Operación financiera relámpago y secreta pactada a una tasa de interés altísima y a un plazo ultralargo. El ministro Luis Caputo acordó con cuatro bancos internacionales la emisión del bono de un siglo en condiciones poco transparentes. No se difundió ni publicó oficialmente el prospecto de oferta. Es una deuda carísima para las finanzas nacionales.
Por Alfredo Zaiat
Imagen: DyN
La insólita emisión de un bono a 100 años a una tasa de interés elevadísima fue una operación financiera concretada en secreto con cuatro grandes bancos internacionales, sin difusión entre inversores y definida en conferencia telefónica para unas pocas grandes firmas administradoras de fondos millonarios.
Por normas de transparencia en un mundo de negocios porosos y para convocar a la mayor cantidad de interesadas con el objetivo de que la puja permita reducir el costo de la colocación, el país que quiere emitir un bono de deuda realiza lo que se conoce como road show. Es una recorrida por las principales plazas financieras (Nueva York, Londres, Frankfurt, Tokio) presentando las características del título de la deuda y, fundamentalmente, desplegando una estrategia de convencimiento acerca del futuro venturoso de la economía del país para sumar interesados. La rareza de un bono soberano a 100 años demandaba publicidad y no que sea informado a la mañana y el cierre de la transacción a media tarde. Fue una operación oscura del Ministerio de la Deuda, bajo el comando del ex Deutsche Bank y JP Morgan, Luis Caputo, asociado con los bancos HSBC, Citi, Santander y Nomura. El escándalo del bono del siglo tiene al ministro Caputo como protagonista principal.
La colocación del bono a 100 años fue ordenada en forma directa a unos cien grandes inversores internacionales. No se conocen los nombres de las firmas financieras privilegiadas ni cómo fue su selección. Las explicaciones posteriores brindadas por el ministro de las razones de diseñar esa operación de deuda en sigilo sólo suman más sospechas acerca de la oportunidad y la velocidad de cerrar la emisión de un bono a un plazo ultralargo con una tasa elevadísima y en una moneda que no es la propia.
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Al otro día de esta opaca transacción, Caputo afirmó en un reportaje al portal oficialista Infobae que “es increíble que nos critiquen por alargar el plazo de la deuda a 100 años”. Lamento reproducido por voceros oficiosos sin tener en cuenta una observación sencilla: la crítica principal no fue por el plazo, aunque es extravagante, sino por la tasa altísima que el ministro pactó en secreto con los bancos, costo que se pagará cada año en los próximos cien. Dice que lo felicitaron de todo el mundo, sin precisar el origen de las personas que lo saludaron pero que no puede ser otro que del mundo de las finanzas. Para defenderse apunta que todos los reproches que recibió fueron políticos o por falta de conocimiento, argumento preferido de quienes no pueden explicar sus actos con solvencia. “Hay algunos economistas que pueden ser buenos, pero que claramente no entienden nada de finanzas”, descalificó, para asegurar que “la tasa fue muy buena”. El consenso entre especialistas es que lo fue para los fondos de inversión elegidos para quedarse con los bonos a 100 años.
Ninguno de los funcionarios obsesionado con el marketing electoral que habitan la Jefatura de Gabinete salió a respaldar la movida de Caputo. No hubo un instructivo para publicitarla. ¿No fueron informados del plan de emisión del bono a 100 años? Si fue tan exitoso como asegura Caputo, ¿por qué el presidente Macri no lo está utilizando como argumento de campaña? ¿No sabía el presidente del lanzamiento de ese título de deuda? Caputo quedó solo en el gabinete con una decisión financiera que no encontró defensores entre sus pares.
