La dura pulseada que obstaculiza la sanción de la Ley de Medios
Jun 20, 2017
Jun 20, 2017
¿En qué proceso se encuentra la Ley de Medios al día de hoy? ¿Cómo se podría definir? ¿Cuál es el interés político que tenían los partidos tradicionales para declararla como inconstitucional? Todas estas preguntas fueron contestadas a LA REPÚBLICA por los senadores Rafael Michelini y Constanza Moreira. Además, el catedrático grado cinco en derecho constitucional, José Korseniak habló sobre las incesantes propuestas de inconstitucionalidad que enfrenta el país cuando se propone un proyecto desde el gobierno.
Por su parte, el economista Gustavo Buquet, coordinador del proyecto del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), habló sobre la situación del mercado de televisión abierta en nuestro país.
Algunas definiciones sobre la Ley de Medios Para Michelini, “es una normativa que regula la situación de los medios en Uruguay y que lo que busca es democratizar y generar más equidad entre los ciudadanos. Sin embargo, tal vez Internet logró hacerlo más rápido”. Según sus palabras, la Ley es muy cuidadosa con los contenidos. El legislador advirtió, además, que en estos momentos el Poder Ejecutivo está reglamentando lo que quedó de la normativa.
Moreira, por su parte, la define como “la única Ley que se ha creado en este país desde que existen los medios”. A su vez, afirma que ha habido regulaciones más o menos específicas pero que ésta ha sido la normativa más grande con respecto al tema. “Sin embargo, creo que no es una Ley radical sino que es tímida. Aun así, recibió estos ataques feroces porque la regulación que plantea es elemental y básica.
El problema de fondo es por dinero y consiste en cuánto van a pagar los grandes medios de comunicación por el uso de los recursos públicos”. Por otra parte, Buquet afirmó que, de haberse puesto vigente la normativa, la estructura de medios actual hubiera sido modificada, dando resultados positivos.
“La incorporación de más medios comerciales, comunitarios y públicos podría haber generado un mercado más competitivo en la televisión. En otras palabras, podría haber posibilitado a que el mercado no fuera tan concentrado”.
En la oportunidad recalcó, en reiteradas ocasiones, que existe una enorme lentitud en el proceso de aplicación de la normativa. “Tenemos el fracaso absoluto de la convocatoria a licitación y una Ley que el presidente ha dejado en pausa, paralizada y sin aplicación.
La normativa, en la mayoría de sus artículos, es constitucional”.
Asimismo, Korseniak manifestó que el Poder Ejecutivo está esperando la opinión de la Suprema Corte de Justicia sobre qué artículos considera que son inconstitucionales para no hacer una reglamentación que luego sea impugnada. “Me parece un disparate el planteo de inconstitucionalidad de esta Ley.
Con el mismo razonamiento que la abala, el Código Penal no podría considerar que hacer expresiones a favor del delito es una infracción. Entonces, ese artículo supondría violar la libertad de expresión. Incluso en el caso del desacato, la difamación y de la injuria, que son expresiones, nadie dice que son inconstitucionales y, por supuesto, son leyes que se refieren a lo que se dice”.
El interés de los partidos de oposición
Con respecto a este tema, Michelini entiende que siempre hay un interés en juego, tanto de los partidos de la oposición como del oficialismo, en cada circunstancia en donde se plantea un proyecto de regulación. “La política no está exenta de las relaciones humanas. Plantear que cuando yo presento un proyecto de ley es neutro, es objetivo y no tiene un interés político en mostrar determinadas ideas o propuestas, sería mentir a la gente. Por supuesto, hay intencionalidades políticas. La pregunta es si la intencionalidad es movida por principios altruistas o egoístas”.
El senador manifestó que lo importante es observar si las leyes propuestas ayudan al bien general o si son perjudiciales al conjunto de la población para beneficio a unos pocos. Sin embargo, entiende que el objetivo del Frente Amplio siempre ha sido guiarse por el bien general.
Michelini entiende que el gobierno fue cuidadoso en la elaboración de la Ley para que no lastimara a las libertades públicas. “A pesar de esto, la oposición quiso generar una similitud entre esta Ley de Medios y otras normativas que sí tocaban los aspectos de contenido de otros países. Pero este no era el caso”.
En sintonía con lo expresado por el legislador, Moreira afirmó que la Ley estaba suspendida porque los intereses fueron muy poderosos. “Los partidos de derecha quisieron que no saliera. Vociferaron, no votaron nada, la oposición hizo la guerra a la Ley; estuvo a favor de la libertad de empresa.
Porque ellos, en vez de priorizar a la ciudadanía, preponderan sus vínculos con los medios de comunicación debido a que consideran que esos lazos determinan sus oportunidades en ser electos. Y es cierto que los medios influyen mucho en el comportamiento electoral pero no tanto sino el Frente no hubiera ganado nunca. Esto podría estar evidenciando que no están actuando como partidos sino que en función de intereses. Sin embargo, manifiesto que tienen cierta coherencia porque ellos sólo representan a los intereses empresariales de este país”.
