Por Emir Sader
29 de junio de 2017
Cristina Kirchner, Lula y Gustavo Petro.
Además de las imputaciones contra grandes líderes populares latinoamericanos, como Lula y Cristina Kirchner, de supuesta participación en casos de corrupción, para imponer la idea de que todos los políticos son corruptos, también se les hacen otras acusaciones, igualmente significativas, que en los hechos criminalizan actos de gobierno.En el caso de Cristina, se intenta transformar en caso judicial la política cambiaria, que puede ser discutida como política de gobierno, pero nunca criminalizada. Para hacerlo, intentan hacer pasar la idea de que esa política habría traído ventajas financieras para la ex-presidenta y para su exministro de Economía. Se trata de ir acumulando sospechas que, aunque sin fundamento, vayan generando niveles de rechazo a estos grandes líderes, para intentar ponerle techo a su popularidad y hacerlos aparecer como cómplices o partícipes en irregularidades.
En el caso de Lula pasa lo mismo. Como no han encontrado ninguna prueba de algún tipo de involucramiento en actos de corrupción y su popularidad no deja de crecer, buscan condenarlo, sin pruebas, como confiesan no tener, sino por sus “convicciones”, como si éstas pudieran fundamentar alguna condena judicial. En contra de Lula suman políticas de su gobierno, de promoción de los intereses de las grandes compañías brasileñas con financiamientos públicos y con promoción internacional de esas empresas. Como no pueden concebir que Lula lo haya hecho por el interés del país, tratan de adjudicarle alguna ventaja a cambio de esas promociones: un departamento que Lula nunca compró, que nunca fue de su propiedad, algo que pudiera demostrar que Lula actuó en función de intereses personales –como suele ser el caso de los gobernantes de derecha–.
Para confirmar esa forma antidemocrática de intentar excluir a políticos de gran arraigo popular de la disputa electoral, arrebatando al pueblo el derecho de decidir sobre su destino, también en Colombia surgió un caso similar. El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, candidato de la izquierda a las elecciones presidenciales, es blanco de un no menos espantoso proceso que intenta sacarlo de las próximas elecciones, además de llevarlo a la bancarrota personal, con multas de varias decenas de millones de dólares por una política de tarifas diferenciadas en transporte urbano, aplicada cuando fue alcalde de la capital colombiana.
Al igual que en los casos de Cristina y de Lula, se pueden discutir las políticas públicas de Petro, pero nunca criminalizarlas, menos aún porque tienen un carácter claramente popular y democratizador.
Además de los ataques personales a esos líderes, se suman los intentos por criminalizar políticas de caracter público, judicializar programas de gobierno y atacar políticas de Estado, aduciendo que perjudican los intereses del país. ¿Quién son los que acusan? ¿Quién los dio representación democrática en el Estado de Derecho, para intentar descalificar a gobiernos y políticas sostenidas por el voto popular y por la vida democrática?
Es una nueva vía para inviabilizar a gobiernos democráticos. En los tres casos, Cristina, Lula y Petro, representan las alternativas de izquierda en las próximas elecciones de Argentina, Brasil y Colombia, tres países fundamentales en la región. Argentina y Brasil fueron los ejes de los procesos de integración regional, que tantas molestias han producido en la derecha de nuestros países, así como en los EE.UU. Colombia tiene como alternativa de la derecha a Vargas Lleras o al candidato que lance Uribe. Petro aparece en segundo lugar en algunas encuestas y en otras incluso empatado en el primer lugar.
La democracia parece que, cada vez más, ahoga a la derecha, la condena a la derrota. Sus políticas neoliberales se chocan no sólo con los intereses de la gran mayoría de la población, sino también con la misma democracia.
En Brasil, un denominado Instituto Millenium advirtió esta semana que las elecciones del 2018 ponen en riesgo las (contra) reformas que la derecha ha tratado de aplicar mediante un golpe y por medio de un gobierno que tiene el dos por ciento de apoyo (en el margen de error, puede tener cero o menos que cero). El neoliberalismo se choca frontalmente con la democracia y con los intereses de nuestros pueblos. De ahí que busquen, ahora de nueva forma, mediante la judicializacion de la política, hacerle trampa a la democracia y a la voluntad popular.
