Odebrecht: disparan primeras indagatorias a pool de empresarios
FISCAL DELGADO SOLICITÓ QUE DECLAREN COMO IMPUTADOS 34 ACUSADOS POR LICITACIÓN A CARGO DE AYSA
GABRIEL MORINI22 de Junio de 2017
Dictamen. El fiscal federal Federico Delgado presentó un dictamen en el que señaló la existencia de sucesivas addendas para modificar el costo original que tenían las obras.Casanello definirá llamado a exfuncionarios K y ejecutivos de empresas locales. No apunta a coimas pero señala defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles. Destaca “sobreprecios” en dos obras.El fiscal Federico Delgado pateó el tablero de la letanía con la que avanza el capítulo local por el escándalo de sobornos de Odebrecht: disparó un masivo llamado a declaración indagatoria para la primera tanda de implicados, que hizo eje en un pool de empresas que participó de una obra licitada por AySA, que está bajo sospecha.
El exviceministro de Economía del kirchnerismo, Roberto Feletti; el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner; y el extitular de AySA, Carlos Ben, integran la nómina de 34 implicados, que trascienden la frontera de Brasil, con los ejecutivos que participaron de las uniones transitorias de empresas que participaron de los distintos tramos del proyecto de plantas potabilizadoras en Berazategui y en Tigre. Los delitos que les endilgó Delgado por ahora no implican los pagos de coimas (sobre los que ni Brasil ni Estados Unidos han aportado pruebas concretas como informó Ámbito Financiero), sino que apuntan a la supuesta defraudación contra la administración pública y las negociaciones incompatibles. En el dictamen de Delgado se encuentran alcanzados los ejecutivos que participaron de ambas obras, encaradas por Camargo Correa S.A. y Esuco -perteneciente a Wagner- ; y Odebrecht, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAICI y José Cartellone Construcciones Civiles SA. También se destacó el pedido para que declare como imputado Mauricio Couri Ribeiro, principal directivo del gigante brasileño en el país, de cuya computadora (en otra causa) se detectó el borrado de archivos que contenían datos vinculados al soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la otra gran obra de Odebrecht bajo la lupa.
Los primeros exfuncionarios K en ser señalados, además de Feletti, son Ricardo López Antonelli, Roberto Ríos, Esteban Acerbo y de Enrique Arceo, en calidad de expresidentes del directorio de Nación Fideicomiso, la entidad que financió parte de la obra licitada por AySA. El fiscal utilizó la figura de "colusión" entre los empresarios y quienes representaron los intereses del Estado, "que usaron la ley de un modo instrumental; es decir, para velar los delitos. La consecuencia fue el uso particular del Estado", afirmó el dictamen que pasará a manos del juez Sebastián Casanello para que defina a quién convoca y en qué fecha si considera que deberán declarar por los hechos investigados. Para el fiscal, son igualmente responsables dos titulares de la Agencia de Planificación, que debieron supervisar el cumplimiento de la obra. En ese esquema, Delgado se preguntó los motivos por los que lo que estaba previsto con un costo original de $2.293 millones para la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, "nos costó" $5.150 millones. Y lo mismo para la Planta Depuradora de Berazategui, que estaba planeada en $398 millones y terminó siendo pagada $658 millones. "En ambas obras se detectaron, entre otras cosas, sobreprecios, modificaciones en los presupuestos originales, incumplimiento de los tiempos pactados en los contratos, diferencia en la calidad de los bienes, importaciones de bienes más caros que los de la industria nacional y falta de certificaciones y de documentación que acredite el real estado de las cosas", detalló el dictamen en pase a una pericia del Centro Argentino de Ingenieros. Es el primer pronunciamiento judicial en avanzar con imputaciones concretas en la trama de sobornos que sacude a la región y sobre el que aún no se logra destrabar el acceso a los datos aportados por la propia empresa al confesar los sobornos. Por esta otra vía, Delgado apuntó a quienes suscribieron los contratos, a la línea de control y financiamiento por parte del Estado y a todos aquellos ejecutivos que firmaron las sucesivas addendas que modificaron la licitación original.
Como dato clave, el fiscal apuntó a un correo electrónico del exdirector de Operaciones de AySA, Raúl Biancuso (sobre quien junto a Ben había recaído una inhibición general de bienes) dirigido a Odebrecht, en el que hacía referencia a la sigla "DGI". Ese código, según las delaciones premiadas, era utilizado para camuflar pagos.
El primer contrato objetado fue firmado en 2008 y tuvo como contraparte a Jaime José Juraszek Junior y Sergio Gabriel Chividini (gerente de Proyectos de Camargo Correa). Tuvo tres addendas para modificar los valores. El contrato por la otra planta cuyo consorcio estaba encabezado por Odebrecht también data de 2008 y tuvo 11 addendas, todas firmadas por Ben, hombre cercano al sindicalista José Luis Lingieri.
