La ONU expresó su preocupación por el fallo del 2x1 de la Corte Suprema. Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas pidieron que se revise el fallo por el que se otorgó el 2x1 a condenados por crímenes de lesa humanidad. “Viola los principios que exigen la proporcionalidad de las sanciones”, señalaron.
Por Ailín Bullentini
La Corte Suprema debe resolver si mantiene la aplicación del 2x1 para represores. Imagen: Joaquín Salguero
Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas pidieron a la Corte Suprema de Justicia que revea el fallo en el que otorgó el beneficio del 2x1 a genocidas y que reconozca “la extrema gravedad de los crímenes de lesa humanidad y el requisito de asignar penas apropiadas y proporcionales a las personas condenadas por estos delitos”. A través de un comunicado, referentes de Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) expresaron su “profunda preocupación” por la decisión de la Corte de otorgar el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura ya que “implica grandes riesgos respecto de la obligación del Estado Argentino” ya que “viola los principios que exigen la proporcionalidad de las sanciones y podría generar una situación de impunidad de hecho”, opinaron.
“La liberación anticipada de una persona condenada por crímenes de lesa humanidad con fundamentos contrarios a estándares internacionales, constituye un agravio a las víctimas,” señalan Houria Es-Slami, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y Pablo de Greiff, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, a través de un comunicado oficial que la Acnudh envió el jueves al Estado argentino y difundió ayer en su sitio web.
Los expertos se refieren al fallo con el que la Corte, por mayoría, aplicó el pasado 3 de mayo la ley 24.390 conocida como 2X1 y derogada hace más de una década a Muiña, condenado por torturas y secuestros aplicados a víctimas del terrorismo de Estado en el centro clandestino de detención que funcionó en el predio del Hospital Posadas. Su reacción adversa se suma a la emitida a mediados del mes pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había expresado su “inquietud” por el otorgamiento del beneficio que implica una reducción de días de encierro a los condenados por violaciones a los derechos humanos.
El fallo generó un rechazo masivo que derivó en una movilización multitudinaria a Plaza de Mayo y la aprobación de una ley aclaratoria de parte del Congreso, que señaló que los delitos de lesa humanidad estaban excludios del campo de aplicación del 2×1. Tras aquellos episodios, la Corte decidió reunir opiniones de las partes antes de continuar opinando sobre ese universo de expedientes.
“Al reducir la severidad de las penas impuestas, desconociendo la especial gravedad de estos delitos” la aplicación del beneficio 2×1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad “viola los principios que exigen la proporcionalidad de las sanciones y podría generar una situación de impunidad de hecho”, indicaron Es-Slami y de Greiff, dirigentes de organismos que integran los llamados “Procedimientos Especiales” del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esos espacios son los encargados de investigar y monitorear, en base a lineamientos establecidos por el Consejo, situaciones concretas relacionadas con las desapariciones forzadas y procesos de memoria y verdad.
En el pedido a los ministros de la Corte Suprema, insistieron en que “la búsqueda de beneficios y privilegios para quienes han sido declarados responsables de este tipo de violaciones es difícil de entender para las víctimas y la sociedad, y socava los esfuerzos en favor de la memoria y la reparación de las víctimas”. Añadieron como agravante del fallo el hecho de que “ocurre en un contexto donde la lucha contra la impunidad ha sido larga y difícil, y que no sólo en Argentina sino globalmente, está lejos de ser ganada”.
Por último, exhortaron al Gobierno argentino a “reducir la demora en los juicios por crímenes de lesa humanidad y fortalecer las instituciones que dan apoyo a estas causas”.
La difusión del comunicado fue acompañada por diversos organismos de derechos humanos, que recordaron que la Corte Suprema aún no ha revertido su fallo del pasado 3 de mayo y se sumaron a la exigencia de los relatores especiales de la ONU. Así, Abuelas de Plaza de Mayo celebró ayer el pedido de los expertos de la ONU. “Esperamos que este informe sea escuchado por quienes tiene el deber de impartir justicia y políticas públicas y cause el efecto deseado por las víctimas del terrorismo de Estado: que los criminales de lesa humanidad cumplan sus penas acorde a la gravedad de los delitos que han cometido”, concluyó el organismo a través de un comunicado.
“Es un llamado de atención para que Argentina no desvíe su camino iniciado hace muchos años en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, camino que pusieron al país en un lugar muy reconocido en la comunidad internacional”, advirtió el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, Gastón Chillier, quien calificó de “muy importante” la misiva de la ONU en términos de argumentos: “Los expertos ofrecen los argumentos que al fallo de mayoría de la Corte en el caso Muiña le faltaron y que tenían que ver con el derecho internacional. Ahora pueden usarlos para revertirlo y sacar al país del estado de incumplimiento en el que lo pusieron”.
Por su parte, Amnistía Internacional Argentina consideró el pedido de los referentes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y la Relatoría Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición “refuerza la preocupación internacional sobre las implicaciones del fallo” de la Corte que benefició a Muiña y generó una catarata de pedidos en el mismo sentido. Su directora ejecutiva, Mariela Belski, añadió: “Una vez más a la Argentina se le llama la atención por cuestiones vinculadas a temas de derechos humanos, en este caso por delitos de lesa humidad. Esto nos expone en el mundo y nos coloca bajo la lupa de los organismos internacionales”.
