Sindicatos, asociaciones y ONG piden a los parlamentarios españoles que rechacen el CETA.Firman una carta que reclama a los grupos del Congreso que no suscriban el tratado comercial con Canadá “al no estar al servicio del interés público”
26/06/2017
Una protesta contra el CETA. EFE
Una protesta contra el CETA. EFE
Entre los firmantes están los secretarios generales de UGT, CCOO, COAG, CGT, la USO, ELA y Facua. También suscriben la misiva el exjuez Baltasar Garzón, el académico Carlos Berzosa, el actor Alberto San Juan, ATTAC, grupos ecologistas y asociaciones de defensa del sector del taxi.
Más de 300 representantes de la sociedad civil y de los ámbitos cultural, jurídico, académico y periodístico han entregado este lunes una carta llamando a los grupos parlamentarios españoles a no ratificar el tratado comercial con Canadá (CETA) “al no estar al servicio del interés público”.
Entre los firmantes están los secretarios generales de UGT (Pepe Álvarez), CCOO (Ignacio Fernández Toxo), COAG (Miguel Blanco Suaña), Sindicato Labrego Galego (Isabel Vilalba Seivane), CGT (José Manuel Muñoz Póliz), la USO (Julio Salazar), ELA (Adolfo “Txiki” Muñoz), el SAT (Óscar Reina Gómez) y la secretaria general de FACUA (Olga Ruiz).
También la han firmado Ignacio González, portavoz de Jueces para la Democracia, la vocal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Blanca Padrós y el ex juez Baltasar Garzón, académicos como Lina Gálvez, Carlos Berzosa, Marina Subirats, Carlos A. González Svatetz, Arcadi Oliveres i Boadella o el actor Alberto San Juan; decenas de coordinadoras autonómicas de ONG de cooperación, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, asociaciones profesionales como la Asociación Profesional Taxi, la Asociación de Taxistas Autónomos de Catalunya y Elite Taxi; así como Amigos de la Tierra, ATTAC, Ecologistas en Acción y Greenpeace.
La carta está dirigida a los grupos parlamentarios a favor del tratado –PDECat, PNV, Ciudadanos y PP– que en los próximos días tendrán que votar en el Congreso de los Diputados sobre la ratificación del acuerdo. También se envía al PSOE, al que se pide que la decisión final de su grupo parlamentario sea votar en contra. A esta petición se han sumado a través de Twitter miembros de los partidos socialdemócratas francés, inglés y canadiense solicitando al PSOE cambiar la abstención por una postura más clara de rechazo.
La campaña No al TTIP, CETA y TiSA, impulsora de esta iniciativa, afirma que “la gente de Europa no quiere un tratado que solo beneficia a las grandes corporaciones y que amenaza nuestro frágil planeta y nuestros derechos fundamentales. Llamamos a los grupos parlamentarios a representar a la ciudadanía y a rechazar cualquier acuerdo que no esté al servicio del interés público”.
La carta demanda un periodo de información y debate público en el que se consulte a todas las partes afectadas por el CETA; la “democratización” de los procesos de toma de decisión, tanto para el CETA como para futuros acuerdos de comercio y de inversión de la ue; la “exclusión de cualquier mecanismo de resolución de conflictos entre estados e inversores” (como el denominado ICS del CETA) “que garantizan a las corporaciones un sistema judicial paralelo para demandar a los gobiernos”; “garantías claras que defiendan los estándares sociales y ambientales en el CETA”; que “ningún órgano de Cooperación Reguladora” “pueda someter a una revisión permanente nuestras regulaciones actuales o futuras; y “ninguna privatización de nuestra salud, educación u otros servicios públicos”.
Más de 300 representantes de la sociedad civil y de los ámbitos cultural, jurídico, académico y periodístico han entregado este lunes una carta llamando a los grupos parlamentarios españoles a no ratificar el tratado comercial con Canadá (CETA) “al no estar al servicio del interés público”.
Entre los firmantes están los secretarios generales de UGT (Pepe Álvarez), CCOO (Ignacio Fernández Toxo), COAG (Miguel Blanco Suaña), Sindicato Labrego Galego (Isabel Vilalba Seivane), CGT (José Manuel Muñoz Póliz), la USO (Julio Salazar), ELA (Adolfo “Txiki” Muñoz), el SAT (Óscar Reina Gómez) y la secretaria general de FACUA (Olga Ruiz).
También la han firmado Ignacio González, portavoz de Jueces para la Democracia, la vocal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Blanca Padrós y el ex juez Baltasar Garzón, académicos como Lina Gálvez, Carlos Berzosa, Marina Subirats, Carlos A. González Svatetz, Arcadi Oliveres i Boadella o el actor Alberto San Juan; decenas de coordinadoras autonómicas de ONG de cooperación, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, asociaciones profesionales como la Asociación Profesional Taxi, la Asociación de Taxistas Autónomos de Catalunya y Elite Taxi; así como Amigos de la Tierra, ATTAC, Ecologistas en Acción y Greenpeace.
La carta está dirigida a los grupos parlamentarios a favor del tratado –PDECat, PNV, Ciudadanos y PP– que en los próximos días tendrán que votar en el Congreso de los Diputados sobre la ratificación del acuerdo. También se envía al PSOE, al que se pide que la decisión final de su grupo parlamentario sea votar en contra. A esta petición se han sumado a través de Twitter miembros de los partidos socialdemócratas francés, inglés y canadiense solicitando al PSOE cambiar la abstención por una postura más clara de rechazo.
La campaña No al TTIP, CETA y TiSA, impulsora de esta iniciativa, afirma que “la gente de Europa no quiere un tratado que solo beneficia a las grandes corporaciones y que amenaza nuestro frágil planeta y nuestros derechos fundamentales. Llamamos a los grupos parlamentarios a representar a la ciudadanía y a rechazar cualquier acuerdo que no esté al servicio del interés público”.
La carta demanda un periodo de información y debate público en el que se consulte a todas las partes afectadas por el CETA; la “democratización” de los procesos de toma de decisión, tanto para el CETA como para futuros acuerdos de comercio y de inversión de la ue; la “exclusión de cualquier mecanismo de resolución de conflictos entre estados e inversores” (como el denominado ICS del CETA) “que garantizan a las corporaciones un sistema judicial paralelo para demandar a los gobiernos”; “garantías claras que defiendan los estándares sociales y ambientales en el CETA”; que “ningún órgano de Cooperación Reguladora” “pueda someter a una revisión permanente nuestras regulaciones actuales o futuras; y “ninguna privatización de nuestra salud, educación u otros servicios públicos”.
