica hoy un completo informe sobre la situación de un proyecto emblemático para la independencia energética del país y que estuvo detenido durante muchos años mientras el acuerdo incluía la empresa argentina ENARSA.
La puesta en funcionamiento de esta planta es clave para el funcionamiento de la central de energía térmica de Puntas del Tigre que actualmente tiene una capacidad de 300 MB. La empresa coreana Hyndai ganó la licitación para ampliar la capacidad de esta gestión hasta 840 MB y adaptarla para funcional con diversos combustibles (ciclo combinado) en particular para utilizar el gas producido por la planta regasificadora. El consumo a pleno ritmo de esta planta superara los 4 millones de M3 de gas. Las obras en Punta del Tigre tienen un importante atraso, de casi un año.
El texto completo de La República:
CRÓNICA DE UN DIVORCIO ANUNCIADO
Gaz de France anunció la ruptura del contrato que la une a la brasilera OAS
Publicado el Viernes 20 marzo de 2015
La empresa franco belga Gaz de France-Suez (GDF) que junto con la japonesa Marubeni forman el consorcio GNLS anunció ayer la ruptura del contrato que la une a la brasilera OAS para la realización de las obras civiles del puerto de Puntas de Sayago donde funcionará la planta regasificadora. El valor del contrato entre ambas empresas supera los 400 millones de dólares.
Es un contratiempo importante pero relativo para los planes del gobierno que pretendía operar las instalaciones a finales del 2015, con un barco regasificador alquilado, y para finales del 2016 con una nave que se está construyendo especialmente en los astilleros de Corea del Sur. El valor total de lo que deberá invertir Gaz de France-Suez serán 1.125 millones de dólares.
La relación entre Gaz de France- Suez y OAS está regulada por un contrato entre empresas privadas y aunque obviamente el Estado uruguayo a través de Gas Sayago (90% de propiedad de UTE y 10% de propiedad de Ancap) no tiene directa relación con este contrato, el impacto que provocará la ruptura, tanto en los aspectos laborales como en el cronograma de las obras, son importantes para el país.
OAS tiene contratados a 700 trabajadores uruguayos y desde la empresa aseguran que cumplió regularmente con sus obligaciones laborales, y que incluso en el caso de los 150 que envió al seguro de paro "se les garantizó el pago por adelantado de la diferencia con sus salarios normales". Ahora el Sunca le reclamó a GDF que le garantizara que todos los funcionarios serían tomados nuevamente en caso de un cambio de la constructora.
La valoración de las ofertas desde el punto de vista de su robustez y del concepto sobre su capacidad de ejecución, arrojaron en su momento la siguiente valoración por parte de las autoridades: Gaz de France - Suez (Franco belga) 76%, Enagás (España) 48%, Samsung (Corea del Sur) 48% y Höegh (Noruega) 24%". Con esa evaluación, la propuesta de la noruega Höegh acompañada por la constructora chilena Belfi quedó descartada.
La ruptura entre la empresa francesa y la empresa brasilera determinará la necesidad de contratar otra gran constructora con capacidades técnicas para la continuación de los trabajos.
Gaz de France-Suez, según revelaron diversas fuentes, habría reclamado a la OAS un aumento de los costos en la ejecución de las obras en el puerto de más de 400 millones de dólares, lo que implicaría una duplicación de los costos.
Las desavenencias comenzaron hace varios meses con cuestionamientos por parte de GDF del proyecto de ingeniería que presentó originalmente OAS, al punto que contrató a una empresa de ingeniería,- la belga Tractebel-, para reformular el proyecto original. Tractebel que forma parte del grupo belga Suez fue contratada por GDF para realizar un estudio complementario para sostener la ruptura de las relaciones con OAS.
Antecedentes
Gaz de France es ampliamente conocida en Uruguay, fue propietaria de la compañía de gas de Montevideo y la operó durante 10 años en medio de duras polémicas, en particular con los trabajadores que le reclamaban inversiones y mantenimiento adecuado por razones de seguridad y para garantizar una calidad mínima del servicio.
