Por Camila Vollenweider y Lorena Fréitez
8 junio, 2017
Gestionar las expectativas sociales que se construyeron a propósito de la normalización de derechos sociales, políticos y económicos para las mayorías en Brasil y Argentina, luego del paso de los gobiernos de los Kirchner y Lula-Dilma, pareciera tener mayores complejidades que las calculadas por los asesores electorales de la restauración conservadora. Hoy los gobiernos de derecha que tomaron el poder por vías democráticas y no democráticas en estos países son testimonio de ello.Aún cuando los gobiernos progresistas de estos dos gigantes del Sur no avanzaron en un programa radical de transformación económica estructural (constitucional), sí lograron cambiar las concepciones hegemónicas que en los ‘90 el neoliberalismo instaló sobre el Estado, reposicionando la idea de un Estado fuerte como garante de lo público y de los derechos básicos de las mayorías. Este es el nuevo sentido común que llevan a cuestas los gobiernos de derecha que buscan recomponerse en el poder y en los imaginarios socio-políticos de estas sociedades; esta sí les resulta una “pesada herencia”. Pese a las críticas sobre la eficacia política e ideológica de la izquierda en su paso por el poder, remontar este sentido común anti-neoliberal exige a la derecha transcender las estrategias de marketing político de sus campañas electorales, y encarar los conflictos de clase reales que brotan ante las políticas anti-mayoría que han venido implementando en sus primeros años de gobierno.
Desplome de salarios docentes, caída del consumo, recortes en jubilaciones, aumentos desmedidos en tarifas de servicios básicos, privatizaciones, despidos, son algunos de los detonantes del conflicto sociopolítico y económico que cristaliza los dilemas de gobernabilidad de la derecha en torno a la satisfacción de sus muy privados intereses económicos y la gestión de la contestación social que esto genera. Algunos signos y actores del conflicto llaman la atención:
1) los sindicatos se reposicionan como líderes del conflicto político-económico. Pese a la desmovilización en ascenso de algunos sectores sindicales, a través del fenómeno de la “corporativización”[1] y los pactos con la derecha que se venían observando durante los gobiernos progresistas, las leoninas medidas económicas contra las mayorías asalariadas de hoy no sólo obligaron a la dirigencia sindical a movilizarse contra los gobiernos de derecha, para dar lugar a un clima de protestas ciudadanas que parecieran trascender el movimiento obrero y desplazar de la vocería política a los partidos (hoy opositores);
2) múltiples actores sociales se unifican en torno al conflicto económico. La contestación a las medidas económicas implementadas han permitido reflotar un claro conflicto de clase que hoy integra a sujetos y luchas no convencionales (maestros, mujeres) desde las claves de la disputa político-económica, lo que trae consigo una alta probabilidad de crecimiento de un movimiento de oposición política, con un discurso muy potente de des-legitimación y desestabilización anclado en problemas reales;
3) la derecha reacciona polarizando y reprimiendo. Aún cuando ganó elecciones condenando la polarización, el conflicto y la confrontación de la izquierda, hoy parece obligada a virar sus estrategias apelando a un discurso polarizante e interpelador hacia las fuerzas progresistas que se le oponen, descalificando a los sectores sociales y acudiendo, cada vez con mayor fuerza, a la represión y la extorsión para gestionar el conflicto en las calles. Parte del legado progresista fue el acostumbrar a la población a que las protestas -que las hubo, como en una democracia sana-, no serían reprimidas. A propósito destaca que, en Brasil, las protestas pidiendo la renuncia de Temer fueron ferozmente reprimidas (incluso el presidente autorizó al Ejército a intervenir), de una manera que no se veía desde el período dictatorial. Y en Argentina, tras la prohibición -decretada por Kirchner en 2010- del uso de armas en las fuerzas de seguridad en las protestas populares, hoy volvemos a ver el uso desmedido de la fuerza para contener la protesta social[2].