En los mismos términos que los legisladores, Korseniak afirmó que “en general los planteos de inconstitucionalidad se producen por motivaciones políticas. Cuando alguien no le gusta algo, lo primero que dice es que inconstitucional porque cree que con esa idea lo reviste de una mayor argumentación”.
Moreira: “Los medios padecen una suerte de esquizofrenia”
La senadora Constanza Moreira definió a los medios como empresas que se rigen desde la lógica del capital.
Por tanto, entiende que no quieren ser regulados y ése es el motivo que está detrás de las sentencias de inconstitucionalidad, las cuales dicen estar basadas en el concepto de libertad de prensa. “Los medios padecen una suerte de esquizofrenia. Nunca saben cuando son empresas y cuando son instituciones públicas. Lo que pasa es que ellos quieren comportarse como empresas libres pero nosotros tenemos que velar por los ciudadanos”.
Asimismo, recordó que esta tensión entre el Estado y los medios, es la clásica riña entre lo estatal y lo privado, donde los empresarios quieren verse libres de las limitaciones que impone el Estado, el cual tiene el objetivo de asegurar el derecho de los ciudadanos a la información. “Es la clásica lucha entre intervencionismo y liberalismo mal entendido. Yo diría que hay liberalismo mal entendido y bien entendido.
El bien entendido es de la siguiente manera: la empresa quiere libertad de intercambio y el Estado pone normas para regular que ese intercambio sea lo más igualitario posible. Sin embargo, el liberalismo mal entendido consiste en que cualquier intercambio se hace a cualquier cosa. Pero no podemos permitir eso: los que tienen mucho poder, en este caso los medios, imponen a los ciudadanos, que tienen poco dominio, su versión de las cosas”.
Para ejemplificar esta disputa, la legisladora puso el caso de las novelas turcas, que, a su entender, proponen un mensaje misógino, machista y que no condice con todos los derechos que ha aprobado el gobierno a favor de la mujer y de los niños. “Por supuesto que los medios siguen pasando la novela turca porque sólo se rigen por lo que les da más audiencia, más dinero. Ese es un típico debate donde ellos piensan que hablan sobre la libertad y nosotros pensamos que hablamos sobre el derecho”.
Por otra parte, Moreira afirmó que el problema radica en que existen dos libertades en disputa: la de las empresas y la de los ciudadanos. “Bajo el argumento de la libertad de expresión, están encubriendo intereses económicos, la desigualdad brutal que existe entre el control de la información y la incapacidad del ciudadano común de discernir qué está bien y qué está mal. Nosotros no estamos en contra de la libertad de expresión sino que al contrario. Para protegerla, hay que impedir que se generen monopolios de transmisión de la opinión pública tal como suceden hoy”.
En sintonía con lo expuesto por la senadora, Buquet también se mostró preocupado por la concentración de poder que tienen algunos medios. “La estructura de medios, lamentablemente, no ha cambiado. Cuando hice el estudio, me di cuenta que el 95% de la facturación publicitaria correspondía a la de los tres canales comerciales, que están vinculados a grandes grupos económicos.
Estas tres corporaciones uruguayas concentran casi el 70% de la facturación de todo el mercado de comunicación audiovisual. Son grupos económicos que tienen varias empresas. Facturan el 95% del mercado a nivel nacional porque las televisiones del interior son empresas muy pequeñas y no inciden prácticamente”.
Por su parte, Buquet se mostró preocupado por la falta de control sobre la publicidad, los horarios de protección al menor y los precios que los medios les cobran a los partidos políticos, los cuales varían en función del número de votantes. Para ejemplificar esta falta de control, el economista puso el caso de Ovejas Negras, organización que quiso emitir un anuncio publicitario y fue vetado por una cuestión conservadora.
“Lo grave que ha ocurrido es la prohibición de mostrar un anuncio en que dos personas, del mismo sexo, se daban un beso porque les parecían inmoral cuando pasaron 25 veces, los tres canales, el asesinato a un funcionario de La Pasiva a las 8 de la noche en pleno horario de protección del menor. Y eso a los medios le parecía que era tener libertad de información”.
Con respecto a la propiedad de los medios, Buquet afirmó que existen entre tres y cinco familias encargadas de ellos. “Es preocupante la relación que puede haber entre los medios y los supermercados porque se pueden hacer sinergias para publicitar a estos últimos. En realidad, los medios de comunicación son un poder.
Son un poder económico y político importante que influye en la agenda pública. Además, son un poder ideológico, porque marcan la agenda con determinados criterios. Seleccionan así, la información a partir de las líneas editoriales que ellos mismos fijan”.
Datos del estudio de Edison Lanza y Gustavo Buquet. Los canales de televisión concentran el 95% del mercado de televisión abierta nacional.
En 2010 facturaron 82,5 millones
La televisión es el medio que los uruguayos mayormente elijen. El 100% la consume habitualmente. Los tres canales corresponden a cinco familias: Romay (Canal 4), Villar (Canal 10) y Cardoso-Scheck (Canal 12). “Para completar este cuadro, al menos dos de los grupos (Romay-Salvo y De Feo-Fontaina) también son titulares de varias frecuencias de radio, tanto en AM como en FM, con un importante alcance en buena parte del territorio nacional”.