GDF vendió la empresa a Petrobras que la opera actualmente quien renovó totalmente las instalaciones subterráneas. La empresa de construcción que hizo esa renovación fue precisamente OAS.
Esta empresa brasilera que se encuentra en medio de la tormenta por el escándalo Petrobras en Brasil ha realizado en Uruguay diversas obras de importancia, como el nuevo saneamiento en el departamento de Maldonado y la nueva línea de bombeo de OSE entre otras obras ; y en nuestro país, actuando sola o asociada a empresas uruguayas, no enfrentó hasta ahora dificultades ni reclamos.
OAS además de la construcción del puerto de la regasificadora está culminando las obras de los 14 kilómetros del gasoducto que conectará estas instalaciones con el gasoducto existente que nos conecta con Argentina. Esta obra está también detenida por el mismo conflicto sindical con el Sunca a pesar de que en ese caso no hay controversias pendientes.
El futuro no es fácil. A pesar de que han aparecido insistentes versiones de que GDF pretendería contratar a la chilena Belfi, que tuvo a su cargo la construcción del puerto de la papelera Montes del Plata y con la cual tiene un juicio pendiente por controversias relativas a esa obra, en realidad en el muy reducido ambiente de los grandes operadores del sector se apunta con mucha insistencia a que desde el inicio GDF quería contratar a la empresa belga Dredging International y a pesar que en diversos medios se habla de la chilena Belfi, endefinitiva serán los belgas los beneficiarios del nuevo contrato.
La ruptura del contrato por parte de GDF con OAS terminará inexorablemente en los juzgados.
Los franceses tienen depositados 130 millones de dólares en garantía de ejecución de obra a disposición de la empresa estatal Gas Sayago y a su vez OAS tiene depositados en garantía la cantidad de 120 millones de dólares, en este caso por el contrato con GDF.
Una primera pregunta básica es ¿quién se hará cargo del aumento de costos estimado por los franceses de 420 millones de dólares? El estado uruguayo en la licitación internacional tiene comprometido el pago de 14 millones de dólares mensuales durante 15 años por el valor total de las obras, el alquiler del barco regasificador y la operación de la planta por parte de GDF.
El contrato está blindado en esa cifra, pero resulta difícil creer los franceses estarán dispuestos a absorber un aumento de costos de esas proporciones que implica un 40% del total de la inversión. Y es allí donde comenzará una ofensiva de GDF, por reformular el contrato con el Estado.
Además de las elementales razones económicas para no aceptar ese descomunal aumento de costos, existe una razón legal. En caso de un cambio de los valores del contrato entrarían a jugar las otras empresas que participaron en el concurso cuestionando la legalidad de esos cambios. Otro frente de complejidad jurídica para la obra y para el Estado.
La planta regasificadora, básicamente se basa una nave fondeada que procesará el gas líquido que transportarán diversos navíos gasíferos y tendrá una capacidad máxima de 10 millones de M3 por día.
Los uruguayos consumimos hoy una cantidad de aproximadamente 300.000 m3 de gas diario que importamos totalmente de la Argentina, con un contrato que tiene vigencia hasta abril del 2016 y a un precio promedio de 24 dólares por 1.000.000 de BTU.
El gas producido por nuestra planta regasificadora con un costo de la materia prima de entre 12 y 13 dólares, más 2 dólares de costo industrial, tendría un precio estimado de entre 14 y 15 dólares el millón de BTU.
BTU es una british thermal unit y equivale aproximadamente a 252 calorías, la cantidad de energía que se requiere para elevar en un grado Fahrenheit la temperatura de una libra de agua en condiciones atmosféricas normales.