Muy a contracorriente de aquellas promesas de “recuperación económica” de corto plazo auguradas con la llegada de la derecha al poder, los gobiernos de Macri en Argentina y Temer en Brasil han acabado, en poco más de un año, con las esperanzas de “cambio” de muchos sectores que los apoyaron y, más que eso, han sumido concretamente a las mayorías en la pobreza y desprotección social. En Argentina, por ejemplo, 1.9 millones de personas cayeron en la pobreza, pasando de un 29 a un 34% de pobres[3] para el primer trimestre de 2017. Y en Brasil, 2016 cerró con una caída del consumo de las familias en -4,7% anual y la tasa de desocupación alcanzó para el tercer trimestre un -11,8%[4]. Pero lo sorprendente es que la derecha aplicara tradicionales programas económicos de sacrificios para las mayorías como si en América Latina no se hubiesen vivido transformaciones políticas y los pueblos no hubiesen conocido protecciones públicas ni garantías de derechos.
El 2017 abrió con protestas en las calles de dimensiones históricas. En Brasil, el 19 de abril se da la primera huelga general convocada en el país en 21 años. Aun cuando la convocatoria se originó en los sindicatos, logró adhesiones poco frecuentes como la de una parte de la jerarquía católica; el objetivo era que Temer retrocediera en su afán de reformar el sistema de pensiones y las leyes laborales vigentes desde hace más de 73 años. Centenares de miles de personas cerraron el día con manifestaciones por todo el país. La marcha más numerosa reunió en São Paulo a unas 70.000 personas, según los organizadores[5]. Y es que desde los números y el tipo de repuestas dadas podía predecirse el calentamiento de las calles. Ante una caída de la producción industrial del -9,19% en los últimos 12 meses (2016), Temer decide, por un lado, reducir el déficit fiscal congelando el gasto público por 20 años a través del proyecto de ley conocido como “PEC del Techo” -afectando recursos para salud, educación y congelamiento del salario mínimo-; y, por otro, rematar activos del Estado altamente rentables y necesarios para el desarrollo social y económico: se ha promovido la privatización de 230 pequeñas empresas dedicadas a la generación, transporte y distribución, así como aeropuertos, puertos marítimos, aseguradoras y bancos públicos[6]. Ante esto era evidente que los beneficiarios de estos activos iban comenzar a movilizarse.
En Argentina, la situación luce parecida. El conflicto docente por la paridad anual de sus salarios respecto a la inflación (establecido en Ley 26075 desde el año 2006), toma dimensiones insospechadas, logrando hacer sentido contra una política laboral generalizada, de efectos nocivos para múltiples sectores laborales. Marzo 2017 fue el clímax de las movilizaciones contra una política laboral marcada por los despidos masivos en el sector público y privado, y los intentos de una privatización implícita de la educación. Más allá de La Confederación General del Trabajo-CGT, diversos sectores sindicales y sociales, como la Central de Trabajadores Argentinos-CTA, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo-CNCT, movimientos políticos, territoriales, estudiantiles, de mujeres y el movimiento docente, se lanzaron a las calles logrando movilizaciones multitudinarias y un paro nacional de trabajadores para presionar al gobierno.
Vale recordar que la política de Macri no sólo destruyó los salarios de la mayoría de los trabajadores, disminuyendo entre 7 y 10 puntos el poder adquisitivo[7], sino que apostó por el despido de 150 mil (a mayo) trabajadores[8]. Hacia los docentes, no sólo se niega a conversar a nivel nacional, sino que fue a la ofensiva activando una violenta campaña contra la docencia pública y sus principales exponentes, y ofreciendo una propuesta salarial anclada a la ficción inflacionaria de las metas del Banco Central (entre 12% y 17%)[9]. Esta situación, aunada a una política macroeconómica que abre importantes nichos para negocios propios, los de su grupo familiar y sus funcionarios, ha creado el caldo de cultivo para la contestación.