Carísima
El emisor de un título de deuda elabora un contrato, conocido como prospecto o memorando de oferta, que sirve de respaldo para los compradores. No hubo una distribución ni publicación oficial de ese documento, otro elemento que define la opacidad de la actuación de Caputo. Lo que se conoce es una versión que circuló por la city, a la que tuvo acceso PáginaI12. En ese texto en inglés de 290 páginas, el responsable de la rubrica fue el ministro Luis Caputo, con el asesoramiento legal en Estados Unidos del Estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Es el mismo bufete jurídico que acompañó a la Argentina en el litigio con los fondos buitre, criticado en esa instancia por la oposición política y financiera que hoy es oficialismo. El gobierno de Mauricio Macri ha continuado con esos servicios lo que revela que las anteriores observaciones sólo eran funcionales a los intereses de los buitres.
En las primeras páginas advierte que “el memorando de oferta contiene información importante que debe leerse cuidadosamente antes de la decisión de inversión”. Una de ellas es que ante un eventual litigio por no pagar intereses y capital, “Argentina se someterá irrevocablemente a la jurisdicción de cualquier estado de Nueva York o un tribunal federal de los Estados Unidos asentado en el distrito de Manhattan, ciudad de Nueva York”. La cesión de soberanía jurídica en este bono, como en todos los que ha emitido el gobierno de Macri, adquiere más relevancia puesto que ha sido pactado a 100 años a una tasa altísima, con un cupón de intereses pagadero semestralmente del 7,125 por ciento anual. Cuando se compromete una tasa de interés tan elevada es porque el acreedor duda de la solvencia del emisor, lo que significa que el riesgo de un default también es más alto. La renuncia a la soberanía jurídica es un resguardo para los inversores para esa eventualidad, como ya se sabe con los buitres.
En caso de que en un futuro cercano otro gobierno quisiera rescatar esos bonos onerosos se enfrentará con una condición desventajosa y, por supuesto, beneficiosa para los dueños del título de deuda. De acuerdo al prospecto que circula por la city, Caputo y los bancos colocadores incorporaron en el contrato del bono a 100 años la cláusula “make-whole call”, que no es la opción de recompra habitual en transacciones financieras (call). Esa condición -cláusula de redención– es una virtual cárcel para el emisor porque hace muy caro el rescate. Es otro favor a los fondos elegidos que compraron el bono a 100 años porque a ellos nos les interesa el plazo, sino cobrar el flujo anual de intereses altísimos que les permite mostrar rentabilidades atractivas en sus carteras de inversión. (El documento no ha sido publicado oficialmente y algunos financistas afirman que directamente no figura la cláusula de un call ni la onerosa opción de recompra make-whole call, lo que hace todavía más vulnerable al país).
Expertos en finanzas calcularon que si hoy Argentina se arrepintiera de la operación ruinosa diseñada por Caputo y sus bancos amigos y decidiera retirar los 2750 millones de bonos emitidos a 100 años, por las condiciones de emisión debería desembolsar 8600 millones de dólares. Argentina no recibió 2750 millones de dólares, sino que fueron 2475 millones porque los bonos fueron entregados con un descuento del 10 por ciento. Es decir que por cada lámina de 100 dólares, el inversor pagó 90. Por eso, la tasa implícita de esa operación para los financistas iniciales fue 7,91 por ciento, mientras que el cupón de tasa de interés es 7,125 por ciento anual.
Prospecto
El documento de venta del bono a 100 años presenta el estado de la economía argentina, su pasado, perspectivas y riesgos. Realiza una descripción muy crítica de la gestión económica en los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, destaca el período económico de Néstor Kirchner y no ahorra loas para las políticas del macrismo. Dice que las políticas del gobierno de CFK erosionaron la confianza en la economía, lo que provocó, entre otras cosas, salidas de capital, disminución de las inversiones y una disminución significativa de las reservas internacionales del Banco Central. Señala que la administración Macri ha implementado cambios significativos en la política y ha anunciado medidas adicionales, pero señala que “se desconoce la capacidad para implementarlas con éxito”. Advierte que requerirá de apoyo de los partidos de oposición y, si no lo logra, “se puede debilitar la confianza en la economía argentina y la situación financiera”. Adelanta el ajuste cuando explica que han emprendido importantes pasos para frenar el déficit fiscal a través de una serie de medidas para aumentar los ingresos, reducir los subsidios de energía, gas y transporte y controlar el gasto público, y prevé que “el aumento del gasto podría tener un efecto adverso sustancial y consecuencias negativas de larga data sobre las perspectivas económicas de la Argentina”.