Un millón de BTU equivale a 27 metros cúbicos de gas. Los usuarios nacionales del gas líquido serían en un 90% UTE para la generación de energía eléctrica en su planta de Punta del Tigre y Ancap, además del consumo domiciliario y de las empresas que decidan pasarse al gas con costos muy convenientes en comparación con el gas oil o cualquier otra energía.
La suma estimada máxima de consumo sería de 4.500.000 BTU diarios para el Uruguay. ¿Y el resto?
Podrá exportarse de dos maneras. A la Argentina a través del gasoducto que se está completando y otra, en forma de energía eléctrica a Brasil. En la planta de Punta del Tigre de UTE que actualmente tiene una capacidad de generación de 300 MW se están realizando obras por la coreana Hyundai para aumentar la potencia en 540 MW (840 MW total) y para transformarla en una planta de ciclo combinado, es decir que puede utilizar gas oil o gas natural.
Esta transformación es clave para el aumento del consumo del gas que produciría la regasificadora aunque hay que destacar que actualmente se registran atrasos en la obra. Las condiciones han cambiado. Desde el momento de la definición sobre construir la planta regasificadora, se han producido algunos cambios importantes.
El primero es la gran caída del precio del petróleo, que bajó a menos de la mitad de los más de 100 dólares el barril y hoy se sitúa en el entorno de los 50 dólares. ¿Cuánto durará esta situación? No es fácil establecerlo por los intereses geopolíticos y comerciales que están en juego.
También cambió la situación de las reservas hídricas de los embalses de las represas uruguayas. Esto, más el constante y sostenido aumento de la capacidad de generación de energías renovables, (más de 600 MW en particular eólica y a partir de biomasa) pone al Estado uruguayo en una situación mucho más cómoda para negociar con la empresa francesa. No hay urgencias y además corren los plazos a partir de los cuales las demoras en la finalización de las obras implican multas de 475.000 dólares diarios hasta 100 millones de dólares. Uruguay no tiene ningún apuro.
La brasilera OAS que en Uruguay desarrolló varias importantes obras no enfrentó ningún tipo de escándalo ni procesos judiciales, pero en Brasil la situación es diferente. Forma parte del mega proceso judicial englobado en la empresa petrolera estatal Petrobrás.
En este proceso judicial se encuentran involucradas las mayores empresas constructoras de Brasil. Se aguarda para las próximas semanas que explote otro flanco de la investigación que involucra a la mayor empresa constructora de todo el Brasil con una fuerte presencia en el exterior en lo que se ha dado en llamar la operación Apocalipsis. Solo su nombre nos da ya una dimensión del problema y de la empresa.
La Corte Suprema de Brasil autorizó a la fiscalía a proseguir con la investigación de la llamada "lista negra" que fue revelada el pasado viernes 6 de marzo y que está conmocionando no solo al ambiente político sino también a la economía brasilera. La lista incluye a 49 personalidades que serán citadas y que ejercen o ejercieron cargos de importancia actualmente o en el pasado.
En la lista figuran los presidentes del Senado, Renan Calheiros, y de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos del PMDB, aliado clave de todos los gobiernos, incluido el actual. 
Figuran 12 senadores y 22 diputados actualmente en el cargo que pertenecen a cinco partidos, tres de los cuales forman parte de la coalición gobernante. Es notorio que, de comprobarse, son esquemas de corrupción que abarcaban a la mayoría del sistema político y que tienen hondas raíces y antecedentes.
Lo cierto es que si el precio que debe pagar Brasil por este escándalo es el hundimiento de buena parte de su estructura empresarial y por lo tanto de su presencia internacional y de su economía, la situación es realmente muy grave.
Y es notorio que los competidores empresariales de Brasil están sacando provecho de esta situación interna y sería muy complejo que el Uruguay quedara atrapado en medio de estos choques. En particular por sus relaciones políticas y comerciales con el país norteño.