Para explicar por qué se perdieron los gobiernos progresistas, se ha dicho mucho sobre la sobrecarga ideológica de los proyectos progresistas, así como de un excesivo control por parte del Estado de las actividades económicas y de los recursos públicos, como si las mayorías estuvieron hastiadas de un padre hiper-protector. Buena parte de sus expectativas, incluso las de “cambio”, estaban ancladas en una base mínima ya conquistada de beneficios estatales, condiciones económicas favorables al emprendimiento y el empleo y reconocimiento de derechos sociales. A diferencia de Temer, que no tuvo que ganar una elección, Macri prometió mantener todo ello y ofreció mucho más. Tras un claro ejemplo de fraude electoral con el que engañó deliberadamente a una buena parte de sus votantes, hoy les cuesta lidiar con una realidad que no puede maquillarse con spots publicitarios y ejércitos de trolls. La “pesada herencia” que utilizan argumentalmente para legitimar su plan económico de desposesión y su incapacidad para lidiar con el juego democrático es, justamente, la raíz de los problemas de estos gobiernos. La herencia es real, pero en el otro sentido: la derecha heredó un punto de referencia para la memoria colectiva; una situación social, económica y política a la que no podrá aproximarse y que la cerca cada vez más.
Notas
[1]http://www.celag.org/latinoamerica-sindicalismo-amenazado/
[2] https://www.pagina12.com.ar/19318-protestas-represion-y-detenciones
[3] http://www.celag.org/informe-economico-de-argentina-balance-de-un-gobierno-ceocratico-gatos-al-cuidado-de-sardinas/
[4] http://www.celag.org/brasil-reformas-para-temer/
[5] http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/28/actualidad/1493399936_405786.html
[6] http://www.celag.org/brasil-en-rebajas/
[7] http://www.celag.org/argentina-en-movimiento/
[8] http://www.celag.org/informe-economico-de-argentina-balance-de-un-gobierno-ceocratico-gatos-al-cuidado-de-sardinas/
[9] http://www.nodal.am/2017/03/argentina-analisis-del-paro-nacional-docente/
Camila Vollenweider. Magister en Sociología por la Universidad Autonoma de Barcelona y Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Rio Cuarto.
Lorena Fréitez. Psicóloga Social. Investigadora en temas de juventud, cultura, desigualdad y violencia urbana.
Celag
Muy a contracorriente de aquellas promesas de “recuperación económica” de corto plazo auguradas con la llegada de la derecha al poder, los gobiernos de Macri en Argentina y Temer en Brasil han acabado, en poco más de un año, con las esperanzas de “cambio” de muchos sectores que los apoyaron y, más que eso, han sumido concretamente a las mayorías en la pobreza y desprotección social. En Argentina, por ejemplo, 1.9 millones de personas cayeron en la pobreza, pasando de un 29 a un 34% de pobres[3] para el primer trimestre de 2017. Y en Brasil, 2016 cerró con una caída del consumo de las familias en -4,7% anual y la tasa de desocupación alcanzó para el tercer trimestre un -11,8%[4]. Pero lo sorprendente es que la derecha aplicara tradicionales programas económicos de sacrificios para las mayorías como si en América Latina no se hubiesen vivido transformaciones políticas y los pueblos no hubiesen conocido protecciones públicas ni garantías de derechos.
El 2017 abrió con protestas en las calles de dimensiones históricas. En Brasil, el 19 de abril se da la primera huelga general convocada en el país en 21 años. Aun cuando la convocatoria se originó en los sindicatos, logró adhesiones poco frecuentes como la de una parte de la jerarquía católica; el objetivo era que Temer retrocediera en su afán de reformar el sistema de pensiones y las leyes laborales vigentes desde hace más de 73 años. Centenares de miles de personas cerraron el día con manifestaciones por todo el país. La marcha más numerosa reunió en São Paulo a unas 70.000 personas, según los organizadores[5]. Y es que desde los números y el tipo de repuestas dadas podía predecirse el calentamiento de las calles. Ante una caída de la producción industrial del -9,19% en los últimos 12 meses (2016), Temer decide, por un lado, reducir el déficit fiscal congelando el gasto público por 20 años a través del proyecto de ley conocido como “PEC del Techo” -afectando recursos para salud, educación y congelamiento del salario mínimo-; y, por otro, rematar activos del Estado altamente rentables y necesarios para el desarrollo social y económico: se ha promovido la privatización de 230 pequeñas empresas dedicadas a la generación, transporte y distribución, así como aeropuertos, puertos marítimos, aseguradoras y bancos públicos[6]. Ante esto era evidente que los beneficiarios de estos activos iban comenzar a movilizarse.
