GABRIEL MORINI
13 de Junio de 2017
Sebastián Casanello y Laura Alonso.
Sin información oficial aportada desde los Estados Unidos que pueda ser utilizada como prueba, y con la Justicia brasileña reticente a liberar aún el flujo de datos que Odebrecht confirmó ante esos tribunales, los jueces argentinos comenzaron a agitar sus causas para generar presión. El juez federal Sebastián Casanello -que investiga la licitación de AySA otorgada a un consorcio de empresas locales- dispuso la inhibición general de todos los bienes del ex presidente de la empresa estatizada, Carlos Ben y de quien fuera su mano derecha, Raúl Biancuzzo. El magistrado investiga sobornos en la construcción de una planta potabilizadora en Zárate, una de las dos obras más importantes de la constructora, junto al soterramiento del Sarmiento, para el cual el juez Marcelo Martínez De Giorgi aspira a dar curso a las medidas propuestas por los fiscales para analizar la contabilidad de las empresas adjudicatarias. En el manual de investigación de este tipo de hechos, las coimas aparecen disimuladas en los estados contables de las firmas que utilizan fachadas para justificar los pagos ilegales.
Mientras tanto, la Oficina Anticorrupción (OA) a cargo de Laura Alonso intentará ser querellante en cuatro causas vinculadas a obras públicas de Odebrecht en Argentina, entre ellas la que está en stand by contra el titular de la AFI, Gustavo Arribas. Se trata de una manera elegante de poder introducirse en los expedientes, solicitar medidas y tener acceso a las pruebas, más allá de si el Gobierno logra o no obtener la información prometida desde Brasil y Estados Unidos, donde se mostraron colaborativos, pero como reveló Ámbito Financiero, no aseguraron ningún documento oficial que, pese a trascendidos, sirva para alimentar un proceso judicial a nivel local.
Sebastián Casanello y Laura Alonso.
Sin información oficial aportada desde los Estados Unidos que pueda ser utilizada como prueba, y con la Justicia brasileña reticente a liberar aún el flujo de datos que Odebrecht confirmó ante esos tribunales, los jueces argentinos comenzaron a agitar sus causas para generar presión. El juez federal Sebastián Casanello -que investiga la licitación de AySA otorgada a un consorcio de empresas locales- dispuso la inhibición general de todos los bienes del ex presidente de la empresa estatizada, Carlos Ben y de quien fuera su mano derecha, Raúl Biancuzzo. El magistrado investiga sobornos en la construcción de una planta potabilizadora en Zárate, una de las dos obras más importantes de la constructora, junto al soterramiento del Sarmiento, para el cual el juez Marcelo Martínez De Giorgi aspira a dar curso a las medidas propuestas por los fiscales para analizar la contabilidad de las empresas adjudicatarias. En el manual de investigación de este tipo de hechos, las coimas aparecen disimuladas en los estados contables de las firmas que utilizan fachadas para justificar los pagos ilegales.
Mientras tanto, la Oficina Anticorrupción (OA) a cargo de Laura Alonso intentará ser querellante en cuatro causas vinculadas a obras públicas de Odebrecht en Argentina, entre ellas la que está en stand by contra el titular de la AFI, Gustavo Arribas. Se trata de una manera elegante de poder introducirse en los expedientes, solicitar medidas y tener acceso a las pruebas, más allá de si el Gobierno logra o no obtener la información prometida desde Brasil y Estados Unidos, donde se mostraron colaborativos, pero como reveló Ámbito Financiero, no aseguraron ningún documento oficial que, pese a trascendidos, sirva para alimentar un proceso judicial a nivel local.
La solicitud de Alonso fue realizado en las causas en las que se investiga el Proyecto de Ampliación Gas 2006-2008 relacionado con Skanska (a cargo del juez Daniel Rafecas) que autorizó de inmediato su inclusión como querella); la ampliación del Tren Sarmiento licitada en 2006 (bajo el mando de Marcelo Martínez De Giorgi); la causa contra el jefe de los espías, por presuntas transferencias en 2013 (originalmente cerrada por Rodolfo Canicoba Corral); y la ampliación de una planta potabilizadora en Tigre y una depuradora en Berazategui encargadas por AySA (en manos de Casanello).
Curiosamente, la OA no se presentó en el expediente que, por separado, investiga a IECSA, por entonces bajo el mando de Ángelo Calcaterra por haber recibido una financiación estatal de $45 mil millones para culminar la obra del Sarmiento. A cargo del juez Sebastián Ramos, ese caso surgió por la denuncia del tándem de fiscales Gerardo Pollicita-Ignacio Mahíques, luego de haber indagado a Cristina de Kirchner por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. La causa del Sarmiento está dividida en dos: lo que compete por sobornos a exfuncionarios K (que avanza) y la que involucra a la gestión Cambiemos que intentan paralizarla
Casanello dispuso ayer avanzar contra Ben e investigar su patrimonio y el de su familia, a pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez. La unidad especializada -en contacto permanente con sus pares brasileños- detectó una firma offshore radicada en Panamá que estaría relacionada con el exfuncionario. Ben se había presentado ante la Justicia de forma espontanea y defendió el accionar de AySA en la licitación. Una pericia ordenada por Casanello concluyó que el presupuesto se modificó en un 20% a favor de Odebrecht. En su descargo, Ben aseguró que la modificación fue "por ajuste del índice de inflación y por ajustes técnicos".
Alonso justificó que en todos los casos, "los hechos que constituyen el objeto procesal de estas causas pueden integrar una parte de la ramificación local de uno de los escándalos de corrupción más grandes que en los últimos años ha sacudido a la región latinoamericana".
Casanello dispuso ayer avanzar contra Ben e investigar su patrimonio y el de su familia, a pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez. La unidad especializada -en contacto permanente con sus pares brasileños- detectó una firma offshore radicada en Panamá que estaría relacionada con el exfuncionario. Ben se había presentado ante la Justicia de forma espontanea y defendió el accionar de AySA en la licitación. Una pericia ordenada por Casanello concluyó que el presupuesto se modificó en un 20% a favor de Odebrecht. En su descargo, Ben aseguró que la modificación fue "por ajuste del índice de inflación y por ajustes técnicos".
Alonso justificó que en todos los casos, "los hechos que constituyen el objeto procesal de estas causas pueden integrar una parte de la ramificación local de uno de los escándalos de corrupción más grandes que en los últimos años ha sacudido a la región latinoamericana".