Evo revela que Bachelet negoció la salida al mar para Bolivia

El presidente de Bolivia, Evo Morales, reveló hoy nuevos datos de una negociación que tuvo con el primer Gobierno de su homóloga chilena, Michelle Bachelet, sobre una posible salida al mar para su país.

fotonoticia_20150320173533_644
EFE – 
En una reunión con abogados en la ciudad de Santa Cruz (este), Morales señaló que tenía “mucha confianza” en resolver la demanda marítima durante la primera gestión de Bachelet porque, además de incluir el asunto en la agenda bilateral de trece puntos establecida en 2006, ambos mandatarios nombraron delegados para tratar el tema, citó Efe.
Estos delegados tenían como misión “operar dónde y cómo sería la salida al mar”, señaló el mandatario, que encargó esa tarea a la exdefensora del Pueblo Ana María Romero, fallecida en 2010.
“(El delegado) de ellos era otro compañero que venía a reuniones en la residencia en La Paz. Parece que avanzaba muy bien y la compañera Ana María (…) me decía que hasta les han puesto helicóptero para sobrevolar dónde va a ser la salida al mar que nos iban a otorgar”, afirmó Morales.
Explicó que en los encuentros que tuvo con Bachelet en cumbres de jefes de Estado le pidió varias veces “una propuesta oficial” con base en el trabajo que hicieron los delegados, pero no hubo “nada”.
“Y así acabó la gestión de la presidenta Bachelet. (…) ¿Qué me hizo pensar eso? Que Chile tiene una política de dilación y distracción, solamente eso”, sostuvo.
Bolivia perdió 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio en una guerra librada contra Chile a fines del siglo XIX.
En 2013, el Gobierno de Morales presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) para exigir un fallo que obligue a Chile a negociar de buena fe y en firme la centenaria reclamación boliviana.
La argumentación boliviana sostiene que varios Gobiernos de Chile hicieron ofertas formales a Bolivia para solucionar su situación de falta de acceso al mar, pero no se concretaron.
Los representantes de ambos países deben asistir en mayo a una fase de alegatos orales en la CIJ para tratar la objeción de Chile respecto a la competencia del tribunal de Naciones Unidas para tratar el reclamo de Bolivia.
Morales reveló hoy que inicialmente su intención era “demandar el Tratado de 1904″, que fijó los límites entre ambos países 25 años después de la guerra, pero sus asesores jurídicos le corrigieron y cambió “el rumbo de la demanda”.
“La demanda no es para modificar o anular el tratado, sino es por un derecho, que Chile cumpla con sus compromisos, honre sus ofertas”, afirmó el mandatario.
Insistió en que la resolución de este asunto “es una cuestión de paz” y “por la integración regional” porque, dijo, no es posible “que dos países vecinos toda la vida vivan en permanente desconfianza”.
 EFE – E

La CIA, el Plan Cóndor y la muerte de Roldós en Ecuador

La publicación de un libro con entrevistas a un exagente de la CIA y la posibilidad de que el presidente Jaime Roldós muriera a manos del Plan Cóndor se antojan hoy recordatorios de un pasado que el actual gobierno de Ecuador se empeña en desterrar.


3/21/15 •




NESTOR MARIN* –

Hay que evitar que esto vuelva a repetirse, alertó el canciller Ricardo Patiño durante la reciente presentación en Quito de La CIA contra América Latina, caso especial: Ecuador, obra de los periodistas ecuatorianos Jaime Galarza y Francisco Herrera.

El libro de 223 páginas (116 en español y 107 en inglés) tiene como plato fuerte el testimonio que Phillip Age ofreció a Galarza y Herrera, en sendas entrevistas concedidas en 1975 y 2006, respectivamente.

Según les confesó el exagente, quien en 1972 renunció a su trabajo y luego publicó Inside the Company: CIA Diary, donde revela las operaciones que realizó en Ecuador, Uruguay, México y otros países de América Latina, el objetivo de los servicios de inteligencia norteamericanos era aplastar a los movimientos de izquierda y aislar a Cuba del resto de las naciones latinoamericanas.

En el caso de Ecuador, Agee le aseguró a ambos entrevistadores que la CIA pagó a políticos y periodistas locales con el fin de influir en el gobierno y desatar una campaña de desinformación contra la izquierda local.

Para muestra, un botón: “Yo creo que sí se puede afirmar que subvertimos el orden en Ecuador, pero sería más exacto afirmar que la CIA apoyó a fuerzas internas que subvertían el orden”, le comentó el oficial operativo a Galarza durante la entrevista realizada en Londres.