FISCAL DELGADO SOLICITÓ QUE DECLAREN COMO IMPUTADOS 34 ACUSADOS POR LICITACIÓN A CARGO DE AYSA
GABRIEL MORINI22 de Junio de 2017
Dictamen. El fiscal federal Federico Delgado presentó un dictamen en el que señaló la existencia de sucesivas addendas para modificar el costo original que tenían las obras.Casanello definirá llamado a exfuncionarios K y ejecutivos de empresas locales. No apunta a coimas pero señala defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles. Destaca “sobreprecios” en dos obras.El fiscal Federico Delgado pateó el tablero de la letanía con la que avanza el capítulo local por el escándalo de sobornos de Odebrecht: disparó un masivo llamado a declaración indagatoria para la primera tanda de implicados, que hizo eje en un pool de empresas que participó de una obra licitada por AySA, que está bajo sospecha.
El exviceministro de Economía del kirchnerismo, Roberto Feletti; el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner; y el extitular de AySA, Carlos Ben, integran la nómina de 34 implicados, que trascienden la frontera de Brasil, con los ejecutivos que participaron de las uniones transitorias de empresas que participaron de los distintos tramos del proyecto de plantas potabilizadoras en Berazategui y en Tigre. Los delitos que les endilgó Delgado por ahora no implican los pagos de coimas (sobre los que ni Brasil ni Estados Unidos han aportado pruebas concretas como informó Ámbito Financiero), sino que apuntan a la supuesta defraudación contra la administración pública y las negociaciones incompatibles. En el dictamen de Delgado se encuentran alcanzados los ejecutivos que participaron de ambas obras, encaradas por Camargo Correa S.A. y Esuco -perteneciente a Wagner- ; y Odebrecht, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAICI y José Cartellone Construcciones Civiles SA. También se destacó el pedido para que declare como imputado Mauricio Couri Ribeiro, principal directivo del gigante brasileño en el país, de cuya computadora (en otra causa) se detectó el borrado de archivos que contenían datos vinculados al soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la otra gran obra de Odebrecht bajo la lupa.
Los primeros exfuncionarios K en ser señalados, además de Feletti, son Ricardo López Antonelli, Roberto Ríos, Esteban Acerbo y de Enrique Arceo, en calidad de expresidentes del directorio de Nación Fideicomiso, la entidad que financió parte de la obra licitada por AySA. El fiscal utilizó la figura de "colusión" entre los empresarios y quienes representaron los intereses del Estado, "que usaron la ley de un modo instrumental; es decir, para velar los delitos. La consecuencia fue el uso particular del Estado", afirmó el dictamen que pasará a manos del juez Sebastián Casanello para que defina a quién convoca y en qué fecha si considera que deberán declarar por los hechos investigados. Para el fiscal, son igualmente responsables dos titulares de la Agencia de Planificación, que debieron supervisar el cumplimiento de la obra. En ese esquema, Delgado se preguntó los motivos por los que lo que estaba previsto con un costo original de $2.293 millones para la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, "nos costó" $5.150 millones. Y lo mismo para la Planta Depuradora de Berazategui, que estaba planeada en $398 millones y terminó siendo pagada $658 millones. "En ambas obras se detectaron, entre otras cosas, sobreprecios, modificaciones en los presupuestos originales, incumplimiento de los tiempos pactados en los contratos, diferencia en la calidad de los bienes, importaciones de bienes más caros que los de la industria nacional y falta de certificaciones y de documentación que acredite el real estado de las cosas", detalló el dictamen en pase a una pericia del Centro Argentino de Ingenieros. Es el primer pronunciamiento judicial en avanzar con imputaciones concretas en la trama de sobornos que sacude a la región y sobre el que aún no se logra destrabar el acceso a los datos aportados por la propia empresa al confesar los sobornos. Por esta otra vía, Delgado apuntó a quienes suscribieron los contratos, a la línea de control y financiamiento por parte del Estado y a todos aquellos ejecutivos que firmaron las sucesivas addendas que modificaron la licitación original.
Como dato clave, el fiscal apuntó a un correo electrónico del exdirector de Operaciones de AySA, Raúl Biancuso (sobre quien junto a Ben había recaído una inhibición general de bienes) dirigido a Odebrecht, en el que hacía referencia a la sigla "DGI". Ese código, según las delaciones premiadas, era utilizado para camuflar pagos.
El primer contrato objetado fue firmado en 2008 y tuvo como contraparte a Jaime José Juraszek Junior y Sergio Gabriel Chividini (gerente de Proyectos de Camargo Correa). Tuvo tres addendas para modificar los valores. El contrato por la otra planta cuyo consorcio estaba encabezado por Odebrecht también data de 2008 y tuvo 11 addendas, todas firmadas por Ben, hombre cercano al sindicalista José Luis Lingieri.
http://www.ambito.com/