29 de junio de 2017
Cristina Kirchner, Lula y Gustavo Petro.
Además de las imputaciones contra grandes líderes populares latinoamericanos, como Lula y Cristina Kirchner, de supuesta participación en casos de corrupción, para imponer la idea de que todos los políticos son corruptos, también se les hacen otras acusaciones, igualmente significativas, que en los hechos criminalizan actos de gobierno.En el caso de Cristina, se intenta transformar en caso judicial la política cambiaria, que puede ser discutida como política de gobierno, pero nunca criminalizada. Para hacerlo, intentan hacer pasar la idea de que esa política habría traído ventajas financieras para la ex-presidenta y para su exministro de Economía. Se trata de ir acumulando sospechas que, aunque sin fundamento, vayan generando niveles de rechazo a estos grandes líderes, para intentar ponerle techo a su popularidad y hacerlos aparecer como cómplices o partícipes en irregularidades.
En el caso de Lula pasa lo mismo. Como no han encontrado ninguna prueba de algún tipo de involucramiento en actos de corrupción y su popularidad no deja de crecer, buscan condenarlo, sin pruebas, como confiesan no tener, sino por sus “convicciones”, como si éstas pudieran fundamentar alguna condena judicial. En contra de Lula suman políticas de su gobierno, de promoción de los intereses de las grandes compañías brasileñas con financiamientos públicos y con promoción internacional de esas empresas. Como no pueden concebir que Lula lo haya hecho por el interés del país, tratan de adjudicarle alguna ventaja a cambio de esas promociones: un departamento que Lula nunca compró, que nunca fue de su propiedad, algo que pudiera demostrar que Lula actuó en función de intereses personales –como suele ser el caso de los gobernantes de derecha–.
Para confirmar esa forma antidemocrática de intentar excluir a políticos de gran arraigo popular de la disputa electoral, arrebatando al pueblo el derecho de decidir sobre su destino, también en Colombia surgió un caso similar. El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, candidato de la izquierda a las elecciones presidenciales, es blanco de un no menos espantoso proceso que intenta sacarlo de las próximas elecciones, además de llevarlo a la bancarrota personal, con multas de varias decenas de millones de dólares por una política de tarifas diferenciadas en transporte urbano, aplicada cuando fue alcalde de la capital colombiana.
Al igual que en los casos de Cristina y de Lula, se pueden discutir las políticas públicas de Petro, pero nunca criminalizarlas, menos aún porque tienen un carácter claramente popular y democratizador.
Además de los ataques personales a esos líderes, se suman los intentos por criminalizar políticas de caracter público, judicializar programas de gobierno y atacar políticas de Estado, aduciendo que perjudican los intereses del país. ¿Quién son los que acusan? ¿Quién los dio representación democrática en el Estado de Derecho, para intentar descalificar a gobiernos y políticas sostenidas por el voto popular y por la vida democrática?
Es una nueva vía para inviabilizar a gobiernos democráticos. En los tres casos, Cristina, Lula y Petro, representan las alternativas de izquierda en las próximas elecciones de Argentina, Brasil y Colombia, tres países fundamentales en la región. Argentina y Brasil fueron los ejes de los procesos de integración regional, que tantas molestias han producido en la derecha de nuestros países, así como en los EE.UU. Colombia tiene como alternativa de la derecha a Vargas Lleras o al candidato que lance Uribe. Petro aparece en segundo lugar en algunas encuestas y en otras incluso empatado en el primer lugar.
La democracia parece que, cada vez más, ahoga a la derecha, la condena a la derrota. Sus políticas neoliberales se chocan no sólo con los intereses de la gran mayoría de la población, sino también con la misma democracia.
En Brasil, un denominado Instituto Millenium advirtió esta semana que las elecciones del 2018 ponen en riesgo las (contra) reformas que la derecha ha tratado de aplicar mediante un golpe y por medio de un gobierno que tiene el dos por ciento de apoyo (en el margen de error, puede tener cero o menos que cero). El neoliberalismo se choca frontalmente con la democracia y con los intereses de nuestros pueblos. De ahí que busquen, ahora de nueva forma, mediante la judicializacion de la política, hacerle trampa a la democracia y a la voluntad popular.