Para probar sus aseveraciones, Agee se explaya en citar nombres de personas e instituciones ecuatorianas que en los años 60 del siglo pasado recibieron dinero e instrucciones de los oficiales operativos norteamericanos.

Más de 30 años después de su entrevista con Galarza, y poco antes de morir víctima de cáncer en La Habana, el exagente le confirmó a Herrera que el objetivo principal de su misión en Ecuador era “aislar a la Revolución Cubana”, y que para lograrlo, la CIA se valió de las provocaciones y la acción política para influir sobre los gobiernos y los partidos de la época.

Respecto a los movimientos revolucionarios ecuatorianos de entonces, también confesó que se buscaba penetrarlos y suprimirlos por todos los medios posibles, y para ello se valía de los servicios de seguridad militares y policiales locales.

EL PLAN CONDOR Y LA MUERTE DE JAIME ROLDÃN

Aunque Agee le dijo a Herrera que no se acordaba de la participación de Ecuador en el Plan Cóndor, documentos desclasificados por la propia CIA en 1999 confirman que el país suramericano formó parte de esa estrategia coordinada entre las dictaduras militares latinoamericanas y Estados Unidos para acabar con los movimientos progresistas de la región entre 1970 y 1980.

Según los textos que fueron facilitados a la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la Dirección Nacional de Inteligencia de Ecuador se incorporó al Plan Cóndor en 1978 con el nombre clave de Cóndor-7.

En opinión de analistas, el código aludiría a que la nación suramericana fue la séptima de la región en unirse a esa nefasta organización creada en 1976, e integrada también por Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, donde dejó un triste recordatorio de miles de muertos y desaparecidos.

La participación ecuatoriana en el Plan Cóndor salió a relucir nuevamente en el informe presentado por el Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, ante la Asamblea Nacional, donde detalló las acciones realizadas en cumplimiento de la Ley de Víctimas y la judicialización de graves violaciones de los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad.

De acuerdo con Chiriboga, los documentos desclasificados de la CIA son estudiados por la Fiscalía como parte de una nueva investigación del accidente aéreo en el que murió el expresidente Jaime Roldós el 24 de mayo de 1981.

Las dudas sobre la versión oficial que dieron los militares sobre las causas del accidente se acrecentaron el año pasado en un documental que maneja la tesis de que el político de centroizquierda fue asesinado por su negativa a apoyar el Plan Cóndor.

Buscamos tener certezas y confianza en que la información que se nos ha dado sobre la muerte del presidente Roldós obedece a unas causas debidamente probadas y no a especulaciones, aseveró Chiriboga a los legisladores.

* Corresponsal de Prensa Latina en Ecuador.

EEUU advierte sobre llegada de organizaciones criminales a Uruguay

El Departamento de Estado de EEUU indicó en su informe anual sobre "Lavado de dinero y delitos financieros" que la policía y el Poder Judicial de nuestro país tienen la certeza de que en Uruguay operan organizaciones criminales colombianas, mexicanas y rusas.


Archivo Javier Calvelo/Adhocfotos

20 de marzo del 2015

El documento, al que tuvo acceso El País, agrega que existe preocupación por actividades del crimen organizado originado en Brasil y sostiene que Uruguay presenta varias vulnerabilidades, detectándose un incremento de los delitos violentos vinculados a las drogas.

El informe destaca que, aunque "el Gobierno dio pasos en 2014 para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento de las actividades terroristas, Uruguay continúa siendo vulnerable a las amenazas".

El estudio asegura también que los narcotraficantes participan en otras actividades ilícitascomo el robo de autos y el tráfico de personas y que los delitos violentos se están incrementando.

En el informe se destaca también que Uruguay posee “fronteras porosas” con Argentina y Brasil y que las “diferencias de precios” entre nuestro país y sus vecinos “generan un mercado para bienes contrabandeados. El contrabando de dinero y el lavado de dinero ocurren. Dada la libre movilidad de larga data del capital en Uruguay, el dinero probablemente sea lavado a través del sector financiero formal (on-shore y off shore )".

http://www.espectador.com/