Fondos de jubilados con un destino bajo sospecha. Tras la denuncia contra Qatar por supuesto financiamiento al terrorismo, quedó expuesto el acuerdo de Macri con ese país para aportar recursos del Fondo de Garantía a un poco transparente fondo de inversión mixto. Antecedentes y cuestionamientos.
Por Raúl Dellatorre
Tamin bin Hamad Al Thani, emir de Qatar. Una potencia financiera denunciada por la coalición saudí.
En un escenario altamente sensible, Argentina está jugando con fuego y sin el conocimiento necesario sobre prevención de incendios. Según un trascendido que circuló esta semana por el Palacio del Congreso, los representantes del gobierno argentino se vieron sorprendidos por la preocupación de la canciller alemana Angela Merkel, transmitida (fuera de agenda) por un integrante de la misión que la acompañó a Buenos Aires a un funcionario muy cercano a Mauricio Macri, acerca de “los acuerdos de inversión financiera” de Argentina con el emirato de Qatar.
Este país árabe fue puesto en el ojo de la tormenta en los últimos días por denuncias -promovidas por Arabia Saudita- de financiar al terrorismo islámico fundamentalista del Daesh (ISIS) en Medio Oriente. La postura de Merkel, a diferencia de la que asumió el presidente norteamericano Donald Trump, es de “cautela” y búsqueda de una solución negociada al conflicto entre países árabes, por lo cual promueve que sus socios comerciales no queden involucrados en el conflicto que recién se dispara pero no se sabe dónde termina.
Argentina firmó el año pasado dos acuerdos con el gobierno de Qatar, un Tratado sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, y un memorandum de entendimiento para la creación de un fondo de inversión. Lo que preocupa es el segundo, porque se trata de un acuerdo muy poco transparente, que administraría un privado al que se lo habilita para manejarse a través de cuentas offshore, jamás pasó por el Congreso ni tuvo una intervención clara de Cancillería. No es el mejor antecedente como carta de presentación para “entrar al Mundo”, como promueve el gobierno.
El memorandum de entendimiento con Qatar compromete la asociación de un fondo de inversión de ese país con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Su falta de transparencia fue cuestionada tanto a nivel parlamentario como en los estrados judiciales, donde aún continúa a la espera del resultado de una apelación. Página 12 consultó al diputado nacional Guillermo Carmona (FpV), que junto a su par Horacio Alonso (Frente Renovador), formularon la denuncia judicial por diversas irregularidades detectadas en el acuerdo. Entre ellas, según describió el primero a este diario, desnaturalizar el sentido del FGS, utilización de los recursos de respaldo de las jubilaciones en fines no autorizados, permitir su manejo por parte de terceros privados, haber facilitado el acceso a información confidencial a privados, habilitar el manejo de los fondos a través de cuentas offshore, más el incumplimiento de sus deberes por parte de funcionarios de Cancillería.
El curioso acuerdo entre Anses y el fondo de inversión Qatar Investment Authority (QIA) quedó plasmado en un memorandum de entendimiento suscripto el 7 de noviembre de 2016, con la firma del entonces subdirector ejecutivo del FGS, Luis María Blaquier, y el CEO del fondo qatarí, Abdulla Bin Mohammed Bin Saud Al-Thani. Este fondo se presenta en el documento como “organismo gubernamental del Emirato de Qatar”. El documento respectivo no sólo no fue publicado por Cancillería, como corresponde y habitualmente hace el Palacio San Martín, sino que cuando fue solicitado por el Congreso, el Ministerio de Relaciones Exteriores se excusó señalando que no lo tenía a disposición. Tiempo después, y tras insistentes presiones, la Anses lo entregó.
“Representantes de QIA y FGS están manteniendo conversaciones y evalúan concluir negociaciones para la creación de un fondo de inversión cerrado, para invertir potencialmente mediante títulos o valores representativos de deuda, administrado por un tercero con la instrucción de invertir principalmente en activos de infraestructura exclusivamente en la República Argentina”. Es decir, no descarta que el dinero tenga otro destino distinto a activos de infraestructura, que sólo en ese caso serían exclusivamente destinados al país.
Más adelante, el memorandum especifica que “se prevé un fondo objetivo de 1000 millones de dólares”. “Las Partes confirman que sus conversaciones incluyen la evaluación de la designación de un tercero administrador de la inversión para el Fondo propuesto y cualquier Fondo paralelo. Es intención de las Partes otorgar al administrador designado derechos de inversión totalmente discrecionales (dentro del ámbito de la estrategia de inversión aprobada del Fondo)”. Las pocas especificaciones acerca de la identidad del administrador es que será elegido por acuerdo entre las partes, deberá tener experiencia a nivel mundial y capacidad financiera propia.
“La estructura del Fondo propuesto, y de cualquier Fondo paralelo, deberá ser conversada entre las Partes, conjuntamente con el Administrador, con vistas a garantizar la mayor eficiencia desde el punto de vista tributario, incluyendo la provisión de una estructura offshore para la inversión por parte de QIA en activos en la República Argentina, si se determinara que ello es necesario o aconsejable”.
Pero el administrador no solamente contaría con derecho discrecional a disponer de los recursos y “la provisión de una estructura offshore” para su manejo, sino que sería además socio capitalista en el Fondo a crearse.
“Las suscripciones del Fondo propuesto incluirán: 1) suscripciones de QIA, o una o más de sus entidades subsidiarias o afiliadas, 2) montos que se propone sean aportados por el FGS, 3) montos aportados por el Administrador designado, 4) montos aportados por terceros inversores, a través del Fondo propuesto o cualquier coinversión o vehículo de inversión paralela”.
Bien se sabe a esta altura: la trama de cuentas offshore, entidades subsidiarias, coinversión o “vehículos de inversión paralela” para el manejo de colocaciones financieras, son distintas formas de ocultamiento y evasión. En este caso, mecanismos que se intentan aplicar a un acuerdo supuestamente de inversión en infraestructura que se plantea con un socio bajo sospecha, al que se lo asocia al manejo de recursos que sustentan el sistema jubilatorio argentino.
Según informó el diputado Carmona a este diario, cuando intentó que la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados convocara a las autoridades a dar explicaciones sobre el acuerdo, su presidenta, Elisa Carrió, se negó a reunir a la comisión para tratarlo. En las últimas semanas, Carrió renunció llamativamente a la Comisión, justo después de cuestionar al sucesor de Susana Malcorra y en el momento que el bloqueo de cinco países árabes a Qatar, y la denuncia por el manejo de sus fondos, tomaba estado público a nivel mundial. Si es cierto el reclamo de Merkel sobre el asunto y aquel memorandum de entendimiento vuelve al primer plano, puede haber más repercusiones internas. Por lo pronto, la causa judicial promovida por la fiscal Paloma Ochoa, que el juez Daniel Rafecas desestimó en su momento, todavía espera respuesta de cámara, ante la cual la fiscal apeló.
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