El Estado asumirá un costo de hasta 17 mil millones de euros26 de junio de 2017
Las sucursales de Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca podrán abrir hoy tras el decreto de urgencia.
El grupo financiero Intensa Sanpaolo absorberá ambas entidades, pero el costo de la operación repercutirá en los contribuyentes. Una intervención que ya generó críticas de la oposición y de asociaciones de consumidores.
El gobierno italiano decidió salir a rescatar a dos bancos que se encuentran al borde de la quiebra, Popolare di Vicenza y Veneto Banca. “El total de recursos movilizados podría llegar hasta un máximo de 17.000 millones de euros, pero el gasto inmediato para el Estado es de un poco más de 5000 millones”, aseguró ayer el titular de Economía, Pier Carlo Padoan, al término de un consejo de ministros. Intensa Sanpaolo absorberá ambas entidades pero el costo de la operación repercutirá en los contribuyentes. Una intervención que ya generó críticas de la oposición y de asociaciones de consumidores.
En una primera etapa, 4.785 millones de euros se destinarán a mantener la capitalización y reforzar la situación patrimonial del grupo financiero Intesa Sanpaolo, que va a retomar las actividades rentables de Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca, dijo el ministro Padoan. Además, otros 400 millones de euros servirán como “cobertura de garantía”. Cerca de 12.000 millones adicionales se utilizarán para cubrir préstamos riesgosos que podrían no ser reembolsados, aseguró el funcionario. De este modo, las sucursales de Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca podrán abrir sus puertas hoy luego de que se aprobara el decreto de urgencia, en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, convocado para aplicar las instrucciones enviadas desde las instituciones europeas. La Junta Única de Resolución europea (JUR) ordenó el viernes liquidar ambas entidades después de que el Banco Central Europeo (BCE) declarase que eran inviables o estaban en camino de serlo.
Intesa Sanpaolo, primer grupo bancario italiano, se hará con las dos entidades liquidadas administrativamente, confirmó el primer ministro Paolo Gentiloni, quien destacó que así se protegerá a los titulares de depósitos y poseedores de obligaciones sénior. “Esta crisis alcanzó niveles que han hecho necesaria esta intervención”, reconoció Gentiloni en una conferencia de prensa en la que destacó que la decisión era muy importante, muy urgente y necesaria, y que de este modo se evitaba una quiebra desordenada.
“Esta intervención de salvamento se dirige sobre todo en primer lugar hacia los cuentacorrentistas y los accionistas”, destacó el primer ministro, quien valoró que el decreto aprobado va a favor de “la economía del territorio, que es importante para nuestro sistema país”, y mencionó las pequeñas y medianas empresas que dominan el paisaje económico del territorio véneto. Además, Gentiloni dijo que la decisión contribuirá a “la buena salud de nuestro sistema bancario, de su eficacia” y relacionó la aprobación de este decreto con la intención de no obstaculizar el camino de la recuperación económica.
El ministro de Economía, por su parte, confirmó que no habrá ninguna interrupción de la actividad de los dos bancos, facilitada por la intervención de Intesa Sanpaolo. Sobre los 4.785 millones de euros que Intesa recibirá por parte del Estado, Padoan aseguró que ese montó será girado a la entidad bancaria en concepto de anticipo de caja, y estará destinado a reforzar sus arcas frente a la compra de los bancos vénetos. El ministro señaló, ante la consulta de los periodistas, en que el desembolso efectivo del Estado en esta operación será de esa cantidad y que la intervención pública no tendrá impacto sobre el endeudamiento estatal.
“Son recursos ya financiados por recursos ya legislados, que se vinculan con la normativa aprobada en diciembre pasado en relación con la capitalización preventiva para la banca, por lo que no hay impacto sobre las finanzas públicas”, insistió Padoan.
Antes de la aprobación del decreto ley se conoció que el consejo de Administración de Intesa Sanpaolo había autorizado la compra de los activos sanos de los bancos vénetos y había delegado en su presidente, Carlo Messina, el mandato para el cierre de la operación. La operación obligará a cerrar 600 sucursales (del total de algo más de seis mil que sumarán la red de los dos bancos vénetos más la de Intesa Sanpaolo) y a proceder a una reducción de 4000 puestos laborales, del total de más de cien mil empleados que pasa a tener el conjunto de los tres bancos.
Durante el fin de semana, las críticas a la operación bancaria se hicieron escuchar desde la oposición como desde las asociaciones de defensa de los consumidores. El sábado Stefano Fassina, diputado de Futuro a Sinistra (FS) y ex miembro del gubernamental Partido Demócrata (PD), calificó el procedimiento como un “enorme regalo” al banco Intesa Sanpaolo, lo que iba a ocasionar un daño a los contribuyentes. La Asociación por los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADUC) emitió un comunicado en el que también consideró que las dos entidades iban a ser regaladas a Intesa Sanpaolo “por un euro”. Intesa Sanpaolo había manifestado su intención de participar en la operación de compra de “ciertos activos y pasivos” de los bancos vénetos a cambio de una suma simbólica.
Los bancos italianos estuvieron en la mira de inversores y autoridades el año pasado, pero desde entonces mostraron señales de mejora, por ejemplo, con el éxito de la política de reestructuración iniciada por UniCredit.
Las entidades venecianas son, sin embargo, uno de los principales elementos de fragilidad. Otro banco inestable, el Monte dei Paschi di Siena (BMPS), que preocupó a todo el sector en los últimos tiempos, tiene que ser nacionalizado en las próximas semanas aunque falta alcanzar un acuerdo con Bruselas por los puestos de trabajo que serán recortados.
