Justicia determinó prisión para gestor de viviendas del Pit-Cnt por estafa millonaria. La jueza Graciela Eustachio procesó con prisión a Milton Díaz, por incurrir en estafas a empresarios constructores en el marco del Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt.
MONTEVIDEO (Uypress)-
15.06.2017
En el auto de procesamiento, la magistrada concluyó que "resulta probado" en la investigación judicial que Díaz y otras personas, mediante distintas estratagemas, "indujeron a error" a varias empresas para obtener dinero de estas, el que "obviamente no fue destinado" para lo que se había acordado y "tampoco fue devuelto".Eustachio consideró que es evidente que ese dinero fue gastado por Díaz en su provecho o de un tercero. Díaz se presentó ante las empresas denunciantes como representante o nexo del Pit-Cnt, cuando en realidad no tenía tal calidad, conjuntamente con R.CH.M. -hoy fallecido- que lo hacía en representación de Vivamax, y trataban de asegurar el interés de las firmas constructoras invocando y exhibiendo los contratos suscritos entre el Banco Hipotecario del Uruguay y el Pit-Cnt, representado por Castillo y el coordinador de la central obrera, Marcelo Abdala, y entre Vivamax y la central, representada por el denunciado Eduardo Burgos.
El Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt nació en 2011 en el sindicato metalúrgico por impulso de Abdala. A su frente designó a su mano derecha, Eduardo Burgos (también metalúrgico) y otros dirigentes comunistas.
Mostrando los contratos, los gestores engañaron a los damnificados en cuanto a la seriedad del negocio que le planteaban para que estos procedieran a contratar con Vivamax y les pedían anticipos de dineros por sumas elevadas, que los usaban en su provecho.
Eustachio precisó que el Pit-Cnt "no estaba en condiciones de suscribir contrato alguno" con el BHU ni con Vivamax porque carece de personería jurídica. "Además, el contrato con Vivamax suscrito por Burgos, en representación del Pit-Cnt, no fue sometido a la previa consideración y aprobación de la central. Todo ello, corresponde que sea tenido presente en el contexto general de la operativa desarrollada por Díaz y otros indagados" durante la investigación judicial, señala la jueza.
Eustachio discrepó con el pedido del fiscal Carlos Reyes, que requirió el procesamiento con prisión de Díaz por apropiación indebida.
Los dos gestores ofrecieron a las empresas denunciantes la construcción de determinado número de viviendas (8.000 en el caso de Caritech; 1.000 a la denunciante Susana Nicoliella; 2.000 viviendas a Internacional de Construcción Arined y 1.000 a Betilur).
Las empresas denunciantes entregaron diferentes sumas de dinero (en efectivo o cheques) a ambos gestores "no cumpliendo estos con lo convenido" porque no compraron terrenos y, por ende, no se gastó en la nivelación de los mismos y no se consiguió el Documento de Aptitud Técnica (DAT).
Esos elementos, advierte la jueza, eran necesarios para que las empresas denunciantes pudieran comenzar la construcción de las viviendas.
Davanal entregó cheques a los gestores por US$ 300.000; Internacional de Construcción Arined dio US$ 150.000; Caritech, US$ 93.685 y Betilur proporcionó cheques por US$ 84.681. Es decir, las sumas recibidas por los dos gestores totalizan más de US$ 627.000. Eustachio con- cluye: "Como el indagado y R.CH.M. no usaron el dinero para lo que se había acordado, nunca se construyó vivienda alguna y las empresas se vieron perjudicadas, no solo por las sumas entregadas a Díaz y a R.CH.M., sino también por gastos efectuados por algunas empresas para implementar las futuras construcciones".
Díaz es un exmilitante de izquierda, según declaró en la sede penal el ex coordinador de la central obrera, Juan Castillo, director Nacional de Trabajo.
La jueza dispuso la prisión domiciliaria del imputado por ser mayor de 70 años.
También, la jueza penal Graciela Eustachio decidió pasar a vista del fiscal Carlos Reyes una denuncia penal contra el actual presidente del Banco República Jorge Polgar (expresidente del Banco Hipotecario), el director nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo Juan Castillo, y el secretario general del Pit-Cnt Marcelo Abdala, realizada por el abogado penalista Gustavo Salle.