En Argentina, la situación luce parecida. El conflicto docente por la paridad anual de sus salarios respecto a la inflación (establecido en Ley 26075 desde el año 2006), toma dimensiones insospechadas, logrando hacer sentido contra una política laboral generalizada, de efectos nocivos para múltiples sectores laborales. Marzo 2017 fue el clímax de las movilizaciones contra una política laboral marcada por los despidos masivos en el sector público y privado, y los intentos de una privatización implícita de la educación. Más allá de La Confederación General del Trabajo-CGT, diversos sectores sindicales y sociales, como la Central de Trabajadores Argentinos-CTA, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo-CNCT, movimientos políticos, territoriales, estudiantiles, de mujeres y el movimiento docente, se lanzaron a las calles logrando movilizaciones multitudinarias y un paro nacional de trabajadores para presionar al gobierno.
Vale recordar que la política de Macri no sólo destruyó los salarios de la mayoría de los trabajadores, disminuyendo entre 7 y 10 puntos el poder adquisitivo[7], sino que apostó por el despido de 150 mil (a mayo) trabajadores[8]. Hacia los docentes, no sólo se niega a conversar a nivel nacional, sino que fue a la ofensiva activando una violenta campaña contra la docencia pública y sus principales exponentes, y ofreciendo una propuesta salarial anclada a la ficción inflacionaria de las metas del Banco Central (entre 12% y 17%)[9]. Esta situación, aunada a una política macroeconómica que abre importantes nichos para negocios propios, los de su grupo familiar y sus funcionarios, ha creado el caldo de cultivo para la contestación.
Para explicar por qué se perdieron los gobiernos progresistas, se ha dicho mucho sobre la sobrecarga ideológica de los proyectos progresistas, así como de un excesivo control por parte del Estado de las actividades económicas y de los recursos públicos, como si las mayorías estuvieron hastiadas de un padre hiper-protector. Buena parte de sus expectativas, incluso las de “cambio”, estaban ancladas en una base mínima ya conquistada de beneficios estatales, condiciones económicas favorables al emprendimiento y el empleo y reconocimiento de derechos sociales. A diferencia de Temer, que no tuvo que ganar una elección, Macri prometió mantener todo ello y ofreció mucho más. Tras un claro ejemplo de fraude electoral con el que engañó deliberadamente a una buena parte de sus votantes, hoy les cuesta lidiar con una realidad que no puede maquillarse con spots publicitarios y ejércitos de trolls. La “pesada herencia” que utilizan argumentalmente para legitimar su plan económico de desposesión y su incapacidad para lidiar con el juego democrático es, justamente, la raíz de los problemas de estos gobiernos. La herencia es real, pero en el otro sentido: la derecha heredó un punto de referencia para la memoria colectiva; una situación social, económica y política a la que no podrá aproximarse y que la cerca cada vez más.
Notas
[1]http://www.celag.org/latinoamerica-sindicalismo-amenazado/
[2] https://www.pagina12.com.ar/19318-protestas-represion-y-detenciones
[3] http://www.celag.org/informe-economico-de-argentina-balance-de-un-gobierno-ceocratico-gatos-al-cuidado-de-sardinas/
[4] http://www.celag.org/brasil-reformas-para-temer/
[5] http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/28/actualidad/1493399936_405786.html
[6] http://www.celag.org/brasil-en-rebajas/
[7] http://www.celag.org/argentina-en-movimiento/
[8] http://www.celag.org/informe-economico-de-argentina-balance-de-un-gobierno-ceocratico-gatos-al-cuidado-de-sardinas/
[9] http://www.nodal.am/2017/03/argentina-analisis-del-paro-nacional-docente/
Camila Vollenweider. Magister en Sociología por la Universidad Autonoma de Barcelona y Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Rio Cuarto.
Lorena Fréitez. Psicóloga Social. Investigadora en temas de juventud, cultura, desigualdad y violencia urbana.
Celag