La Corte Suprema debe resolver si mantiene la aplicación del 2x1 para represores. Imagen: Joaquín Salguero
Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas pidieron a la Corte Suprema de Justicia que revea el fallo en el que otorgó el beneficio del 2x1 a genocidas y que reconozca “la extrema gravedad de los crímenes de lesa humanidad y el requisito de asignar penas apropiadas y proporcionales a las personas condenadas por estos delitos”. A través de un comunicado, referentes de Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) expresaron su “profunda preocupación” por la decisión de la Corte de otorgar el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura ya que “implica grandes riesgos respecto de la obligación del Estado Argentino” ya que “viola los principios que exigen la proporcionalidad de las sanciones y podría generar una situación de impunidad de hecho”, opinaron.
“La liberación anticipada de una persona condenada por crímenes de lesa humanidad con fundamentos contrarios a estándares internacionales, constituye un agravio a las víctimas,” señalan Houria Es-Slami, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y Pablo de Greiff, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, a través de un comunicado oficial que la Acnudh envió el jueves al Estado argentino y difundió ayer en su sitio web.
Los expertos se refieren al fallo con el que la Corte, por mayoría, aplicó el pasado 3 de mayo la ley 24.390 conocida como 2X1 y derogada hace más de una década a Muiña, condenado por torturas y secuestros aplicados a víctimas del terrorismo de Estado en el centro clandestino de detención que funcionó en el predio del Hospital Posadas. Su reacción adversa se suma a la emitida a mediados del mes pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había expresado su “inquietud” por el otorgamiento del beneficio que implica una reducción de días de encierro a los condenados por violaciones a los derechos humanos.
El fallo generó un rechazo masivo que derivó en una movilización multitudinaria a Plaza de Mayo y la aprobación de una ley aclaratoria de parte del Congreso, que señaló que los delitos de lesa humanidad estaban excludios del campo de aplicación del 2×1. Tras aquellos episodios, la Corte decidió reunir opiniones de las partes antes de continuar opinando sobre ese universo de expedientes.
“Al reducir la severidad de las penas impuestas, desconociendo la especial gravedad de estos delitos” la aplicación del beneficio 2×1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad “viola los principios que exigen la proporcionalidad de las sanciones y podría generar una situación de impunidad de hecho”, indicaron Es-Slami y de Greiff, dirigentes de organismos que integran los llamados “Procedimientos Especiales” del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esos espacios son los encargados de investigar y monitorear, en base a lineamientos establecidos por el Consejo, situaciones concretas relacionadas con las desapariciones forzadas y procesos de memoria y verdad.
En el pedido a los ministros de la Corte Suprema, insistieron en que “la búsqueda de beneficios y privilegios para quienes han sido declarados responsables de este tipo de violaciones es difícil de entender para las víctimas y la sociedad, y socava los esfuerzos en favor de la memoria y la reparación de las víctimas”. Añadieron como agravante del fallo el hecho de que “ocurre en un contexto donde la lucha contra la impunidad ha sido larga y difícil, y que no sólo en Argentina sino globalmente, está lejos de ser ganada”.
Por último, exhortaron al Gobierno argentino a “reducir la demora en los juicios por crímenes de lesa humanidad y fortalecer las instituciones que dan apoyo a estas causas”.
La difusión del comunicado fue acompañada por diversos organismos de derechos humanos, que recordaron que la Corte Suprema aún no ha revertido su fallo del pasado 3 de mayo y se sumaron a la exigencia de los relatores especiales de la ONU. Así, Abuelas de Plaza de Mayo celebró ayer el pedido de los expertos de la ONU. “Esperamos que este informe sea escuchado por quienes tiene el deber de impartir justicia y políticas públicas y cause el efecto deseado por las víctimas del terrorismo de Estado: que los criminales de lesa humanidad cumplan sus penas acorde a la gravedad de los delitos que han cometido”, concluyó el organismo a través de un comunicado.
“Es un llamado de atención para que Argentina no desvíe su camino iniciado hace muchos años en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, camino que pusieron al país en un lugar muy reconocido en la comunidad internacional”, advirtió el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, Gastón Chillier, quien calificó de “muy importante” la misiva de la ONU en términos de argumentos: “Los expertos ofrecen los argumentos que al fallo de mayoría de la Corte en el caso Muiña le faltaron y que tenían que ver con el derecho internacional. Ahora pueden usarlos para revertirlo y sacar al país del estado de incumplimiento en el que lo pusieron”.
Por su parte, Amnistía Internacional Argentina consideró el pedido de los referentes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y la Relatoría Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición “refuerza la preocupación internacional sobre las implicaciones del fallo” de la Corte que benefició a Muiña y generó una catarata de pedidos en el mismo sentido. Su directora ejecutiva, Mariela Belski, añadió: “Una vez más a la Argentina se le llama la atención por cuestiones vinculadas a temas de derechos humanos, en este caso por delitos de lesa humidad. Esto nos expone en el mundo y nos coloca bajo la lupa de los organismos internacionales”.