En el auto de procesamiento, la magistrada concluyó que "resulta probado" en la investigación judicial que Díaz y otras personas, mediante distintas estratagemas, "indujeron a error" a varias empresas para obtener dinero de estas, el que "obviamente no fue destinado" para lo que se había acordado y "tampoco fue devuelto".Eustachio consideró que es evidente que ese dinero fue gastado por Díaz en su provecho o de un tercero. Díaz se presentó ante las empresas denunciantes como representante o nexo del Pit-Cnt, cuando en realidad no tenía tal calidad, conjuntamente con R.CH.M. -hoy fallecido- que lo hacía en representación de Vivamax, y trataban de asegurar el interés de las firmas constructoras invocando y exhibiendo los contratos suscritos entre el Banco Hipotecario del Uruguay y el Pit-Cnt, representado por Castillo y el coordinador de la central obrera, Marcelo Abdala, y entre Vivamax y la central, representada por el denunciado Eduardo Burgos.
El Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt nació en 2011 en el sindicato metalúrgico por impulso de Abdala. A su frente designó a su mano derecha, Eduardo Burgos (también metalúrgico) y otros dirigentes comunistas.
Mostrando los contratos, los gestores engañaron a los damnificados en cuanto a la seriedad del negocio que le planteaban para que estos procedieran a contratar con Vivamax y les pedían anticipos de dineros por sumas elevadas, que los usaban en su provecho.
Eustachio precisó que el Pit-Cnt "no estaba en condiciones de suscribir contrato alguno" con el BHU ni con Vivamax porque carece de personería jurídica. "Además, el contrato con Vivamax suscrito por Burgos, en representación del Pit-Cnt, no fue sometido a la previa consideración y aprobación de la central. Todo ello, corresponde que sea tenido presente en el contexto general de la operativa desarrollada por Díaz y otros indagados" durante la investigación judicial, señala la jueza.
Eustachio discrepó con el pedido del fiscal Carlos Reyes, que requirió el procesamiento con prisión de Díaz por apropiación indebida.
Los dos gestores ofrecieron a las empresas denunciantes la construcción de determinado número de viviendas (8.000 en el caso de Caritech; 1.000 a la denunciante Susana Nicoliella; 2.000 viviendas a Internacional de Construcción Arined y 1.000 a Betilur).
Las empresas denunciantes entregaron diferentes sumas de dinero (en efectivo o cheques) a ambos gestores "no cumpliendo estos con lo convenido" porque no compraron terrenos y, por ende, no se gastó en la nivelación de los mismos y no se consiguió el Documento de Aptitud Técnica (DAT).
Esos elementos, advierte la jueza, eran necesarios para que las empresas denunciantes pudieran comenzar la construcción de las viviendas.
Davanal entregó cheques a los gestores por US$ 300.000; Internacional de Construcción Arined dio US$ 150.000; Caritech, US$ 93.685 y Betilur proporcionó cheques por US$ 84.681. Es decir, las sumas recibidas por los dos gestores totalizan más de US$ 627.000. Eustachio con- cluye: "Como el indagado y R.CH.M. no usaron el dinero para lo que se había acordado, nunca se construyó vivienda alguna y las empresas se vieron perjudicadas, no solo por las sumas entregadas a Díaz y a R.CH.M., sino también por gastos efectuados por algunas empresas para implementar las futuras construcciones".
Díaz es un exmilitante de izquierda, según declaró en la sede penal el ex coordinador de la central obrera, Juan Castillo, director Nacional de Trabajo.
La jueza dispuso la prisión domiciliaria del imputado por ser mayor de 70 años.
También, la jueza penal Graciela Eustachio decidió pasar a vista del fiscal Carlos Reyes una denuncia penal contra el actual presidente del Banco República Jorge Polgar (expresidente del Banco Hipotecario), el director nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo Juan Castillo, y el secretario general del Pit-Cnt Marcelo Abdala, realizada por el abogado penalista Gustavo Salle.
