La ONU expresó su preocupación por el fallo del 2x1 de la Corte Suprema. Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas pidieron que se revise el fallo por el que se otorgó el 2x1 a condenados por crímenes de lesa humanidad. “Viola los principios que exigen la proporcionalidad de las sanciones”, señalaron.
Por Ailín Bullentini
La Corte Suprema debe resolver si mantiene la aplicación del 2x1 para represores. Imagen: Joaquín Salguero
Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas pidieron a la Corte Suprema de Justicia que revea el fallo en el que otorgó el beneficio del 2x1 a genocidas y que reconozca “la extrema gravedad de los crímenes de lesa humanidad y el requisito de asignar penas apropiadas y proporcionales a las personas condenadas por estos delitos”. A través de un comunicado, referentes de Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) expresaron su “profunda preocupación” por la decisión de la Corte de otorgar el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura ya que “implica grandes riesgos respecto de la obligación del Estado Argentino” ya que “viola los principios que exigen la proporcionalidad de las sanciones y podría generar una situación de impunidad de hecho”, opinaron.
La Corte Suprema debe resolver si mantiene la aplicación del 2x1 para represores. Imagen: Joaquín Salguero
Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas pidieron a la Corte Suprema de Justicia que revea el fallo en el que otorgó el beneficio del 2x1 a genocidas y que reconozca “la extrema gravedad de los crímenes de lesa humanidad y el requisito de asignar penas apropiadas y proporcionales a las personas condenadas por estos delitos”. A través de un comunicado, referentes de Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) expresaron su “profunda preocupación” por la decisión de la Corte de otorgar el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura ya que “implica grandes riesgos respecto de la obligación del Estado Argentino” ya que “viola los principios que exigen la proporcionalidad de las sanciones y podría generar una situación de impunidad de hecho”, opinaron.