Pese a que los funcionarios de Hacienda han afirmando en varias ocasiones que la economía brasileña se está recuperando, para de ese modo mejorar las expectativas locales, en el prospecto de oferta del bono a 100 años se afirma que “la incertidumbre política (en Brasil), sin embargo, ha aumentado bruscamente, ya que una variedad de escándalos han afectado al gobierno y han llevado a varias dimisiones”. Además se indica que “las futuras devaluaciones de la moneda brasileña pueden generar una disminución de las exportaciones argentinas y un aumento de las importaciones, lo cual puede tener un efecto adverso sustancial sobre el crecimiento económico de la Argentina, su situación financiera y la capacidad de pagar sus obligaciones, incluyendo los bonos” (a 100 años).
Se afirma que si los niveles actuales de inflación no disminuyen, la economía “podría verse afectada negativamente” y que “sigue siendo vulnerable a los shocks externos”. Respecto a las elecciones próximas de octubre, el documento destaca que “la composición del Congreso después de estas elecciones es incierta, así como el impacto que un fracaso de la coalición gobernante Cambiemos para mejorar su representación en el Congreso podría tener en la política argentina y, por lo tanto, en la economía”.
Un dato revelador de este informe se encuentra en uno de los cuadros resumen con las principales variables macroeconómicas. La Alianza Cambiemos vociferaba el descontrol de las cuentas fiscales en su rol de oposición y luego publicitó que recibió una herencia fiscal desastrosa. No fue así de acuerdo a lo que informó a los inversores del bono del siglo. El documento (form 18-k) que presentó en la Securities and Exchange Commission (SEC, la comisión nacional de valores estadounidense), que integra el prospecto de oferta, en la página 91, precisa que el déficit fiscal primario fue 0,2 por ciento del PIB en 2012; 0,7 (2013); 0,8 (2014); y 1,8 por ciento (2015). En el primer año del gobierno de Macri subió a 2,2 por ciento. Quienes compraron los títulos de deuda de Caputo recibieron la información cierta y no la que economistas del macrismo tergiversan inventando una crisis fiscal que no había.
Tasa de interés
Como se sabe, uno de los postulados básicos de las finanzas es que “un peso hoy no es lo mismo que un peso mañana”, por eso se evalúa el monto de la operación a “valor presente” utilizando una tasa de interés (de descuento) para determinar la rentabilidad de la inversión. Cuando los plazos de una deuda son tan largos, como el bono a 100 años, el capital involucrado no es lo más importante, en cambio pasa a ser fundamental el nivel de la tasa de interés. En el bono del siglo, como se mencionó, los grandes inversiones obtuvieron un descuento inicial del 10 por ciento (por cada lámina de 100 desembolsaron 90) y un cupón de interés anual de 7,125 por ciento. Esas condiciones son un extraordinario negocio para los inversores y una pésima operación para las finanzas nacionales.
Los economistas del Instituto de Trabajo y Economía Fundación Germán Abdala hicieron un cálculo muy fácil de comprender. Si Argentina hubiese colocado la deuda a 100 años a un rendimiento similar al que obtuvo México cuando lo hizo en 2015 (al 5,8 por ciento), por cada 100 dólares que se comprometió a pagar, hubiese obtenido hoy 122,80 dólares en vez de 90 dólares, es decir, un 36 por ciento más de fondos.
Así queda en evidencia que se trata de una transacción ruinosa para las finanzas del país emitir deuda a tasas de interés tan elevadas y, además, a plazos ultralargos. El escandaloso bono a 100 años sumará más carga de intereses al presupuesto nacional que, según el ITE-FGA, ya está exigiendo el 10,6 por ciento del gasto total del sector público nacional en los primeros cuatro meses de este año. Desde 2001 que esa cuenta no marcaba dos dígitos. El Bono Caputo convoca a los fantasmas de ese año.
azaiat@pagina12.com.ar
